Una economía que sigue basándose en el petróleo y los minerales en nuevos territorios pone en jaque en Ecuador las promesas de la Constitución de 2008.
En Ecuador, un bosque, un páramo o un rio tienen derechos, así lo establece la Constitución de 2008 que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y define al país como intercultural y plurinacional. Pero debajo de esos ecosistemas, el Estado puede autorizar la búsqueda de minerales, como oro o cobre. Entretanto, la economía continúa encontrando en la extracción una de sus respuestas preferidas a la necesidad de ingresos. Esa es la contradicción, se reconocen derechos a los ecosistemas mientras se insiste en convertirlos en nuevas oportunidades de negocio (1).
Es un lugar común en los discurso oficiales y en los medios de comunicación. Cuando una comunidad protesta por una concesión minera, esas voces repiten lo mismo una y otra vez: “se oponen al progreso”. Si la comunidad reclama agua limpia, le responden con empleos, carreteras o regalías. Pero ¿quién obtiene esos beneficios y quién soporta los riesgos? ¿Quién decide cuánto vale un río, un bosque o la continuidad de una comunidad? El problema de fondo es que el capitalismo ecuatoriano sigue dependiendo de la apropiación y exportación de bienes naturales para obtener divisas, ingresos fiscales y, sobre todo, ganancias privadas. La larga historia petrolera se prolonga hoy con la expansión de la minería. Cambian las empresas y los discursos gubernamentales, pero se repite la promesa de financiar el futuro extrayendo cada vez más naturaleza. Los beneficios existen, pero se distribuyen de manera desigual; la contaminación es un riesgo que, cuando se materializa, deja costos duraderos para territorios y comunidades concretas.
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