La historia de Medellín no puede narrarse sin reconocer su verdad fundamental: la ciudad, en sus laderas y periferias, fue construida por miles de desplazados del campo, en distintas etapas de la vida nacional a lo largo del siglo XX, en especial en su segunda mitad. Los barrios no fueron una dádiva estatal, sino el resultado de la acción colectiva y el liderazgo social orgánico, que ladrillo a ladrillo fueron cimentando el tejido comunitario. Sin embargo, en la actualidad, este acumulado social histórico enfrenta una profunda fractura. El liderazgo en las Comunas se ha bifurcado en dos tipologías antagónicas: aquellos que han instrumentalizado las luchas colectivas para su beneficio y aquellos que, fieles a la ética del servicio y el cuidado, han sido relegados y marginados tanto en los barrios, como por las instituciones estatales.
Existe una casta en los territorios que ha cooptado la etiqueta de “líder social” para vaciarla de contenido social y darle uno más burocrático. Este perfil se caracteriza por la mercantilización de las disputas sociales. Para estos actores, las necesidades de la gente no son problemáticas a resolver, sino activos transables o monedas de cambio en el mercado electoral y en la obtención de recursos, en especial los del presupuesto participativo.
Este fenómeno presenta algunas características: tienen una lógica feudal, buscan crear parcelas de poder cerradas, viendo a sus vecinos como una simple cifra (un “número”) para negociar con las élites políticas; operan bajo una doble moral: son serviles y complacientes ante quienes ostentan el poder burocrático (buscando validación y estatus), pero actúan como déspotas y tiranos ante la comunidad de base que no les ofrece réditos inmediatos; y, por último, en periodos electorales su discurso se reduce a la capacidad de movilización transaccional (“pongo 1.000 o 10.000 votos”), deshumanizando a las personas y convirtiendo las organizaciones barriales en una subasta al mejor postor.
Estos “mercenarios sociales” representan la extensión del Estado burocrático y corrupto en el territorio. Su función no es transformar, sino contener el descontento y administrar la pobreza para beneficio propio, bloqueando cualquier intento de relación horizontal o de construcción de autonomía real en los barrios. Abrazan las luchas de las banderas sociales, pero desdeñan en el fondo de ellas porque, ante la primera oportunidad de actuar y ocupar el lugar de los tiranos, lo hacen sin ruborizarse y con todo el orgullo.
La relación entre estos liderazgos y la institucionalidad revela una dinámica perversa. Los programas estatales, que en teoría deberían fortalecer el tejido social, a menudo terminan castrando la capacidad de gestión comunitaria. Se impone una lógica de dependencia financiera y política. Al líder se le condiciona: para acceder a recursos irrisorios, debe renunciar a la confrontación directa y a la crítica estructural. Bajo la premisa de “cuidar la imagen institucional” (o coloquialmente, “no matar al perro” para no hacer ruido como enuncia una eminencia institucional), se domestica la protesta y se desgasta a la organización en trámites burocráticos interminables que nunca solucionan los problemas de raíz. Además que ponen a las organizaciones a competir por esos recursos, acrecentando las diferencias y convirtiéndolas en adversarias, desviando así el foco de los verdaderos enemigos de nuestros barrios.
En la otra orilla encontramos la figura trágica del líder social histórico. Aquellos que, a pesar de no ostentar títulos académicos o cargos públicos, poseen una ética inquebrantable y han antepuesto el bienestar colectivo a la lógica individualista neoliberal.
Su realidad es desoladora, como lo manifesta una líder social: “Muchos entregan su vida a la construcción del barrio y terminan muriendo en la absoluta pobreza, olvidados por las mismas comunidades que ayudaron a levantar y por un Estado que nunca los valoró”.
Este escenario nos obliga a plantear una reflexión urgente sobre la sostenibilidad material de las militancias y la acción social y transformadora en nuestros barrios, dado que no pueden sostenerse de “buenas intenciones”. En su cotidianidad, al tiempo que trabajan por el barrio deben buscar sus medios de subsistencia, duplicando esfuerzos, una dinámica dúplex, denodada, que no puede conjugarse en tanto les limita y agota.
Es esta existencia la que lleva a plantear el interrogante: ¿qué hacer para superar esta realidad? ¿Será viable implementar una Renta Básica o un Mínimo Vital para quienes dedican su vida al trabajo comunitario, dado que sin garantías materiales mínimas, la autonomía es una utopía? ¿De dónde provendría tal recurso, para que no se constituya en un instrumento de control y cooptación –realidad evidente con los ediles? ¿Qué compromisos mínimos adquiriría ante la comunidad quien reciba tal reconocimiento? ¿Cómo actuar, colectivamente, para que tales recursos no se traduzcan en motivo de discusiones y tensiones en el mismo cuerpo comunitario? Sea cual sea el mecanismo para ello, la verdad es que la precariedad económica hace al líder vulnerable a la cooptación o lo condena a la indigencia.
El tema no es sencillo de aclarar, pero debe ser encarado y resuelto, partiendo una primera certeza: garantizar el sustento no es un acto de caridad, sino una condición necesaria para permitir un liderazgo independiente, capaz de confrontar al poder sin miedo a morir de hambre, y enfocado en construir “otros barrios” para la vida digna, lejos del clientelismo. Aunque esto, seguramente, no significará que dejen de existir los parásitos sociales que instrumentalizan las luchas y anhelan ocupar el lugar del opresor.
En Medellín, los liderazgos auténticos se encuentran ante una encrucijada ética, que no es ajena a la de otras ciudades y territorios, en especial en este período electoral. Debemos decidir qué tipo de liderazgo vamos a legitimar: El del mercader que ve en la comunidad un escalón para su ascenso personal y que tranza con el poder sacrificando la dignidad colectiva, o el del militante de la vida, que busca la autonomía, la justicia y la construcción horizontal, pero que hoy requiere urgentemente un respaldo material para no extinguirse. La respuesta definirá si nuestros barrios seguirán siendo territorios para el control social, la domesticación, granjas de votos para la maquinaria política, y el imperio de gamonales en nada ejemplarizantes, o si recuperarán su vocación histórica como territorios de resistencia y dignidad.
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