Bogotá. Quince días después de asumir la presidencia de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, nombró a 275 funcionarios para blindar su proyecto político, entre ellos, a su ex esposa y socia en la firma de abogados que ambos fundaron, Beatriz Illidge Pimienta, como superintendente de Notariado y Registro, entidad que gestiona la propiedad de bienes públicos, como aquellos incautados a los narcotraficantes, cuya defensa manejaron el propio mandatario y sus asociados.
La característica ideológica del equipo de colaboradores de De la Espriella, incluidos los funcionarios de primera línea y ministros del gabinete, es la ultraderecha como guía de un gobierno que ya comenzó a mostrar sus posturas con las primeras decisiones.
De entrada, abrió las puertas al ingreso de tropas extranjeras en el país sin consultarlo con el Congreso, única instancia facultada para autorizar o negar los argumentos esgrimidos por el gobierno para justificar la presencia de otros ejércitos en el territorio nacional.
Decidió restablecer relaciones diplomáticas con Israel, rotas durante el gobierno del ex presidente Gustavo Petro, y reconoció la propiedad de Tel Aviv sobre los Altos del Golán, en Siria, además de anunciar que el llamado Escudo de las Américas, creado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será vital para Colombia en la lucha contra el narcoterrorismo.
De la Espriella ideologizó las ayudas internacionales de socorro para superar la tragedia del terremoto que azotó Colombia el pasado 10 de agosto, y sólo permitió el ingreso de delegaciones afines ideológicamente como Israel, Estados Unidos, Ecuador y El Salvador.
En medio de sus polémicas decisiones, poco cuestionadas por los medios de comunicación corporativos, De la Espriella continuó con la avalancha de nombramientos, entre ellos el de su ex esposa, sobre el cual algunos sectores plantearon un conflicto de intereses.
Los páramos, muchos de ellos declarados parques nacionales, como el de Santurban, al nororiente del país, que hoy se encuentran en el radar de las multinacionales de la minería, como Anglo Gold Asanchi y la canadiense Minesa Iri Mining, que en la práctica ya fueron autorizadas para la explotación por el nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, a quien las comunidades advirtieron que realizarán una masiva movilización para “proteger el agua que le da vida a más de 2 millones de personas”.
En su lógica de restructurar el Estado, De la Espriella también optó por debilitar el Sistema de Medios Públicos (Inravisión) con la orden de eliminar las 20 emisoras de Paz que hacen parte del Acuerdo Final entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Fueron creadas para darle voz a las comunidades que nunca lo habían tenido y que sirviera de reparación e inclusión de zonas afectadas por el conflicto armado.
La batalla cultural, expresó De la Espriella en su discurso de toma de posesión, se cumple al pie de la letra. Ayer la ministra de Educación, la evangélica Vivian Morales, expresó que erradicará “la política de género” y combatirá la campaña woke (un término que nació en el siglo XX para alertar sobre las injusticias sociales y que hoy se usa a modo despectivo contra las causas progresistas) que el gobierno anterior instaló en los colegios y universidades.
“Esa cultura ha metido sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza”, declaró Morales sobre la educación, en un contexto en el que destaca que, durante el gobierno de Gustavo Petro, hubo un crecimiento exponencial en el nivel y acceso a las universidades públicas del país.
Así avanza, 15 días después de haber tomado posesión, el gobierno del ultraderechista De la Espriella, quien tardíamente declaró la emergencia económica y social que busca facilitar el trámite que le permita superar la tragedia ocasionada por el terremoto que, al corte de ayer, ha dejado 321 fallecidos, 4 mil 595 heridos, 257 desaparecidos y cerca de 250 mil damnificados.
Varias de las ciudades afectadas ya entraron a fases de reconstrucción, que será mucho más compleja, burocrática y lenta que la emergencia. Y el reto, según las cifras, es importante: hay 63 mil 884 viviendas averiadas, 31 mil 445 destruidas y 467 edificios colapsados.
Según evaluaciones preliminares hechas por entidades privadas, no por el gobierno, pero que el presidente De la Espriella acogió, Colombia necesita 30 billones de pesos (cerca de 14 mil millones de dólares) para reconstruir lo destruido por el terremoto de 7.4, mientras la delegación de Naciones Unidas en Colombia asegura que para atender la urgencia y garantizar alimentación, alojamiento, atención médica, agua, educación y servicios de protección se requieren 148 millones de dólares.
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