El mercado laboral y la regulación de las condiciones del empleo son temas tradicionalmente asumidos desde políticas macroeconómicas del orden nacional, e incluso internacional. Pero en los últimos años, tras los procesos de transformación que han tenido nuestras grandes ciudades, la perspectiva local ha empezado a tener relevancia en la generación del empleo y la regulación laboral, bajo los parámetros que la OIT llama Trabajo Decente.
Cada vez el papel de los gobiernos locales, aunque limitado, es más importante en la definición y generación de políticas de trabajo decente. Es el caso de Bogotá, ciudad que, al igual que Medellín en Colombia, le ha apostado al diseño y puesta en marcha de una Política Pública de Trabajo Decente (PPTD), la cual quedó incluida en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana como un objetivo transversal que involucra a toda la sociedad; una “herramienta” que permite a los bogotanos exigir derechos fundamentales en el campo laboral.
Si bien Bogotá muestra mejores índices laborales que el resto de ciudades del país, especialmente en los últimos 3 años, y ha construido además una red de protecciones sociales que le han permitido reducir de manera importante los niveles de pobreza, sigue manteniendo un alto déficit de trabajo decente. Está generando más empleo, pero la calidad de éste deja mucho qué desear.
El DANE nos informa que la tasa de ocupación en Bogotá pasó de 58.9% en 2008, a 65,2% en 2012; y la tasa de desempleo fue de 9.5% en este último año, cuando en 2009 fue del 11.5%. Por otra parte, las relaciones laborales son de poca duración y para amplios sectores de la población existe un flujo constante entre la formalidad e informalidad. Ésta, pese a que su tasa es la más baja del país, en Bogotá sigue en el 46%; problema difícil de combatir por ser estructural, desde hace más de 15 años las tasas de informalidad se mantienen entre el 43% y el 47%.
Adicionalmente, el 19.9% de los jóvenes hacen parte de la franja conocida como Ni-Ni: ni estudian ni trabajan, cifra preocupante, pues estos Ni-Ni se convierten en caldo de cultivo de acciones delincuenciales y otros fenómenos que repercuten negativamente en la ciudad. La tasa de trabajo infantil también es alta: 7.5%, así esté por debajo del promedio nacional.
Otros datos que ilustran el déficit de trabajo decente en Bogotá son la discriminación por género y la brecha salarial entre hombres y mujeres que desempeñan idénticas labores, que es del 19% a favor de los hombres; el 61% de las personas ocupadas tiene jornada laboral por encima de las 48 horas semanales que establece el Código Sustantivo del Trabajo; solo el 42% de la población ocupada cotiza a un fondo de pensiones; y solo el 2.7% de la población ocupada está afiliada a un sindicato.
Para responder a estos desafíos, las acciones de la PPTD para en Bogotá se inscribe en 4 ejes u objetivos estratégicos: oportunidades de empleo y mejores ingresos, respeto de los derechos fundamentales, seguridad social, y diálogo social tripartito.
Mejorar el empleo y los ingresos
Según Alfredo Bateman, Subsecretario de Desarrollo Económico y funcionario encargado de poner en ejecución la PPTD, un frente estratégico para elevar la calidad del empleo es la inversión en educación, en inteligencia humana.
“El desarrollo de la economía, cada vez más de servicios, de ideas y no simplemente de fuerza laboral, hacen que el factor determinante para la generación de Trabajo Decente en el futuro sea la inversión en educación”, explicó, y en ese sentido destacó los logros de la Administración Distrital en esa materia. Señaló como meta pasar de 35 a 40 horas en los colegios públicos, para así cerrar la brecha con los colegios privados y el acceso a la educación media y universitaria.
En cuanto a la generación de empleo, destacó el apoyo del Distrito a la llamada “Economía Popular”, o sea el tejido microempresarial de la ciudad: empresas de menos de 10 trabajadores, cuyos dueños en muchas de ellas son también trabajadores, y el trabajo cuenta propia, tejido que en Bogotá representa el 62% del empleo total. En su concepto, el trabajo en las microempresas es precario no tanto porque sea costoso sino porque éstas generan muy pocos ingresos.
También identificó como una necesidad urgente la creación del Servicio Público de Empleo. “Bogotá hace un montón de acciones en intermediación laboral y formación para el trabajo, pero sin mayor impacto porque están desarticuladas. El Servicio Público de Empleo sería el instrumento que articule todas las ofertas institucionales, y se las muestre a la ciudadanía de una manera correcta”, dice Bateman.
Asimismo relievó los logros del programa “Pactos Sectoriales por el Trabajo Decente”, que es una estrategia para generar empleo juvenil en condiciones de Trabajo Decente, la cual, pese a ser aún marginal en términos de impacto, puede ser importante a futuro. Es un caso concreto de articulación del sector privado, el Distrito, el gobierno nacional y los empresarios en torno a la generación de Trabajo Decente.
La idea con esta estrategia es superar la formación para el trabajo que muchas veces no tiene mayor impacto ni pertinencia. El Distrito gasta anualmente unos $50 mil millones en formación para el trabajo, que después no se concreta en enganches efectivos. “La meta a 4 años es lograr 2 mil enganches, lo que es ínfimo en una ciudad que tiene 400 mil desempleados. Pero si reorientamos los programas de formación y los articulamos con el Servicio Público de Empleo, podríamos tener unos 20 mil enganches en condiciones de Trabajo Decente, lo cual sí es significativo”, señaló Bateman.
El Pacto Motor, por ejemplo, el primero que se ha implementado en la ciudad con carácter de programa piloto, ya ha beneficiado a 150 jóvenes de escasos recursos, quienes se capacitaron en los talleres de la Fundación Juan Bosco y fueron luego enganchados por empresas del sector automotriz.
Por otra parte, la contratación estatal también puede ser un incentivo para que los contratistas del Distrito ofrezcan empleo con las debidas garantías de protección social. “Podemos utilizar la contratación para contribuir a la economía, pero también para generar trabajo decente. Si no articulamos bien esos dos objetivos terminamos escogiendo uno de los dos. Si pongo como condición a los contratistas operar bajo las normas del trabajo decente, algunos podrán acceder, otros no. Se trata de un escalonamiento”, dice Bateman.
Respeto a los derechos fundamentales en el trabajo
Los bajos niveles de acceso y cobertura a los sistemas de protección social configuran restricción de los derechos de las personas. Dado el bajo nivel de acceso y cobertura de los sistemas de protección social, es necesario, según Bateman, fortalecer los instrumentos de inspección, vigilancia y control, como un instrumento fundamental para evitar que los empleadores violen tales derechos. Para esta tarea el Distrito debe generar alianzas con el Ministerio de Trabajo, que es el que tiene la competencia para ejercer dicho control y vigilancia, lo mismo que avanzar en convenios con la OIT.
“Incluso podríamos empezar a plantear el debate sobre la conveniencia de que la inspección laboral también sea asunto del resorte de los gobiernos locales”, señaló el funcionario.
Y en el plano simbólico, es importante hacer reconocimiento y visibilizar aquellas empresas y empleadores que tengan buenas prácticas y cumplan adecuadamente los derechos laborales y respeten el derecho de asociación y negociación colectiva. “Sería interesante la creación de un sello que permite identificar esas empresas”, dijo Bateman, para quien el Distrito debe también apoyar campañas de promoción del trabajo decente.
Diálogo social y tripartismo
Un dato preocupante en Bogotá es su tasa de sindicalización extremadamente baja: solo el 2.7%, lo que configura una inmensa desprotección colectiva del trabajo.
“Es un problema que la PPTD debe atacar de frente, porque la problemática asociada al déficit de diálogo social tiene un decisivo impacto en los otros déficit”, opinó Alfredo Bateman.
“Tenemos que cambiar el imaginario social que hay con relación al sindicalismo. En eso todos tenemos que poner de nuestra parte, incluidos los sindicatos, que tienen a su vez unos compromisos y retos frente a esta política pública de Trabajo Decente”, agregó el funcionario, quien además señaló la conveniencia de hacer campañas masivas en medios de comunicación sobre la importancia de la afiliación sindical.
Estimó, asimismo, la necesidad de fortalecer los espacios tripartitos existentes, como la Subcomisión de Concertación Políticas Salariales y Laborales, y los espacios de discusión con los sindicatos del Distrito, dándoles relevancia en la toma de decisiones.
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