El miércoles 23 de septiembre, a pocos días de la primera vuelta presidencial en Brasil, la empresa Meta decidió restringir la cuenta publicitaria y el acceso a la página del presidente y candidato Luiz Inácio Lula da Silva en la plataforma Facebook, alegando de manera ambigua que “algunas de sus actividades no siguen nuestras reglas”, y sin especificar qué norma o contenido exacto motivó la sanción. Lula, quien se ha pronunciado en muchas ocasiones sobre el impacto del creciente poder tecnológico y el papel de los llamados tecnoligarcas, enfrenta desde hace varios años una batalla jurídica y política por defender la soberanía digital de su país.
El Estado brasileño ha sabido usar sus más de 200 millones de usuarios de internet, como un arma geopolítica frente a las Big Tech, convirtiendo el acceso a su mercado masivo en una palanca de negociación implacable. País pionero en la legislación sobre tecnología a nivel mundial, la promulgación del Marco Civil de Internet, firmado por la expresidenta Dilma Rousseff en 2014, estableció una legislación fundamental para garantizar la neutralidad de la red, los derechos de los usuarios y la transparencia en la moderación de contenido. Pero lo que distingue a Brasil no es solo su legislación, sino la forma en que los tribunales han aplicado esa legislación en casos reales; y en eso ha sido fundamental el Supremo Tribunal Federal -STF-, y una figura como el juez Alexandre de Moraes.
En marzo de 2022 el STF, por orden de Moraes, bloqueó temporalmente Telegram en todo Brasil luego de que la empresa incumpliera repetidamente órdenes judiciales destinadas a frenar desinformación relacionada con extremismo y violencia política. Moraes también abrió una investigación contra Elon Musk y su red social X, acusándolo de obstrucción a la justicia, participación en una organización criminal e incitación al delito, por hechos relacionados con el intento de golpe de Estado ocurrido en Brasilia el 8 de enero de 2023. El 30 de agosto de 2024, Moraes ordenó la suspensión de X en todo Brasil, luego de que la plataforma se negara a cerrar perfiles difusores de noticias falsas. Musk acusó a Moraes de censura y retiró al representante legal de X en Brasil, pero la desbandada de usuarios a otras plataformas lo obligó a ceder.
En junio de 2025 el STF dictaminó que plataformas digitales y redes sociales como Meta, X y TikTok deben responder civil y penalmente por los daños producidos por publicaciones ilegales hechas por usuarios, cuando no son eliminadas de forma inmediata tras recibir denuncias o notificaciones, sin que se requiera una orden judicial previa, como estaba establecido anteriormente. Con este fallo, las plataformas pueden ser demandadas y obligadas a pagar indemnizaciones si no eliminan publicaciones dañinas tras recibir una simple notificación de los afectados, especialmente en casos de flagrante ilegalidad. El tribunal también estableció que estas Big Tech tienen que contar con sede y representante en Brasil que puedan responder ante autoridades administrativas y judiciales.
Estas medidas han colocado al juez Alexandre de Andrade en la mira de los Estados Unidos, que ya lo ha sancionado, acusándolo de perseguir opositores políticos y socavar la libertad de expresión. Pero ese no es el único frente legal abierto contra las Big Techt en Brasil. En junio de 2025 el Tribunal de Justicia de Minas Gerais -TJMG- sentó uno los precedentes legales más significativos en materia de protección de datos personales en Brasil, ratificando una condena colectiva contra Meta que obliga a la empresa a pagar 40 millones de reales (unos 8 millones de dólares) por daños morales colectivos, debido a vulneraciones masivas de seguridad ocurridas entre 2018 y 2019, que expusieron datos confidenciales de millones de usuarios de Facebook, Messenger y WhatsApp. El falló también abrió la vía legal para que cualquier ciudadano brasileño afectado que demuestre que sus datos fueron vulnerados en esas fechas pueda exigir indemnizaciones directas a Meta.
El Instituto Defesa Coletiva -Instituto de Defensa Colectiva-, una influyente organización de la sociedad civil que defiende los derechos del consumidor, es el motor detrás de las demandas civiles más grandes contra estas empresas en Brasil. A finales de 2024 presentó una macro-demanda ante el mismo TJMG por afectaciones a la salud mental de menores de edad, en donde se exige una indemnización de 1.500 millones de reales a Meta (unos 290 millones de dólares), y otros 1.500 millones más a TikTok y Kwai. El Instituto alega que el diseño algorítmico de estas plataformas está programado de forma negligente e intencionada para generar adicción psicológica en niños y adolescentes. Con esos mismos argumentos, 29 estados de los EE. UU. impulsaron una demanda colectiva contra Meta, que rechazo los cargos, pero aceptó pagar cerca de US$18.000 millones en indemnizaciones.
En abril de 2025, la Procuraduría General de Brasil (AGU, por sus siglas en portugués) presentó una Acción Civil Pública contra Meta, luego de identificar al menos 1.770 anuncios fraudulentos que utilizaban indebidamente símbolos e imágenes de instituciones y autoridades oficiales. La AGU señaló que el sistema de verificación de anuncios de las plataformas es ineficiente, y solicitó una condena por daños morales colectivos debido a la violación de la normativa legal de protección al consumidor. En agosto de ese mismo año, la AGU ordenó a Meta la eliminación inmediata de chatbots generados con inteligencia artificial que simulaban apariencia y lenguaje infantil para mantener conversaciones de carácter sexual. Y en enero del 2026, el Consejo Administrativo de Defensa Económica -CADE- inició una investigación administrativa contra Meta para analizar sospechas de abuso de posición dominante en el mercado de la IA.
Todos estos intentos del gobierno progresista de Lula por controlar el poder y la influencia de las Big Techt, han sido acompañados de propuestas como Pix, el sistema oficial de pagos y transferencias instantáneas creado y administrado por el Banco Central de Brasil, que permite enviar y recibir dinero las 24 horas del día y los 365 días del año de manera gratuita. Lanzado en 2020, PIX es el método de pago más popular del país, con más del 50% de las transacciones, lo que ha provocado la incomodidad de Washington, que acusa a Brasil de competencia desleal por favorecer ese sistema estatal de pagos, en detrimento de la banca privada. La reciente prohibición de las apuestas en línea es otra propuesta de regulación del mercado digital y las Big Techt.
El 30 de julio de 2025, Trump anunció un arancel del 50% sobre las exportaciones brasileñas, como respuesta a lo que describió como una persecución política contra el expresidente Jair Bolsonaro. Trump mencionó específicamente la censura a las plataformas tecnológicas estadounidenses, producto de los fallos del juez Alexandre de Moraes. El gobierno estadounidense ha venido aumentando la presión contra Brasil, que se ha atrevido a luchar por su soberanía digital. El esfuerzo del gobierno de Lula por regular a las Big Techt es un ejemplo para los países del sur global, y un desafío al imperio.
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