Abimael Guzmán Reinoso, conocido por su nombre de militante “Presidente Gonzalo”, principal dirigente del Partido Comunista del Perú (PCP), llamado por la prensa “Sendero Luminoso”, fue detenido hace 17 años, el 12 de septiembre de 1992, condenado a cadena perpetua junto a la importante dirigente Helena Iparaguirre y otros miembros del Comité Central, durante el primer gobierno de Alberto Fujimori. En el juicio, realizado en el 2006, le fue ratificada la sentencia de cadena perpetua, con el ‘derecho’ a pedir revisión de sentencia en el año 20371.
El 12 de septiembre de este año, para recordar los 17 años de su detención, fue lanzado en el Hotel Rivera de Lima el libro de su autoría De puño y letra, por la Editorial A Mano Alzada, con una edición de 1.000 ejemplares ya agotados. El libro contiene cartas, anotaciones autobiográficas y el alegato jurídico-político acerca del proceso en contra suya de 2006, son cerca de 400 páginas, con las memorias de uno de los actores de la historia reciente del Perú. La compilación de los documentos manuscritos corrió a cargo de Helena Iparaguirre (camarada Miriam), quien desde la cárcel de mujeres de Santa Mónica realizó ese trabajo, así como la presentación del libro. Quienes lo editaron y difundieron consideran que la publicación del libro es de “trascendencia histórica” porque en él se muestra la importancia que tiene hoy en el Perú hacer un llamado a “dar solución a los problemas derivados de la guerra popular, pedir amnistía general para todos los presos políticos y prisioneros de guerra, y proponer la reconciliación nacional”, llegando a una solución política que ponga fin a la guerra que hoy continua, aunque con menor intensidad2.
Helena Iparaguirre tiene hoy 62 años de edad, lleva 17 años en prisión, la mayoría junto a Guzmán en la cárcel de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, en confinamiento solitario. Al igual que Guzmán en 2006, en el llamado “megajuicio”, le fue ratificada la condena a cadena perpetua, esta vez en la cárcel de mujeres de Santa Mónica, lo que es, no obstante, un triunfo político y jurídico, como lo ha sido la libertad de más de 4.000 presos políticos y prisioneros de guerra, quedando actualmente en prisión unos 500.
Al conocerse la noticia de la publicación del libro, inmediatamente el gobierno de Alan García, por medio de su ministro de Justicia Aurelio Pastor, ordenó, amparado en la nefasta “Ley de apologías” del gobierno de Fujimori, incautar el libro y detener a las personas que lo imprimieron y lo difundieron. El 15 de septiembre, el Ministro explicó ante el Congreso las razones por las cuales el gobierno decidió demandar penalmente a los promotores del acto de presentación del libro de Guzmán3.
En el Perú se quiere imponer jurídica y políticamente una memoria única sobre la historia reciente. Por esto se atemoriza a la población y también a quienes opinan diferente del corrupto y autoritario régimen con la pena de cárcel, por hacerle “apología al terrorismo”. A pesar de estas condiciones, el la presentación de De puño y letra se realizó con la participación de más de 400 personas, según indicó la prensa.
Todavía más escandaloso se consideró que en el acto estuvieran presentes familiares de Helena Iparaguirre (madre y hermana), sus abogados y los de Guzmán, los doctores Alfredo Crespo, quien fue detenido en 1993, condenado a cadena perpetua y después de 12 años de prisión puesto en libertad en 2005, y Manuel Fajardo, quien sufrió también persecución y cárcel, y del responsable de la Asociación de excarcelados de presos políticos del Perú. También se realizaron eventos en universidades de Lima y Ayacucho, así como una Asamblea con organizaciones populares.
Según la agencia de noticias Terra Magazine del 12 de septiembre, los presentadores del libro dijeron que era necesario que se entendiera que “se ha terminado el proceso histórico de la lucha armada”; que es necesario reconstituir el Partido, preparar su Segundo Congreso, y participar en la lucha legal, aún en elecciones generales, con listas y candidatos propios. Por otra parte, tanto los organizadores del acto de presentación del libro como los voceros del PCP en la cárcel, reconocieron a “Artemio”, quien dirige la lucha armada en la región del Huallaga, y lo llaman a defender las posiciones de Abimael, deslindándose de “José” o Víctor Quiste, que actúa en el río Ene, a quien consideran “mercenario”.
La revista Caretas comenta que en el capítulo segundo del libro, “Momentos históricos”, Guzmán escribe: “De lucha política con armas a lucha política sin armas. Repliegue político y militar. Luchar por un acuerdo de paz, hacia el Segundo Congreso”. Esta ha sido su posición política desde 2002. En tal sentido, los documentos del texto expresan el punto de vista del máximo dirigente del PCP, quien plantea ante el Partido y su influencia social la necesidad de entender y asumir que no es posible en el momento actual mantener la lucha armada, y en cambio es acertado pasar a la lucha política.
La aparición de De puño y letra es importante ya que permite reconocer que Abimael Guzmán fue uno de los principales protagonistas de la lucha armada que duró 12 años, de 1980 a 1992, condenado a cadena perpetua, silenciado de por vida con la pretensión de imponer en la sociedad peruana el relato hegemónico de la justeza de la “guerra contra el terrorismo”. Hoy no sólo puede poner en el escenario público parte de sus memorias sino además exponer sus tesis políticas y contar con una audiencia que empieza a debatir sus planteamientos. Esto permite otra interpretación de esta parte de la historia peruana, avanzando en comprender que la presencia histórica y social del PCP no se puede explicar únicamente desde la mirada de los ‘vencedores’, así como analizar a partir de los argumentos de De puño y letra los errores estratégicos o tácticos cometidos por la izquierda peruana, específicamente por el Partido liderado por Guzmán en ese duro lapso.
Para sociedades como la peruana es de vital interés, en su lucha por la democracia, la verdad histórica sobre lo que en realidad aconteció, pues la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) decidió que los más de 70.000 muertos fueron responsabilidad exclusiva de Abimael Guzmán y el PCP, exonerando y encubriendo las masacres perpetuadas por el ejército, la policía, los grupos paramilitares y los “comandos especiales” orientados desde el Ejecutivo. Por ejemplo, la masacre ordenada en 1991 por Fujimori y ejecutada por los servicios de inteligencia en los penales, cuyo objetivo fue ejecutar al Comité Central y otros dirigentes de Sendero Luminoso detenidos. En ese período fueron asesinados en las cárceles 42 prisioneros, casi todo el Comité Central, sobreviviendo sólo tres: Laura Zambrano, de 59 años y con cadena perpetua; Margot Liendo, de 60 y con 21 en prisión; y Victoria Trujillo, de 49 y condenada a 25 años4.
Es igualmente valioso reconocer que en el juicio de 2006 se violaron los más elementales derechos fundamentales de los prisioneros, como hacer recondenas, volver a imponer prohibición de visitas, llevar a aislamiento nuevamente a Abimael Guzmán (de 74 años de edad), no escuchar a sus defensas, anular por decisión judicial su relación conyugal con Helena Iparaguirre, así como la imposición a todos los prisioneros, cual trofeo de guerra, de pagar reparaciones económicas por 3.700.000.000 soles (el equivalente a 1.200 millones de dólares), deuda que hoy deben asumir los pocos sobrevivientes. Para la versión oficial de la historia, los “terroristas” no merecen la más mínima estima de los llamados defensores de los derechos humanos5.
Como lo afirmó la Asociación de Familiares de Presos Políticos, Desaparecidos y Víctimas de Genocidios (AFADEVIG), “el ensañamiento, trato cruel e inhumano, refleja la aplicación del odio y la venganza centrada contra el Dr. Guzmán, lo que también se expresó en el llamado megaproceso”. Esta organización exige el fin a los tratos humillantes contra los presos políticos y prisioneros de guerra, y que se respeten sus derechos fundamentales6.
Todo esto pasa mientras el gobierno aprista de Alan García presentó un proyecto de ley para anular juicios y dejar sin castigo a más de 600 oficiales de alto rango, incluyendo a los integrantes del grupo de exterminio “Colina”, del gobierno de Fujimori, dejando en la impunidad al propio Alan García, responsable del genocidio de 300 prisioneros en las cárceles durante 1986. Esta misma justicia ‘imparcial’ condenó a Montesinos a 12 años de cárcel y a Fujimori a 25 –reducibles por “buen comportamiento” o por apelaciones como las actuales–, a quienes además se les permite publicitar y difundir en los grandes medios de comunicación sus puntos de vista, mientras a los prisiones del PCP, empezando por Guzmán, se les condena al aislamiento.
La polémica generada por De puño y letra abrió un nuevo capítulo en la historia y las memorias del Perú, ha puesto a opinar a varios sectores de la sociedad en favor o en contra. Una posición creciente reclama que el régimen no impida la difusión del libro, para que la ciudadanía tenga más elementos para entender al Perú contemporáneo. Si el libro no dice algo importante, como se argumenta desde el régimen y sus intelectuales, ¿por qué temerle a un ‘terrorista’ en prisión, aislado y condenado a cadena perpetua? El autoritarismo siempre busca destruir de raíz a su oponente, tanto en lo físico como en lo ideológico, y no cabe duda de que para los imperialistas, las clases dominantes y ciertos sectores de la opinión que creen que toda protesta es terrorismo, Abimael Guzmán es el símbolo de los males del Perú, y De puño y letra pudiera ser un mentís a tales posiciones.
Ya se escuchan voces reclamando que Sendero Luminoso sea proscrito y se le impida su participación en política, como dijeron Salomón Lerner, ex presidente de la CVR, y otros ex miembros de la CVR que afirman que la CVR dijo que “a Sendero no se le debiera permitir participar en política por el daño que causó. Es equivalente a los nazis. Si haces una barbaridad, no puedes participar”. Basta que el PCP insinúe su intención de participar electoralmente, es curioso que la Comisión de la Verdad sea también de “Reconciliación”. ¿Con quién?
Los medios han comenzado a difundir que Guzmán no es ningún “doctor” (es abogado y filósofo) y que Iparaguirre no es ninguna “profesora” (ella es licenciada en Ciencias Sociales), buscando desprestigiar su posición política. Otros sectores están exigiéndole al gobierno que conmine a Abimael Guzmán a que “explícitamente” condene la lucha armada y “toda forma de terrorismo”. Algunos más sensatos dicen que no se le debe temer a la publicación del libro porque, en un debate ideológico, “las tonterías ideologistas y dogmáticas de Guzmán no resisten ningún debate”. Sea como fuere, dada la condición económica, política y social del Perú bastante delicada, la aparición del libro de Abimael Guzmán abre nuevas posibilidades para que el pueblo y la sociedad del Perú y América Latina construyan una postura crítica frente a su propia historia.
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