En los últimos días de enero, el gobierno argentino autorizó una devaluación del 12 por ciento del peso, que pone a la moneda local a una tasa desconocida desde el año 2002: casi 8 pesos por dólar. Rompió con la política económica que traía desde hace varios años, como era el reforzamiento del valor de su moneda con la acumulación de reservas en dólares. La medida llegó en momentos en que la inflación supera el 20 por ciento, cifra que no parece preocupar a la dirección del gobierno.
Esta decisión ocurre luego de los magros resultados del 2013, año durante el cual la moneda argentina se depreció a una tasa del 24 por ciento, y de las sucesivas y fuertes devaluaciones del mes de enero y las dos primeras semanas de febrero de 2014 donde la tasa alcanzó el 18,6 por ciento.
El fantasma de la crisis de 2001
El drama de la crisis que ocurrió hace 12 años, todavía atormenta a la población, pues, como es conocido, en diciembre de 2001 el llamado “corralito” impuso substanciales restricciones para sacar el dinero de las cuentas bancarias. En otras palabras, el Estado recurrió, en ese momento, a una nacionalización de los ahorros bancarios. Una medida de urgencia para impedir la huida de las divisas, que, en gran parte, ya habían sido retiradas. La deuda externa, que crecía desde hace décadas, conoció en esa época una elevación espectacular. Sobrepasó los 140 mil millones de dólares. Al principio del siguiente año, Argentina declaró la suspensión de pagos y con el fin de la paridad 1 peso igual 1 dólar, sufrió una gran devaluación.
Quizá, teniendo en cuenta esos amargos recuerdos, la presidenta Kirchner, para aplacar a la población, permitió la compra de dólares –aunque con restricciones–, para garantizar un mercado monetario más fiable. Frente a la alta inflación y la disminución de las reservas de divisas en dólares, reducidas de 52 a 29 mil millones desde 2011 hasta ahora, el gobierno procedió desde 2011 a restringir paulatinamente el cambio de divisas, hasta prohibir la compra de dólares con fines de ahorro, en julio de 2012. Aunque fue una disposición menos severa, ésta tenía el mismo objetivo que el corralito: evitar la huida de las divisas en un contexto de economía inestable. Ya, en 2009, había 162 mil millones de dólares fuera del país.
El resultado de esa depreciación es la persistencia de los problemas de la economía argentina, problemas que nunca acabaron. Aunque el país conoció un gran crecimiento económico en los años 2000, destacan entre las dificultades estructurales, una economía demasiado orientada hacia los mercados internacionales.
El crecimiento económico del “ciclo K”
Con la elección de Kirchner como presidente de la República argentina en 2003, empezó un nuevo ciclo de desarrollo económico –que siguió la sucesora y esposa Cristina Fernández, electa en 2007– que llaman “el ciclo K”. Cicló que marcó una ruptura con las medidas ultra-liberales de Carlos Menen, en la década 90. Como puntos importantes de la nueva política deben señalarse: un aumento significativo de la inversión pública, las subvenciones a los sectores de los transportes y de la energía, el control estatal de los precios, y la nacionalización de empresas privatizadas en la década anterior.
La moratoria de pagos de Argentina, había hecho público un endeudamiento creciente, con una aceleración en las dos décadas de neoliberalismo, que elevó las acreencias de 8 a 44 mil millones de dólares, entre 1976 y 1983, para alcanzar más de 165 mil millones en 2004.
En ese contexto, el nuevo presidente Kirchner triunfó al proponer a los prestamistas internacionales, una renegociación liderada por su ministro de Economía Roberto Lavagna. Así, en 2005, 75 por ciento de los acreedores, aceptaron un descuento de 70 por ciento en los títulos de deuda emitidos por el gobierno argentino. Es más, en 2010, un porcentaje de 93% de los prestamistas que aprobó esa renegociación subió a 93. De la misma manera, en 2006, el presidente Kirchner llegó a devolver los 9,5 mil millones de dólares que el país debía al FMI. Después, Argentina interrumpió sus relaciones con esa institución y parecía recobrar su independencia económica, luego de ser privada de su soberanía monetaria durante 10 años. En efecto, con el Currencyboard –1991/2002– que estableció una paridad fija entre el peso y el dólar, el valor y la emisión de la moneda argentina dependía de las decisiones de la Federal Reserve System, el banco central de los Estados Unidos.
Por otro lado, la deuda pública disminuyó de 135 por ciento (del PIB) en 2003, a 40,7 en 2011. También, Argentina volvió a un crecimiento económico con cifras alrededor de 8 por ciento entre 2003 y 2008, pese a las previsiones pesimistas de numerosos economistas, que pronosticaron a lo largo del mandato presidencial de Néstor Kirchner, un fracaso económico por culpa de las medidas económicas “heterodoxas”. La renegociación de la deuda y una falta de inversiones extranjeras auguraban un decrecimiento de las actividades económicas y un regreso de la hiperinflación.
Al contrario, el Kirchnerismo se caracterizó por una recuperación de las actividades industriales fuertemente aminoradas en las décadas anteriores. Iniciadas por el régimen dictatorial de los militares –1976 /1983– las reformas neoliberales de Menem concentraron la economía argentina en las exportaciones de las materias primas, mientras que la instauración de una moneda sobrevalorada estimuló las importaciones de productos manufacturados.
La soja y las carencias del Kirchnerismo
Contradictoriamente, el “ciclo K” ha sido incapaz de romper el esquema primario-exportador. Aunque el porcentaje de productos manufacturados de origen industrial subió, las materias primas y los productos de origen agrícola siguen constituyendo la mayor parte de las ventas externas. O sea, la economía sigue siendo frágil por estar extremadamente subordinada a los precios volátiles de los mercados alimentarios.
El “ciclo K” entendió cómo beneficiar del auge de los productos agrícolas en los mercados internacionales. Así destaca en el Kirchnerismo, la producción de soja cuyo precio subió 150 por ciento entre 2003 y 2011 en los mercados mundiales. Además, la soja transgénica por siembra directa, necesita menos inversión en comparación de otros cultivos como el trigo o el maíz. Sin duda, una fuente de enriquecimiento, pero a corto plazo.
El mercado de la soja conlleva dos aspectos a tener en cuenta: primero, la especialización en su cultivo implicó una reconfiguración del panorama agrícola. Un número de 17 millones de hectáreas de soja fueron sembradas en Argentina en 2007/2008, asunto que representaba 60 por ciento de la producción agrícola, mientras que sólo 100.000 se contabilizaron en el periodo 1970/1973.
Aunque esto favorece el desarrollo económico a corto plazo, amenaza la reproducción de los recursos naturales y también, la sostenibilidad ambiental. En un país donde más de 95 por ciento de los cultivos de soja son transgénicos, amenaza la fertilidad del suelo por la falta de rotación de los cultivos y la utilización masiva de insecticidas. También, la expansión de los cultivos de soja causa deforestación, como en el distrito de Salta, cuyo gobierno autorizó la desaparición de 800.000 hectáreas de bosque entre 2004 y 2007.
En segundo lugar, la volatilidad del valor de los productos y materias agrícolas produce un fenómeno de concentración de los ingresos, y asimismo, una desigualdad en la repartición de los beneficios del desarrollo económico. El aumento de esos precios benefició a los grandes productores, cuyas actividades económicas lucran de las exportaciones. En concreto, en 2008, 60 por ciento de los cultivos de la soja fueron sembrados por el 4 por ciento de los productores. Además, ese crecimiento del valor repercutió dentro del país, en las clases con bajos ingresos, pues, las explotaciones de soja reemplazaron otras como las del maíz o el trigo. Del último producto, 4,5 millones de hectáreas fueron sustituidas por el monocultivo, entre 2011/2012, a pesar que la demanda interna de trigo creció.
El gobierno decidió, entonces, aumentar las retenciones sobre los productos y las materias agrícolas, que comenzaron en 2001, a raíz de la crisis económica. Aplicó, entonces, sobre éste tipo de productos –particularmente sobre la soja, el petróleo, los girasoles– una tasa del 15 por ciento sobre el precio a las exportaciones, con el objetivo de captar divisas. Esa tasa alcanzó el 35% en 2007, y constituyó un impuesto que otorgó subvenciones, y así contrarrestó, en alguna medida, el fenómeno de contagio de aumentos de los precios agrícolas, cuyo efecto, sufren con mayor intensidad las clases más modestas.
Además, algunos meses después de la elección de Cristina Fernández, tuvo lugar la unión de pequeños y grandes productores en un paro agropecuario. Desde marzo hasta julio de 2008, enfrentaron la resolución 125 del gobierno argentino que instauraba las “retenciones móviles”. En ese mes, el Senado rechazó el proyecto de ley, cuyo objetivo era aplicar las retenciones sobre el aumento o la disminución de los precios internacionales de las materias agrícolas.
En la práctica, inducía unos mayores impuestos sobre las exportaciones de soja. Además, como señaló Ricardo Lagos, el impuesto llegó a ser regresivo. Pues al no tener un cálculo de los beneficios, sino el valor en los mercados internacionales, y dado que los costos de producción son más altos para las pequeñas explotaciones, éstas terminan más castigadas, en tanto sus márgenes de ganancia son menores. Esos eventos constituyeron un paso en el descenso en la popularidad del Kirchnerismo.
La trampa del neoliberalismo
Al finalizar la presidencia de Néstor Kirchner, el “ciclo K” empezó a mostrar debilidades. En efecto, podemos subrayar la inflación –entre otros– como obstáculo fundamental que cuestiona al ciclo. Pese al crecimiento económico, nunca acabó este tormento intrínseco de la economía argentina, que sufrió desde hace décadas, y que alcanzó más de un 25 por ciento en 2007. En lo sucesivo, el gobierno argentino decidió remediar el problema de la inflación, con la apreciación del tipo de cambio. A este efecto, necesitaba alimentar el sistema económico con dólares. Sin embargo, el modelo condujo a la consecuencia contradictoria, y llevó a la desaparición de las reservas del gobierno.
Además, aunque con la renegociación de la deuda en 2 ocasiones, 2005 y 2010, el 7 por ciento de los inversores rechazaron el descuento, quedando pendiente ese saldo. Entran entonces en escena, los fondos buitre que compraron los títulos de la deuda en la crisis por bajo precio, y ahora reclaman una devolución en su valor nominal. Obran en esta trama Elliott Management Corporation y Gramercy Management LLC, quienes abrieron una lucha jurídica contra el Gobierno argentino para que les reembolsa su dinero. En agosto de 2013, por segunda vez, instancias de la justicia estadounidense decidieron que Argentina debe indemnizar con 1,4 mil millones a los fondos especulativos. Por eso, el país austral solicitó, en la semana del 17 de febrero, a la Corte Suprema norteamericana, para que cancele los fallos anteriores. Si Argentina vive otra derrota, el caso establecerá una jurisprudencia en los Estados Unidos. Abriría las puertas para que los prestamistas puedan pedir, ante la justicia estadounidense, una devolución total de sus empréstitos.
El cambio necesario de programa económico
La sucesión de la pareja en la presidencia los convirtió en el movimiento político que conserva durante mayor tiempo el poder (2003/2015), desde la segunda mitad del siglo 20. Pero, si Kirchner rompió con la desmesura de la época de Menem, a su vez abrió una nueva trampa económica. Pues, si bien devolvió la deuda al FMI, Argentina ya no tiene la confianza de los prestamistas internacionales. No sólo no rechazó de plano el neoliberalismo, sino que además Argentina queda sin la aceptación del sistema financiero internacional. Si bien, lucra de sus exportaciones para conseguir divisas, resulta incapaz de retenerlas. Una carencia que limita las posibilidades de controlar la inflación. En resumidas cuentas, atraviesa una posición muy peligrosa, ya que sostiene un modelo económico para el cual no cuenta con las herramientas adecuadas.
Quizás Argentina tendría que edificar una economía menos dependiente de sus exportaciones. Con más apoyo, como han hecho los Kirchner, sobre la demanda nacional.
Este avance requiere de organizar un modelo de industrialización sostenible del país. Si el Kirchnerismo cumplió con unas reformas proteccionistas, e incrementó la producción industrial, por lo contrario faltó una sostenible Inversión Bruta Interna Fija. Materializado en la conservación de un tejido industrial demasiado heterogéneo y arcaico.
Así las cosas, un cambio de modelo permitiría también, aminorar el peligro ambiental que representa la especialización de los cultivos, que hereda y continua el “ciclo K”. Además, sería el medio para maximizar el valor de las exportaciones de productos con valor añadido más importante.
Sin embargo, no debemos olvidar que si bien el cambio de estrategia puede lograr beneficios a largo plazo, una transición económica implicaría una desaceleración de las actividades productivas a corto plazo. Desafortunadamente, la clase política argentina necesita ese hecho para dar continuidad al modelo primario-exportador. La devaluación repentina que conoció recientemente Argentina, desnuda las dificultades del “ciclo K”. Y, a la vez, aleja la posibilidad de promover un modelo económico que garantice una prosperidad material estable. Es claro que un viraje brusco en las estrategias económicas juntaría otros problemas a los que ya padece la sociedad argentina. Vislumbramos entonces la consagración de una tendencia que existe desde hace décadas, en razón de la incapacidad de la clase política de sostener un modelo viable de inclusión social: un quiebre de los gobernados con sus gobernantes.
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