No es fortuito que el otrora Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial haya titulado el plan sectorial del período 2002–2006 como el “Camino hacia un País de Propietarios con desarrollo sostenible”. La consigna original, pronunciada por José Luis de Arrese, ministro de vivienda de la dictadura franquista, sintetiza el carácter estratégico de la política de vivienda para formación de la base de sustentación del régimen y fuente de legitimación cultural. El acceso en propiedad a la vivienda nueva crea subjetividades con un sistema de expectativas y valores propio, fundado en la exhibición de la movilidad social individual y desprovisto de la lógica colectiva de la lucha cívico-popular por la vivienda digna.
En las últimas décadas, en América Latina en general y Colombia en particular la intervención directa y protagónica del Estado en la promoción habitacional ha transitado a una compleja articulación de agentes urbanizadores privados que controlan el mercado inmobiliario. El acceso en propiedad a vivienda nueva conserva su función ideológica y cultural: propietarios y no proletarios, dentro de un esquema que combina ahorro familiar, crédito hipotecario y subsidios estatales. De esta forma, el modelo consagra, tras la apariencia de la vivienda propia, un mecanismo de endeudamiento hipotecario masivo muy rentable para el sistema financiero, articulado en una estructura de crédito altamente concentrada controlada por un reducido número de bancos articulados a grupos financieros.
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