Por | 08/08/2026
Un informe de la ONU revela que los esfuerzos nacionales en materia de biodiversidad están muy lejos de los objetivos para 2030, de cara a la cumbre COP17 en octubre
“Algunas metas se están aplicando en mayor medida. Las más tradicionales, como el ‘30 por 30′, acapararon toda la atención”, señaló Eghenter, refiriéndose al objetivo de proteger el 30% de la superficie terrestre y marina del planeta para 2030. “Pero otras, como las metas impulsoras y aquellas que promueven condiciones propicias para una aplicación efectiva, aún no están siendo abordadas con la misma firmeza por las partes”.
Las cifras relativas a la financiación siguen la misma tendencia. De los 186.000 millones de dólares movilizados entre 2020 y 2023, 136.000 millones procedieron de presupuestos públicos nacionales, 33.000 millones de fuentes privadas y solo 18.000 millones de financiación pública internacional. Esto supone una fracción del hito anual de 20.000 millones de dólares que se suponía que los países desarrollados debían alcanzar para 2025. La financiación privada, señala el informe, alcanzó su punto máximo en 2021 y desde entonces ha disminuido.
Detrás de esta situación se esconde un problema de seguimiento. Solo se dispone de datos cuantitativos sólidos para unos pocos objetivos. La información sigue siendo escasa sobre cómo —o si— se está involucrando a los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes y el sector privado en la consecución de los objetivos.
Ana Di Pangracio, subdirectora de FARN, ONG medioambiental argentina, declaró a Dialogue Earth que el informe refleja un patrón que ya ha observado anteriormente. Según ella, los países que se comprometieron a eliminar gradualmente las subvenciones perjudiciales para el medioambiente han comenzado a identificarlas, pero no están llevando a cabo las regulaciones necesarias para redirigir realmente los fondos. “Estamos repitiendo los errores del pasado”, afirmó. Invertir más dinero en la biodiversidad mientras se sigue financiando su destrucción en otros ámbitos no servirá de nada, añadió.
La prueba que se avecina
Ese diagnóstico recae ahora en los negociadores. En la COP17, los gobiernos tendrán que ponerse de acuerdo sobre cómo interpretar las conclusiones del Informe Global.
“Los Estados miembro no quieren un discurso demasiado negativo, debido al estado [precario] del multilateralismo”, explicó a Dialogue Earth Juliette Landry, investigadora sobre gobernanza internacional de la biodiversidad en el IDDRI, un centro de estudios con sede en París.
Las partes quieren que el informe demuestre que el marco sigue funcionando, aunque aceptan que hay que reconocer las deficiencias, señaló Landry. Además, dijo que los países en desarrollo tienden a insistir en que las naciones ricas no han aportado la financiación prometida, mientras que otros hacen hincapié en la débil coordinación sectorial o en la escasa capacidad técnica.
Aún está por ver si el texto final de la decisión de la COP nombrará a los sectores con más responsabilidad en la pérdida de biodiversidad —al igual que el balance climático de la ONU lo hizo con los combustibles fósiles—, añadió. Atribuir la responsabilidad a industrias o países concretos es políticamente delicado en un proceso basado en el consenso.
La financiación será la batalla que determine todo lo demás en Ereván. Schomaker ha vinculado la credibilidad de la cumbre a la participación plena de las empresas y las instituciones financieras en las negociaciones. “La financiación privada no debería estar ahí simplemente para hacer promesas al margen”, escribió. “Debería formar parte del debate central sobre cómo integrar la biodiversidad en la toma de decisiones económicas y financieras”.
Pero el volumen no es el único problema, señaló Alejandra Duarte. A pesar de que se prometen más fondos, muy poco de ese dinero llega a los grupos que realmente llevan a cabo labores de conservación sobre el terreno, afirmó. Esto se debe a que, por lo general, para acceder a esos fondos se requieren estructuras institucionales formales y sistemas de rendición de cuentas de los que carecen las organizaciones de base y las dirigidas por pueblos indígenas.
El Fondo Cali, adoptado en la COP16 para canalizar los beneficios derivados del uso comercial de los recursos genéticos hacia los pueblos indígenas y las comunidades locales, sigue siendo de carácter voluntario, y Duarte considera que tiene el mismo problema de acceso. “Lo que se necesita es que la propia arquitectura de financiación llegue directamente a estos grupos”, afirmó. Señaló un proyecto llevado a cabo por su propia organización que destinó fondos directamente a iniciativas de restauración dirigidas por mujeres en seis países de África y América Latina.
Para Eghenter, la esperanza es que la COP17 se convierta en el momento en que los gobiernos dejen de solo catalogar las carencias y empiecen a fijar plazos para subsanarlas. “Se han asumido compromisos y ahora contamos con el Informe Global que nos indica lo que hay que hacer”, añadió. “El texto final de la COP debería marcar los próximos pasos, fijar plazos y transmitir la sensación de que los países se están uniendo para abordar las carencias”.
Fermín Koop es el editor adjunto para América Latina de Dialogue Earth.
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