La Corte Internacional de Justicia declara a Birmania culpable de genocidio contra los rohinyás

Las fuerzas de seguridad del país cometieron el asesinato de más de 10.000 personas, agredieron sexualmente a mujeres y destrozaron aldeas de la minoría musulmana.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que las fuerzas de seguridad de Birmania (Myanmar) cometieron un genocidio por “asesinatos indiscriminados”, ejecuciones de hombres, violencia sexual y ataques contra menores durante las operaciones militares de 2017 contra la minoría rohinyá en el Estado de Rakáin, en el oeste del país. Un fallo histórico porque es la primera vez que se establece responsabilidad internacional de un Estado por este crimen.

Además, este órgano se declaró “plenamente convencido” de que las fuerzas de seguridad del país asesinaron a unos 10.000 miembros de la minoría musulmana, unas matanzas que constituyen uno de los actos contemplados en la Convención contra el Genocidio, y como tal, se ha reconocido en la corte.

Por tanto, se ha ordenado a Birmania facilitar el regreso “seguro, voluntario y digno” de los rohinyás desplazados por la ofensiva militar de 2017, tanto dentro del país como en el extranjero, y garantizar la reunificación de las familias separadas, entre otras medidas para reparar los daños causados a esta minoría musulmana.

El tribunal también exigió al país a devolver o sustituir las propiedades individuales y colectivas perdidas o dañadas, facilitar la búsqueda de personas desaparecidas y garantizar la rehabilitación física y psicológica de las víctimas que sufrieron lesiones o daños mentales.

En cuanto a la investigación de los crímenes, la Corte ordenó al Estado birmano adoptar medidas “inmediatas y efectivas” para investigar a todas las personas sobre las que existan sospechas razonables de haber cometido actos de genocidio durante las operaciones militares de 2017 y, cuando corresponda, procesarlas y castigarlas.

El tribunal también exigió a Birmania aprobar legislación que garantice el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y ofrecer “garantías de no repetición” para impedir que se produzcan violaciones similares en el futuro.

La sentencia establece la responsabilidad internacional de Birmania como Estado, pero no supone una condena penal individual de militares o dirigentes concretos, algo que la CIJ exige que haga la propia Birmania después de esta sentencia.

La ofensiva militar de 2017 provocó el desplazamiento masivo de la población rohinyá, una minoría musulmana que lleva décadas sometida a discriminación y restricciones de derechos en Birmania.

Información adicional

Autor/a: EFE
País: Birmania
Región:
Fuente: Público.es

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