Caminamos por la carrera tercera, entre las calles novena y octava, en el barrio La Candelaria, en Bogotá. El reloj marca las 4 pm, hora acordada para la entrevista con Juan Leguizamo en Candela, una casa antigua y grande que alberga un espacio asociativo dedicado a la investigación sobre la cannabis, así como a difundir sus virtudes y sus significados en Colombia. Una labor nada fácil, después de décadas de estigmatización, demonización y persecución de la planta, así como de sus usuarias/usuarios medicinales y/o recreativos.
Juan nació en Bogotá en 1980. Estudió bachillerato en el Colegio Camilo Torres, y adelantó sus estudios universitarios en Biología y en Lengua Castellana en la U. Distrital. Fue en ese espacio universitario, finalizando la década de los años ochenta, que se inició en su activismo con relación a la cannabis. Su vida se desenvolvió en esos años como docente formal e informal, y como gestor cultural.
La reivindicación de la libertad de la planta de cannabis y su desestigmatización en un contexto cultural de condena y persecución legal y mediática, instaurado durante décadas, fue en sus comienzos una aventura “quijotesca”. Eran años en los que aún las fuerzas policiales y judiciales requisaban, maltrataban, chantajeaban y decomisaban, capturaban, condenaban y encarcelaban sobre todo a jóvenes por portar unos “moños” de cannabis o fumar unos “joens”, “varetos” o “varillos”. Desde esos años, e incluso hasta hoy, la mayor parte de personas encarceladas por el comercio al por menor de cannabis eran/son mujeres jóvenes cabeza de hogar. Los grandes capos del comercio de la cannabis quedan, ayer como hoy, fuera del radar del sistema de vigilancia y el aparato judicial.
Juan recuerda los años iniciales del activismo en favor de la cannabis: “Como colectivo, con el parcero Eduardo, que está hoy por aquí en Candela, salíamos a las marchas del 1 de Mayo reivindicando la libertad del cannabis y su libertad de uso. Con Eduardo y otros parceros hacíamos pedagogía sobre el cannabis y fundamos en 1994 el colectivo: “Sí a la dosis personal”. Ese mismo año, el 5 de mayo, fue emitida la Sentencia de la Corte Constitucional C 221, sobre despenalización del consumo de la dosis personal, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria, que explicitó los alcances del artículo 8 de la Constitución de 1991 que consagró el derecho al “Libre desarrollo de la personalidad”. Teníamos la nueva Carta constitucional, pero aún no había voluntad política de hacer respetar en el día a día los derechos fundamentales consagrados por la nueva carta magna”.
“Pero la Sentencia iba más allá del derecho al porte de la dosis mínima de cannabis. La Sentencia aborda dimensiones más filosóficas y profundas. Una de ellas, fundamental: el Estado tiene límites frente al ser humano, porque si el Estado no tiene límites frente al ser humano, el ser humano es una ‘cosa’ que se puede intervenir y manipular como un ‘objeto’. La Sentencia también planteó con claridad una idea de importancia cardinal: las leyes se pueden transformar. Las leyes no deben ser impermeables a los cambios en las realidades que se pretende regular. Si las leyes no se acompasan con las transformaciones sociales, corren el riesgo de convertirse en un engendro destructivo, en un cáncer”.
Las palabras de Juan Leguizamo nos recuerdan los años de adolescencia y la “aventura” matinal y riesgosa en la búsqueda de unos “moños” o “cosos” en la “zona de tolerancia” de Bucaramanga. Una actividad clandestina que podía conducirnos a una furgoneta de la policía y a ser detenidos en una estación. Sin culpa diferente a buscar una planta que nos suscitaba una experiencia grupal placentera con un estado de conciencia diferente al “normal”, en el que lo aberrante o lo absurdo se aceptaba sin cuestionar y sin chistar.
Juan, continua su relato: “Probé la cannabis en las exploraciones y rebeldías propias de la adolescencia, siendo aún un joven menor de edad. Pero me convertí en un consumidor habitual después de los 21 años. En aquel entonces la palabra “marihuanero” era utilizada como una expresión despectiva y condenatoria. Desde esos años la he usado, prácticamente cada día, sin que el consumo haya sido problemático para mi vida y los entornos en los que me he desenvuelto. El uso de la planta no ha afectado mis actividades cognitivas o laborales. Abandoné los estudios formales y me convertí en autodidacta. Soy estudiante y escritor. También funjo como representante legal del sindicato: Sintrabacanes. He escrito cuentos y novelas. He ganado concurso de cuentos. Y el uso de la cannabis no me ha convertido en un “problema de salud pública”. De hecho, todo lo que realizo lo hago con placer y dicha”, nos dice Juan mientras se le escapa una risa socarrona. En Amazon es posible obtener su libro de relatos: “UPJ y Macana”, sobre experiencias de persecución policial a la cannabis.
En este devenir de resistencias y contracultura, en el 2023 se tramitó en el Congreso Nacional un proyecto de Ley dirigido a legalizar la producción y el comercio de la cannabis. Por tan solo un voto el proyecto no fue aprobado. En el escenario internacional la marihuana sigue perteneciendo a Lista Número 1 de la Convención de Viena de 1961. Un listado de las plantas y substancias que están ubicadas en la categoría de elementos más restringidos, que no admiten ni siquiera el uso con fines de investigación. Pese a esta clasificación, la cannabis, su uso medicinal y recreativo, producción y comercio, han sido legalizados en varios países y en 24 de los Estados que integran a Estados Unidos.
Juan nos dice a este respecto: “Todavía hay un esquema de doble moral. Y una percepción muy sesgada de la problemática. Por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, hay 24 Estados que la han legalizado, pero como sigue siendo prohibida por la Convención de Viena, no se ha podido dinamizar plenamente el mercado. En Nueva York no es legal, pero hay un mercado dinámico con clubes, tiendas, etc… Otro tanto sucede en México y algunos países europeos. Hay, en este momento, una situación contradictoria entre los marcos legales internacionales y las dinámicas sociales de uso, cultivo y circulación de la cannabis”.
En medio de todo esto, Colombia es un país con legislación avanzada en términos de uso no penalizado, pero, al mismo tiempo, un país que penaliza la producción y el comercio a partir de ciertas cantidades. El proyecto de Ley que no fue aprobado por un voto careció de apoyo social, apoyo de las ligas de usuarios, activistas y pequeños productores… Nosotros hemos estudiado la ley y nos movemos en los espacios sociales en los que se reivindican los derechos fundamentales en el escenario del uso y la producción del cannabis: derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho al trabajo, al libre emprendimiento… Es con base en este saber que podemos participar y aportar en la tarea de consensuar decretos y regulaciones sobre la cannabis.
En este momento el clima cultural está muchísimo más abierto a dialogar sobre el tema de la cannabis y su libertad. No todo el mundo está abierto, por supuesto. Pero ya no estamos en la atmósfera de condena y persecución implacables de hace apenas unos años. Ya hay todo un tejido de emprendimientos y organizaciones nacionales e internacionales en favor de la legalización plena. Sabemos que hay sectores políticos favorables a la legalización plena de la producción y la circulación.
Es evidente, entonces, que vivimos un momento político favorable para la legalización plena. Esto no viene de la nada. Por una parte, el movimiento social en favor de la libertad de la cannabis, desde los años sesenta, no solo ha crecido, ha madurado. Y, por otra parte, la causa de la legalización plena tiene a su favor intereses económicos y, también, intereses políticos y electorales. Esto ni lo debemos soslayar ni lo debemos ignorar. Comprendemos que hay que negociar con el Estado, cualquiera que sea el gobierno que lo conduzca en un momento dado.
En todo caso la carga de condena moral de décadas ha conducido a que en Colombia diversos sectores, desde el clero, hasta los grupos armados de todos los sectores, y la fuerza pública, persigan a los usuarios y a los pequeños productores y distribuidores. Pero ahora ha aflorado una nueva conciencia en la que sectores del campesinado y de los pueblos indígenas han comprendido la ventana de oportunidad histórica que se ha abierto a nivel global y la necesidad de transformar la cultura y las normas sobre la cannabis.
En este devenir, el daño que se ha causado a la gente con la prohibición, el estigma y la persecución debe ser reconocido por el Estado. No se puede hacer el tránsito a un nuevo marco normativo como si aquí no hubiese pasado nada. Decirnos ahora: bueno, ya está, ahora borrón y cuenta nueva. Un primer paso es un reconocimiento por parte del Estado de los daños causados a las personas con la persecución de la planta, así como a las comunidades y a los territorios fumigados.
Hay que comenzar por recrear los lenguajes que, hasta ahora, han imperado sobre el tema. Y avanzar de manera seria y transparente en una dimensión de importancia crucial: las nuevas regulaciones no pueden tramitarse sin tener en cuenta las voces que han sido excluidas y perseguidas: usuarios, trabajadores, cultivadores, etc.
En una labor en la cual nosotros reconocemos el valor histórico del proyecto que no fue aprobado por un voto. Fue un paso sin precedentes en el país: un grupo de legisladores impulsando un proyecto de regulación legal de la cannabis. Pero los proyectos que, sin duda alguna, vendrán de nuevo, han de surgir del conocimiento y la participación del movimiento social en torno a la cannabis.
En nuestra forma de analizar, el proyecto de ley que no fue aprobado tenía un conjunto de debilidades y carencias. Por ejemplo, señalaba un conjunto de requerimientos que, en la práctica, impedía o dificultaba en grado extremo la participación en el mercado de los pequeños productores y distribuidores. El proyecto no abordó en profundidad y clara determinación temas cruciales como la investigación sobre el cannabis y sus virtudes medicinales. Este campo de la investigación no solo requiere aprobación legal, sino inversión del Estado. Los trámites exigidos por la ley ante el Invima olvidaron que esta institución funciona articulada a la FDA. Olvidaron que hay muchos opioides contra el dolor circulando legalmente, pero se niegan a investigar y aprobar otras plantas que realmente ayudan a menguar o superar dolencias de diverso tipo en el cuerpo humano.
En tal campo, hay muchos productos que se pueden derivar de la cannabis, pero esto no fue tenido en cuenta. Y se trata de productos que pueden servir a la humanidad y a nuestra economía, y no han sido contemplados por los artífices de las normatividades propuestas. La creatividad social fue ignorada en el proyecto de ley, en beneficio de los trámites engorrosos ante el Invima. Y ninguno de nosotros ignora hoy que estas normas-obstáculo terminan favoreciendo, más temprano que tarde, la corrupción y el dominio de los intereses poderosos sobre el mercado. La norma propuesta fue diseñada en términos de elevar prioritariamente los recaudos del Estado. Pero no contempló, con igual atención, la riqueza de la creatividad social y todo lo que ella entraña. El proyecto tampoco contempló estímulos y protección para los pequeños emprendimientos. Y, en especial, no incorporó una visión de beneficio colectivo, nacional e internacional, con la legalización. Los autores del proyecto de ley viajaron a conocer la experiencia de legalización en el Estado de Colorado en los Estados Unidos, pero no tuvieron en cuenta la realidad profunda y compleja de lo sucedido con la cannabis en Colombia.
Sintrabacan, memoria y acción
La ardorosa vehemencia en las palabras de Juan Leguizamo no solo reafirma nuestra convicción en el valor de sus argumentos, sino que nos recuerda la estimación profunda por lo que significa la respuesta práctica a la normatividad aún imperante. En ese devenir es importante conocer lo realizado con y por medio de Sintrabacan –Sindicato de Trabajadores del Cannabis–, y él no brinda luces sobre ello:
H.A. ¿Cuándo surgió Sintrabacan?, le preguntamos a Juan Leguizamo.
J.L. Nació hace cinco años. Nos aliamos con la Fundación Atar, que nació en Santander y creamos el programa Conexión Natural. Agrupamos todos los modelos de dispensación y de consumo. Por supuesto, no todos los que hay en Colombia. Esto debe quedar claro. Los que nos aliamos lo hacemos en un modelo asociativo y cooperativo. Generamos un circuito cerrado de dispensación y de consumo seguro y responsable, en un programa de reducción de riesgos y de daños y en un ejercicio de corresponsabilidad y de consumo consciente de la planta.
Creo que nuestra experiencia es inédita. Algunos la contemplan como pionera. Las condiciones legales actuales permiten replicar de manera innovadora el modelo con base en la creatividad de diversos colectivos. De lo que se trata, en nuestra consideración, es de estudiar la ley y de hacer valer las leyes existentes. Examinemos un ejemplo de lo que estoy diciendo: la dosis de aprovisionamiento y la dosis compartida.
H.A. Sí Juan, este es un tema de primera importancia. Precisamente hace unos días en una investigación sobre el tema del narcotráfico y política, el congresista Alirio Uribe Muñoz nos decía: “En Colombia, conforme a las normas y la jurisprudencia de las altas Cortes en defensa del derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la autonomía, usted puede tener su dosis personal, su dosis de aprovisionamiento, su dosis compartida.
La dosis de aprovisionamiento nombra la cantidad de sustancia prohibida en cantidades mayores a la dosis personal, con el fin de abastecerse para realizar su consumo en varias ocasiones. El aprovisionamiento para consumo personal no configura un delito. La jurisprudencia determinó que lo esencial no es la cantidad que se porte, lo decisivo para que se configure el delito es la intención de comercialización o distribución.
Además, la CSJ en 2023 señaló que portar droga con el propósito de compartirla con una o varias personas con las que se tiene una relación estrecha, si es un acto libre, voluntario y horizontal, asociado a relaciones de confianza y responsabilidad mutua, no es un delito. Esto significó crear el concepto de dosis compartida.
Pero, en Colombia, a pesar de estos avances, lo que aún no se puede hacer es no comprar su cannabis a las mafias que “dominan el negocio”.
J. L. Sí, así es. Esto no tiene sentido. Es una situación absurda.
El 6 de mayo de 1994, la Corte Constitucional dictó la Sentencia C-221 que le permitió a los adultos –sin ser criminalizados– portar hasta 1 gramo de cocaína, 2 de metacualona, 20 de marihuana o 5 de hachís. La sentencia alejó a los usuarios de substancias prohibidas de las cárceles y ubicó el tema de su uso en el campo de la salud, admitiendo la experimentación en modelos de reducción de riesgos y de daños.
En efecto, cuando la Corte Constitucional emitió la Sentencia C 491 de 2012 sobre dosis de aprovisionamiento, lo hizo a raíz de que a un soldado lo capturaron con media libra de cannabis y le aplicaron la Ley 30 de 1986. El soldado dijo que él no era un narcotraficante y que la cannabis era para su uso personal y para compartir con sus “lanzas”. La Ley 30 es el Estatuto de estupefaciente previo a la Constitución de 1991 y a la consagración en la Carta máxima de los derechos fundamentales. El abogado del soldado esgrimió en la defensa que el acusado no era un “traqueto” y que la cannabis que tenía estaba destinada a su uso personal. Y ¿cómo podían las autoridades verificar que la cannabis era para el consumo y no para traquetear? ¡Sencillo! Revisen mi billetera, revisen si tengo cuentas bancarias abultadas, si estoy lavando activos….
Entonces, quiero enfatizar en dos temas: primero, la defensa del libre desarrollo de la personalidad y los otros derechos fundamentales consagrados es la que permite que se dé la Sentencia que absolvió al soldado. Y lo segundo: hay que dar la pelea en los estrados judiciales y en los medios de comunicación. No es que lo que estamos haciendo sea ilegal, lo que sucede es que todavía hay incomprensión en el funcionariado policial y judicial. Todavía hay doble moral y hay estigmatización del consumidor, algo que ha permitido los abusos de las autoridades sobre el consumidor. ¿Qué significa hasta hoy decirle a alguien “marihuanero”?
H.A. ¿Cómo va Sintrabacan, después de cinco años de acción?
J. L. Tenemos muchos asociados y hemos abierto varios espacios de dispensación e investigación. Tenemos ahora un espacio en Piedecuesta: Cultura Sativa; en Unilago hay un modelo, solo dispensario, y no es club; y tenemos este espacio en La Candelaria, que funciona como un club privado y ejerce los derechos de los usuarios y el derecho al trabajo, protegido por convenios internacionales.
Y hay otra cuestión que es súper importante y es muy linda, y está en la Ley y la protege la Ley: el diálogo social. Un diálogo que tiene niveles de concertación y negociación, y puede darse entre pares, y entre pares y el Estado. Y así como el soldado pudo demostrar que él no era un “traqueto”, en nuestro caso podemos demostrar que las flores a las que acceden nuestros asociados vienen del trabajo de cultivadoras indígenas del Cauca. Y que una parte importante de las donaciones que hacen los asociados de nuestros clubes llegan a estas cultivadoras.
Los clubes no compran la flor a las mafias y la venden. Esto ni es legal ni contribuye a la gestación de una nueva cultura de la cannabis. Los clubes no operan bajo una lógica comercial. No cualquier persona es admitida. Si una persona asalta, agrede, genera violencia, no respeta los derechos de los otros seres, no cabe en los clubes. Parte esencial del uso responsable de la planta y disfrutar de un espacio de libertad es cuidar el espacio y cumplir con el deber de respeto a los demás. Somos exclusivos, pero nuestra exclusividad es de comportamiento no de estratificación. Nosotros hacemos parte de la CTU-Usctrab, una Confederación sindical que se interesó por los sentidos y la innovación de nuestra propuesta. Nuestros principios no van con la idea de politizar el sindicato, sino de seducir: mostrar resultados y que la gente quiera asociarse.
Tenemos varias líneas de investigación. Trabajamos con el tallo y con las semillas de cannabis. Tenemos la cerveza marimbera. En La Candelaria tenemos previsto trabajar todo lo relacionado con el turismo internacional en torno a la planta. Investigamos también en todo lo relacionado con pedagogía y comunicación de la cannabis. También lo hacemos en procesos de hibridación de variedades de la planta que se dan en nuestra asombrosa diversidad de suelos, climas, luz solar y pluviosidades. Nosotros no trabajamos con crippys, que son flores genéticamente intervenidas, producidas para potenciar el THC con luz artificial en cultivos hidropónicos.
Nuestro programa: Conexión Natural, es el resultado de la alianza entre Sintrabacan y Fundación Atar. Esta alianza genera un circuito de dispensación y abastecimiento. Para poder funcionar hicimos un diálogo social entre pares: usuarios, empresas y trabajadores, y cultivadores. El primer acuerdo de intención que hicimos fue con el Resguardo López Adentro y contempló la creación de una cooperativa autónoma de trabajo integrada por mujeres indígenas: se llamó Renovando Saberes. Ellas trabajan en el marco legal, brindando la flor, con la figura de “nivel asociativo familiar” que permite 20 plantas por familia. No hay monocultivo, con claro propósito de respetar el medio ambiente.
Además, el programa Conexión Natural permite, por los convenios de la OIT, el acceso a la flor de auto-cultivadores, no solo indígenas. Y de empresas con licencia. Todo lo que hacemos es a partir de convenios y del diálogo social. En esta vía, tenemos que demostrar que las donaciones, los recursos que circulan en el programa, ni en su origen ni en su destino alimentan algún tipo de enriquecimiento. Solo alimentan el mismo circuito. Y se demuestra un trabajo social. Nuestros espacios son clubes privados, son lugares cerrados con filtros, para que la gente demuestre con su comportamiento el consumo responsable.
Nuestro programa lo presentamos en la COP 16 y en medio de diversas audiencias públicas en diferentes lugares del país. Hacemos parte de la Comisión Mixta de Política de Drogas, y defendemos la idea de que el cannabis y la hoja de coca no sean ajenas al agro de Colombia y de una política integral agraria que beneficie, en los hechos, la vida cotidiana de las comunidades rurales”.
La conversación con Juan Leguizamo continuará con sus parceros. Nos despedimos con la convicción íntima de que la liberación de la cannabis y el fin del engendro cultural demonizante y estigmatizador sobre los usuarios vendrá, más pronto que tarde, junto con la fuerza incontenible del significado económico del mercado formidable –nacional e internacional– de la cannabis en nuevos contextos de bioeconomías regenerativas en territorios de prodigiosa diversidad, con capacidad para ofrecer extraordinarias variedades con amplio potencial en el campo de lo medicinal y lo recreativo.
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