A medida que se intensifica el colapso climático y se profundiza la inestabilidad geopolítica, la frustración con el proceso climático de Naciones Unidas ha alcanzado un nuevo nivel. Tres décadas de negociaciones en las COP (Conferencias de las Partes) han emitido declaraciones cada vez más urgentes, pero la producción de combustibles fósiles sigue aumentando, mientras las emisiones se mantienen en niveles peligrosamente elevados. Incluso el avance limitado de la COP28 de Dubái, en la que los países reconocieron formalmente la necesidad de una “transición hacia el abandono de los combustibles fósiles”, mostró los límites estructurales de un proceso basado en el consenso y cada vez más condicionado por los intereses fósiles, los grupos de presión de las empresas y el bloqueo geopolítico. En este contexto, la Cumbre de Santa Marta en Colombia ha marcado un importante cambio político: el primer intento importante, al margen del marco climático formal de Naciones Unidas, de construir una coalición para la implementación, enfocada directamente en el abandono efectivo del petróleo, el gas y el carbón.
Celebrada del 24 al 29 de abril en la histórica ciudad de Santa Marta y copatrocinada por Colombia y los Países Bajos, la conferencia reunió a 57 países y la Unión Europea, que representan alrededor de un tercio de la economía mundial. Entre los participantes había países vulnerables al cambio climático, pequeñas naciones insulares, importadores de combustibles fósiles, economías en desarrollo e importantes productores de combustibles fósiles como Brasil, Australia, Noruega, Angola, Nigeria y México. A diferencia del proceso a menudo estancado de las COP, Santa Marta actuó como una coalición de los dispuestos: una reunión no destinada a llegar a un acuerdo total, sino a promover una cooperación práctica entre países dispuestos a acelerar los esfuerzos de transición, crear planes nacionales, abordar los problemas de financiación y hallar maneras de abandonar el uso de combustibles fósiles.
Crisis del marco de las COP
Las fechas elegidas para la cumbre eran políticamente significativas. A medida que se desestabilizaban los mercados energéticos mundiales, muchos países entendieron que el abandono de los combustibles fósiles no es meramente un modo de abordar el cambio climático, sino también un factor de independencia energética, solidez económica y seguridad a largo plazo. La cumbre también hizo que afloraran profundas contradicciones en las políticas de transición. Muchos países participantes dependen estructuralmente de las rentas extractivas, mientras que varios de los emisores más grandes del mundo, inclusive EE UU, China, India y Rusia, se mantuvieron totalmente al margen del proceso.
Los debates paralelos entre grupos de la sociedad civil advirtieron de que sin cambios significativos en el sistema, la transición podía convertirse simplemente en un nuevo tipo de transacción: el cambio de la extracción de combustibles fósiles por nuevas formas de extracción centradas en los minerales de la transición, inversiones verdes y prácticas comerciales no equitativas. Así, cuestiones relacionadas con la deuda, la financiación climática, el poder de las empresas, la soberanía indígena y las barreras jurídicas creadas por los regímenes de inversión internacionales surgieron entre las preocupaciones centrales y no quedaron en un plano secundario.
Santa Marta no concluyó con un tratado vinculante sobre los combustibles fósiles ni resolvió las contradicciones de la política climática global. Su importancia radica en otra cosa: más que ofrecer un proyecto definitivo de un futuro posfósil, la cumbre representó un intento emergente de ir más allá de la parálisis procedimental de la diplomacia climática existente y afrontar abiertamente las condiciones políticas, económicas y geopolíticas que sostienen la dependencia de los combustibles fósiles. En este sentido, Santa Marta puede entenderse menos como una alternativa elaborada que como un momento importante de diagnóstico en la búsqueda de nuevas formas de coordinación climática más allá de la arquitectura exhausta del proceso de las COP.
Más allá de las COP: la formulación de políticas de implementación
El significado político de la cumbre de Santa Marta no radica simplemente en el número de países participantes, sino en el intento de llevar la política climática más allá del marco agotado de las negociaciones en las COP. Para muchos gobiernos, investigadoras y movimientos climáticos, la frustración con el proceso climático de Naciones Unidas no solo se ha acentuado a causa del progreso insuficiente, sino también debido a las contradicciones estructurales inherentes a las propias negociaciones. Mientras que las cumbres climáticas han generado declaraciones cada vez más urgentes sobre los peligros del calentamiento global, en gran medida han resultado incapaces de afrontar directamente la continua expansión de la producción de combustibles fósiles.
El proceso COP ha sacado a la luz de forma progresiva la creciente divisoria entre la urgencia científica y la acción política a lo largo de los años. Las negociaciones basadas en el consenso han permitido a menudo que los grandes países productores de combustibles fósiles aguaran o frenaran compromisos más sólidos. El número creciente de lobistas de la industria hacía sospechar que estas instituciones estaban siendo controladas por intereses ajenos. En la COP30 de Belém, por ejemplo, uno de cada 25 participantes representaban al parecer intereses del sector de los combustibles fósiles. Incluso en los casos en que los acuerdos oficiales empleaban un lenguaje ambicioso, la implementación resultó muy floja y la expansión de los combustibles fósiles continuó en gran medida sin trabas.
En consecuencia, las negociaciones climáticas internacionales se centraron ante todo en la gestión de las emisiones, sin abordar la transformación de la economía política de los combustibles fósiles. Los mecanismos de mercado, como los créditos de carbono, el comercio de emisiones y las soluciones tecnológicas especulativas, incluida la captura y el almacenamiento de carbono, se pregonaron a menudo como vías compatibles con la extracción continuada. Los sectores críticos alegaron cada vez más que estos enfoques no funcionaban como estrategias de transición, sino como mecanismos para aplazar el cambio estructural y preservar así los regímenes energéticos y de inversión existentes.
Las críticas crecientes al marco COP no solo se dirigían a la ineficiencia diplomática, sino también, y con razón, al modelo en general de gobernanza climática que había surgido en torno al mismo, un modelo que a menudo ha tratado de gestionar las emisiones sin hacer frente directamente a las estructuras políticas y económicas que impulsan la expansión de los combustibles fósiles. Para muchos movimientos por la justicia climática y el mundo científico, la cuestión central ha pasado a ser cada vez más la de saber si la transición ecológica podría seguir siendo compatible con un sistema económico dependiente estructuralmente de la extracción, la acumulación y el crecimiento continuos.
De la negociación a la implementación
En este contexto, Santa Marta intentó establecer una lógica política diferente. En lugar de ser simplemente otro lugar donde países con intereses contrapuestos intentaran llegar a un acuerdo, la cumbre contó con la participación de países dispuestos a impulsar cambios al margen de los lentos procesos habituales de la diplomacia climática tradicional. No se centró tanto en elaborar otro acuerdo declarativo como en crear mecanismos para la aplicación, la coordinación y la convergencia política con vistas a la eliminación gradual de los combustibles fósiles.
Este cambio se hizo patente de varias maneras. Los debates no solo se centraron en los objetivos de emisiones, sino también en cuestiones prácticas que el proceso COP a menudo ha tenido dificultades para abordar directamente: cómo depender menos de las rentas de los combustibles fósiles; cómo cambiar los sistemas comerciales y financieros para un futuro sin combustibles fósiles; cómo gestionar los activos no utilizados; cómo armonizar los planes nacionales de transición; y cómo recaudar fondos para los países con problemas de deuda y economías que dependen de la extracción.
El retorno de la política de la oferta
Uno de los cambios políticos más significativos de la cumbre fue su énfasis explícito en el lado de la oferta de la crisis climática. Las negociaciones climáticas anteriores se centraban en gran medida en reducir las emisiones a base de medidas de eficiencia, adaptación tecnológica o gestión de la demanda, evitando al mismo tiempo la confrontación directa con la propia extracción de combustibles fósiles. En Santa Marta, sin embargo, los participantes plantearon la expansión de la producción de petróleo, gas y carbón como la contradicción central de la política climática. Los debates, por lo tanto, abordaron las cuestiones planteadas desde hace tiempo por los movimientos de justicia climática: ¿es posible una descarbonización significativa sin una reducción planificada de la extracción de combustibles fósiles?
Esto también determinó la crítica de la cumbre a las llamadas “ falsas soluciones”. Las delegaciones y los y las participantes de la sociedad civil cuestionaron a menudo los métodos que permiten una mayor producción de combustibles fósiles al tiempo que afirman estar avanzando, como la dependencia excesiva de las compensaciones, los mercados de carbono y las soluciones tecnológicas inciertas. Dichos métodos fueron criticados por eludir los cambios fundamentales necesarios para un verdadero abandono de los combustibles fósiles.
Ciencia, soberanía y geopolítica
Santa Marta resaltó la importancia de la ciencia a la hora de formular políticas climáticas. En las intervenciones se subrayó repetidamente la creciente desconexión entre las advertencias científicas y la acción gubernamental. La puesta en marcha del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET) refleja un esfuerzo por alinear la planificación de la transición más estrechamente con los plazos científicos compatibles con la limitación del calentamiento a 1,5 °C. A diferencia de las negociaciones altamente politizadas que a menudo determinan los resultados de las COP, el proceso de Santa Marta intentó enmarcar la evaluación científica como base para la implementación, y no como otro escenario para el compromiso diplomático.
Sin embargo, el enfoque orientado a la implementación de Santa Marta también reveló el creciente carácter geopolítico de la política climática. La transición hacia un mundo sin combustibles fósiles se debatió cada vez más no solo como una necesidad medioambiental, sino también como una cuestión de soberanía energética, reestructuración comercial, estabilidad fiscal y autonomía estratégica en una era de fragmentación geopolítica cada vez más intensa. Las crisis energéticas generadas por la guerra y la volatilidad de los mercados reforzaron la percepción entre muchos países participantes de que la dependencia de los combustibles fósiles se había vuelto no solo ecológicamente insostenible, sino también desestabilizadora desde el punto de vista económico y político.
No obstante, la cumbre no resolvió las contradicciones más profundas que configuran la transición global. Muchos de los propios Estados participantes siguen dependiendo en gran medida de los ingresos de la industria extractiva, mientras que varios de los mayores emisores del mundo, entre ellos EE UU, China, India y Rusia, se mantuvieron totalmente al margen del proceso. Por lo tanto, Santa Marta no estableció un orden climático alternativo. Más bien, representó un intento emergente de crear nuevas formas de coordinación capaces de impulsar las políticas de transición más allá de los límites del multilateralismo basado en el consenso.
Justicia climática, territorio y política de transición
Si la cumbre oficial de Santa Marta reflejó una creciente insatisfacción con la parálisis de la diplomacia climática convencional, los encuentros paralelos organizados por movimientos sociales, organizaciones indígenas, sindicatos, redes medioambientales y comunidades afectadas impulsaron el debate en una dirección más radical. La Cumbre de los Pueblos por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles y la Conferencia por Territorios Libres de Fósiles transformaron Santa Marta en algo más que un foro diplomático; pusieron de relieve visiones contrapuestas sobre lo que debería significar realmente una transición más allá de los combustibles fósiles.
En el centro de estos debates se situó una cuestión política fundamental: ¿supondría la transición una auténtica transformación de la economía política mundial o simplemente una reorganización del extractivismo dentro de un marco verde? Para muchas organizaciones de la sociedad civil y movimientos territoriales, el peligro reside en reducir la transición energética a una sustitución tecnológica, reemplazando el petróleo, el gas y el carbón por nuevas fronteras extractivas organizadas en torno al litio, el cobalto, los minerales de tierras raras, los proyectos de infraestructura a gran escala y los regímenes de inversión verde. En esta crítica, el problema no eran simplemente los combustibles fósiles en sí mismos, sino un modelo más amplio de acumulación basado en el despojo, el intercambio desigual y la mercantilización de la naturaleza.
Esta tensión fue captada con agudeza por algunos colectivos latinoamericanos y brasileños, que advirtieron del riesgo de que la transición se convirtiera simplemente en una nueva forma de transacción. La frase expresaba la creciente preocupación de que el lenguaje de la descarbonización pudiera legitimar nuevos ciclos de extracción, expansión de infraestructuras y acumulación corporativa sin alterar las estructuras subyacentes que, en primer lugar, habían producido la destrucción ecológica y la desigualdad. Desde este punto de vista, un futuro posfósil que reprodujera zonas de sacrificio, despojo territorial y relaciones comerciales asimétricas seguiría atrapado en la lógica del extractivismo, incluso si cambiaran sus fuentes de energía.
La Declaración Ciudadana adoptada paralelamente a la cumbre refleja esta crítica más amplia. En lugar de tratar la transición climática de forma restrictiva como una cuestión de reducción de emisiones o de tecnología energética, vincula la descarbonización a cuestiones de justicia reparadora, cancelación de la deuda, control democrático sobre los sistemas energéticos, derechos laborales, soberanía indígena, agroecología y oposición al militarismo. La declaración también rechaza una serie de falsas soluciones ‒entre ellas, las compensaciones de carbono, la geoingeniería especulativa, los proyectos de bioenergía a gran escala y la dependencia excesiva de las tecnologías de captura de carbono‒, argumentando que esos enfoques suelen servir para prolongar la dependencia de los combustibles fósiles, al tiempo que transfieren los costes ecológicos y sociales a las poblaciones vulnerables.
Las cuestiones territoriales y de soberanía surgieron como temas de especial importancia. Las organizaciones indígenas y las comunidades de primera línea señalaron repetidamente que muchas de las zonas elegidas para la extracción de combustibles fósiles, la minería y las nuevas infraestructuras tienen un historial de violencia colonial, desplazamientos y daños medioambientales. En consecuencia, las demandas de una transición libre de combustibles fósiles se articularon cada vez más no solo como reivindicaciones medioambientales, sino como luchas por la autonomía territorial, los derechos colectivos y el control democrático sobre la tierra, el agua y los recursos naturales.
Una de las propuestas más significativas del proceso más amplio de Santa Marta fue el establecimiento de zonas libres de combustibles fósiles: marcos territoriales encaminados a limitar o impedir una mayor expansión de las actividades de extracción. Con el firme apoyo de los movimientos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil, la propuesta vinculaba la política climática a mecanismos concretos de gobernanza territorial, incluyendo restricciones a las nuevas licencias de exploración, planes de cierre gestionado de los yacimientos de extracción existentes y la protección de las regiones ecológicamente vulnerables. Aunque siguen siendo en gran medida meras aspiraciones, estas propuestas indican un esfuerzo creciente por llevar la política climática, más allá de los objetivos abstractos, hacia formas de planificación de la transición basadas en el territorio.
Deuda, finanzas y colonialismo verde
Muchos debates en Santa Marta pusieron de relieve las limitaciones estructurales a las que se enfrentan los países del Sur Global. Para los Estados que dependen en gran medida de las exportaciones extractivas, la transición posfósil plantea cuestiones inmediatas relativas a la deuda, la supervivencia fiscal, el empleo y la financiación del desarrollo. Los y las participantes señalaron repetidamente lo que algunos calificaron de “trampa de la deuda y los combustibles fósiles”, en la que las economías endeudadas siguen sometidas a una presión estructural para ampliar la extracción con el fin de asegurar divisas, pagar la deuda externa y atraer inversiones. En este contexto, las demandas de justicia climática se tornaron cada vez más inseparables de los llamamientos al alivio de la deuda, la financiación pública, el intercambio de tecnología y la reforma de las instituciones financieras internacionales.
Estos debates también pusieron de manifiesto el carácter desigual de la transición energética mundial. Mientras que las economías industrializadas poseen una mayor capacidad financiera y tecnológica para restructurar los sistemas energéticos, muchos países del Sur Global se enfrentan a la transición en condiciones marcadas por la dependencia de la deuda, las relaciones comerciales desiguales y la presión para seguir suministrando materias primas a la economía mundial. En tales condiciones, el temor a un nuevo colonialismo verde apareció cada vez más en los debates.
Regímenes jurídicos y transición democrática
La cumbre también volvió a centrar la atención en el papel que desempeñan los regímenes internacionales de inversión y comercio a la hora de limitar las políticas de transición democrática. En concreto, las controversias en torno a los mecanismos de arbitraje para la solución de discrepancias entre inversores y Estados (ADIE) pusieron de manifiesto cómo las empresas de combustibles fósiles pueden recurrir a tales mecanismos de arbitraje internacional para socavar las políticas estatales que podrían afectar a sus beneficios futuros. En ocasiones se mencionaron litigios en los que estaban implicadas empresas como Shell y ExxonMobil como ejemplos de cómo los acuerdos comerciales y de inversión pueden servir de barreras estructurales para la transición posfósil. Para muchos, esto planteó una cuestión adicional: ¿pueden los Estados llevar a cabo de manera significativa la transición climática mientras permanecen integrados en arquitecturas jurídicas y financieras globales diseñadas para proteger el capital extractivo?
Los debates en Santa Marta revelaron que la transición más allá de los combustibles fósiles no es simplemente un desafío tecnológico o medioambiental. Es también una lucha por los modelos de desarrollo, la soberanía estatal, los derechos territoriales, el poder financiero y la organización desigual de la economía global. Por lo tanto, la cumbre puso de manifiesto una brecha creciente entre las visiones de la transición centradas principalmente en el crecimiento verde y la adaptación tecnológica, y aquellas que reclaman transformaciones más profundas de los patrones de producción, consumo, propiedad y poder político.
A pesar de todas sus tensiones y ambigüedades, Santa Marta demostró que la política climática se está alejando cada vez más del estrecho marco de la contabilidad de emisiones hacia disputas más amplias sobre cómo las sociedades organizan la energía, el territorio y la propia vida económica.
A pesar de su importancia política, el proceso de Santa Marta también reveló las profundas contradicciones que caracterizan cualquier intento de construir un orden internacional posfósil. La cumbre reunió a una coalición inusualmente amplia de Estados, movimientos e instituciones en torno a la necesidad de acelerar la transición para abandonar los combustibles fósiles. Sin embargo, muchas de las dinámicas políticas y económicas subyacentes que reproducen la dependencia de los combustibles fósiles quedaron sin resolver.
Dependencia de los combustibles fósiles y desarrollo desigual
La primera inconsistencia radicaba en la propia composición de la coalición. Los países que participan en la iniciativa, como Colombia, Brasil, Nigeria, Angola, Australia y Noruega, siguen dependiendo en gran medida de las industrias extractivas para obtener ingresos de la exportación, estabilidad fiscal, empleo y divisas. Para muchas economías del Sur Global, los combustibles fósiles no son solo fuentes de energía, sino también la base de modelos de desarrollo nacional integrados en la arquitectura comercial y financiera mundial. Esto crea una tensión inherente entre los compromisos climáticos y los imperativos de desarrollo. Los gobiernos pueden hablar del lenguaje de la transición mientras aceleran la extracción para cumplir las obligaciones de la deuda, las presiones fiscales y la inestabilidad económica.
La contradicción es especialmente aguda en condiciones de un capitalismo desarrollado de manera desigual a escala mundial. Las economías industrializadas han construido su riqueza a través de siglos de crecimiento intensivo en carbono, mientras que muchos de los países a los que se les pide que hagan la transición siguen estando estructuralmente subordinados en las cadenas de producción globales. A menudo, las exigencias de una rápida descarbonización chocan, por lo tanto, con cuestiones persistentes de responsabilidad histórica, deuda climática, acceso a la tecnología y poder financiero desigual. Si no hay financiación pública masiva, alivio de la deuda y mecanismos redistributivos, la transición corre el riesgo de reproducir, en lugar de superar, las desigualdades globales existentes.
La ausencia de varios de los mayores emisores y potencias geopolíticas del mundo puso aún más de manifiesto los límites de la coalición de Santa Marta. Estados Unidos, China, India, Rusia y los principales Estados productores de petróleo del Golfo no participaron en el proceso. Su ausencia puso de relieve tanto las posibilidades como las limitaciones de las coaliciones orientadas a la implementación fuera del marco de la ONU. Por un lado, las alianzas más pequeñas pueden avanzar más rápidamente cuando se liberan de la parálisis basada en el consenso, pero, por otro lado, la ausencia de las grandes potencias plantea cuestiones difíciles sobre la escala, la aplicabilidad y la influencia geopolítica. Cualquier proceso de transición que no cuente con algunos de los actores centrales de la economía fósil mundial tiene una capacidad intrínsecamente limitada para remodelar los sistemas energéticos a escala planetaria.
La cumbre también puso de relieve la creciente fragmentación del propio orden internacional. La política climática se ve cada vez más enredada en guerras comerciales, conflictos militares, preocupaciones sobre la seguridad energética, regímenes de sanciones y la competencia geopolítica por los recursos estratégicos. Las crisis energéticas, amplificadas por la escalada del conflicto en Oriente Medio, revelaron hasta qué punto los combustibles fósiles siguen estando arraigados en las estructuras de poder globales. En tales condiciones, los Estados pueden perseguir simultáneamente la descarbonización de forma retórica, al tiempo que dan prioridad a la seguridad energética, la competitividad industrial y la autonomía estratégica mediante la inversión continuada en la extracción y el control de los recursos.
Extractivismo verde y sacrificio ecológico
Los debates sobre los minerales de transición pusieron de manifiesto otra importante contradicción dentro de la agenda posfósil. Si bien la cumbre cuestionó la dependencia de los combustibles fósiles, también reveló el peligro de que la descarbonización pueda generar nuevas formas de extractivismo organizadas en torno a los minerales de transición e infraestructuras verdes. La expansión prevista de la extracción de litio, cobalto, cobre, níquel y tierras raras plantea la posibilidad de que las cargas ecológicas de la transición verde se trasladen una vez más a territorios periféricos y comunidades vulnerables. En este escenario, el capitalismo fósil no desaparece, sino que se reorganiza a través de nuevas cadenas de materias primas, regímenes tecnológicos y frentes de inversión.
Esta preocupación fue expresada con firmeza por organizaciones indígenas, movimientos territoriales y redes de justicia climática que participaron tanto en el proceso de Santa Marta como en actividades paralelas. Para muchos de estos actores, la cuestión central no es simplemente si se sustituyen los combustibles fósiles, sino qué tipo de orden social y ecológico surge a través de la propia transición. Advirtieron de que un proceso de descarbonización impulsado principalmente por la competencia global, la inversión corporativa y la extracción acelerada de minerales críticos podría reproducir patrones conocidos de despojo, degradación ecológica, explotación laboral e intercambio desigual con formas ambientalmente actualizadas. En esta crítica, el peligro es que la transición se limite a reorganizar el capitalismo extractivo a través de nuevas cadenas de materias primas, fronteras de inversión y zonas de sacrificio ecológico, desplazando las presiones de las regiones petroleras y carboníferas hacia las cuencas de litio, los corredores de tierras raras, los megaproyectos de infraestructura y los territorios indígenas y rurales de todo el Sur Global. La creciente preocupación por el colonialismo verde y el extractivismo verde refleja precisamente este temor: que la descarbonización en el Norte Global pueda depender de una intensificación de la extracción de recursos y del control territorial en otros lugares.
Arquitectura financiera y poder corporativo
A nivel institucional, la cumbre puso de manifiesto cómo los sistemas jurídicos y financieros internacionales siguen reforzando la dependencia de los combustibles fósiles. Los mecanismos AIDE siguen siendo especialmente significativos en este sentido. Los acuerdos comerciales y de inversión contienen marcos AIDE que permiten a las empresas demandar a los gobiernos por políticas que amenacen los beneficios previstos, como las políticas medioambientales y de transición. Las empresas de combustibles fósiles han utilizado estos mecanismos en repetidas ocasiones para presionar a los gobiernos que intentan regular la extracción, eliminar gradualmente los proyectos o reestructurar los sistemas energéticos. De este modo, los Estados que intentan aplicar políticas de transición ambiciosas pueden enfrentarse no solo a presiones económicas internas, sino también a costosos litigios internacionales respaldados por el capital transnacional.
Las estructuras de deuda constituyen otro obstáculo importante. Muchos países del Sur Global siguen atrapados en acuerdos financieros que incentivan la expansión extractiva como medio para asegurar ingresos de exportación y cumplir las obligaciones externas. En estas condiciones, los llamamientos a la transición climática sin la correspondiente transformación de la arquitectura financiera internacional corren el riesgo de volverse políticamente insostenibles. Esto explica por qué las cuestiones de la cancelación de la deuda, la financiación climática basada en subvenciones, la reforma de los subsidios y la restructuración de la financiación para el desarrollo ocuparon un lugar tan central en los debates de Santa Marta.
El Estado, los movimientos y las visiones contrapuestas de la transición
La cumbre también puso de manifiesto tensiones sin resolver en torno al papel del propio Estado. Si bien Santa Marta representó un esfuerzo de los gobiernos por coordinar políticas de transición más allá del marco COP, muchos activistas y movimientos sociales se mostraron escépticos con respecto a las estrategias de transición lideradas por el Estado que siguen vinculadas a modelos de desarrollo orientados al crecimiento y a la dependencia de la inversión extranjera.
Santa Marta funcionó menos como un modelo alternativo coherente que como un espacio en el que convergieron temporalmente visiones múltiples y a menudo conflictivas de la transición posfósil. Algunos participantes concebían la transición principalmente en términos de política industrial verde, coordinación de inversiones y modernización tecnológica. Otros la entendían como inseparable del antiextractivismo, la justicia reparadora, la soberanía indígena y la transformación económica sistémica. Por lo tanto, la importancia política de la cumbre puede no residir en resolver estas tensiones, sino en hacerlas visibles dentro de un debate internacional emergente sobre el futuro de la energía y el desarrollo.
Por tanto, el reto a que se enfrenta la coalición de Santa Marta no es simplemente el de la implementación técnica, sino el de la coherencia política. La posibilidad de que el proceso se convierta en una fuerza transformadora y duradera dependerá de su capacidad para hacer frente a las condiciones estructurales que siguen reproduciendo la dependencia fósil: el desarrollo desigual, el poder corporativo, los regímenes de deuda, la competencia geopolítica y los modelos de acumulación extractivos. Sin abordar estas contradicciones más profundas, la transición posfósil corre el riesgo de permanecer presa dentro del sistema mismo que ha producido la crisis climática.
Conclusión
La Cumbre de Santa Marta no concluyó con un tratado vinculante sobre los combustibles fósiles, ni tampoco resolvió las profundas contradicciones que condicionan la transición energética mundial. La coalición que se formó en Colombia sigue siendo políticamente dispar, económicamente limitada y geopolíticamente incompleta. Muchos países participantes siguen dependiendo en gran medida de las rentas extractivas, mientras que varios de los mayores emisores y potencias fósiles no participan en el proceso. Los obstáculos estructurales con que choca toda transición posfósil, o sea, la dependencia de la deuda, el desarrollo desigual, el poder corporativo, la fragmentación geopolítica y la arquitectura institucional que protege el capital extractivo, siguen estando muy presentes.
Sin embargo, la importancia de Santa Marta radica precisamente en el hecho de que ha dado mayor visibilidad a muchas de estas contradicciones y no las ha ocultado tras el lenguaje procedimental de la diplomacia multilateral. Más que una hoja de ruta definitiva hacia un futuro posfósil, la cumbre sirvió de espacio político en que gobiernos, científicos, movimientos sociales, organizaciones indígenas, sindicatos y comunidades afectadas abordaron cuestiones que el régimen climático existente no se ha planteado directamente: cómo reducir la dependencia de la extracción de combustibles fósiles; cómo financiar la transición sin reproducir la deuda y la desigualdad; cómo conciliar la transformación energética con la justicia territorial; y cómo ir más allá de las formas de transición verde que se limitan a reorganizar el extractivismo mediante nuevas fronteras tecnológicas, minerales y financieras.
Santa Marta ha marcado un cambio importante en la evolución de la política climática. Durante décadas, la diplomacia climática internacional giró en gran medida alrededor de objetivos de emisión, promesas de mitigación, mecanismos de mercado y consensos negociados dentro de estructuras institucionales cada vez más paralizadas. El proceso de Santa Marta comportó el reconocimiento cada vez más generalizado de que la emergencia climática no se puede abordar sin poner en tela de juicio la propia economía política de los combustibles fósiles, incluidos los sistemas comerciales, financieros y de inversión, así como el poder geopolítico a través del cual se reproduce la dependencia de los combustibles fósiles.
La cumbre señalizó un cambio más amplio del significado de la transición energética, que ya no se plantea como una necesidad medioambiental, sino que ahora se relaciona con cuestiones de soberanía, deuda, restructuración industrial y control territorial. En condiciones de guerra, inseguridad energética e intensificación de la fragmentación geopolítica, la política climática se conecta más abiertamente con luchas en torno a modelos de desarrollo, recursos estratégicos y visiones diferentes del futuro orden mundial.
No se sabe a ciencia cierta si la coalición de Santa Marta se convertirá en un proceso duradero y transformador. Esto dependerá mucho de si los países participantes logran ir más allá de las declaraciones de intenciones hacia una implementación concreta: desarrollando hojas de ruta de transición creíbles, restructurando las prioridades financieras, limitando toda expansión de los combustibles fósiles y creando mecanismos capaces de respaldar una transición equitativa en el Sur Global. En última instancia, la credibilidad del proceso se medirá menos por los simbolismos diplomáticos que por las transformaciones materiales que pueda promover.
No obstante, Santa Marta ha demostrado que una parte del mundo busca cada vez más formas políticas capaces de superar la arquitectura agotada de la diplomacia climática convencional. La cumbre no ha definido un orden posfósil, pero ha puesto de manifiesto que la lucha en torno a esta transición, su despliegue y los intereses a los que servirá en última instancia ha entrado en una nueva fase abiertamente controvertida.
25/05/2026
Traducción: viento sur
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