Desde hace más de cuarenta años se instauró una dolorosa conversación sobre los sucesos del Palacio de Justicia que no cesa. La última es sobre el llamado a juicio por un tribunal federal en Estados Unidos al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, por la presunta tortura y ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán durante la retoma. El juicio está previsto para iniciar el 8 de septiembre de 2026 en Miami.
En recientes declaraciones a la revista Cambio, el exagente de inteligencia militar, José Dorado Gaviria afirmó que la orden en la retoma del Palacio era acabar con la rama judicial y eliminar a los enemigos del Estado, más allá de combatir únicamente al grupo guerrillero M-19.
Los vacíos jurídicos que reviven ese lamentable momento pueden llegar a ser fuente de otra vivencia lejana con lo ocurrido en el reciente terremoto en la zona occidental de nuestro país, pero está en nuestras conciencias y en el deber ciudadano el hecho de impedirlo y denunciarlo.
Una increíble noticia emitida por el director de la UNGRD, David Tamayo, anuncia que el país solo formalizará solicitudes y aceptará apoyo de equipos especializados en búsqueda y rescate provenientes de Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador. Pero lo conmovedor es saber que varios rescatistas, incluidos grupos mexicanos expertos que vienen de atender en Venezuela esa otra desgracia telúrica, han sido objeto de cuestionamientos solapados por parte del preguntón Néstor Morales y hasta de engaños para que se alejen de los sitios donde realmente se necesitan con urgencia, como lo relató el programa “Palabras Mayores”, de Pablo Bohórquez, mediante un angustiante y estremecedor relato de una periodista desde Pereira.
No es posible no preguntarse, con este precedente de entrampamiento judicial de más de cuatro décadas y ante la inminencia de dejar morir a nuestros ciudadanos bajo las ruinas, sino estamos otra vez en presencia de una nueva campaña de terrorismo político, cuya finalidad es condicionarnos para quien sabe que tremenda operación orquestada por el novedoso anillo de las américas, que ya expele más fuego que los volcanes.
Indigna la negativa a recibir toda la ayuda ofrecida desde el extranjero. La arrogancia y brutalidad gubernamental no dejan de ser más que la priorización de la sintonía que devela el modo despótico de propagar la ideología, por sobre la vida de los indemnes compatriotas. Al mismo tiempo, el gobierno de la patria milagro, a través del secretario de guerra de los Estados Unidos, notifica que Colombia autorizó operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico. Hace falta el requisito legal, previo, de aprobación por parte del legislativo colombiano para que tropas extranjeras transiten por el territorio nacional.
El gobierno debe distinguir entre una emergencia económica y una operación militar, priorizando la vida de los ciudadanos vulnerables bajo los escombros que lo único que esperan es que alguien llegue, por sobre la buena salud de los narcotraficantes que residen en otros países.
De todas formas, lo desastroso no es solo el terremoto, sino la forma irresponsable y soberbia como se gobierna, se administra y se informa; lo menos que se puede pensar es que no es un modo lógico ni razonable: la indignación social puede ser más dañina que la del fenómeno natural.
PD: Los rescatistas no deben portar armas letales.
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