El gobierno de Abelardo de la Espriella no le ha presentado aún al país su política de drogas. En su lugar, se han hecho anuncios de acciones principalmente de uso de la fuerza en el ámbito de un traslape de temas de seguridad con asuntos de drogas, incluso afectando la soberanía nacional, es decir, tomando decisiones para Colombia desde instancias gubernamentales de Estados Unidos (EU).
Puede explicarse lo anterior como una serie de consecuencias que empiezan a producirse por el alineamiento incondicional del gobierno colombiano a la estrategia de seguridad de EU y particularmente al denominado Escudo de las Américas. Bajo ese contexto fue que se produjo el anuncio del Secretario de Guerra Peter Hegseth desde Ciudad de Panamá, durante una reunión de la denominada Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C) el pasado 14 de agosto, en el sentido que el gobierno de de la Espriella, autorizó operaciones militares conjuntas en territorio colombiano para combatir el narcoterrorismo. Ninguna autoridad colombiana ha formalizado esta supuesta decisión. No obstante, existen antecedentes que abren preocupaciones y preguntas.
Ecuador ha sido el pionero del escenario de implementación del propósito anunciado por el secretario Hegseth. La reconocida organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), resume el resultado de la intervención de EU en tres palabras. Simplemente se trata de “una alianza peligrosa”. La razón: ambos gobiernos han cometido graves violaciones de derechos humanos, impulsadas por su insistencia en enmarcar sus enfrentamientos con los grupos del crimen organizado como si se tratara de respuestas antiterroristas. Ecuador y EU no han revelado muchos detalles sobre la naturaleza de su cooperación en materia de seguridad, ni han informado si existen salvaguardias adecuadas para prevenir violaciones de derechos humanos. Como resultado del análisis de tan sólo tres incidentes, HRW identificó diversos delitos como abusos, ataques a personal y bienes civiles con drones, tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones.
Para HRW, el gobierno de EU y la administración del presidente Noboa en Ecuador, deben adoptar medidas inmediatas para aclarar su papel en tres incidentes terrestres, marítimos y aéreos, así como detalles esenciales sobre la naturaleza de la alianza, el rol de las fuerzas estadounidenses y qué salvaguardias se han incorporado a sus operaciones conjuntas para garantizar derechos humanos.
Sin atender este tipo de solicitudes y buscando replicar la cooperación de la administración Trump en Colombia en materia de seguridad, el jefe del Comando Sur de EE UU Francis L Donovan visitó el suroccidente del país, a finales de agosto de 2026 para formalizar las primeras acciones de la renovada cooperación bilateral poniendo como prioridad:
1. Las operaciones en la frontera de Colombia con Ecuador, donde se busca crear una base militar binacional, tomando como eje la ciudad de San Lorenzo para el desarrollo de acciones coordinadas por los tres países.
2. Un sistema de vigilancia sobre el Pacífico, con énfasis en Tumaco, a través de la instalación de radares que supervisen movimientos marítimos de cocaína en ese corredor.
3. La rehabilitación de la flota aérea colombiana en el marco de las acciones de la coalición contra los “carteles”, en este caso, una denominación errática que se aplica a los grupos armados que prestan protección a los mercados de pasta básica, a las rutas de trasiego para el procesamiento y para los embarques internacionales.
El otro anuncio adelantado por el gobierno colombiano, sin especificar metas estratégicas, se relaciona con la derogación de la Resolución 6 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes que ordenaba suspender las fumigaciones aéreas con el herbicida glifosato. El acto administrativo (Resolución 006 de 2026) no implica luz verde de manera inmediata a las aspersiones pues supone, de acuerdo a diversas decisiones de la Corte Constitucional, que se debe tramitar un Plan de Manejo Ambiental ante la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA); llevar a cabo procesos de consulta previa en territorios colectivos y resguardos indígenas donde exista la economía ilegal de la coca que se busque ser asperjada y en general, una ruta que garantice el principio de precaución, ante las dudas que legalmente existen sobre el
carácter inocuo del herbicida utilizado u otro que busque utilizarse.
Adicionalmente, está el mandato del Acuerdo de Paz de 2016 y que frente a la economía ilegal de la coca establece una ruta donde se prioricen soluciones concertadas con las comunidades a través de programas de sustitución voluntaria. El problema de los anuncios de acciones de fuerza sin un marco de política sobre drogas como sucede hasta ahora en Colombia o de carencias de una estructura política e institucional que dé cuenta de los diferentes niveles de esa economía ilegal, es que lesiona gravemente las dimensiones socialmente más vulnerables.
Así empieza a suceder con los usos problemáticos, hecho que se plasma en el caso de Estados Unidos en los recortes para la implementación de políticas de reducción de daños frente a opiáceos sintéticos de gran riesgo, prevención, tratamiento, registros estadísticos tanto en lo local como a nivel estatal. Y en el caso colombiano, con los silencios alrededor de los programas de erradicación voluntaria, sustitución de cultivos y en general las transformaciones territoriales que se demandan para garantizar una sostenibilidad a la ausencia de economías ilegales en los territorios con esa dependencia.
Estas prácticas comunes tanto de EU como de Colombia, por lo menos hasta los primeros días de septiembre, se convierte en un lastre que deja ver las coincidencias erráticas pero que limitan las proyecciones de una verdadera política sobre drogas, ya que esta termina siendo copada por una estrategia de seguridad que reinterpreta la relación oferta/demanda y que históricamente ha sustentado la política de reducción en ambos niveles de la cadena ilegal. Esa reinterpretación sin evidencia busca considerar a sustancias como el fentanilo como un “arma de destrucción masiva” a través de ataques que vienen desde fuera para lesionar la sociedad estadounidense, por grupos ahora considerados narcoterroristas, con lo cual se armoniza esa narrativa y se justifica la remilitarización de la lucha antidrogas, ahora sin procedimientos conforme al derecho internacional.
El costo ha sido muy alto no sólo en cifras de derechos humanos sino en el desorden institucional, creación de narrativas sin evidencia y los efectos nefastos del uso de la fuerza como la bala de plata para resolver los problemas: 68 ataques a lanchas con 227 ejecuciones extrajudiciales amén de las cifras que arroja el caso ecuatoriano.
Adicionalmente, surgen preguntas de este tipo de manejos, entre otras:
¿De dónde surge la idea que en Colombia existen carteles de las drogas? ¿Por qué se guarda silencio frente al crecimiento vertiginoso del involucramiento de elites latinoamericanas con el narcotráfico a través de las exportaciones legales de sus empresas tal y como sucede entre otras, en Bolivia o Ecuador? ¿Cómo se concreta la estrategia de lucha frente al lavado de activos del narcotráfico? ¿Cómo se asumen otras actividades ilegales como la explotación de minerales tanto estratégicos como metales preciosos? ¿Cuál es la estrategia para enfrentar las estructuras mafiosas que controlan el tráfico de cocaína hacia Europa? ¿Quién está investigando la configuración de espacios urbanos como Medellín como centros de negocios de las transnacionales del crimen? ¿Quién les presta protección? ¿Por qué si la DEA ha tenido agentes durante más de 25 años en Tumaco y el Pacífico colombiano, hoy existe preocupación en Washington sobre la salida de drogas por ese océano si es un hecho que tiene cerca de tres décadas de gran vigencia?
Se esperaría que el Secretario de Estado Marco Rubio pueda absolver algunas de estas preguntas en su próxima visita a los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú entre el 8 al 10 de septiembre. En otras palabras, que pueda anunciar que apareció la brújula.
*Sociólogo. Investigador independiente.
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