Madrid. Lunes 8 de junio de 2026. Decenas de activistas de 13 países iniciaron una huelga de hambre el 1º de junio para exigir la liberación de los 11 integrantes del convoy terrestre de la Global Sumud Flotilla retenidos por las autoridades del este de Libia hace tres semanas, cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza.
“Los voluntarios secuestrados están en su séptimo día de una huelga de hambre y sed que amenaza sus vidas”, indicó la organización en un comunicado.
En “un acto de solidaridad y para llamar la atención de su situación urgente, se ha organizado una huelga de hambre global de solidaridad en los cinco continentes”, que incluye a Canadá, Estados Unidos, Italia, Sudáfrica y España, donde ya se iniciaron “huelgas de hambre para exigir a esos gobiernos que intervengan y consigan la liberación inmediata de estos defensores de los derechos humanos”.
En este contexto, señalaron que además de estas medidas, “se están llevando a cabo protestas globales en las embajadas libias y en los ministerios de Asuntos Exteriores” con el fin de exigir la intervención urgente de los gobiernos para presionar a las autoridades de Trípoli.
Sueltan a uno
Horas después, la misión internacional informó que el activista tunecino del convoy terrestre Mehdi Bouzguenda fue liberado tras casi tres semanas de detención ilegal por autoridades libias.
Bouzguenda, de 24 años, fue detenido a 25 kilómetros de la frontera entre Túnez y Libia el 19 de mayo, mientras regresaba a su país. Ayer se reunió “con sus amigos y familia”.
La organización exigió la liberación inmediata “no negociable” de los demás integrantes del convoy terrestre y subrayó que “10 de nuestros voluntarios secuestrados siguen detenidos en Bengasi”, como los “casi 10 mil prisioneros palestinos están retenidos por el régimen israelí”.
Acusó que los activistas están retenidos en “cárceles negras”, que son “prisiones clandestinas ilegales… sin acceso a apoyo legal, diplomático o familiar”.
La Global Sumud Flotilla afirmó que “este secuestro ilegal forma parte de una campaña más amplia de criminalización de las iniciativas de solidaridad con Palestina para intentar silenciar el activismo y las demandas de libertad palestinas”.
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