El campo colombiano, además de concentrado, con miles de campesinos sin tierra, va de capa caída. En el grano de café, Colombia importa (!) la mitad del consumo interno. A pesar de un 2011 con mejores precios internacionales, su producción volvió a disminuir, esta vez en 11,2 por ciento, y las exportaciones cayeron un 13,3. Los siete millones de sacos cosechados son menos de la mitad de los 16 millones en 1991. El mercado internacional de las flores continuó en crisis, redujo las exportaciones en 29,7 por ciento y su producción bajó 5,6. Para nuestra alimentación y nuestras necesidades, el país depende de las importaciones y la subordinación de la producción nacional. Los Tlc con la Unión Europea y Estados Unidos no cambiarán el rumbo. ¿Cuáles cambios son necesarios para una reactivación agropecuaria que no sea parcial y transitoria?
De mal en peor, esa es la realidad del campo colombiano. Las cifras arrojadas por la producción agrícola en Colombia no dejan dudas sobre la grave situación que vive el campesinado. El banano otra de las producciones agrícolas que nos distinguió desde inicios del siglo XX, tuvo una mala situación durante los últimos años, ya que sus exportaciones bajaron un 5,8, en tanto que las reducciones de producción alcanzaron un 4 por ciento y 1,8 en 2009 y 2010. Los resultados negativos de la producción agrícola no tienen su explicación por las inundaciones, pues al compararla con 2010, ese fue un año de mayores inundaciones. El crecimiento de apenas 2,2 por ciento del sector en 2011 fue un promedio entre cifras muy disímiles . Las estrellas siguen siendo la palma aceitera y la caña de azúcar, que continúan beneficiadas con toda clase de prebendas. Crecieron 18 y 12 por ciento, respectivamente, sin que se hubiera sacado la lección de la caída en 2010 en 13 por ciento en la producción de caña de azúcar, que mostró cómo los agrocombustibles no son invulnerables a los ciclos de precios. No ha mejorado la situación de los trabajadores de estas plantaciones, sometidos a contratos que esconden la relación laboral y por lo cual se siguieron sintiendo sus protestas.
Por el lado de la ganadería, sus cifras muestran resultados positivos en 2011, con un crecimiento de 6,3 por ciento en bovinos y 10,6 en porcinos. En cambio, la producción de leche y lácteos se estancó y su crecimiento fue de 0 por ciento, un resultado negativo si tenemos en cuenta que en 2009 y 2010 la producción descendió 2,1 y 0,6, respectivamente. La aprobación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea conspira contra todo plan de reactivación láctea. La producción de huevos aumentó 9,4 por ciento. Pero la avicultura, que parecía reactivarse desde 2010, sufrió un estancamiento con la inminente vigencia del TLC con Estados Unidos. A pesar de la relativa reactivación de la economía durante 2011, el sector agropecuario siguió rezagado. (Ver gráfica)
Según los datos de la Encuesta de Arroz Mecanizado, en 2011 la producción aumentó apenas el 0,9 por ciento. Mejor, en cambio, fue la suerte del maíz, que al fin pudo beneficiarse del buen precio internacional con el plan “País-Maíz”. El plan es limitado e, infortunadamente, para compensar las oscilaciones del precio, se basa en subsidiar una opción financiera de la Chicago Mercantil Exchange . Además, no presenta solución para los productores sin tierra, que deben arrendarla y que por ello no tienen acceso al crédito bancario y deben contraer créditos muy caros con los comerciantes de insumos, a pesar de lo cual producen el 80 por ciento de la cosecha nacional . En verdad, las importaciones de maíz disminuyeron en 21,2 por ciento, que fue la primera disminución significativa en mucho tiempo. Lástima que “País-Maíz” va a estrellarse ahora con la vigencia del TLC, con lo cual será difícil que alcance el objetivo de pasar de una producción de 700 mil al millón y medio de toneladas que reduzcan significativamente la dependencia en el abastecimiento de este cereal.
Soberanía alimentaria
La renuncia a la soberanía alimentaria ha sido sin lugar a dudas el más grave error de las políticas relacionadas con el sector en los últimos 20 años, un error acrecentado por los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea.
Una recuperación de esta soberanía está interrelacionada con el establecimiento de una planificación estratégica a largo plazo, y su diseño a partir del entendimiento de los ciclos de precios del sector y que permitiría escapar de las visiones inmediatistas. Los mercados cambian y es necesario prever qué cambios son necesarios de realizar en cada período y no matar las posibilidades productivas diversificadas. Con una mira nacional, es preciso proteger la capacidad productiva de alimentos.
La plaga de la dependencia tecnológica
Un problema muy grave para la agricultura colombiana es el mínimo nivel de generación de tecnología y la pérdida de toda visión de estudio de los problemas tecnológicos concretos de cada región, producto y forma de producción. Es otra causa de la baja competitividad de la producción nacional y, más grave, una causa más de la creciente dependencia de las importaciones y la subordinación de la producción nacional respecto de las transnacionales de las semillas y la tecnología.
Ejemplo de los fracasos producidos por este motivo es el desastre ocasionado por la semilla de algodón transgénico Bolgard II (BT), de Monsanto, que rebajó la productividad en 30 por ciento, mientras las semillas convencionales tuvieron que ser suspendidas en varios casos por el ICA, debido a la contaminación derivada de las genéticamente modificadas .
La palma aceitera, que siguió expandiéndose, registró un grave traspié: la enfermedad de la “pudrición del cogollo”, causada por el hongo Phyophtora palmívora, que ha llevado a erradicar por lo menos 16.200 hectáreas en Tumaco y otras 11.800 en Puerto Wilches. A cada una de las palmas enfermas le pusieron una inyección letal del herbicida glifosato.
Mientras tanto, cada una de las especies sembradas pierde diversidad, exponiéndose más a las plagas, que se multiplican catastróficamente en diversos cultivos, como es el caso de la moniliasis del cacao, que afecta ese producto, a la vez que aumentan sus importaciones, o la recaída del café en la roya .
Economía campesina
Concentrarse en subsidiar a los grandes propietarios y descuidar la economía campesina fue otro grave error de las políticas económicas, dada la importancia de este sector rural en la producción de alimentos y también para las exportaciones de café y otros productos. Aunque el gobierno actual ha diseñado políticas y programas para incluir a los campesinos, los recursos destinados para tal fin son insuficientes.
Un recurso menguado para las unidades campesinas es el crédito. Los créditos ordinarios de Finagro se incrementaron en 2011, en pesos nominales, 30,87 por ciento. Para los pequeños productores, el incremento fue importante pero menor que el general, de 27,83. Así, la participación de los pequeños productores se ha mantenido entre el 27,6 por ciento en 2010 y el 26,9 en 2011, mientras los grandes y medianos recibieron el 60 por ciento del crédito, participación que no se compadece con la que tiene el campesinado en la producción, pero que es notoriamente mayor que la del crédito general. En 2008 y 2009, apenas del 8,4 al 9,8 por ciento de los campesinos tuvo acceso al crédito bancario y recibió entre el 17,6 y el 19 por ciento de los préstamos agropecuarios . Los usuarios dedicaron hasta más de la mitad de sus ingresos a pagar intereses bancarios , en tanto que el crédito más común conseguido por los campesinos es la compra ‘fiada’, que sin intereses nominales cuesta realmente hasta el equivalente al altísimo 2 por ciento mensual .
Sin embargo, son los pequeños productores quienes dedican un mayor porcentaje de su finca a la agricultura. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2005, el 51 por ciento del área cosechada correspondió a unidades campesinas, a pesar de que estas unidades sólo poseían el 33 por ciento del área . Los campesinos han logrado una “silenciosa transformación” tecnológica, incorporando en sus parcelas diversas innovaciones y mejorando las semillas locales . Incluso, hay algunos cultivos y comarcas en los cuales la rentabilidad de las unidades campesinas llega a ser igual o superior a la de las unidades medianas o grandes .
La falta de tierra propia y la calidad de la tierra poseída son, de todos modos, un factor que conspira contra un mayor participación de las unidades campesinas en la producción y una mayor retribución por su producción, ya que el campesino que usa tierra ajena debe pagar arriendos que pueden representar el 29 por ciento de sus costos de producción o someterse a aparcerías o mediería en las que el dueño de la tierra, aportando entre el 35 y el 40 por ciento de los costos, se apodera del 60 al 65 por ciento de los ingresos .
Concentración de la propiedad
El recrudecimiento de la tradicionalmente alta concentración de la propiedad de la tierra ha sido otro grave problema, que causa, por una parte, que Colombia tenga los precios de la tierra más altos de América Latina y, por otra, el desperdicio de 17 millones de hectáreas aptas para la agricultura, cuyo beneficio para los propietarios depende del encarecimiento de la tierra, que estanca la agricultura y perjudica gravemente al país, dificultando el abastecimiento de alimentos en las ciudades, generando desempleo y propiciando la destrucción de bosques para cultivos ilegales.
El índice Gini, que mide la concentración de la propiedad de la tierra, entre 0 y 1, llegó en 2009 a 0,875 . Éste era de 0,867 en 1960 y de 0,840 en 1984 . El hecho de mantenerse siempre por encima de 0,8 indica una alta concentración estructural histórica, pero las variaciones de centésimas, son cruciales cuando se trata de estudiar los fenómenos ocurridos en los últimos 50 años: las políticas de reforma agraria limitada y estímulo a la empresa agropecuaria que permitieron reducir la concentración en casi 3 centésimas, y en el período reciente la relatifundización, que la elevó de nuevo en 3 y media.
Esta agudización del problema ha tenido sus epicentros. En 2000, Antioquia era el sexto departamento en concentración de la propiedad de la tierra se refiere, con un índice de Gini de 0,86, pero en 2009 pasó a ser el primero, con un índice de 0,91, el más alto del país, junto con el del Valle, que pasó de 0,89 a 0,91 .
A pocas semanas de comenzar, el gobierno actual publicitó un diagnóstico cierto sobre el problema de la concentración de la propiedad y los conflictos de uso del suelo, que mostraban la realidad del desperdicio de tierras aptas para la agricultura. Sin embargo, no presentó rápidamente un proyecto de ley de tierras destinado a enfrentar este problema. Un primer borrador elaborado por el gobierno fue una reedición del Estatuto Rural, Ley 1152 de 2007, declarada inconstitucional . Luego elaboró sucesivas versiones, con cambios, hasta las cuatro últimas presentadas a consultas previa de los grupos étnicos.
Las organizaciones campesinas de la Mesa de Unidad Agraria elaboraron y presentaron a consulta previa un proyecto de ley alternativo. Hay puntos de contacto e incluso algunas coincidencias entre los dos proyectos, pero las divergencias son muy importantes y pueden ser vistas según que las normas contribuyan a aprovechar para la agricultura familiar o empresarial las 17 millones de hectáreas aptas, que están desperdiciadas, o, por el contrario, profundicen el modelo que propicia que la empresa agropecuaria crezca a costa de las tierras de los campesinos, indígenas y afro, y de la destrucción de los bosques.
El proyecto del Gobierno quiere aumentar de 3 a 5 años el plazo para que un predio grande permanezca sin uso, en total contradicción con el diagnóstico oficial sobre el gigantesco desperdicio de tierras aptas para la agricultura; propicia el “saneamiento de la falsa tradición”, o sea, de la compra-venta de cosa ajena, que puede prestarse a legalizar multitud de despojos; insiste en la figura del “derecho de superficie”, que pudiera servir para que los desplazados cedan obligatoriamente por décadas sus tierras, para que continúen en ellas proyectos productivos ajenos que el desplazado nunca autorizó.
El proyecto oficial quiere echar atrás garantías conquistadas por los pueblos indígenas para que sus territorios no sean adjudicados a particulares: excluye de los territorios protegidos contra esas adjudicaciones las áreas que no son de asentamiento sino que constituyen el hábitat de esos pueblos o sirven para su agricultura itinerante o la caza y recolección. Elimina la norma que protege las reservas indígenas. Quiere, además, recortar el derecho adquirido por los indígenas sobre los resguardos coloniales y desconocer la propiedad de las tierras que han dejado de poseer los desplazados.
El proyecto alternativo parte de los objetivos de la soberanía alimentaria, la defensa de la diversidad étnica y cultural, y los derechos territoriales de los grupos étnicos; la reivindicación de la importancia del fortalecimiento de la economía campesina y del papel de la mujer rural, y el establecimiento de medidas que conduzcan a la protección del ambiente, el adecuado aprovechamiento del suelo y la reversión de la extrema concentración de la propiedad de la tierra mediante la redistribución. Rechaza cualquier formalización de la falsa tradición y cualquier norma que permita legalizar despojos.
Coincidencias importantes entre los dos proyectos son tanto la aplicación del artículo 58 de la Constitución, al autorizar la expropiación por vía administrativa para reformar la estructura social agraria, como el mantenimiento de la vigencia de las normas que permiten constituir reservas campesinas en áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran regulación, limitación, adquisición, redistribución y ordenamiento de la propiedad, o tenencia de predios y terrenos rurales.
En fin, es posible una política agropecuaria que a corto, mediano y largo plazo cambie la situación del sector agropecuaria y haga que deje de ser la “locomotora lenta” que ahora es. Pero ese cambio solamente puede llegar impulsado por una gran movilización civil de cientos de miles de personas, que solamente será lo suficientemente grande cuando detenga la violencia terrible que azota al campo y destruye su tejido social.
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