Ojalá el ímpetu con el que se expresó el concejal de Medellín, alias Gury, al solicitar en una sesión de esa corporación bombardear zonas del país donde se votó por Iván Cepeda, no haga eco en las decisiones del nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia. Mi reacción es un temor por un final de aquellos compatriotas que al depositar el voto por un candidato en el que pusieron sus esperanzas de un mejor mañana, terminen en el horror de una muerte injusta. Me conmueve de una manera en particular ver los videos donde aparecen ciudadanos y ciudadanas amontonados sobre una piragua, durante arduas travesías por ríos caudalosos, o atravesando a pie montes y montañas acudiendo a los puestos de votación, viajando con sus hijos en brazos, en las condiciones más inverosímiles, buscando un voto de paz para el bienestar de sus territorios. Sus rostros llenos de alegría y fe durante esa odisea viajera son los de hombres y mujeres humildes de corazones bondadosos. No de criminales.
Hay un comienzo profano ocurrido en el mes de mayo de este año, cuando un senador extranjero aseguró que la presencia de grupos armados ilegales en varias regiones del país “afecta directamente la libertad de los votantes” y puede distorsionar la competencia electoral. (Periódico El Tiempo, 21 de mayo de 2026). De ahí para acá en la emisora Blu Radio, redes sociales con Luis Carlos Vélez y Jerome Sanabria y hasta el mismo vicepresidente José Manuel Restrepo hablan de millones de votos a favor de Cepeda como producto del constreñimiento.
La difusión de esa imprecisa y perversa información la denominaron “voto fusil”, bajo la dinámica de confundir a los ciudadanos y a las autoridades, con la falsa premisa de que en primera vuelta el aspirante del Pacto Histórico había “arrasado” en las zonas del país con mayor presencia de guerrilleros, calificandolas en sitios de “riesgo extremo”.
Hasta el momento no existe ninguna prueba sobre la proporción de votos de ninguno de los dos candidatos a la presidencia, que haya sido forzada por grupos armados. Existen poblaciones denunciados por la MOE y por la Defensoría del Pueblo “en riesgo extremo por violencia en el contexto electoral”, como las poblaciones de San José del Guaviare y El Retorno donde votaron mayoritariamente por De La Espriella; en Calamar y Miraflores ganó Cepeda.
De lo que sí reseñan datos algunos medios de comunicación, es sobre la compra-venta de votos, situaciones que han sido puestas en conocimiento de las autoridades constitucionales, con los soportes de dichas denuncias. En cumplimiento de la ley, deben realizarse los procesos judiciales correspondientes para determinar culpables o no; los delincuentes deben ser sancionados de acuerdo a los códigos legales. Lo inusual y bárbaro sería bombardear esos sitios. No pretendan pasar del bate a las bombas. No sean salvajes.
La diatriba especulativa y temeraria del déspota brutal autoproclamado Gury, ha sido cuestionada hasta por uno de los miembros de su partido: Tomás Uribe Moreno.
La opinión pública de nuestro país debe censurar actitudes torpes como la del concejal paisa, para evitar extremos frenéticos que atenten contra la vida y honra del pueblo colombiano. Bastante tenemos con los 7837 inocentes ajusticiados.
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