Lo bueno, lo regular y lo malo en la gestión del Gobierno del Cambio está en balance. A escasos dos meses y medio de terminar el mandato popular que le abrió las puertas de la Casa de Nariño a Gustavo Petro, el siete de agosto de 2022, las opiniones están polarizadas, más que divididas. El veredicto final, de aprobación o desaprobación de lo realizado, lo dará la sociedad en las elecciones presidenciales en las que se elegirá a quien entre a esa misma Casa ese mismo día, pero de 2026.
En la presente edición, quienes nos leen encontrarán un amplio análisis sobre el particular, una publicación que complementa la que circuló en febrero 19 – marzo 19. En estas páginas se podrán leer valoraciones positivas, como otras que resaltan un conjunto de lunares que no pueden quedar al margen. Y así debe ser porque, de ser elegido Iván Cepeda, candidato del partido de gobierno, deberá tener presente, además de los aciertos de su antecesor, todo aquello que fue erróneo en la gestión que ahora culmina, y, de manera especial, no dejar pasar aquello aún pendiente de plena realización, como lo que no encontró espacio pero que es fundamental que lo tenga.
Es notable que, en materia económica, tratándose de uno de los países más desiguales del mundo y el segundo de nuestra región, pese a las reformas tributarias realizadas, así como a los ajustes salariales aprobados en este cuatrienio, la brecha entre muy ricos, ricos y el resto de la sociedad permanece intacta.
Esa realidad se prolonga incluso –y a pesar de los cientos de miles de hectáreas de tierra legalizadas, formalizadas, tituladas, y ahora en manos del campesinado pobre y desplazado. Un sector social beneficiado por el propósito de reforma agraria, la misma que apenas logró avances en la propiedad de la tierra, mas no en todo aquello que permite su trabajo, transformación, traslado y mercadeo final de sus frutos, de donde habrían de llegar los dineros que también aportarían a la mejora de sus circunstancias de vida.
Es una realidad, esta de la desigualdad social, que no tuvo impacto en uno de los deseos y necesidades más imperiosos para cualquier familia, la vivienda, un derecho que en parte o en mucho tiende un diferencial entre muy pobres, pobres, menos pobres, etcétera. Tampoco la tuvo en la creación de cientos de miles de puestos de trabajo, que no sean en oficinas públicas y sí en nuevas empresas construidas para proyectar al país en línea con su autosuficiencia en diversidad de sectores, soporte de soberanía real. Por lo pronto, la informalidad laboral y el rebusque por cuenta propia mantienen su constante y su dominio en el mundo del trabajo colombiano.
Los claros avances en la gratuidad de la educación superior, con nuevos centros de estudio construidos en varias regiones del país, favorecen a amplios sectores sociales, pero su impacto en términos de reducir la desigualdad social no es mensurable en el corto ni en el mediano plazo. Tendrán las familias del estudiantado un respiro en sus gastos, claro, y un aliento de esperanza de un mejor futuro, anhelo que, sin transformaciones en el campo de la producción, y con ello de la industria real con que cuente el país para poder crear puestos de trabajo para los futuros egresados, no tendrá peso alguno en la reducción de la desigualdad que reporta el país. Cuando más, y esto es triste considerarlo, servirá para formar futuros migrantes mejor preparados.
Sin romper con lo heredado del establecimiento, la dominante política de subsidios impuesta por la banca multilateral desde hace décadas, no solo se mantuvo sino que además se amplió. Ese modelo de redistribución del erario solo sirve para impedir que miles de familias pasen de la pobrería a la miseria, o de la inestable e ilusoria clase media baja a la pobreza, y más abajo. Faltó imaginación para intentar otros modelos de economía social que aportaran realmente a reducir la pobreza, sin limitarse a ocultarla.
Estamos ante un reto que pasa por potenciar la organización social en decenas de miles de cooperativas, mutuales y otros tipos de estructuras solidarias en las cuales, y a través de las cuales, el país se encamine a construir segmentos productivos que le den paso a una autónoma economía familiar y no dependiente de los subsidios, los mismos que son excusa para el clientelismo, el control social y la fosilización de la iniciativa popular, creatividad siempre presente en la historia nacional, a lo largo y ancho del país. Sin economía de base popular, con soporte solidario, la desigualdad social difícilmente será quebrada. Y en ello puede aportar, como capital semilla, la entrega por parte del Estado de miles de millones de pesos que impulsen los proyectos de empresa que diseñen quienes se asocien para hacerlas realidad. Es este un tema complejo que requiere espacio aparte para ser desarrollado en sus detalles, pero que es factible de concretar y, así, por su conducto, quebrar el asistencialismo social, una de las piedras angulares del neoliberalismo que prima en la todavía vigente política social.
Estos son algunos aciertos, limitantes y pendientes del Gobierno del Cambio y del proyecto de país que jalona el Pacto Histórico, que, en caso de continuidad en la Casa de Nariño en cabeza de Iván Cepeda, se debieran asumir, en este caso con el aliento a una potente y autónoma organización social, condición irreemplazable para que el cambio se profundice hasta sus más recónditas raíces y no quede como una simple consigna.
Sin duda, se trata de un imperativo de gran significación, del cual en gran medida depende que la democracia, más allá de sus formalidades de elegir y ser elegido, gane espacio, robustecida con la participación cada vez más dinámica y decisoria por parte de los de abajo, transformando sus sitios de trabajo y vivienda en espacios para el diseño, la deliberación y la decisión del modelo de vida al que aspiren.
En otras palabras, se trata de darle aire a la autonomía social, algo que estuvo ausente en la agenda del Gobierno del Cambio, como también lo estuvo el protagonismo social, desligado de la agenda oficial. Proponerse la superación de este faltante es fundamental, y mucho más urgente de considerar en tiempos de transformación global, en medio de disputas interimperialistas que, en su afán de dominio y control, llevan a la humanidad al límite de la guerra y, por medio de esta, a su exterminio. Es una realidad que demanda de la insurgencia social toda su imaginación y su creatividad para no quedar bajo el estallido de las bombas y/o el dominio de las máquinas de última generación.
Estos retos apuntan a encarar y superar lo recorrido, para lo cual puede aportar un gobierno alternativo por diferentes vías, pero que en lo fundamental depende de los propios movimientos sociales. Hay que ir más allá del control del gobierno y del Estado, y en ello es fundamental lograr que la mayoría de los ciudadanos sienta que la posibilidad de una vida en justicia y dignidad depende de ella misma, y no de lo que el gobierno logre tramitar en el Congreso de la República o de manera directa vía decretos. Hay que superar la actual institucionalidad, que amarra y prolonga el dominio de los poderes de siempre. Y eso se logra vía autonomía social, con democracia radical, directa y plebiscitaria.
La autonomía es hermana de la imaginación, y esta lo es de la audacia, y a la vez esta del sueño de un país que trascienda las actuales relaciones de producción por medio de un modelo solidario que transforme en común lo que es público, y que redistribuya entre muchos lo que hasta hoy es de pocos. Por esta vía, el gobierno administra pero no impone ni determina, de manera que la gente se hace gobierno y poder sin estar atenta ni dependiente de lo que defina y determine la Presidencia.
Muchos cambios están por hacerse realidad, con o sin control del gobierno y la administración del Estado.
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