El 8 de septiembre, durante la presentación del presupuesto de su cartera ante el Congreso, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond anunció que quienes trabajan la tierra pasarían a llamarse pequeños empresarios del campo, porque la palabra campesino le resultaba despectiva y el nuevo nombre debía elevar su estatus. Bastó esa frase para que las organizaciones campesinas reaccionaran con malestar y para que se abriera una discusión que al principio parecía demasiado pequeña para sostener un problema político mayor, aunque las palabras arrastran cargas que ningún formulario alcanza a contener del todo.
Al día siguiente el Ministerio matizó lo dicho, campesino designa una condición social, económica y territorial ligada a la agricultura familiar, mientras que productor o empresario agropecuario nombra una categoría más amplia, capaz de incluir a quien jamás ha caminado detrás de un arado. La aclaración, pensada para calmar los ánimos, terminó revelando lo que la primera frase había querido esconder, y es que nombrar es siempre un gesto cargado de decisiones sobre qué se mira y qué se deja fuera del cuadro. Un campesino lleva una historia hecha de tierra y de un Estado que casi siempre llegó tarde a sus veredas; un productor lleva otra, más cercana a los balances contables. Ambas pueden habitar el mismo cuerpo, aunque cada palabra reparte de un modo distinto la atención que ese cuerpo va a recibir.
Pocos días después el lenguaje cambió de escenario sin cambiar de método, cuando el presidente Abelardo de la Espriella habló sobre las universidades y anunció un protocolo para que la Fuerza Pública pudiera intervenir ante violencia, flagrancia o alteración del orden público. En su discurso aparecieron el vandalismo y el terrorismo urbano, palabras que la universidad colombiana conoce de memoria y que se examinarán más adelante con el peso que merecen. Baste decir aquí que la palabra regresa aunque nunca regresa igual, porque recoge algo del daño que ya hizo antes de que alguien volviera a pronunciarla.
Campesino y empresario. Estudiante y amenaza. Dos episodios que parecen pertenecer a mundos separados y que, sin embargo, comparten un mismo mecanismo, silencioso mientras permanece en el vocabulario y decisivo en cuanto empieza a repartir recursos o vigilancia. Toda clasificación selecciona un rasgo y deja el resto en la penumbra, desde un formulario hasta una ley de seguridad, porque el Estado necesita clasificar para actuar, aunque cada clasificación cargue una idea previa de lo que cuenta y de lo que puede esperar en los márgenes.
Esta reflexión abre una investigación más amplia sobre la recomposición política colombiana bajo el nuevo gobierno de derecha, que recorre tres caminos cruzados sin confundirse: las palabras con que se nombra a los sujetos, los territorios donde esas categorías encuentran tierras y conflictos concretos, y las ideas de orden y amenaza con las que se construye una nueva forma de autoridad. El recorrido empieza por las palabras, porque una transformación política suele anunciarse en algo tan pequeño como el nombre que una institución decide usar para llamar a una persona, mucho antes de convertirse en ley, en protocolo o en bala.
El nombre antes que la persona
Una administración pública trabaja con categorías porque necesita ordenar lo que administra, y al convertir una población en estadísticas, beneficiarios o programas escoge, entre todo lo que una persona es y hace, aquello que resulta pertinente para cada operación. Ninguna categoría contiene una vida completa. Cuando una institución escribe productor rural en un formulario ya decidió qué quiere saber de quien tiene delante, igual que cuando registra a alguien como estudiante, infractor o manifestante, y cada nombre ilumina una parte de la vida mientras deja otras fuera del campo que la administración logra reconocer.
James Scott dedicó buena parte de su obra a esa necesidad estatal de volver legibles sociedades cuya complejidad desborda la administración, los nombres y los registros convierten diferencias difíciles de manejar en unidades reconocibles, un procedimiento que parece inocente mientras permanece dentro del formulario y cambia de aspecto cuando se advierte que lo que una institución puede hacer depende de lo que ha aprendido a ver. Una sociedad admite muchas descripciones posibles, y cada una vuelve visibles ciertas relaciones mientras deja otras en segundo plano, sin que haga falta ningún acto de mala fe para que el resultado sea siempre parcial.
Algo semejante había señalado Pierre Bourdieu al mostrar que las divisiones sociales cobran fuerza cuando logran presentarse como legítimas, como si hubieran encontrado en las cosas mismas la razón de su existencia. El Estado produce ese efecto con facilidad porque sus palabras aparecen en leyes, formularios y discursos oficiales, de modo que una clasificación repetida en cada uno de esos lugares va perdiendo las huellas de la decisión que la originó, hasta dejar de sonar como una manera de ordenar el mundo y sonar, sencillamente, como el mundo.
El campesinado colombiano permite verlo con particular nitidez. La palabra campesino llegó al lenguaje constitucional tras una larga historia de organización en torno a la tierra, la producción de alimentos y la defensa territorial, historia que atravesó movilizaciones y disputas jurídicas hasta encontrar expresión en el Acto Legislativo 01 de 2023, cuando el campesinado fue reconocido como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. El término llegó acompañado de esa historia, y es ella la que se pierde cuando la palabra se reduce a quien trabaja una parcela, porque un campesino puede sembrar y cosechar como cualquier productor, pero la palabra también carga una relación con la tierra y unas reivindicaciones que tardaron años de conflicto en adquirir forma política.
El Ministerio de Agricultura plantea hoy que millones de pequeños productores deben volverse empresarios rurales rentables y competitivos, y en esa frase conviven tres palabras que valdría la pena no confundir. Productor nombra lo que alguien hace. Empresario introduce el cálculo de la rentabilidad y el mercado. Campesino trae consigo una posición social más extensa, con memoria propia. Las tres pueden coincidir en la misma persona, que cultiva su parcela, vende su cosecha y participa en una organización campesina, pero cada una hace aparecer ante quien observa una vida distinta, con preguntas distintas.
Esa diferencia pesa en cuanto las palabras entran en una política pública. Un programa dirigido a productores pregunta por productividad y acceso a capital; uno dirigido al campesinado puede incorporar territorio, cultura, soberanía alimentaria y derechos colectivos. La persona sigue ahí, negociando su cosecha y sosteniendo su vida, pero la institución que la registra encuentra cosas distintas según el nombre con que decide reconocerla, y una palabra que servía apenas para anotar una parte de esa vida puede terminar ocupando el lugar de la vida entera.
La cadena o el expediente
Detrás de palabras como productividad, competitividad y rentabilidad hay una manera de imaginar qué debe hacerse con la vida rural, y esa manera se puede seguir en documentos concretos. La política agrícola habla hoy el lenguaje de las cadenas productivas; para el arroz, el Ministerio presentó un modelo que reúne financiación, producción y comercialización dentro de una misma estructura, y en la Orinoquía la agenda oficial coloca en el mismo plano la agroindustria y la seguridad jurídica, como si cada palabra condujera naturalmente a la siguiente.
Nada de eso sorprende en una política preocupada por la productividad. Lo que merece atención es la figura social que ocupa el centro de esa escena, porque cuando el campesino aparece ante todo como productor queda situado dentro de una cadena que habla de eficiencia, financiación y mercados, y desde ahí se dibuja una trayectoria institucional donde ciertas preguntas cobran sentido mientras otras dejan de ocupar el primer plano. Quien cultiva la tierra sigue siendo la misma persona; ha cambiado el lugar desde el cual se decide qué interesa saber de ella.
La Constitución reconoce al campesinado desde un campo más amplio, donde la tierra aparece ligada al territorio, la soberanía alimentaria, la cultura y la organización comunitaria, sin que eso excluya la asistencia técnica o el desarrollo empresarial. La diferencia puede pasar inadvertida cuando se comparan palabras sueltas, pero se hace visible en cuanto se sigue lo que cada una permite preguntar, medir y financiar, es decir, lo que cada una vuelve posible como política.
Michel Foucault examinó esa articulación entre clasificación y poder, las instituciones modernas producen saberes sobre las poblaciones al tiempo que construyen mecanismos para intervenir sobre ellas, de manera que lo que se sabe de alguien y la manera de actuar sobre esa persona terminan encontrándose en el mismo lugar. En el lenguaje productivo del campo, el campesino gana visibilidad cuando se habla de su rendimiento y su capacidad productiva, mientras las condiciones históricas de su relación con la tierra quedan más lejos de la mirada institucional; la organización comunitaria se traduce en modalidad asociativa, el territorio en espacio de producción, la tierra en activo. La vida sigue siendo la misma, aunque cambie lo que el lenguaje consigue encontrar en ella.
Del campo a la universidad el desplazamiento cobra otra fuerza, porque allí la transformación ya no incorpora a un sujeto dentro de una cadena económica sino dentro de un lenguaje sobre la seguridad. El 13 de septiembre el presidente De la Espriella sostuvo que la autonomía universitaria encuentra límites frente al orden público y anunció el protocolo mencionado al comienzo de este texto, mientras en su discurso volvían a sonar el terrorismo urbano y el vandalismo. Ciertas conductas dejan de describirse solo como protesta y pasan a leerse desde categorías de seguridad, sin que medie ninguna declaración explícita que anuncie el cambio.
La universidad colombiana carga con una historia donde esas palabras no llegan solas. La Comisión de la Verdad documentó asesinatos, amenazas y persecuciones contra estudiantes y profesores, y registró el papel de la doctrina del enemigo interno cuando sectores de la comunidad universitaria fueron identificados como amenaza para el orden político. Esa historia no obliga a leer cada declaración de 2026 como repetición exacta de lo ocurrido entonces, aunque tampoco permite escuchar esas palabras como si llegaran sin memoria, limpias, dichas por primera vez. Terrorismo, vandalismo y orden público pertenecen a un vocabulario distinto del que describe la protesta como ejercicio político, y en cuanto ese vocabulario organiza la mirada institucional cambia también la figura de quien aparece ante los dispositivos de seguridad.
Los dos casos permiten seguir una misma transformación desde lugares distintos. En el campo, una persona puede ser reconocida por su productividad y su capacidad de incorporarse a una estructura económica. En la universidad, una persona movilizada puede ser observada desde el riesgo y la seguridad. Una política organiza recursos alrededor de una capacidad económica mientras otra organiza vigilancia alrededor de una conducta incorporada a un lenguaje de orden público, sin que haga falta atribuir intención oculta a cada palabra para seguir sus efectos, basta acompañarla en su recorrido institucional. Una expresión que aparece primero en un discurso reaparece después en un programa o un protocolo, y con cada repetición pierde su extrañeza y gana la familiaridad de lo que parece haber estado siempre ahí, hasta que ya no sirve solo para describir a alguien sino para ordenar la mirada de quien lo observa.
La costumbre de las palabras
Una expresión que vuelve una y otra vez en documentos oficiales, noticieros y conversaciones cotidianas pierde el rastro de su origen y termina sonando como descripción sencilla de las cosas. Nadie necesita explicar ya qué significa cuando ha conseguido instalarse en el oído de todos, y es justo en ese momento cuando su poder deja de depender del argumento y empieza a depender solo de la costumbre.
Stuart Hall llamó la atención sobre la representación como el proceso mediante el cual las personas comparten mapas conceptuales y producen significados compartidos. Una palabra nunca llega sola a una conversación, trae imágenes y expectativas que aprendimos a reconocer antes de detenernos a pensarlas, de modo que una categoría no se reduce a la definición de un diccionario, sino que carga la historia que acumuló mientras circulaba entre bocas distintas.
Campesino, productor, empresario, estudiante, manifestante, terrorista. Cada palabra pone en escena una relación distinta entre la persona nombrada y quienes la miran, y cuando una ocupa el lugar de otra cambia también lo que parece necesario saber de esa persona y lo que puede hacerse en su nombre.
El sentido común se forma en esa circulación, en un terreno donde se mezclan experiencias contradictorias, memorias y concepciones políticas de épocas distintas, sin que la mezcla resulte insostenible para quien la vive. Gramsci entendió esa capacidad de convivir con la contradicción como uno de los rasgos que hacen del sentido común un terreno difícil de disputar. Una sociedad puede defender la autonomía universitaria y aceptar a la vez que ciertas protestas reciban tratamiento policial; puede reconocer al campesinado como sujeto constitucional y hablar de empresarios del campo al organizar su política económica, y las dos cosas conviven durante años sin que nadie repare en la tensión, porque el sentido común no exige coherencia, exige solamente familiaridad.
Una categoría se asienta cuando orienta una percepción antes de que alguien discuta de dónde viene. Que un buen campesino deba ser competitivo puede sonar como una afirmación puramente económica, mientras que asociar la protesta con una amenaza al orden público puede presentarse como preocupación elemental por la seguridad. En ambos casos la palabra llega antes que la discusión y prepara, casi sin hacerse notar, lo que después parece razonable pensar.
Las organizaciones sociales intervienen en ese terreno porque también producen nombres y formas de reconocerse, igual que las universidades, los medios, las empresas y las iglesias, cada uno desde lugares distintos y con capacidades desiguales entre sí. El Estado tiene una enorme capacidad para instalar vocabularios, pero una palabra oficial no queda a salvo de la memoria de quienes reciben ese nombre, sobre todo cuando esa memoria cuenta otra historia. Las organizaciones campesinas insisten en conservar el término campesino y otros sectores cuestionan que el conflicto universitario se reduzca a un asunto de seguridad, y en ambos casos algo resiste dentro de la palabra, una experiencia que no termina de caber en la categoría institucional y que obliga a preguntar quién tiene derecho a nombrar.
Una concepción política gana profundidad cuando se convierte en forma ordinaria de interpretar la realidad, cuando las relaciones que dieron origen a una categoría dejan de percibirse y la palabra circula con la tranquilidad de lo que parece haber existido siempre. Ahí encuentra algo más difícil de vencer que un argumento contrario, la costumbre misma.
El gobierno de las palabras se juega en ese nivel, donde una transformación puede comenzar con términos pequeños y terminar afectando cómo se distribuyen derechos y formas de autoridad. Campesino contiene una historia de luchas agrarias que no aparece igual en productor del campo, y manifestante remite a una acción política cuyo significado cambia en cuanto entra en escena la palabra terrorismo, porque con ella se instala otra relación posible entre quien actúa, la seguridad y la intervención estatal. Las categorías preparan el terreno donde ciertas políticas parecen razonables, y después llegan los presupuestos y los procedimientos que convierten esa percepción en decisión material. La palabra sigue pareciendo solo palabra mientras permanece en el discurso, hasta que organiza una práctica y deja de serlo.
Vale la pena seguir qué ocurre cuando esas palabras abandonan los discursos ministeriales y presidenciales para circular por la administración cotidiana, donde encuentran oficinas, tierras, universidades y comunidades con nombre y apellido. Ahí una categoría deja de habitar solo el lenguaje de quienes gobiernan y se topa con personas concretas que pueden aceptarla, apropiársela o rechazarla, en espacios con historia propia, atravesados por conflictos y memorias que ninguna categoría logra contener del todo. La pregunta por quién puede ser visto como productor, beneficiario o amenaza se vuelve entonces una pregunta más áspera, la de qué territorios deben ser intervenidos y protegidos, y qué idea de sociedad va tomando forma cuando esas decisiones, pequeñas al pronunciarse, terminan por tomarse.
24/09/2026
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