- El desequilibrio entre las importantes concesiones de Hamás, que ha aceptado desarmarse, y los insignificantes pasos de Tel Aviv dejan al descubierto los fallos estructurales del acuerdo de paz.
- En el plano humanitario, la situación en la Franja es de colapso sanitario. Según la UNRWA, el número de camiones con ayuda que se descargan en el enclave no cubre las necesidades alimentarias de la población, mientras que los ataques israelíes continúan dejando muertos y heridos.
09/10/2026
Hace justo un año, los periódicos de todo el mundo celebraban en sus portadas la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Dos años de asedio sin descanso a Gaza y 74.000 muertos -la mayoría de ellos civiles- habían sido suficientes. “Hoy es un día histórico para la paz (…). Llamémosla paz eterna en Oriente Medio”, había afirmado exultante el mandatario de EEUU, Donald Trump, en una rueda de prensa celebrada en Washington el 29 de septiembre de 2025. A su derecha se encontraba el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien diseñó y presentó el llamado Plan de Paz para Gaza y que días más tarde firmaría Hamás. Entró en vigor el 10 de octubre de 2025.
Aquella profecía de paz de Trump nunca se llegó a cumplir. En los últimos 365 días, los drones, cuadricópteros y francotiradores israelíes han acabado con la vida de, al menos 1.467 personas, según los últimos datos contrastados por la Organización Mundial de la Salud de la ONU. En este periodo, Israel solo ha dejado de atacar la Franja de Gaza durante 36 días aleatorios, según el reporte publicado a principios de octubre por Al Jazeera. Los 329 restantes se han producido ataques contra los supervivientes del genocidio. Además, 5.317 gazatíes han sido heridos, engrosando el número de personas amputadas en un territorio que ya en 2025 contaba “con el mayor número de niños amputados per cápita del mundo” según UNICEF.
Además de la disminución del ritmo de los asesinatos, “lo único que ha mejorado este alto el fuego nominal es que se ha terminado la hambruna dentro de Gaza“, analiza Raquel Martí, directora de la UNRWA en España. Esta buena nueva tiene su letra pequeña. La hambruna constituye la quinta y más catastrófica fase de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria que utiliza la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Las personas que sufren hambruna tienen una carencia extrema de alimentos y sufren inanición generalizada que lleva a la muerte y a estados de malnutrición aguda. El bloqueo total de Israel a la entrada de ayuda humanitaria durante dos meses llevó a la muerte por hambre de unas 460 personas, incluidos 157 menores.
Actualmente, explica Martí, la situación es de crisis (fase 3 según la FAO) para 1,4 millones de gazatíes y de emergencia (fase 4) para otros 212.000. En otras palabras, “la población sigue sin tener sus necesidades calóricas cubiertas”. Esta precariedad alimentaria está directamente relacionada con el incumplimiento de Israel del acuerdo alcanzado hace un año. En el punto 7 del acuerdo de paz, Netanyahu se comprometió a permitir la entrada de 600 camiones diarios de ayuda humanitaria. Algo que, según Martí, “tampoco va a revertir la catástrofe que se vive en Gaza”, pero, al menos, permitiría paliar sus peores consecuencias. El problema es que, según la UNRWA, esta cifra no se ha alcanzado ni un solo día.
La dimensión humanitaria del incumplimiento del acuerdo
Actualmente, “están entrando entre 70 y 85 camiones diarios de media”, informa Raquel Martí. Sin embargo, los datos que ofrece el Coordinador israelí de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) son muy diferentes. De acuerdo con su página web, son 600 camiones los que entran cada día en la Franja con ayuda humanitaria, el 80% de ellos con alimentos. Raquel Martí afirma que estos datos son tramposos, ya que en ellos el COGAT incluye los camiones que no llevan alimentos y “los camiones de alimentos de empresas privadas” a cuyos productos no todo el mundo puede acceder “debido a la pobreza generalizada” imperante en Gaza.
Además, Martí denuncia que Israel mete en el mismo saco a todos aquellos camiones que “entran en un cruce fronterizo”, pese a que buena parte de ellos “sean devueltos a Israel porque tienen alguna mercancía que Israel considera de doble uso”. Esto es, cualquier tipo de material que las autoridades israelíes consideren que puede usarse para fines militares, desde varillas de tiendas de campaña hasta piezas de recambio para los generadores que hacen funcionar las potabilizadoras de agua.
La escasez de alimentos y de materiales necesarios para el funcionamiento de los equipos sanitarios y de saneamiento está llevando a la Franja a una situación de colapso. “Sin equipamientos ni medicamentos suficientes, los pocos hospitales en activo no pueden atender bien a la población”, advierte Martí.
A ello se suma “el incremento de la contaminación del acuífero de Gaza, la falta de reciclaje de aguas residuales y las toneladas de basura sin recoger, con la proliferación de bacterias que ello supone”. Todo esto “provoca la aparición de nuevas enfermedades entre la población, como diarreas, enfermedades cutáneas o respiratorias“, a las que se suma la convivencia con insectos y ratas que han proliferado en un entorno de insalubridad provocado por el bloqueo israelí.
El incumplimiento de las disposiciones sobre la entrada de ayuda humanitaria ejemplifica las reticencias del Gobierno israelí a respetar un acuerdo que él mismo diseñó junto a Trump. Y es que, en el plano político, los pasos más significativos hacia una paz duradera los ha dado Hamás, mientras que Israel apenas ha hecho concesiones, cuando no ha perjudicado directamente el proceso de paz.
Estas son las conclusiones a las que han llegado diferentes analistas del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), Consejo Europeo de Asuntos Exteriores (ECFR) o del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC), entre otros. Entonces, ¿qué es lo que se ha logrado en términos de paz un año después de la entrada en vigor del acuerdo? Martí es tajante: “Absolutamente nada”.
“Un cumplimiento unilateral del acuerdo”
Hace meses que la aplicación del acuerdo ha encallado en algún punto entre las dos fases detalladas en el plan de paz diseñado por Donald Trump y Benjamín Netanyahu. La primera consistía en el cese total de las hostilidades, el intercambio de rehenes por presos, la entrada de ayuda humanitaria en la Franja y la retirada parcial de las tropas israelíes hasta la llamada línea amarilla, un perímetro fijado por EEUU e Israel dentro de la Franja de Gaza y que abarcaba algo más de la mitad del territorio palestino.
De acuerdo al texto, la segunda fase se caracterizaba por el desarme de Hamás y de otras facciones palestinas, el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), que debía velar por la seguridad del enclave, la retirada total de las tropas israelíes y la cesión de la administración civil de Gaza al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), un organismo creado ad hoc para gestionar la vida en la Franja.
Salvo el intercambio entre presos y rehenes, que se completó con éxito el 29 de enero de 2026, Israel no ha parado de incumplir de manera parcial o total el resto de los puntos del acuerdo. Además de los camiones de ayuda humanitaria retenidos en los pasos fronterizos y de los constantes ataques a la población gazatí, el Ejército israelí continúa desplazando cada poco tiempo la línea amarilla hacia el mar. Con ello, hacina más y más a la población gazatí, que actualmente se concentra en el 35% de la Franja. “Nadie ha presionado a Israel por esto”, denuncia Leyla Hamad Zahonero, investigadora de CEARC, quien considera que esta es una muestra de la falta de voluntad internacional para establecer límites a Tel Aviv.
Pese a todo, el pasado 6 de julio, Hamás anunció la disolución del Gobierno de la Franja de Gaza para entregarlo al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG). Unas semanas más tarde, el 30 de julio, anunció que había alcanzado un acuerdo con la Junta de Paz -organismo creado por Trump para gestionar el proceso de paz- para desarmarse. Ambos requisitos estaban recogidos en el Plan de Paz que Netanyahu y los líderes de Hamás habían firmado un año atrás. El acuerdo de desarme consistía, primero, en transferir el armamento policial de Hamás al NCAG. En segundo lugar, y en paralelo a la retirada de Israel de la Franja de Gaza, Hamás debía entregar todo su armamento militar.
Para que el acuerdo de desarme pase del papel a la práctica es necesario que el NCAG cruce de Egipto hacia la Franja de Gaza. Para ello, necesita el permiso de Israel, que de momento se niega a dárselo. Es aquí donde el plan de paz hace aguas. El Gobierno israelí afirmó a principios de agosto que no haría ninguna concesión hasta que Hamás se desarmara y dicha entrega de armas estuviera verificada de forma independiente. Esto contradice el acuerdo alcanzado por Junta de Paz y la milicia palestina. “Israel pide el desarme de Hamás sin contrapartida”, evidencia Hamad. Lo que, en otras palabras, supondría que “el acuerdo solo regule las obligaciones de Hamás”, pero no las de Tel Aviv. De esta forma, lo que hay es “un cumplimiento unilateral del acuerdo”.
Esto es algo que, de facto, ya ocurre. Para la politóloga, la falta de compromiso de Israel no responde únicamente al proceder de su Gobierno, sino también al propio diseño del acuerdo de paz. Según la experta, todo el andamiaje burocrático creado para llevarlo a término “cuenta con problemas estructurales muy graves”, ya que “no está orientada a la autodeterminación de los palestinos ni a resolver los problemas del conflicto“, sino que “está diseñada para gestionar a los palestinos, como un tutelaje colonial”.
Los problemas estructurales del acuerdo
La mayor evidencia de la falta de compromiso del acuerdo de paz con los palestinos es su ausencia en los organismos que, por mandato de Trump, deben decidir sobre su futuro. El Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), encargado de la gestión de los recursos de la Franja y presidido por Ali Shaath, es el último escalón de un organigrama jerárquico diseñado por Donald Trump para reconstruir Gaza. Las funciones del único organismo gazatí son puramente técnicas, mientras que las decisiones se toman en estamentos superiores en los que los palestinos no tienen ninguna representación.
En la cúspide del organigrama se sitúa la Junta de Paz -Board of Peace-, presidida por el magnate estadounidense, durante un periodo de tres años y sin unas competencias claramente definidas, mandatarios de países afines a Trump, empezando por Benjamín Netanyahu. El presidente de EEUU estableció la compra del asiento fijo por 1.000 millones de dólares.
Bajo la Junta de Paz se encuentra el Comité Ejecutivo Fundacional, encargado de la dirección diplomática y financiera del proyecto de reconstrucción, e integrado por personas cercanas a Trump. En un tercer escalón está la Junta Ejecutiva de Gaza, con funciones de coordinación. Bajo estos tres estamentos se sitúa el Alto Representante para Gaza, Nickolay Mladenov, que ejerce de enlace entre los tres niveles superiores y los tecnócratas del NCAG.
La mayor representación y capacidad de influencia de Israel frente a Hamás en este organigrama refleja la asimetría de poder entre los actores involucrados en el proceso de paz. Tanto es así que “la Junta de Paz ha sido muy complaciente con Israel y no ha impuesto ninguna sanción por los incumplimientos del acuerdo de paz”, afirma Leyla Hamad. Para la experta, “el problema no es que lo haya incumplido, sino que no hay mecanismos que le impidan incumplirlo”.
Desde su punto de vista, “cuando haces una concesión irreversible como un desarme, tiene que haber una contrapartida”. Y continúa: “El acuerdo no puede basarse en la confianza de una parte hacia la promesa de otra”, sino que los pasos deben ser “simultáneos, verificables y exigibles”. Es decir, que deben existir “mecanismos tangibles que sancionen a la parte que no cumple”. De otra forma, “una parte estará siendo exigida a cumplir mientras que la otra solo condiciona su respuesta“.
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