11 de julio de 2026 . Los ataques de Estados Unidos contra la República Islámica y las respuestas de Teherán contra las bases militares del Pentágono, ubicadas en distintas monarquías de la península arábiga, ponen en evidencia uno de los problemas centrales del nuevo orden global, que comenzó a transformarse de manera precipitada con la guerra en Ucrania. En 2022, la Federación Rusa asumió la responsabilidad de desafiar, en el plano militar, el orden unilateral conducido por Estados Unidos. Cuando Washington advirtió que esa batalla estaba perdida, la abandonó y debilitó a la OTAN. La República Popular China había hecho lo propio en el terreno económico, al rechazar las presiones comerciales de Washington y proponer formas de autonomía financiera y tecnológica parcialmente desconectadas de los centros hegemónicos, empeñados en recuperar una colonialidad ya languideciente.
Uno de los puntos de máxima fricción de esta mutación global se ubica en Ormuz. Ese paso, junto con los estrechos de Magallanes, Panamá, Gibraltar, Malaca, Bab el-Mandeb y el Canal de la Mancha, concentra el tránsito del 80 por ciento del comercio internacional. Donald Trump, impulsado por el asesoramiento del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, promueve el control de todos esos pasos con un doble objetivo: vigilar a Beijing y, de ser necesario, obstaculizar su intercambio comercial. Por Ormuz transitaba —antes de la segunda etapa de la guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero de 2026— una quinta parte del gas y del petróleo global. Dos tercios de ese flujo se dirigían al sudeste asiático, especialmente a la República Popular China, que produce una tercera parte del Valor Agregado Manufacturero (MVA) mundial, una capacidad productiva que supera la suma combinada de los tres gigantes que la siguen en la lista: Estados Unidos, Japón y Alemania.
El disparador de los últimos bombardeos, autocontrolados por ambos contendientes para evitar una escalada, está vinculado con la ambigüedad del quinto punto del Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés), que autorizaba a Teherán a negociar con el Sultanato de Omán la definición de la futura administración y los servicios marítimos del estrecho de Ormuz, en consulta con el resto de los Estados ribereños del Golfo Pérsico. La respuesta persa a los bombardeos estadounidenses se orientó hacia Kuwait, Qatar y Baréin —sede del cuartel general de la Quinta Flota de la marina estadounidense— y motivó llamados desesperados de los monarcas sunitas a la Casa Blanca para exigir el cese de las hostilidades. Richard N. Haass, exintegrante del Consejo de Seguridad Nacional de George W. Bush, fue taxativo al afirmar que Trump se encuentra en “un callejón sin salida estratégica. El dilema es que cuanto más atacamos, más atacan los iraníes la infraestructura petrolera y energética del Golfo. Y Estados Unidos no logra defender esos sitios”.
La disputa por el estrecho de Ormuz no es un conflicto centrado en la seguridad de la navegación. Forma parte del campo de batalla de la transición hegemónica global. El intento iraní de imponer condiciones de tránsito y cobrar tasas de navegación constituye, en clave sistémica, un desafío a uno de los pilares más decisivos del orden de posguerra: la navegación supervisada por los centros financieros, las empresas de seguros y la arbitrariedad de las sanciones multiplicadas por Occidente.
Esas atribuciones, respaldadas militarmente por Washington, se han impuesto en función de los intereses geoestratégicos de los países asociados a la OTAN. El intento de Teherán de reemplazar esa potestad excede la dimensión bilateral del conflicto con Washington: se trata de un test sobre la capacidad real de Estados Unidos para seguir ordenando, en el siglo de la multipolaridad emergente, estos siete chokepoints marítimos que sostienen el comercio internacional.
El conflicto en el Golfo Pérsico —junto con la brutal intervención militar en Venezuela, el sitio genocida contra Cuba, el injerencismo electoral en Latinoamérica y la guerra arancelaria— expresa la crisis de una hegemonía occidental en fase de declive. Esa vigilancia global recurre a magnicidios, bloqueos energéticos y a una militarización creciente de las rutas marítimas y fluviales estratégicas (como el Paraná). Su propósito es resquebrajar o quebrantar el desplazamiento del orden mundial hacia una multipolaridad, que ya no se puede contener mediante el soft power, la doctrina teorizada por Joseph Nye elaborada en tiempos en que el Consenso de Washington creía superada la reivindicación de las soberanías por parte del Sur Global.
El recurso sistemático a la coerción militar directa, impulsado por Donald Trump durante su segunda administración, expone el síntoma más ostensible de la crisis del Bloque Histórico de Occidente. Ese bloque se sostuvo durante cinco siglos mediante el colonialismo, el esclavismo, la manipulación de las oligarquías nativas, la expansión de bases militares otanistas en los cinco continentes, la extorsión económica y financiera, la generalización de operaciones destinadas a imponer cambios de régimen y la asociación cómplice con oligarquías domésticas, apalancadas por la industria del entretenimiento y reforzadas actualmente por los algoritmos de las redes sociales y la inteligencia artificial.
Ese consenso armado busca apalancarse en nuevas formas de disciplinamiento militar. En este marco, la guerra contra Irán no expresa la fortaleza del proyecto hegemónico estadounidense, sino su debilidad estructural: la incapacidad de contener, mediante la presión diplomática, las sanciones económicas o la disuasión nuclear convencional, a un actor que —pese a asimetrías de poder abrumadoras— ha construido, a lo largo de casi medio siglo, una arquitectura institucional propia. En ese sentido, el objetivo estratégico de Washington consiste en neutralizar cualquier proyecto de autonomía relativa, sobre todo aquellos que tengan posibilidades e interés de coordinar una nueva arquitectura global, ejemplificada por los BRICS.
Estas coordenadas, sin embargo, se insertan en la compleja y contradictoria realidad política persa. Dos sectores difieren sobre cómo gestionar el conflicto. De un lado, aparecen quienes se niegan a dar continuidad a las negociaciones. Entre ellos figura Hassan Rahimpour-Azghadi, vocero de los sectores conservadores cercanos al ayatolá, quien declaró en pleno funeral de Alí Jameneí: “Escupo sobre el momento político actual, en el que se negocia con quienes asesinaron a nuestro líder”. La semana pasada, uno de los responsables de las negociaciones con el vicepresidente James Vance, el presidente del Parlamento persa, Mohammad Bagher Ghalibaf, fue abruptamente interrumpido en un programa televisivo en vivo cuando explicaba detalles del acuerdo de la tregua. Los cambios globales, como siempre ha sucedido en la historia, vienen acompañados de coacción y resistencia, hasta alcanzar nuevos puntos de equilibrio transitorio.
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