La primera apuesta económica del gobierno de Abelardo de la Espriella combina beneficios al capital con mayores cargas para los(as) trabajadores(as) y consumidores.
El pasado 29 de octubre, el gobierno de Abelardo de la Espriella radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley de «Rescate Económico», con el que busca «estabilizar las finanzas, reducir el gasto y generar crecimiento económico», en un marco que, supuestamente, promueve la «equidad, eficiencia y progresividad».
Sin embargo, el nombre escogido por el Gobierno podría ser más una artimaña discursiva que una descripción de la realidad. Inicialmente, cabría preguntarse: ¿qué economía se pretende rescatar y de quién? Esto resulta especialmente pertinente si consideramos que, pese a las complejidades de la economía internacional, Colombia ha mostrado en los últimos años un desempeño económico que, con sus contradicciones y limitaciones, merece ser reconocido.
En 2025, por ejemplo, el PIB creció 2,6 %, la tasa anual de desempleo descendió al 8,9 % y cerca de 1,8 millones de personas salieron de la pobreza monetaria. Si se considera el periodo 2022-2024, la reducción alcanzó a 2,1 millones de personas. A ello se suma el crecimiento del sector agropecuario, cuyo valor agregado aumentó 3,1 % durante 2025.
Estos resultados no significan que la economía colombiana haya resuelto sus problemas estructurales, pero son evidencias claras de que el país venía experimentando una recuperación económica y social que no puede desconocerse y que por tanto no se justifica hablar de “rescate”.
En ese propósito, el fortalecimiento del cobro de impuestos a las industrias extractivas y emisoras de gases de efecto invernadero, así como el cobro del impuesto al patrimonio y el incremento del impuesto de renta a las personas con altos ingresos, permitió al gobierno de Gustavo Petro, redistribuir la riqueza de una mejor manera, apoyar a las clases sociales más vulnerables y con ello, fortalecer la economía interna del país.
A lo anterior, se sumaron los contundentes aumentos del salario mínimo y la reforma laboral, que recuperó, aunque de modo parcial, derechos relacionados con el trabajo nocturno y los recargos dominicales y festivos. Estas medidas contribuyeron a fortalecer los ingresos de muchas familias trabajadores, lo que se tradujo en una mejora de la capacidad de consumo de los hogares y la demanda interna.
Sin embargo, el proyecto de ley del actual Gobierno pareciera querer desandar parte de esa ruta y profundizar una orientación económica que, desde los años noventa, ha privilegiado los mecanismos de mercado, la liberalización y los incentivos a la acumulación privada, sin resolver los problemas estructurales de la economía colombiana. Veamos:
¿En qué consiste el rescate?
El paquete de medidas de rescate podría resumirse de la siguiente manera:
- Reducción de impuestos sobre el capital y el patrimonio: disminuye gradualmente la tarifa general del impuesto de renta de las personas jurídicas y eleva el umbral de entrada al impuesto al patrimonio. Además, establece regímenes tributarios especiales para determinados proyectos de inversión.
- Mayores cargas para determinados trabajadores: aumenta las cotizaciones a salud de trabajadores dependientes e independientes, aumentando progresivamente las tarifas para quienes superan determinados niveles de ingreso.
- Mayor tributación para determinados contribuyentes personas naturales: restringe algunas rentas exentas y deducciones; y crea una nueva tarifa de impuesto renta para los ingresos más bajos.
- Ampliación de la base del IVA: elimina algunos tratamientos preferenciales y traslada determinados bienes y servicios a la tarifa general, aunque establece mecanismos de devolución para hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad.
- Facultades extraordinarias al presidente: le permite reorganizar, fusionar o suprimir determinadas entidades y organismos de la administración pública nacional.
Estas medidas se sustentan, en buena parte, en los argumentos de la economía de la oferta que considera que la disminución de los impuestos al capital y a las empresas puede aumentar su rentabilidad después de impuestos y, con ello, incentivar la inversión, la creación de empresas, la productividad y el empleo.
A su vez, reducir los costos laborales no salariales a cargo de los empleadores, bajo esta misma lógica, abarataría la contratación de mano de obra y contribuiría a aumentar la demanda de trabajo. Finalmente, disminuir el tamaño del Estado abriría mayores espacios para la participación privada en la economía y permitiría reducir el gasto público y el endeudamiento.
Sin embargo, vale precisar que el excedente que se obtiene de pagar menos impuestos y de pagar menos por un(a) trabajador(a) suele destinarse menos a ampliar la capacidad productiva; pues más bien las empresas lo que hacen es distribuir dividendos, recomprar acciones, adquirir otras empresas o realizar inversiones en los mercados financieros, en donde no se genera necesariamente nuevos empleos. De esta manera, se puede plantear que la rentabilidad y la acumulación de los privados no se traduce automáticamente en bienestar social ni colectivo.
Cuando la acumulación no se convierte en inversión productiva
Esta clase de medidas, deben ser evaluadas de manera especial para Colombia: un país en el que unos cuantos grupos empresariales dominan enormes porciones de los mercados de bienes y servicios, una disminución de impuestos o de los costos laborales, no se traduce necesariamente en inversiones o en nuevas contrataciones. Pues estos grupos, al tener concentrado gran parte del mercado, no tienen estímulos de invertir ni de contratar, pues difícilmente tienen competencia.
Por ejemplo, en el mercado de alimentos el Grupo Nutresa reportó en su informe de sostenibilidad de 2024 una participación consolidada estimada del 50 % en el mercado colombiano, de acuerdo con su propia metodología de medición. En el mercado cervecero, la concentración es todavía más pronunciada: Bavaria alcanzó una participación del 92 % del volumen de ventas en 2025. Con esos niveles de cuotas de mercado ¿en qué van a reinvertir? ¿para qué contratarían más gente?
En otras palabras, cuando existen estructuras de mercado altamente concentradas, los incentivos tributarios pueden terminar favoreciendo más la acumulación y la concentración de capital que la ampliación de la capacidad productiva. El problema no es que las empresas obtengan utilidades, sino asumir que cualquier incremento de su rentabilidad se traslada o se compensa con nuevos empleos o mayor producción.
Por otro lado, y que quizás es de lo más preocupante, abaratar la mano de obra trasladando cargas a los y las trabajadores(as), disminuye el ingreso de las familias y por ende, disminuye el consumo. Medida que se refuerza con la disminución de exenciones y deducciones a las personas naturales, así como con la creación de una nueva tarifa para estas; lo que sumado al cobro de IVA a nuevos productos, configura un nefasto coctel que podría terminar en el detrimento de la economía de los hogares.
Ahora bien, si la economía ni las empresas colombianas en realidad no están en estado crítico: ¿por qué se considera necesario mejorar la rentabilidad de las empresas mediante reducciones tributarias, mientras se exige a los hogares y trabajadores asumir en gran medida el ajuste fiscal?
En este sentido, la tributaria de Abelardo, pareciera mandar un mensaje claro: rescatar la economía pareciera significar que es quitarle el relativo buen momento que las economías familiares tienen, para acelerar los procesos de acumulación de capital donde ganan los Ardila, los SantoDomingo, los Sarmiento, los Gilinsky de siempre.
Copiando lo malo.
Esta orientación económica no es nueva. Se relaciona con los postulados de la economía de la oferta, los cuales argumentan que aumentando así rentabilidad del capital a partir dela disminución de impuestos, fomentará una reinversión por parte de empresarios que hará crecer tanto los ingresos de las organizaciones como del Estado, lo que hará tener unas finanzas públicas más sanas, no es más que otra falacia. Sin embargo, esto en Colombia no es nuevo y a nivel internacional tampoco.
En Colombia ya hemos visto algunas de estas recetas. Durante los gobiernos de Uribe se aprobó la Ley 789 de 2002, que flexibilizó las condiciones laborales y redujo los recargos por trabajo nocturno, dominical y festivo, bajo el argumento de que abaratar la contratación estimularía el empleo formal. No obstante, se puede plantear que la reforma laboral tuvo más bien resultados lánguidos sobre el efecto de crear de nuevos empleos.
En el gobierno de Juan Manuel Santos también se modificó la estructura tributaria y laboral. La reforma de 2012 redujo los costos laborales no salariales mediante la eliminación de aportes patronales a salud, SENA e ICBF para una amplia proporción de trabajadores formales, compensando parte de esa reducción mediante el impuesto CREE. Estas decisiones muestran que la reducción de cargas empresariales ha sido una apuesta recurrente de la política económica colombiana. Sin embargo, sus efectos sobre la formalización, la desigualdad y la generación de empleo fueron, al igual que con Uribe, muy mínimos. Lo que demuestra que favorecer a empresarios, a costa de los derechos y capacidad de consumo de hogares y trabajadores(as), no ha dado grandes aportes a los problemas de la economía nacional.
Por otro lado, a nivel internacional se podría mencionar los esfuerzos proempresariales de las administraciones de Trump: la reforma tributaria de 2017, por ejemplo, redujo la tarifa federal del impuesto corporativo del 35 % al 21 %. Posteriormente, las medidas fiscales aprobadas en 2025 profundizaron esa orientación.
Sin embargo, según el Fondo Monetario Internacional, la deuda pública bruta estadounidense alcanzó el 123,9 % del PIB en 2025 y se proyecta que continúe aumentando. Por su parte, las estadísticas estadounidenses muestran que la tasa de desempleo a septiembre de 2026 fue del 4,2 % y que la pobreza se ubicó, al cierre del 2025, en el 10,2%.
Al otro lado del Atlántico, Macron impulsó reformas de orientación similar. En 2018, Francia sustituyó el impuesto sobre la fortuna (ISF) por uno concentrado en el patrimonio inmobiliario (IFI), introdujo una tarifa plana para determinados ingresos de capital y redujo gradualmente el impuesto de sociedades. Estas medidas implementaron, de nuevo, bajo un discurso de favorecer la competitividad, la inversión y la creación de empleo.
Sin embargo, estas medidas han terminado acentuando las ganancias de los hogares más ricos, mientras que los costos fiscales de tales medidas no se han visto efectivamente compensadas, pues según el FMI, la deuda pública bruta siguió aumentando alcanzando topes del 115,7 % del PIB en 2025 y también se proyecta que siga aumentando. El déficit público permanece elevado, mientras los recortes en inversión y bienestar social tienen al país sumido en el malestar social. Dicho de otra manera, la reducción de impuestos no redujo el endeudamiento, favoreció a los más ricos, mientras al pueblo francés se le recortaron derechos.
Ahora bien, cabría preguntarse entonces: si estas medidas no han funcionado ni el pasado para Colombia, ni en otras latitudes; si contrario a lo que prometen generan pobreza, mayor endeudamiento, desempleo y el debilitamiento del Estado, ¿porqué se alientan? La respuesta podría orientarse en que este llamado rescate, consiste más bien en establecer medidas para proteger la acumulación de unos pocos a costa de los ingresos, los derechos y las oportunidades de las mayorías, pues en realidad es un proyecto que apuesta por rescatar, una vez más, los privilegios de quienes históricamente acumulan riqueza.
Leave a Reply