Las reformas del “Consenso de Washington” conducen a desmontar el intervencionismo estatal, y cuando el Estado interviene debe hacerlo bajo los principios del mercado. Las personas deben pagar por los servicios que reciben, y para quienes no tienen capacidad de pago (los pobres) se establecen subsidios a la demanda: focalizados, directos, temporales, que atienden una necesidad básica específica.
Subsidio a la demanda significa que la provisión de los bienes sociales se hace en condiciones de mercado: el Estado no provee sólo subsidia a los pobres para que paguen por el servicio. Esta política ha sido acusada de asistencial y privatizadora. En respuesta a eso ahora se habla de “Manejo Social de Riesgo”, en el sentido que se trata que existan mecanismos para que las personas puedan garantizar la continuidad de sus ingresos (reducir su vulnerabilidad), y que el papel del Estado sea garantizar que los mercados funcionen adecuadamente, sobre todo el mercado laboral que debe ser flexibilizado.
Lo que la política pública debe hacer es que las personas tengan oportunidades, que en palabras de Sen significa “darle un tratamiento preferente a los más débiles”, o en las de Rawls maximizar el bienestar de quien está en la peor situación. Sin embargo estos enfoques siguen manteniendo la visión individualista, asistencialista y privatizadora.
Se pretende negar la naturaleza pública de lo que se privatiza para evadir el debate político porque supuestamente la administración de lo privatizado sería un asunto técnico que se mueve bajo las reglas del mercado, aunque, y esta es la paradoja, cuando se defiende la privatización se reivindica que lo público puede ser provisto por agentes privados. Aparece entonces la categoría “público-privado” al lado de lo “público-estatal”. Esto crea una nueva dimensión acerca de los temas relacionados con las finanzas públicas.
Formato: 17 x 24 cm
Páginas: 232
Precio: 25.000 pesos
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