Claves de la victoria de Lula: movilización juvenil, lenguaje de clase y la batalla contra Meta
Celebración de la victoria de Lula Da Silva el 25 de octubre de 2026. Foto: Ricardo Stuckert.

La juventud brasileña no solo ha contribuido a hacer posible una remontada histórica. También ha abierto una posibilidad política que parecía clausurada: la de reconstruir una izquierda social con capacidad para disputar las calles.

26 oct 2026. Brasil ha protagonizado una de las remontadas electorales más sorprendentes de su historia reciente. Luiz Inácio Lula da Silva ha conseguido imponerse en la segunda vuelta de las presidenciales con 64.256.232 votos, el 51,79 %, frente a los 59.826.041 votos y el 48,21 % de Flávio Bolsonaro. Una diferencia de más de 4,4 millones de votos que parecía difícil de imaginar hace apenas tres semanas, cuando el hijo del expresidente Jair Bolsonaro ganó contra pronóstico la primera vuelta con el 47,03 % de los sufragios frente al 45,16 % de Lula. Por primera vez desde la recuperación de la democracia brasileña, el candidato derrotado en la primera vuelta ha conseguido remontar en la segunda. Un resultado histórico que permitirá a Lula convertirse en el primer presidente brasileño elegido democráticamente para cuatro mandatos.

La remontada tiene algunos datos especialmente significativos. Lula ha sumado más de diez millones de votos respecto a la primera vuelta, mientras la abstención se redujo del 21,08 % al 19,22 %, lo que supone la participación de casi tres millones de electores adicionales. El Nordeste volvió a demostrar su importancia como principal bastión electoral del lulismo, que ganó en los nueve estados de la región. Pero probablemente el resultado más determinante se produjo en Minas Gerais, el segundo mayor colegio electoral del país, donde Lula consiguió revertir la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta para imponerse por un ajustado 50,43 %. Una movilización electoral extraordinaria que ha conseguido frenar el regreso del bolsonarismo al Palacio del Planalto, aunque los resultados también confirman que la extrema derecha conserva una fuerza social e institucional mucho mayor de lo que buena parte de la izquierda brasileña había querido reconocer.

Porque, si algo han demostrado estas elecciones, es que el bolsonarismo está lejos de ser un fenómeno político agotado. Hace cuatro años, cuando Lula derrotó a Jair Bolsonaro, ya advertí que el expresidente podía haber perdido las elecciones, pero que su movimiento seguía muy vivo. Una hipótesis que hoy adquiere todo su sentido. Jair Bolsonaro está condenado, inhabilitado y fuera de la competición electoral, pero su hijo Flávio, sin el carisma ni la capacidad de conexión popular de su padre, ha conseguido reunir casi sesenta millones de votos. Como advertía el historiador Valerio Arcary, la primera vuelta puso de manifiesto que la extrema derecha contaba con una base social, electoral y organizativa mucho más sólida de lo que se había estimado. El bolsonarismo ha demostrado que puede sobrevivir políticamente a Bolsonaro, mientras resulta mucho más difícil imaginar un lulismo sin Lula.

La “juventud rebelde” que hizo posible la remontada

El propio Lula quiso reconocer el papel que ha jugado la juventud en la remontada de la segunda vuelta, así, durante la celebración de su victoria en la avenida Paulista de São Paulo, afirmo: “Debo esta victoria a la juventud rebelde que se levantó en defensa de la democracia”. Una frase que sintetiza una de las claves políticas de estas elecciones.

Como explica Arcary en su artículo “Diez días decisivos”, publicado en Jacobin, la derrota de Lula en la primera vuelta provocó una reacción inicialmente espontánea entre estudiantes universitarios que, a partir del 5 de octubre, comenzaron a movilizarse en diferentes ciudades brasileñas. Lo que podría haberse quedado en una explosión estudiantil relativamente limitada terminó convirtiéndose en una movilización popular de masas. Las grandes manifestaciones de Belo Horizonte, São Paulo y Río de Janeiro reunieron a cientos de miles de personas, mientras organizaciones sindicales, movimientos feministas, colectivos negros, asociaciones LGTBI, ambientalistas y organizaciones populares se sumaban progresivamente a las protestas.

Para Arcary, la novedad más importante fue precisamente ese salto desde una movilización juvenil espontánea hacia una protesta social de dimensiones mucho más amplias. Una dinámica que recordaba a las grandes jornadas de las Diretas Já, que acompañaron el final de la dictadura militar durante los años ochenta, o a las movilizaciones contra Fernando Collor en 1992. La juventud había actuado como catalizadora de un malestar que desbordaba ampliamente a una generación y que consiguió devolver a las calles un protagonismo político que la izquierda brasileña parecía haber perdido durante los últimos años.

Pero las movilizaciones no se limitaron a defender la democracia frente al regreso de la extrema derecha. También consiguieron introducir reivindicaciones materiales en una campaña electoral dominada hasta entonces por la polarización política. La exigencia de acabar con la jornada laboral 6×1, que obliga a trabajar seis días para descansar uno, se convirtió en una de las principales consignas de las protestas, hasta el punto de obligar a Flávio Bolsonaro a modificar su posición sobre la cuestión. El propio Lula volvió a reivindicar esta demanda durante la celebración de su victoria, agradeciendo el apoyo de quienes consideran que reducir la jornada laboral constituye una conquista social necesaria.

La segunda vuelta terminó así convirtiéndose en algo más que una disputa electoral entre dos candidatos. La movilización social consiguió reactivar a una parte importante de la izquierda brasileña, conectar las reivindicaciones democráticas con los derechos sociales y recuperar la iniciativa política frente al bolsonarismo. Una capacidad de movilización que también tuvo su traducción en la campaña digital, especialmente mediante el canal de WhatsApp Exército do Lula, impulsado por el diputado André Janones y convertido en una poderosa herramienta de organización y comunicación política.

Evidentemente, la victoria electoral no puede atribuirse exclusivamente a estas movilizaciones. Pero resulta difícil comprender la dimensión de la remontada sin tener en cuenta la capacidad de la juventud para activar a otros sectores sociales, contribuir a reducir la abstención y transformar el clima político de la campaña. Una experiencia que invita a pensar en algo más amplio que la coyuntura electoral brasileña.

De hecho, una de las principales enseñanzas de las elecciones brasileñas es cómo la movilización juvenil no solo ha conseguido activar a nuevos sectores sociales, sino también demostrar que la respuesta al avance de la extrema derecha no tiene por qué limitarse a la defensa institucional del “mal menor”. Puede construirse también desde las reivindicaciones materiales, las luchas sociales y la recuperación de un lenguaje de clase capaz de disputar la interpretación del malestar popular.

Las grandes tecnológicas también disputan las elecciones

Junto al agradecimiento a la juventud movilizada, Lula quiso situar en el centro de su discurso de victoria otra de las grandes controversias de esta campaña: la intervención de las plataformas digitales en las elecciones brasileñas. De esta forma, anunció su intención de reforzar la regulación de las grandes corporaciones tecnológicas. Una denuncia especialmente significativa porque sitúa la soberanía democrática y el poder de las nuevas oligarquías digitales como uno de los principales conflictos políticos del próximo mandato.

Durante la segunda vuelta, la campaña de Lula sufrió diferentes restricciones que perjudicaron su comunicación digital. Una de las más polémicas fue la suspensión del canal de WhatsApp Exército do Lula, administrado por André Janones. La decisión fue adoptada inicialmente por Kassio Nunes Marques, presidente del Tribunal Superior Electoral y magistrado nombrado originalmente para el Supremo por Jair Bolsonaro, después de una denuncia del Partido Liberal. El corregidor general electoral revocó la suspensión, pero Nunes Marques volvió a ordenar el bloqueo, provocando una sucesión de resoluciones contradictorias dentro del propio tribunal.

Como señala Arcary, estas controversias mostraron las profundas tensiones que atravesaban las instituciones encargadas de garantizar el funcionamiento democrático. El Tribunal Superior Electoral terminó permitiendo el restablecimiento del canal y una resolución posterior, adoptada el 23 de octubre, estableció que no podía volver a suspenderse mediante decisiones individuales de los miembros de la corte.

A estas controversias judiciales se añadieron los problemas detectados en las plataformas de Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp. Investigaciones periodísticas documentaron restricciones que perjudicaron las cuentas de Lula y recomendaciones algorítmicas indebidas que favorecieron la visibilidad de perfiles y canales de Flávio Bolsonaro. También se detectó que las herramientas de inteligencia artificial de Meta permitían generar contenidos sobre el candidato bolsonarista mientras rechazaban solicitudes equivalentes relacionadas con Lula.

La propia compañía reconoció la existencia de fallos técnicos, aunque negó que respondieran a una estrategia deliberada para favorecer a uno de los candidatos. El Tribunal Superior Electoral ordenó garantizar un tratamiento igualitario entre ambas candidaturas, mientras la campaña de Lula presentó nuevas denuncias por presunto abuso de poder económico y utilización indebida de las plataformas digitales. Las investigaciones judiciales todavía tendrán que determinar el alcance y las posibles responsabilidades de esas actuaciones.

Pero probablemente lo más interesante sea que estos episodios permiten plantear un problema mucho más profundo que las irregularidades concretas de una campaña electoral. ¿Qué significa celebrar unas elecciones libres cuando una parte sustancial de la comunicación política depende de algoritmos privados cuyo funcionamiento escapa al control público?

La periodista Natalia Viana ha desarrollado esta cuestión en su artículo “A eleição das Big Techs”, publicado en Agência Pública. Según Viana, las presidenciales brasileñas se habían convertido también en una disputa entre un Estado que pretende establecer ciertos límites al poder de las grandes plataformas y unas corporaciones tecnológicas interesadas en preservar su autonomía económica y política.

La autora analiza las conexiones del entorno bolsonarista con figuras como Elon Musk, Peter Thiel o el vicepresidente estadounidense JD Vance, así como la convergencia entre el proyecto de desregulación tecnológica de la nueva derecha estadounidense y las posiciones defendidas por el bolsonarismo. Una convergencia que no demuestra necesariamente la existencia de una intervención coordinada de todas las grandes tecnológicas en favor de Flávio Bolsonaro, pero que sí permite identificar intereses empresariales y políticos compartidos.

No es casual que Lula haya convertido la cuestión tecnológica en una de sus primeras prioridades tras la victoria. Durante los últimos años, Brasil ha sido uno de los escenarios más importantes de la disputa internacional sobre la regulación de las plataformas digitales, especialmente por las decisiones judiciales destinadas a limitar la difusión de determinados contenidos ilegales y reforzar la responsabilidad de estas empresas. De hecho, Donald Trump introdujo en sus negociaciones arancelarias con Brasil la reclamación del cese de las sanciones judiciales a plataformas digitales como Meta y X.

En su discurso de victoria, Lula anunció además su intención de impulsar el desarrollo de una inteligencia artificial brasileña, reduciendo la dependencia tecnológica respecto a Estados Unidos y China. Una estrategia que vinculó con la instalación de centros de datos en territorio brasileño, el aprovechamiento de las energías renovables y la necesidad de garantizar un mayor control nacional sobre los datos y las infraestructuras digitales.

Brasil no acepta ser el patio trasero de nadie

La cuestión de la soberanía también ocupó un lugar central en el discurso de Lula durante la celebración de su victoria. Ante miles de simpatizantes congregados en la avenida Paulista, el presidente reivindicó la independencia nacional y aseguró que Brasil no acepta ser el patio trasero de nadie. Una declaración difícil de interpretar al margen de la ofensiva de Donald Trump para recuperar la influencia política y económica estadounidense sobre América Latina.

Durante los últimos años, Brasil se ha convertido en uno de los principales escenarios de esa estrategia. La Administración estadounidense ha utilizado amenazas arancelarias, sanciones contra magistrados y diferentes mecanismos de presión diplomática relacionados directamente con la situación judicial de Jair Bolsonaro. Mientras tanto, Eduardo Bolsonaro convirtió Washington en uno de sus principales centros de operaciones políticas, reclamando sanciones contra instituciones y responsables judiciales de su propio país.

En este sentido, la victoria de Lula supone un importante obstáculo para el intento de Washington de incorporar a la principal potencia sudamericana al bloque de gobiernos latinoamericanos alineados con el trumpismo. Brasil representa aproximadamente la mitad de la economía sudamericana y constituye una pieza fundamental en el equilibrio geopolítico regional, especialmente por su participación en los BRICS y sus relaciones comerciales con China.

Pero tampoco conviene exagerar las consecuencias de una victoria electoral. El bolsonarismo conserva importantes resortes institucionales y territoriales, mientras la presión de Estados Unidos sobre Brasil continuará más allá del resultado de las urnas. La defensa de la soberanía nacional no dependerá solamente de las declaraciones presidenciales, sino también de la capacidad del nuevo Gobierno para afrontar las presiones económicas, diplomáticas y tecnológicas que probablemente seguirán marcando su relación con Washington.

Una derrota que Bolsonaro no acepta

Mientras Lula celebraba su victoria reivindicando la democracia y la soberanía brasileña, Flávio Bolsonaro comparecía ante los medios para anunciar que no reconocería los resultados y que solicitaría la anulación de las elecciones. Una reacción que recuerda inevitablemente a la negativa de su padre a aceptar la derrota de 2022 y que demuestra hasta qué punto el bolsonarismo continúa cuestionando la legitimidad de los procedimientos democráticos cuando estos no le resultan favorables.

El argumento utilizado por Flávio fue la decisión del magistrado del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin de ampliar dos horas el horario de votación, hasta las siete de la tarde. La medida respondió a las dificultades que estaban encontrando numerosos electores para ejercer su derecho al voto como consecuencia de las fuertes lluvias y los problemas de transporte público en diferentes municipios controlados por la ultraderecha, especialmente en Bahía y São Paulo.

Sin embargo, hay un elemento especialmente revelador: la ampliación del horario había sido solicitada por ambas candidaturas, aunque para localidades diferentes. Además, ante las dificultades operativas que planteaba la decisión, la Justicia Electoral aclaró que la prórroga solamente se aplicaría a los colegios que todavía permanecían abiertos cuando llegó la resolución. Las urnas que ya habían cerrado no fueron reabiertas.

Nada de esto impidió Bolsonaro denunciara una supuesta ruptura de las reglas electorales y anunciara una impugnación judicial, pese a haber perdido por más de cuatro millones de votos. Una controversia, que no puede separarse del clima de enfrentamiento institucional que ha acompañado toda la campaña. Las disputas alrededor del canal Exército do Lula, las denuncias sobre las plataformas digitales y las resoluciones contradictorias dentro del Tribunal Superior Electoral han contribuido a convertir los tribunales en otro escenario de la confrontación política.

Pero la negativa de Flávio Bolsonaro a aceptar los resultados plantea una cuestión de fondo: la creciente tendencia de algunas fuerzas de extrema derecha a convertir cualquier derrota electoral en una supuesta prueba de fraude o manipulación institucional. Una estrategia que permite mantener movilizadas a sus bases, cuestionar la legitimidad del adversario y presentarse como víctimas del sistema.

Ganar las elecciones no significa cambiar la correlación de fuerzas

La última paradoja que dejan estas elecciones es que Lula ha conseguido una victoria presidencial histórica en un país cuyo mapa político e institucional se ha desplazado considerablemente hacia la derecha. Los resultados de la primera vuelta dejaron un Congreso mucho más favorable al bolsonarismo que el existente durante la última legislatura. El Partido Liberal se convirtió en la principal fuerza de la Cámara de Diputados, con 121 escaños, y contará con 28 senadores a partir de 2027, la mayor bancada de la Cámara Alta.

El problema no se limita al peso del Partido Liberal. La suma de las fuerzas conservadoras y de derecha constituye una mayoría parlamentaria que obligará a Lula a negociar prácticamente todas sus principales iniciativas legislativas. El llamado Centrão, ese conjunto de partidos y dirigentes que articulan buena parte de su actuación alrededor del intercambio de apoyos por recursos, cargos e influencia institucional, volverá a convertirse en una pieza fundamental para garantizar la gobernabilidad.

Una situación que puede condicionar especialmente las reformas sociales anunciadas durante la segunda vuelta, como la reducción de la jornada laboral, la ampliación de los programas educativos o el fortalecimiento de los servicios públicos. También puede dificultar las iniciativas destinadas a regular las grandes plataformas digitales, especialmente cuando parte de la derecha brasileña comparte con las corporaciones tecnológicas estadounidenses una agenda favorable a la desregulación.

A esta correlación de fuerzas parlamentaria se suma el control de buena parte de los principales gobiernos estatales. La reelección de Tarcísio de Freitas en São Paulo y la victoria de Cleitinho Azevedo en Minas Gerais son dos ejemplos especialmente significativos del poder territorial que conserva la derecha brasileña. Mientras tanto, el Partido de los Trabajadores mantiene su principal implantación en el Nordeste, lo que vuelve a demostrar sus dificultades para ampliar su presencia institucional en algunas de las regiones más ricas y pobladas del país.

Lula tendrá así que gobernar con un Congreso adverso, una parte importante de los principales estados en manos de la derecha y una extrema derecha que, pese a haber perdido nuevamente la presidencia, conserva una capacidad extraordinaria para condicionar la agenda política. Una correlación de fuerzas que amenaza con reproducir algunas de las principales contradicciones de sus anteriores gobiernos: la necesidad de negociar con sectores conservadores para garantizar la estabilidad institucional y, al mismo tiempo, responder a las expectativas de transformación social de quienes han hecho posible su victoria.

Porque, como advierte Alex MacArthur en Jacobin, una de las principales limitaciones del lulismo durante los últimos años ha sido precisamente su dificultad para transformar las mejoras de determinados indicadores económicos en una recuperación duradera de las expectativas sociales de las clases trabajadoras. Aunque el Gobierno ha conseguido reducir el desempleo, elevar los salarios reales y ampliar las políticas sociales, amplios sectores populares siguen enfrentándose al encarecimiento de la vida, el endeudamiento y unas condiciones materiales cada vez más difíciles.

La victoria de Lula puede haber frenado el regreso del bolsonarismo al Gobierno, pero no ha resuelto las contradicciones sociales y políticas que explican su fortaleza. Mucho menos ha desmantelado las estructuras económicas, religiosas, mediáticas e institucionales que han permitido a la extrema derecha consolidarse como un proyecto político de largo alcance.

Aquí, es donde la movilización popular adquiere una importancia que desborda el propio resultado electoral. Porque la juventud brasileña no solo ha contribuido a hacer posible una remontada histórica. También ha abierto una posibilidad política que parecía clausurada: la de reconstruir una izquierda social con capacidad para disputar las calles, impulsar reivindicaciones materiales y volver a conectar con sectores populares que habían quedado alejados de la movilización.

Quizá esta sea la principal enseñanza de unas elecciones que dejan dos resultados aparentemente contradictorios. Por un lado, la consolidación de una extrema derecha con una poderosa implantación social e institucional, capaz de reunir casi sesenta millones de votos sin que su principal dirigente pudiera presentarse. Por otro, la aparición de una movilización juvenil que consiguió desbordar su composición inicial, incorporar a sectores muy diversos y contribuir a alterar una correlación electoral que parecía difícil de revertir.

La gran incógnita es si esa energía social que ha permitido a Lula ganar las elecciones podrá sostenerse más allá de la campaña. Si será capaz de impulsar desde abajo las transformaciones que las alianzas parlamentarias y los poderes económicos intentarán limitar. O si terminará nuevamente subordinada a las necesidades de gobernabilidad de un progresismo que, durante demasiado tiempo, ha confundido la estabilidad institucional con conquistas sociales para su clase.

Porque Lula ha ganado las elecciones, pero el bolsonarismo sigue muy vivo. Y si algo han demostrado estas semanas es que la extrema derecha no será derrotada únicamente mediante victorias electorales, por importantes que estas sean. También será necesario disputar el malestar popular, reconstruir organizaciones sociales y recuperar la capacidad de movilización de la clase trabajadora.

Quizá la principal enseñanza de esta segunda vuelta sea precisamente que las mismas calles que han hecho posible la remontada pueden convertirse ahora en uno de los principales escenarios donde se dispute el futuro de Brasil. Porque la victoria de Lula ha demostrado que la historia no está escrita y que, incluso cuando la extrema derecha parece acumular todas las ventajas, la irrupción de la movilización popular puede alterar escenarios que parecían inevitables. La cuestión, ahora, es si esa fuerza será capaz de transformar una victoria electoral en el comienzo de algo más amplio.

Información adicional

Opinión
Autor/a: Miguel Urbán Crespo
País: Brasil
Región: Suramérica
Fuente: El Salto

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