Medellín, ciudad laboratorio. Así reza una frase escrita en uno de los documentos oficiales con que fue citado en el Foro Urbano Mundial.
La frase desnuda la realidad de esta urbe. Si bien quienes la plasmaron sólo ven los desarrollos arquitectónicos y la oferta de servicios con que la ciudad trata de menguar las falencias reinantes en los barrios en temas como transporte, educación, recreación y otros aspectos, la verdad es que esta urbe también es laboratorio por la manera como se implementa en ella el control social.
En la capital de Antioquia, durante el año 2013, fueron desaparecidas 302 personas, de las cuales hasta ahora han aparecido muertas 32, es decir, que de 270 no se sabe qué pasó con ellas. Por esta modalidad de violencia fueron reportadas desaparecidas durante cuatro años (2010-2013) 2.536 personas, y de ellas aparecieron vivas 1.017, muertas 147, y siguen sin aparecer 1.272. Durante el año anterior fueron asesinadas en la misma ciudad 922 de sus pobladores.
No es casual que esta urbe sea la que reporte en Colombia el mayor número de víctimas en proporción a su número de habitantes. El 10,4 por ciento de las personas que viven allí es víctima de los grupos armados. Es decir, 250 mil habitantes, de los dos millones 400 mil que hay en la ciudad.
Esta realidad no pasa inadvertida para estudiosos del tema en el mundo. El portal de noticias estadounidense Business Insider clasifica a la “capital de la montaña” en el puesto 24 entre las 50 ciudades más violentas del mundo durante el 2013. Su tasa de homicidios es de 49,10 por cada 100 mil habitantes.
Esta es una parte del control social ejercido en este territorio. Pero el modelo de control social es mucho más amplio y diverso en sus modalidades de reproducción. La diversidad de expresiones del poder paramilitar allí reinante lleva a decir al propio Defensor del Pueblo que “todas las comunas de la ciudad están a merced de los delincuentes”, y que “el problema latente de inseguridad no es sólo una percepción ciudadana; es real y se les debe garantizar a los habitantes de Medellín el goce y el disfrute de sus derechos”.
El control social en ejercicio es tal que los paramilitares, las bandas y bacrim, como se les llama o identifica según su modalidad de operación, cobran vacunas en muchos de los barrios; extorsionan a comerciantes grandes, medianos y pequeños; regulan la vida hasta el punto de obligar a consumir ciertos productos que ellos mismos surten en tiendas y supermercados. Según estudios conocidos, por este solo concepto perciben 40 mil millones al año.
Su acción violenta llega al extremo de controlar quién puede transitar los territorios que controlan, a qué hora, levantando unas fronteras invisibles entre barrios que hacen temer lo peor a sus moradores. Cansados de esta realidad, o ‘sancionados’ por no cancelar la vacuna semanal (disfrazada de oferta de seguridad), el desplazamiento interurbano no para en esta ciudad, aunque sobre el mismo no hay cifras exactas.
El control social reinante en la capital de Antioquia se asemeja en mucho al funcionamiento típico de la mafia, donde no solo controlan casas de juego y oficinas de apuestas legales, el ejercicio de la prostitución, el surtido de narcóticos, el funcionamiento de bares y otros lugares de diversión, la renta de armas, el comercio de órganos humanos y otro tipo de ofertas ilegales sino también la vida diaria de la población, regulando los horarios de tránsito de quienes habitan ciertos territorios, así como los lugares para la compra de determinados productos de consumo diario.
De así ser, esta ciudad laboratorio está sirviendo para la implementación de un modelo de sometimiento social, violento e intimidatorio, que impide, reduce o limita la organización de la protesta social, permitiendo que el Estado continúe con sus desafueros en diversidad de aspectos. La ampliación de este modelo de control a muchos barrios informales y periféricos en distintas ciudades del país indica que esta puede ser una ruta aceptada por las autoridades nacionales, con lo cual tiene explicación que en muchos lugares la Policía se conforme con ver y “dejar hacer”.
Pero no solo esta es la realidad que subyuga a quienes habitan esta urbe. Luego de ser por muchas décadas la ciudad industrial del país, ahora lo es del desempleo, con el 10 por ciento al finalizar 2013. Quien camine su centro histórico podrá asombrarse por la multitud que rebusca su pan diario por cuenta propia: mangos, piñas, jugos, películas, música, ropa, y otras baratijas llenan cientos de metros de las principales calles y avenidas.
Pero este esfuerzo de supervivencia, que desdice de la existencia y la legitimidad del Estado, se extiende por todos los barrios, donde sus pobladores tratan de sumar unos pesos para su familia ofertando arepas, empanadas, mazamorra y cualquier otro tipo de alimentos al por menor. En algunos barrios, la especialidad es la maquila en ropa. No son pocos los pobladores que terminan por virar hacia la oferta de estupefacientes por gramos, pues los ingresos son mayores, inmediatos y garantizados. En total, según el Dane, la informalidad alcanza al 46 por ciento de su población trabajadora.
En esta ciudad de contrastes, donde el narcotráfico profundizó sus raíces e impuso un modelo de consumo de élite desaforado, la concentración de la riqueza y la desigualdad social se respiran desde el primer momento que se la recorre. La vivienda deteriorada puede verse desde que el vehículo se adentra en la misma por cualquiera de sus fronteras, y así lo confirma una encuesta de 2012, hecha por la Alcaldía, que precisó que el 76,3 por ciento de las viviendas está ubicado en los estratos 1, 2 y 3, mientras el 4 representaba el 11,1 por ciento, mientras los estratos 5 y 6 representaban el 12,6. Es decir, mientras la mayor parte de su población corresponde a estratos con pocos recursos, un pequeño porcentaje de sus habitantes tiene gran poder adquisitivo. No es extraño que el coeficiente Gini alcance el 0,55 aunque Naciones Unidas asegure que bajó al 0,50.
La pobreza es tal, que una ciudad que le vende energía a todo el país y algunos países vecinos, cuenta con 40 mil hogares desconectados, en clara violación a un derecho fundamental; donde su empresa de servicios públicos más parece una multinacional que una entidad que haga honor a su nombre.
Se puede decir, por tanto, que además de ciudad laboratorio, Medellín lo es de contrastes y desigualdad. Urbe elegida para celebrar el Foro Urbano Mundial, más preocupada por ser una ciudad marketing y de eventos que por movilizar a sus habitantes para resolver entre todos, en acción de gobierno democrático profundo, los problemas que les afectan y que, sin así quererlo por parte de sus habitantes, termina trazando fronteras de insolidaridad entre los mismos pobres y excluidos, con lo cual Medellín también termina siendo, por distintos motivos, ciudad del conformismo.
Ahora el laboratorio en Medellín debe ser: ¿Cómo romper esta realidad?
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