11de julio de 2011. Univisión transmite en prime time un reportaje sobre el caso de Orlando Cicilia, que en 1987 fue encontrado culpable de tráfico de drogas por una corte de Miami. Más aún: su negocio de mascotas no era, al parecer, más que una fachada de una vasta organización criminal dedicada al trasiego de mariguana y cocaína. Recibió una condena de 25 años, cumplió 12 y salió de prisión en el año 2000. Quien estalla de indignación es un joven político estadunidense de origen cubano, cuya hermana mayor estaba casada con Cicilia: Marco Rubio. Ya en la época, Rubio se había convertido en una figura ascendente en las filas republicanas. Y el reportaje de Univisión afectaba sin duda su imagen. Hasta la fecha (léase 2026), nadie ha comprobado que la familia Rubio, de origen particularmente humilde, tuviera algún nexo con actividades delictivas; pero en 2011 el golpe mediático resultó severo. El Partido Republicano acabó por boicotear a Univisión como una de las sedes probables de sus eventos electorales.
Lo cierto es que Rubio creció en ese medio de ex agentes cubanos contratados por la CIA para orquestar el infructuoso ataque de Bahía de Cochinos, y que en su mayoría acabaron, años después, dedicándose al tráfico de estupefacientes. En 1971, en una redada nacional para detener a los capos del naciente negocio de la cocaína, fueron apresados 150 de ellos en toda la Unión. Según Maureen Tracik, más de 70 por ciento resultaron de origen cubano. (Una suerte de Scarface, sólo que a lo bestia.)
Este es un antecedente remoto de lo que en marzo de 2026 devino la política oficial de Estados Unidos al fundar el Escudo de las Américas, un conciliábulo de presidentes de la región afines a Trump (Noboa, de Ecuador; Irfaan Ali, de Guyana; Bukele, de El Salvador; Peña, de Paraguay, y un largo etcétera). El centro de esta política ha consistido ya no sólo en hacer de las organizaciones criminales instrumentos de control de una territorialidad política, sino en insertar a los propios capos en los poderes ejecutivos. Brasil y México se apartaron de este impresentable cónclave.
No se trata aquí de una simple crónica de infiltraciones o de alianzas undercover, sino del despliegue de una economía política del crimen que opera como verdadera tecnología de gobierno. Este conciliábulo no debe leerse como una simple alianza geopolítica, más bien apunta hacia la formalización de un nuevo régimen de inserción: el propósito ya no es utilizar a las organizaciones criminales en América Latina como meros instrumentos de control local (eso sería aún una forma arcaica de soberanía negativa), sino de operar una sinapsis entre el Estado y el crimen organizado, haciendo de los capos no agencias de subalternidad, sino engranajes del poder, transfigurando así la propia definición de lo político.
Por ejemplo, en el caso de México, se reclama que no se emprenden suficientes esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales, pero la Migra y las policías fronterizas estadunidenses no mueven un solo dedo para detener el flujo (prácticamente industrial) de abastecimiento de narcóticos a sus mercados locales.
Se dice con frecuencia que el factor estadunidense en todo este oscuro universo se concentra en la demanda que plantea un mercado de más de 30 millones de usuarios. Y en efecto: “donde hay quien compre, siempre hay quien venda”. Y, sin embargo, el problema es mucho más complejo. Para las agencias estadunidenses, los cárteles mexicanos representan agencias de control de territorios, poblaciones y fuerzas políticas. No hay que olvidar la otra gran máxima de esta historia: “el que paga, manda”. Y quien paga aquí es el mercado del vecino. Visto desde la perspectiva del discurso oficial de la Casa Blanca, el argumento del “narcoterrorismo” no hace más que extender a todos los presuntos involucrados (empresarios, funcionarios, policías, ejército, etcétera) la esfera de una amenaza y, con ello, los convierte en dóciles sujetos.
El dilema de esta política es la completa desinstitucionalización de las estructuras formales y jurídicas en México, y con ello la pérdida de control del Estado sobre el Estado mismo. Es decir: un Estado esquizo. La paradoja es que no es fallido. Por el contrario, nunca el capitalismo mexicano había marchado tan bien como lo hace ahora, nunca el control sobre los movimientos civiles y sociales había sido tan eficiente.
Un caso evidente de los derrames posibles de este sistema que se presenta como una aporía (una sistematicidad sin sistema) se expresa en el caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya. Al comienzo de la administración de Trump fueron “transferidos” a Estados Unidos aproximadamente 30 presos sin proceso de extradición debido. ¿Por qué? Sólo Dios lo sabe. Pero con ello se abrió una auténtica brecha extrajudicial. Ahora se pide lo mismo para Rocha Moya, y la respuesta por parte de las autoridades mexicanas exige regresar a la judicialidad de la extradición. No es díficil derivar las conclusiones al respecto: el espacio que separa a la política de la justicia se vuelve una “tierra de nadie”, con el peligro de evaporarse.
Sea como sea, la administración de Morena, si pretende mantener su unidad, sólo puede regirse por una máxima elemental ya prevista por Hegel en la Filosofía del derecho: “El soberano es el cuerpo que entrecruza la ley”. En palabras más sencillas: la judicatura mexicana debe fincar proceso a cualquier funcionario bajo sospecha razonable. (La sospecha es siempre un sinónimo de la condición de posibilidad, y nada más.) De lo contrario, el marasmo juridíco acabará por agrietarla.
10 de septiembre de 2026
Por, Ilán Semo / II
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