En el camino de la paz negociada abierto en el país desde hace varios meses, dos convocatorias de inocultable trascendencia se programaron para este abril: 1. La “Marcha por la paz, la democracia y la defensa de lo público”, acaecida el día 9, fecha de triste recordación por haberse consumado un día similar, 65 años atrás, el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán; 2. El Congreso por la paz.
El primer suceso, como lo puede atestiguar cualquier persona con cierto grado de objetividad, concitó una movilización inmensa, una marea humana que cubrió buena parte de Bogotá por espacio de varias horas.
Importante lo acaecido. Pese a ello, varios detalles por resaltar: 1. Aunque la convocatoria fue plural, con participación mayoritaria del activismo movilizado por la Marcha Patriótica, en muchos medios masivos de comunicación –y tal vez por ello en la conciencia de quienes no concurren a este tipo de citaciones, enterándose sobre ellos, y sus particularidades, a través de la voz de otros– le dieron los mayores créditos a la participación del gobierno nacional e incluso del bogotano; 2. Esto permite decir, sin tapujos, que la decisión del gobierno Santos de citar a “defender la paz” en la misma fecha se constituyó en una astuta maniobra por medio de la cual aparece como principal protagonista de este suceso –sin serlo– arrebatándole tales pergaminos a sus efectivos portadores; 3. Pero también hay que destacar que si bien la movilización fue masiva, con ribetes de inmensa, no lo fue hasta el punto de significar una movilización ciudadana, plena, decidida, ansiosa de paz digna. Hasta se puede asegurar que en las principales ciudades del país, con la relevancia de Bogotá, sus habitantes denotan desinterés por la paz negociada, aunque no estamos seguros de que esto sea igual o refleje su interés por el exterminio de la insurgencia o la Pax Romana. Decimos esto porque la magnitud de la movilización en la capital del país no fue el resultado de la movilización de la mayoría de sus habitantes, sino el producto de la concentración de fuerzas de una de las organizaciones convocantes, es decir, aquí se reunió su fuerza básica, sin la concentración de la cual, la convocatoria hubiera sido pobre, como lo fue la movilización en el resto del país.
El resultado de esta jornada es por tanto agridulce, pudiéndose resumir en una frase corta: falta ciudadanía para constituir un movimiento social por la paz digna. Y mientras esto sea así, la posibilidad de quebrar el actual modelo de negociación, –de espalda al país y de persistencia o búsqueda del sometimiento militar– será una quimera.
La segunda de las acciones programadas se llevará a cabo entre los días 19 – 22. Durante estos días se darán cita en Bogotá miles de personas para deliberar sobre diversidad de temas, entre ellos: qué entienden por paz, cuál debería ser la participación del país nacional en esta agenda, cómo lograr la paz justa, en fin, y como resumen de las variadas temáticas que abordarán, para diseñar un programa social y popular de gobierno.
De esta iniciativa hay varios detalles que llaman la atención: 1. Que sea un evento al cual no se haya podido citar en unión con otros procesos sociales, en especial con la Marcha Patriótica, es decir, prevalece en el país la atomización de los movimientos sociales; 2. Pese a que el Congreso de los Pueblos se entiende como un proceso en procura de dualidad de poderes, en los eventos regionales preparatorios del evento que inicia el 19 los participantes del mismo recurren una y otra vez al Estado, a “pedirle”, a “exigirle”; 3. Cada uno de los eventos por medio de los cuales ha sido preparado, si bien fue el encuentro de fuerzas sociales importantes en las regiones, no deja de ser por ello el encuentro de ‘iniciados’ que no logran concitar ni movilizar a sus conciudadanos, sin tampoco lograr el esbozo de una línea de gobierno alterna que ponga en marcha acciones por paz digna, más allá de lo que pretenda, haga o diga el actual Gobierno.
Al así proceder, los participantes en estas convocatorias, más allá de sus buenas intenciones, replican un modelo de reuniones y conclusiones donde prevalece una doble lectura: por un lado las líneas gruesas del país necesario, por el otro las urgencias que tienen como proyectos y organizaciones sociales, doble lectura que genera confusión entre lo que se debe hacer como país nacional y lo que se necesita como organización de base. Pero además, brilla por su ausencia una lectura de doble poder, donde más allá de exigir (al Estado) se diseñen estrategias de difusión y movilización social que, en procura de legitimidad, conciten una y otra vez a la sociedad a construir el país que se requiere.
Esta es una limitante no pequeña para lo que se plantea el Congreso de los Pueblos como proyecto de nueva sociedad, pero no por ello insalvable. Con seguridad en sus varios días de sesión y deliberación tratarán de dibujar la metodología y los contenidos programáticos que les permita encontrarse con el país (y no tanto entre sus integrantes) y, junto a él, alzarse por la paz justa y por una nueva estructura social que la haga de verdad posible, y no como simple propaganda.
Son retos que carga el Congreso de los Pueblos, y que debe suplir, si es cierto que pretende erigirse como alternativa o referente nacional. Alternativa anti institucional que demanda diseñar y recorrer senderos que le muestren a las mayorías nacionales que otra sociedad sí es posible.
Es necesario estructurar y hacer visible un referente de poder. Y para lograr, es urgente asimilar la inexistencia de una estructura organizada de oposición real al estado actual de cosas, faltante que le permite a un gobierno como el de Santos hablar de paz en La Habana mientras reestructura la salud con pérdida de derechos para los usuarios como es el caso del tratamiento de las “enfermedades costosas”, o proponer un plan de choque económico como “Pipe” (Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo) en el que se da “más de lo mismo”: continuación del desmonte de los “parafiscales”; aumento del pie de fuerza (se sumarán 2.500 efectivos a los cuerpos armados con un costo de 187 mil millones); rebaja en las tasas de interés en el que una parte será subsidiada por el Estado, contribuyendo así a las ganancias leoninas del sector financiero y prolongación de la desgravación arancelaria para los bienes de capital, como si las ventajas de la tasa de cambio no hubieran colocado a la economía con una capacidad instalada sobrante.
En fin, la inexistencia de un movimiento social organizado y con capacidad nacional, referente de poder y de gobierno, permite que el sistema se repita, profundizando las medidas ultraliberales, con la consecuencia de agravar cada vez más las duras condiciones de las clases subordinadas, pero sin un aumento de la capacidad de respuesta argumental y política de los movimientos alternativos. El discurso político no parece madurar lo suficiente, y la identificación de la crisis estructural que nos envuelve parece aún muy tenue, impidiendo respuestas ágiles y contundentes a las acciones y argumentos del establecimiento.
Es por esto, que así se silencien los fusiles por efecto de un acuerdo en La Habana, eso no será el principio de una vida mejor para los colombianos, si las grandes metas allí propuestas no se desagregan en metas parciales, y si no se logran identificar los recursos políticos que permitan alcanzarlas. Los movimientos sociales deben beber de los ejemplos del Salvador y Guatemala, donde el silenciamiento de las fusiles no representó siquiera un mejoramiento en los índices de violencia, pues lo que hubo fue un cambio de víctimas de la guerra por víctimas de la delincuencia cotidiana.
Podemos asegurar, por tanto, que sin movimientos sociales fuertes y exigentes no habrá justicia social posible y por tanto paz en el verdadero sentido de la palabra. Y este es un reto inmenso para el Congreso de los Pueblos (ahora centrado en una agenda de paz que parece opacar los otros componentes de su agenda social) y el resto de movimientos sociales, grandes o pequeños con asiento en el país. Es hora de pensar en grande, identificando el contexto y deponiendo las figuraciones y prebendas particulares, que además bien pobres y escasas son.
Como se puede concluir, son retos mayúsculos que se deben refrendar con la línea estratégica, fundamental, de que el país necesario se construye a diario y entre todos/as, sin esperar de quienes controlan Estado y Gobierno mucho más que acciones para conservar el monopolio del poder y el usufructo de las riquezas nacionales. Camino diario que requiere, como soporte sustancial el diseño de una política de soberanía alterna que persista e indique con claridad cómo hacer factible la unidad social y popular.
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