Sábado 17 de octubre de 2026
El riesgo de represión en Colombia aumentó debido al decreto firmado el pasado 13 de octubre por el presidente Abelardo de la Espriella, que habilita a las fuerzas públicas a actuar contra los manifestantes sin haber agotado las mesas de diálogo, advirtió la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El organismo afirmó que la normativa modifica sustancialmente las reglas de intervención de la fuerza pública y contiene vacíos que facultan la disolución discrecional de manifestaciones mediante la violencia, en medio de una creciente tensión política y luego de que fuentes sindicales confirmaron movilizaciones para los próximos dos meses.
Señaló que el punto central de la preocupación radica en que la policía podrá intervenir contra quienes cometan actos violentos sin tener que esperar a que concluyan los canales de mediación y diálogo, y cuestionó las condiciones establecidas para dar por concluidas estas mesas de concertación ante situaciones como la portación o empleo de armas, retención de personas, agresiones a ter-ceros o daños a la infraestructura.
El organismo indicó que el uso de la fuerza y de armas menos letales debe ser siempre el último recurso, aplicable únicamente tras agotar los medios no violentos, conforme a la Observación General 37 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sostuvo que la definición de “violencia” adoptada en el decreto es sustancialmente más amplia que los estándares internacionales, al incorporar amenazas o conductas que no causan lesiones, muertes ni daños graves a bienes.
En este contexto, solicitó diferenciar claramente entre portar un objeto potencialmente peligroso, amenazar con usarlo y emplearlo de forma efectiva, y precisar que la pura portación no transforma a un ciudadano en un actor violento ni resta el carácter pacífico a una movilización.
Enfatizó que la obstrucción de una vía pública no convierte automáticamente una marcha en un acto violento y pidió revisar el criterio de “perturbación grave e inminente”, advirtiendo que factores como la duración de un bloqueo, la importancia de una carretera o las pérdidas económicas no justifican por sí solos una intervención policial desmedida ni el uso de la fuerza.
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