Entre aumentos tarifarios, fallas regulatorias y denuncias sobre la trazabilidad de los residuos, el nuevo escenario del servicio de aseo en Bogotá revela una crisis que favorece la improvisación y los vacíos de control.
En Colombia, según la ley 142 de 1994, se deben ajustar cada 5 años los marcos tarifarios de servicios esenciales como acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas combustible por red, telefonía fija y móvil rural. El pasado 11 de febrero de 2026 venció, oficialmente, la concesión del esquema de aseo que operaba desde 2018 en Bogotá. Lo que debía representar el cierre de un ciclo contractual y la apertura del Nuevo Marco Tarifario para Aseo terminó en una prórroga de emergencia, atravesada por tensiones jurídicas, críticas políticas y aumentos tarifarios que, en su actual régimen de transición, golpea el bolsillo de millones de usuarios.
Para el caso de Bogotá, el problema tiene responsables claros: las administraciones distritales de Claudia López y Carlos Fernando Galán. Así lo afirma, en entrevista con el periódico desdeabajo, el concejal del Pacto Histórico José Cuesta. El cabildante sostiene que ambas partes dejaron vencer el tiempo sin estructurar una nueva licitación técnica y financieramente viable. “La ciudad opera hoy en modo de emergencia”, afirmó Cuesta, quien acusa a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) de haber desperdiciado más de 3.000 millones de pesos en estudios técnicos que fueron rechazados por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
De acuerdo con el concejal, una de las propuestas presentadas contemplaba una tasa de rentabilidad cercana al 40% para los operadores privados, una cifra que resultaba financieramente insostenible y terminó siendo descartada por la autoridad regulatoria. El resultado fue dejar a la ciudad sin nuevo esquema de áreas de servicio exclusivo y prevenir la entrada de más empresas en la libre competencia a pocos días del vencimiento contractual.
El riesgo de una crisis sanitaria terminó resolviéndose por vía judicial: la Resolución 1027 de 2026 de la CRA, fruto de una demanda de las organizaciones de recicladores ante la Corte Constitucional, le dice a la Uaesp que establezca un régimen de transición, entre el proceso de renovación de terminación del contrato de aseo, de la concesión de aseo y el nuevo marco tarifario que está por salir pero del cual aún no se conocen las condiciones.
El recibo de aseo llegó más caro
En todas aquellas ciudades o municipios del país con más de 5.000 suscriptores en el servicio del aseo se prevé que la CRA, en el transcurso del mes de junio de 2026, entregue a la ciudadanía la versión final de la metodológica del Nuevo Marco Tarifario para Aseo que, en teoría, debería ser para los siguientes cinco años. Mientras tanto, en este régimen de transición se mantendrá la metodología vigente (Resolución CRA 720 de 2015), la misma que les permite a los operadores facturar el servicio de aseo a través de los recibos de energía, gas o agua.
Actualmente, la ciudad de Bogotá está en aquel régimen de transición, y algunos operadores de la ciudad dejaron de cobrar el servicio de aseo a través de la factura bimensual en el recibo del acueducto y comenzaron a hacerlo mediante la factura mensual de energía. La norma citada lo permite, pero durante las últimas semanas numerosos usuarios comenzaron a reportar aumentos abruptos en la factura de aseo. En algunos casos denuncian incrementos superiores al 100%. Las quejas se multiplicaron rápidamente en redes sociales y escenarios comunitarios.
En entrevista con el periódico desdeabajo, Hermán Goyes, asesor con más 14 de años experiencia en el sector de servicios públicos y economía circular, dijo: “La metodología vigente permite a la empresa de aseo cobrar este servicio con la factura de la energía que tendrá un costo más elevado y en Bogotá ese servicio se cobra mensual. El usuario pasa de recibir una factura bimensual en acueducto (Eaab) a una mensual (Enel). Por ende, siente en principio que le están cobrando más, pero en muchos casos es el mismo servicio distribuido en otro periodo de facturación”.
Además, para el usuario “Luislfor” de la plataforma TikTok: “Una razón por la cual decidieron cobrar el aseo en el recibo de la energía es porque se dieron cuenta de que hay más contadores de luz que predios de agua. En una casa puede haber varios contadores. Tome el caso de una casa donde existan dos locales o tres apartamentos independientes. Y por cada contador le están cobrando el valor de un predio. Sencillamente ganan más plata. ¿Quién va a parar semejante abuso?”.
No hay duda. En la factura de aseo existen aumentos reales asociados a varios factores: indexación por IPC, ajustes en componentes de aprovechamiento, reliquidaciones acumuladas por demoras de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en resolver la situación de las toneladas aplazadas de publicar en el Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI) a las asociaciones de recicladores, y la ampliación de kilómetros de barrido en Bogotá por 45.000 km (a más km de barrido el usuario paga más por el servicio) que incrementará, por este concepto, entre el 2% al 3% en el componente de barrido en la factura. Todo ello incide en su valor final y en la tarifa que el usuario paga.
Las dudas en la trazabilidad del sistema
Pero el debate no gira únicamente alrededor del precio de la tarifa, sino que se extiende a la trazabilidad del sistema. El actual modelo de aseo incorpora el componente de aprovechamiento. Es decir, el reconocimiento económico a organizaciones recicladoras por recuperar residuos que no terminan en rellenos sanitarios. En teoría, el esquema busca fortalecer la economía circular y garantizar ingresos para los recicladores de oficio. Pero, según Hermán Goyes, el sistema presenta grietas profundas de supervisión y trazabilidad en la información reportada al SUI.
Por ejemplo, en la gráfica 1 se puede ver que en la ciudad de Bogotá las toneladas de residuos generados tienen una leve disminución y en cambio las toneladas de aprovechamiento sí aumentan. Existen organizaciones que reportan toneladas cuya trazabilidad resulta difícil de verificar. Material reciclable comprado a empresas privadas o traído desde otros municipios puede terminar registrado como si hubiera sido recolectado dentro del servicio público de aseo en la ciudad. Goyes también menciona casos de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) que reportan operaciones constantes pese a permanecer cerradas gran parte del tiempo. (Ver Gráfica 1.)
Por ejemplo, en la gráfica 2 que tiene datos conectados con la gráfica 1, puede verse que en la columna: “Ton año de DF en Doña Juana”, en el 2016 la cifra de 1.520.333 representa alrededor del 98% y el 2% restante es de toneladas efectivamente aprovechadas. Para el 2025 la cifra de 1.969.723 de toneladas de disposición final en Doña Juana representa alrededor del 48% frente a un 52% de toneladas efectivamente aprovechadas. Para Goyes, hay dos cosas claras acá: “se logró reducir lo que llega al relleno, y hay muchas toneladas que están pagando los usuarios pero no se cuestionan el ¿por qué?”.(Ver Gráfica 2).
En la gráfica 3 se puede ver cómo ha sido el crecimiento en la eficiencia en el servicio de aprovechamiento. Indica que se está recogiendo más material reportado en el sistema del servicio de aseo y se está pagando más toneladas de residuos reciclables. “Para el 2025 hay una eficiencia del 142%. Si somos muy eficientes debería ser el 100%. Esto es una evidencia de la poca confiabilidad y trazabilidad en la información”, sostiene el experto. (Ver Gráfica 3)
Y esto sucede porque: “La Superintendencia revisa la información desde el escritorio, pero eso no garantiza que las toneladas reportadas corresponden realmente a rutas de aprovechamiento”. La consecuencia es grave: el usuario termina pagando sobre datos cuya verificación resulta débil y poco transparente. Además, parte de los recursos destinados al aprovechamiento podrían no estar llegando a recicladores reales. Algunas organizaciones registradas formalmente como asociaciones de recicladores no tendrían, en la práctica, recicladores como propietarios efectivos.
Un modelo prorrogado, no resuelto
La CRA prepara una actualización regulatoria que redefinirá durante los próximos años la metodología de cobro del servicio de aseo en Colombia. La discusión sobre el nuevo marco tarifario, en su etapa inicial, recibió más de 50.000 reclamaciones y propuestas. Se espera que el nuevo esquema incorpore criterios ligados a economía circular, empiece a cobrar o descontar la separación de residuos en la fuente y fortalecimiento del aprovechamiento. Buscaría, desde el lado oficialista, por un mandato del Plan Nacional de Desarrollo, el decreto 670 del 2025, establecer el Programa Basura Cero, con el concurso de todos los actores involucrados: usuarios, recicladores y empresas deben buscar cómo no generar tantos residuos. Pero, en caso que no lo hagan, deben implementar las alternativas para que los residuos se puedan reusar, reutilizar, reparar y reciclar.
Una tarea ardua esta de darle solución al manejo de las basuras, puesto que, como lo indica la gráfica 4, los residuos per cápita dispuestos en Parque de Innovación Doña Juana y provenientes de Bogotá, desde el año 2015 hasta el año 2025, se podría decir que en estos 10 años una persona genera anualmente entre 0,28 a 0,29 toneladas de residuos, lo que serían entre 280 a 290 kilogramos al mes. (Ver Gráfica 4.)
Según estos datos, hay un fracaso de la política pública en la disminución de residuos y, además, el problema cultural que existe por no cambiar los tipos y ritmos de consumo influenciados e impulsados por la publicidad, la moda o la obsolescencia programada a unos racionales que tengan en cuenta, entre otros, los impactos que genera al medio ambiente el consumo desaforado. Y además, las argucias expuestas que generan mayores ganancias a las empresas.
El tema no es tan sencillo de resolver, por ejemplo, apenas está en curso el proyecto de ley Nº 223 de 2024 para prevenir los efectos de la obsolescencia programada de dispositivos electrónicos de consumo masivo en el país. Se afirma en este documento que existen varios casos en el mundo donde: “se demuestra que los productores de dispositivos electrónicos utilizan mecanismos para garantizar que estos dispositivos tengan una vida útil específica, para asegurar una tasa de reemplazo y que los consumidores deban seguir adquiriendo productos”*.
Imagínese, según la gráfica 4, si cada uno de los habitantes de Bogotá para el año 2025 genera 0,29 toneladas de residuos al año, ¿cuántos de estos han sido provocados por la obsolescencia programada? Que, además de afectar de manera notable el medio ambiente, hace más ricos a los dueños de estas industrias y a toda su cadena de producción. Si esa es la realidad y en ello reside el sentido de su negocio, promover el reciclaje y la economía circular no resultaría rentable. El absurdo se hace evidente.
En la calle
El escenario actual deja la incógnita ¿logrará el nuevo modelo tarifario resolver las fallas estructurales del presente? No es atrevido decir que no lo hará. La administración distrital sostiene que busca garantizar continuidad y estabilidad. Los operadores privados defienden ajustes financieros asociados a la prestación del servicio. Los usuarios, mientras tanto, observan cómo la factura aumenta en medio de un servicio que pocos comprenden y casi nadie logra auditar completamente. Es una realidad que se va dejando pasar si la basura no genera algún problema, es decir, si ha sido recogida en frente de la cuadra, en el barrio, sitio de trabajo o estudio, si no interrumpe el paisaje cotidiano.
Como es fácilmente deducible, la crisis del aseo en Bogotá no parece ser únicamente una discusión sobre basura, pero, según lo expuesto, los y las usuarias terminamos pagando las modalidades que se usan para recoger, trasladar y depositar los residuos que producimos en nuestra vida diaria, para extraer de este proceso mayores ganancias de las normales.
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