El presente texto entra en diálogo sobre temas relevantes con los actores ciudadanos que se dieron cita en el Foro sobre Participación Política realizado los días 28-30 de abril, con el Alto Comisionado para la Paz a raíz de su intervención pública el día 9 de mayo, y con los insurgentes que también buscan para el país derroteros alternos a la confrontación indefinida. El carácter de los comentarios es aproximativo, no exhaustivo, ni definitivo. Este diálogo cruzado –sociedad, gobierno, insurgencia– quizá sea como lo planteaba Jorge Luis Borges: El diálogo tiene que ser una investigación y poco importa que la verdad salga de uno o de boca de otro.
Pertinencia de la relación transición – constitución
No es extraño que se hable de nueva Constitución en un contexto de diálogos de paz. Ello es así porque el alzamiento armado se funda en el desconocimiento del orden constitucional vigente y al dejar las armas los insurgentes creen que su incorporación a la vida civil debe hacerse en el marco de una refundación institucional, suponen tener el derecho a ser cofundadores de las instituciones que en adelante van a reconocer. Realmente son dos las posibilidades cuando se termina un conflicto armado interno de naturaleza política: incorporarse al pacto social vigente en la sociedad receptora o dar lugar a un pacto social fundante con el sentido de nuevo comienzo en la vida institucional de esa sociedad.
Cuando Colombia dialoga con las farc-ep, y eventualmente también con el eln, en busca de una salida política al conflicto armado interno1, está abocada a escoger entre uno de estos dos caminos. La opción que se escoja, por acuerdo, será parte de un largo proceso de transición cuya característica tendencial es sacar las armas de la política, tanto las de tinte derechista como las de tinte izquierdista. Al mismo tiempo se estarán buscando, por supuesto, condiciones reales para que el monopolio de la fuerza, en manos de instituciones legítimas, sea ejercido con equilibrio a través de fuerzas armadas realmente gobernadas por el poder civil, alejadas de los desuetos esquemas de la seguridad nacional y la guerra interior. De las fuerzas armadas reformadas se espera que cooperen decididamente con la justicia en poner fin al fenómeno del paramilitarismo y las denominadas bandas criminales (bacrim).
Por eso en este breve texto voy a referirme en forma aproximativa a la relación transición – constitución, a cada elemento por separado y a la conjunción de los dos, con el objeto de dilucidar, al menos en parte, circunstancias determinantes, actores, razones, caminos y tiempos de la relación a través de lo cual, en mi concepto, puede vislumbrarse un camino para superar el carácter gatopardista de las reformas hasta ahora emprendidas por el Gobierno Santos y acceder a un auténtico proceso de transformación de Colombia2. Tal camino podría eventualmente conducir al surgimiento de la II República, a semejanza de los cambios y tránsitos históricos observados en la República Francesa o a los observados, más cerca temporal, geográfica y culturalmente, en nuestro propio continente latinoamericano.
Diferentes sectores sociales, políticos, académicos, insurgentes, inclusive constituyentes del 91, sostienen la necesidad y posibilidad de una nueva Asamblea Nacional Constituyente como escenario para refrendar y consolidar los acuerdos de paz3. En contraste el Gobierno Nacional, a través del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ha presentado el camino y horizonte de la transición –que incluya la terminación del conflicto armado y el comienzo de la paz estable y duradera– pero sin contemplar como un paso o momento de ella la celebración de una Asamblea Constituyente4; de hecho, el Presidente de la República Juan Manuel Santos ha negado rotundamente que ello esté contemplado en los planes gubernamentales o que siquiera sea posible considerarlo.
El gobierno, más bien, habla de referendo para obtener la manifestación de la ciudadanía sobre los acuerdos. La refrendación la visualiza el Gobierno vía referendo y las farc-ep vía constituyente. Sin embargo es preciso observar que al respecto aún no hay tesis formalmente presentadas por las partes porque a ese punto no se ha llegado en la Mesa de La Habana.
En esos términos están las posiciones iniciales, pero como ocurre en todo proceso político, tales posiciones son susceptibles de variación en razón de los nuevos equilibrios, comprensiones y confianzas, que se van ganando entre los protagonistas de los diálogos, en razón del trámite que se dé a la correlación de fuerzas entre ellos, no se olvide que hasta ahora se trata de diálogos en medio del conflicto, pero también en razón de la presencia, que puede llegar a ser muy fuerte y definitiva, de terceros actores, sobre todo de los que surgen en la sociedad en cuanto la terminación del conflicto, su solo anuncio e inminencia, se traduzca en expansión de la política. Desde la sociedad civil y política, en cuyo seno están las víctimas del conflicto que se cierra, con la potencialidad creativa de la ciudadanía y con la fuerza moral de las víctimas para crear condiciones de no repetición, puede emerger uno o varios sujetos políticos que jueguen muy significativamente en las definiciones finales del proceso.
Estamos en plena transición
La categoría de transición que aquí empleo surge de experiencias contemporáneas en España, Grecia, Portugal, Cono Sur, Europa del Este… Tales países dieron el paso de regímenes autoritarios, dictaduras civiles o militares, a regímenes demo liberales como se entiende hoy en occidente con pluralidad de partidos, elecciones libres, separación de poderes y auge de mercados. Suráfrica, Irlanda y Centroamérica en virtud de sus procesos de paz (tránsito de la guerra a la paz) también son referentes.
¿Cuál es el cambio que se espera en Colombia cuando se habla de transición? La transición a la paz guarda relación con el tipo de confrontación que se busca superar: o es dictadura, o es conflicto armado interno, o es guerra civil.
En Colombia durante el último medio siglo no hemos tenido dictadura ni guerra civil, pero sí conflicto armado interno5. La expresión conflicto armado se refiere a esa condición propia y particular de Colombia de ser una semidemocracia poblada de violencias: violencia política, violencia económica y social, violencia delincuencial, violencia contra la naturaleza, inclusive violencia de género y violencia intrafamiliar.
No es una condición en que las violencias desplacen totalmente la democracia formal de sentido liberal, sino un contexto en el que las diferentes violencias subsisten endémicamente e impiden el desarrollo de la democracia en todas sus dimensiones, en todos los espacios sociales y en todo el territorio nacional.
La transición en el país es, entonces, para pasar de la semidemocracia poblada de violencias a una democracia creciente sin violencia, en primer lugar, sin violencia política. Inmensa tarea que se inició con la incorporación de varias guerrillas –m19, epl, prt, maql, crs: acuerdos de primera generación– a la vida civil a comienzos de los 90 y que se continúa y profundiza ahora con la incorporación de las farc-ep y eln que serían acuerdos de segunda generación.
El componente territorial que en la actual transición se acentúa con sobrada razón, dada la presencia sostenida de los insurgentes en algunas porciones del territorio nacional, no quita que unos y otros puedan reconocerse como pasos reales y efectivos hacia la paz. Por lo que entiendo, el Alto Comisionado (intervención del 9 de mayo) no piensa en una transición temporalmente amplia sino en una forma de transición circunscrita a pasos concretos del trayecto actual; puede aceptarse que ese empleo del concepto es pertinente, pero también, sin duda, excesivamente limitado6.
La transición no es un momento, es un proceso, para el caso de Colombia largo proceso, no solo con presente y futuro, también con pasado, en el cual la característica tendencial es sacar las armas de la política como se precisó en el comienzo de este escrito. Van por lo menos 22 años de transición y, por supuesto, que seguirá otro tiempo que todos en el país debemos procurar que sea corto, de tal manera que no se hable más de parapolítica, farcpolítica, elenopolítica, narcopolítica, ni bacrimpolítica porque no hay hechos que lo hagan necesario.
Transición de horizonte amplio
El actual gobierno ha reconocido la existencia de conflicto político armado y consecuentemente decidió entablar diálogos para buscar la salida política con un sentido de transición. Muy bien. Pero la transición, para que conduzca a la paz estable y duradera, ha de lograr que el marchitamiento de la confrontación armada se acompañe creativamente del florecimiento de la política y la participación, con posibilidades nuevas no solo para los que vienen a la vida civil, no solo en las zonas de mayor confrontación militar, sino para la sociedad entera, sus acciones, asociaciones, movimientos y partidos7.
Este horizonte amplio de la transición surge de la sociedad largo tiempo movilizada por la paz que poco a poco fue clarificándose como proyecto de país: un país más democrático y más justo. La idea de los movimientos ciudadanos de paz es transitar, pasar, evolucionar de un país con una democracia de baja intensidad a un país con democracia de alta intensidad8. La teoría, derivada de las experiencias contemporáneas, viene en auxilio de la práctica. Hay transición, según Giuseppe di Palma (1990), “cuando un acuerdo sobre las nuevas reglas de juego democrático ha sido alcanzado y puesto en funcionamiento”. La naturaleza del proceso, que es esencialmente político, hace que sea imprescindible el involucramiento de la sociedad. La sociedad es el lugar (locus) de la política, una y otra son consustanciales.
Papel de la sociedad en la transición
Los retos de la transición son inmensos. La construcción de un Estado democrático en un país complejo como este y el aseguramiento de su presencia en los dilatados territorios y regiones, pletóricos de riqueza humana y naturaleza exuberante, requiere un gran desarrollo político –instituciones, partidos, cultura política– en cuanto la política es el principio de vida de la sociedad, la que logra encauzar sus potencialidades, solucionar sus problemas y establecer relaciones de autodeterminación y cooperación con los demás pueblos del planeta.
Por supuesto, la sociedad puede jugar un papel preponderante e imprescindible en los sucesivos pasos de la transición sin necesidad de estar en la mesa de diálogo, ello si avanza en niveles de cohesión cada vez mayores, si construye soluciones a los múltiples problemas que se seguirán presentando en el proceso, si mantiene una dinámica sostenida de incidencia, si avanza sensiblemente en la construcción de voluntad nacional de paz, si la capacidad de movilización en función de parar la guerra adquiere cuando sea preciso el carácter de desobediencia civil9, si se prepara intencionalmente para la etapa más definitiva de todas que es la construcción de paz estable y duradera, si rompe inercias y es audaz cuando es necesario serlo. Esta intervención incidente de la sociedad en el proceso, si se logra, tiene el sentido, ni más ni menos, de constitución de un nuevo sujeto político plural, en la perspectiva de nueva hegemonía (direccionalidad incluyente) y nuevo bloque histórico de poder y de gobierno.
La perspectiva constituyente
La audacia de gobierno, insurgencia y sociedad, en el contexto de los diálogos de paz, estaría en no cerrarle la puerta a la idea constituyente, naturalmente sin precipitar una convocatoria que, en las condiciones actuales, podría echar a perder no solo lo que se gane en La Habana sino lo que se ha avanzado en más de 20 años con la Constitución de 1991.
Me impresiona la generosa participación que anuncia el Alto Comisionado a partir del momento en que se firmen los acuerdos y el rotundo no a la idea constituyente en algún momento del cercano o mediano futuro. Quizá no sea práctico –y en eso concuerdo con el Comisionado– ligar la Constituyente a la refrendación de acuerdos pero sí puede serlo –y en eso me aproximo al ascendiente movimiento social y político– en función de consolidar la transición y ponerle sólido fundamento a la construcción de paz estable y duradera. Esta, la paz con justicia social y dignidad nacional, es la que necesita asentarse en la constitución de nuevos sujetos sociales, en la ampliación del pacto social y político fundante, en la organización de un nuevo orden institucional que proyecte la segunda independencia, la segunda república, la república social10.
Inclusive podría decirse: si se abrió el largo período de la transición con una asamblea nacional constituyente en 1991, que no alcanzó a ser un pacto social y político de paz plenamente incluyente como se esperaba, ahora al momento en que entran al pacto quienes faltaban y para concluir los asuntos que no alcanzaron a abordarse en el 9111, sería absolutamente pertinente y práctico realizar una nueva asamblea constituyente que cierre el ciclo de la transición y deje ampliamente abiertas las puertas para la construcción de la paz con justicia social y dignidad nacional12.
El pensamiento, el conocimiento, la investigación, el debate de ideas, la utopía, tienen un lugar de primer orden en el ejercicio político y en el ejercicio del poder y del gobierno. Que Borges concluya: “A esta altura de mi vida siento estos diálogos como una felicidad”.
* Estudios de filosofía y economía, Presidente Colegiado de Redepaz, Investigador social, Columnista de El Espectador, Coordinador del Centro de Estudios Políticos Democracia. [email protected]
Notas
1 La vinculación del ELN al proceso de paz es imprescindible para el desarrollo y culminación exitosos del mismo. Los tiempos son problemáticos en los diálogos de paz; la sociedad no puede compartir ni los tiempos apremiantes del gobierno en función de la agenda electoral, ni los tiempos indefinidos de las Farc que prolongan la victimización y producen desaliento en la opinión, tampoco los tiempos sin oportunidad del ELN que está desaprovechando las circunstancias favorables hoy existentes tanto gubernamentales, como societales e internacionales. Sin duda ninguna, la oportunidad de la paz digna es hoy.
2 El Presidente Juan Manuel Santos ha tenido el acierto de identificar reformas que se corresponden temáticamente con las aspiraciones de las mayorías colombianas: educación, justicia, salud, pensiones, tierras, pero se queda corto en ellas, no logra concertar sus términos con los sectores justamente movilizados en cada caso y termina retirándolas o las que llegan a adoptarse no funcionan satisfactoriamente. Otras son francamente contrarias al ejercicio de los derechos reconocidos por la Carta como la disponibilidad fiscal cuando la propia constitución establece la prioridad del gasto social. Olvida el gobernante que verdaderas reformas sociales no pueden hacerse sin alto grado de organización y movilización de la ciudadanía.
3 Las Farc-ep, sus voceros en la Mesa, han hecho frecuentes declaraciones en este sentido. En el Foro Político de fines de abril muchos sectores sociales y políticos plantearon este tema en las Comisiones de Trabajo. A las vista tengo documento de Poder Ciudadano movimiento que orienta la ExSenadora Piedad Córdoba, distribuido en el Foro; documento del académico Jairo Estrada Álvarez de la Universidad Nacional titulado Política Neoliberal: “Entre las elecciones y la constituyente”, publicado en el Nº 31 de la Revista virtual Izquierda de marzo de 3013; la Revista Taller del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales CEIS, Nº. 32, mayo-julio de 2013, donde se encuentran estos artículos: “¿Es necesaria la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente?” por Miguel Ángel González y “Un Conveniente Repaso a la Historia de la Asamblea Constituyente de 1991 y la Insurgencia” por Roberto Romero Ospina.
4 En varias oportunidades se hará referencia a la intervención del Alto Comisionado el 9 de mayo; el texto que para estos comentarios se toma en cuenta es el que apareció en el periódico El Tiempo el 14 de mayo de 2013.
5 En Colombia no se han consolidado ni la categoría de dictadura para caracterizar el régimen político, ni la de guerra civil para nombrar el prolongado enfrentamiento bélico interno que ha experimentado el país. En cambio, aunque en el lenguaje corriente y popular se habla de la violencia y de la guerra, en los últimos años se ha abierto camino la expresión conflicto armado interno seguramente por influencia del Derecho Internacional Humanitario cuyos Convenios básicos fueron ratificados por Colombia, así como los Protocolos adicionales de tales Convenios. El conflicto armado interno (no internacional) es un conflicto que tiene lugar “…en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo” (Protocolo II, Art.1). A este conflicto se le reconoce carácter político en la actualidad. Sobre el carácter social hay más controversia por cuanto es indudable en sus inicios y en sus intencionalidades, pero no plenamente en la actualidad y en la realidad por cuanto la causa armada no ha logrado ser la expresión del conflicto social en su conjunto. La mezcla de orden y violencia que ha sido la historia de Colombia durante un siglo, pero sobre todo a partir de 1948, sin copar el espacio geográfico y social de la nación, es una constatación que sirve a efectos de dimensionar y encontrar el sentido y características de la transición.
6 El Alto Comisionado deriva el concepto de transición del Acuerdo General en la parte final del Preámbulo y plantea: “…una vez firmemos todo cambia porque entramos en esa fase de construcción de paz sin armas, sin la presión y coerción de las armas. Entramos en la transición. Uno podría decir que ese es el verdadero comienzo del proceso de paz, no el fin”. Claro que el momento de firma de acuerdos y de la dejación de armas forman parte de la transición pero ésta es un proceso que involucra más tiempo antecedente y subsiguiente, más actores, más regiones, más variables que las que atañen a los actores armados y su proximidad. La aspiración, justa, a que en esta oportunidad se le apueste a cerrar el conflicto implica que la transición sea clara y decididamente “incluyente, participativa y holística” como plantea la Berghof Foundation en su magnífico informe de políticas de transición de 2012, a cargo de Veronique Duduet, Hans Giessmann y Katrin Planta.
7 Ver Ponencia de Redepaz al Foro de Participación Política: “Mayores facilidades de participación para movimientos sociales y sociedad civil en el camino hacia la paz estable y duradera”.
8 Sobre paz como proyecto de país ver documentos constitutivos de Redepaz (noviembre de 1993), Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (julio de 1998), Contribuciones a la Agenda de Paz de Colombia Va (2001), Congreso de Paz y País (2002), trabajos de Planeta Paz (15 años), Congreso Nacional de Paz (2005), Ocho mínimos para la Paz de la Conferencia Episcopal (2009), Memorias de Evolución Colombia (2010), El Diálogo es la Ruta – Marcha Patriótica (2011), Congreso para la Paz con Vida Digna (2013), Cinep 40 años Apuesta por lo Imposible (2013), Propuestas de Mesas de Paz para audiencias en el Caguán (1998-2002), entre otros.
9 La sociedad colombiana tiene experiencias sobre formas de desobediencia civil o movilización general con el sentido de formular un mandato destinado a ser acatado por los poderes establecidos. Ejemplos históricos de ello han sido el Paro Cívico contra la dictadura militar en 1957, el Mandato Ciudadano por la Paz en 1997, el rechazo al Referendo en 2003, la acción masiva y pacífica de los indígenas caucanos encaminada a sacar de sus territorios a los actores armados en septiembre de 2012.
10 En los años 50 y 60 grupos de jóvenes liberales, conservadores e independientes, inquietos ante la crisis del país agitaban la idea de la II República (Ediciones Nuevo Signo, 1956), el Maestro Orlando Fals Borda sostuvo la necesidad de dar lugar a la II República (2001). Según Halle, las “5 Repúblicas Francesas” son las diferentes etapas en la vida de Francia en que el gobierno republicano ha alternado con otros tipos de gobierno, como monarquías reales, imperiales, etc. A veces la instauración de una nueva república se corresponde con la adopción de una nueva Constitución. La V República francesa se inició en 1958 bajo el liderazgo del General Degaulle y susbsiste hasta hoy.
11 La Constitución colombiana de 1991 resultó ser un pacto político incompleto e inconcluso: incompleto al no haber logrado incluir –por diversas circunstancias– a todas las guerrillas, inconcluso al dejar de tratar temas de vital importancia para el país, entre ellos el ordenamiento territorial y la reforma de las fuerzas armadas. Ver mi artículo La Constitución y las Farc en El Espectador del 10 de julio de 2011. Otros elementos propios del inicio del siglo veintiuno y de la dinámica que hoy viven los países latinoamericano a la cual no se puede sustraer Colombia aconsejan volver a pensar en la actualización de la Carta en la perspectiva de la paz estable y duradera.
12 Pertinente me parece sobre el tema la opinión del Profesor Universitario y Director de justicia Rodrigo Uprimny: “Una asamblea constituyente soberana me parece inconveniente, pues la Constitución de 1991 sigue siendo globalmente un texto democrático muy apropiado para Colombia…. Otra posibilidad es una asamblea constituyente pero no soberana, sino para temas específicos… Una asamblea con competencia limitada no pondría en riesgo los avances de la Constitución de 1991; y al definirse su composición, podría permitirse una mejor participación de grupos minoritarios como las víctimas y los grupos étnicos… que también tiene peligros, pues una vez convocada podría querer transformarse en una asamblea soberana”. El Espectador, 9 de junio de 2013, p. 35.
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