En los últimos diez años, el país ha tenido ocho presidentes, cuatro en cada período presidencial de cinco años.
08 de junio de 2026. Un profundo descrédito de la clase política, ausencia de partidos sólidos, fragmentación de la representación, una grave crisis de inestabilidad política que ya lleva una década, debilitamiento de la democracia y un copamiento institucional por un autoritarismo conservador y corrupto, es el marco en el que los peruanos eligen un nuevo gobierno. A esto se suma un desborde de la delincuencia, el problema que más preocupa a los peruanos.
La inestabilidad política ha convertido la presidencia de la República en un cargo de alta rotación. Los dos últimos presidentes elegidos, en 2016 y 2021, no han terminado su mandato. En los últimos diez años el país ha tenido ocho presidentes, cuatro en cada período presidencial de cinco años. El uso prepotente de la cuestionada herramienta legal de la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, una figura ambigua que no está regulada y permite destituir a un presidente en un proceso sumario sin necesidad de presentar evidencias de alguna acusación específica, con solamente tener dos tercios de los votos del Congreso, ha estado en el centro de la inestabilidad de la última década.
Esta inestabilidad comenzó en 2016, cuando Keiko Fujimori obtuvo mayoría absoluta en el Congreso, pero perdió el balotaje y no aceptó su derrota. Desde el Congreso, el fujimorismo se dedicó a boicotear al gobierno del presidente que los había derrotado, Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de compartir con él las mismas posturas neoliberales. Fue una reacción de bronca y resentimiento de Keiko por haber perdido las elecciones. Kuczynski renunció en marzo de 2018 cuando el Congreso lo iba a destituir. Denuncias de corrupción vinculadas a Odebrecht lo terminaron de debilitar. Fue sustituido por su vicepresidente Martín Vizcarra, que fue destituido en noviembre de 2020. Su reemplazante, el congresista Manuel Merino, duró solo cinco días. Renunció en medio de protestas que dejaron dos muertos. Otro legislador, Francisco Sagasti, asumió la presidencia y llevó adelante las elecciones de 2021 y la transferencia de gobierno en julio de ese año.
En 2021, Keiko Fujimori volvió a ser derrotada en el balotaje, esta vez por Pedro Castillo. Una vez más, no admitió su derrota y se dedicó a socavar desde el primer día al nuevo gobierno de izquierda. El fujimorismo ya no tenía mayoría en el Congreso, pero en el empeño de boicotear al gobierno progresista encontró el respaldo de otras bancadas parlamentarias de derecha, con las que formó una coalición mayoritaria, y de buena parte de la prensa. Acosado por un Congreso obstruccionista y golpista, en diciembre de 2022 Castillo anunció en un mensaje televisado el cierre del Parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones legislativas, pero sin estar facultado legalmente para hacerlo. Fracasó y ese mismo Congreso lo destituyó inmediatamente, en un proceso que no cumplió los procedimientos y sin los votos necesarios, y fue detenido por su propia escolta y encarcelado. El día que Castillo anunció el cierre del Congreso, iba a enfrentar un tercer pedido de vacancia por incapacidad moral en menos de un año y medio de gobierno, en base a denuncias por supuesta corrupción que estaban en investigación inicial en la fiscalía.
Castillo fue sustituido por su vicepresidenta, Dina Boluarte, que apenas juramentó el cargo, se alió con la derecha que había boicoteado el gobierno de Castillo. Su gestión se estrenó con una brutal represión contra las protestas sociales que estallaron después de la destitución de Castillo, que dejó medio centenar de muertos. Esas muertes y escándalos de corrupción marcaron su gobierno. Cuando Boluarte se hizo insostenible, sus aliados parlamentarios de la derecha la destituyeron en octubre de 2025. La reemplazó el legislador de derecha José Jerí, que cargaba acusaciones de violación sexual y corrupción. Duró poco. En febrero de 2026, el Congreso lo destituyó y nombró al actual presidente, José María Balcázar. Lograr estabilidad y gobernabilidad en este contexto de alta inestabilidad política será el primer reto del nuevo gobierno. Su supervivencia depende de eso.
El fujimorismo y sus aliados han gobernado desde el Congreso desde la caída de Castillo. Han aprovechado ese poder para capturar el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia que nombra jueces y fiscales, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría. Y avanzan en la captura total del Poder Judicial. Esa mayoría parlamentaria ha dado un paquete legal, llamado “leyes procrimen”, que ha debilitado la capacidad de investigar y procesar a las organizaciones criminales. En paralelo a estas leyes se ha dado una explosión de la delincuencia, principalmente de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato. Las denuncias por extorsión han pasado de 9 mil en 2022 a más de 25 mil en 2025. Se estima que se denuncia solamente el 20 por ciento de las extorsiones. Los homicidios han saltado en ese mismo período de 8,6 a 10,7 por cada 100 mil habitantes. Enfrentar esta creciente delincuencia será una tarea urgente del nuevo gobierno.
En el tema económico, el nuevo gobierno encontrará una macroeconomía estable con buenas cifras: reservas altas; una inflación de 1,5 por ciento en 2025, aunque este año ha comenzado a subir; una deuda pública de 31,3 por ciento del PBI, una de las más bajas de América Latina; un tipo de cambio del dólar estable. Pero en la otra cara de la economía hay una alta informalidad del 70 por ciento, precariedad laboral en salarios y derechos, cerca de un 30 por ciento de pobreza y un porcentaje similar al borde de caer en ella, un 41 por ciento de la población que enfrenta inseguridad alimentaria, servicios públicos como salud y educación altamente precarizados. Altos precios internacionales de las principales exportaciones, oro y cobre, favorecen al nuevo gobierno para alcanzar un crecimiento mayor al 3,3 por ciento de 2025. Mantener la fortaleza macroeconómica y mejorar significativamente las malas cifras sociales y de desarrollo humano, es el reto económico de la nueva gestión presidencial.
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