Las justas voces de los presos

La realidad no puede ser más dura. En encierro, habitando un edificio sin suficiente aireación natural ni sistema eléctrico que refresque los días, con un intenso calor que puede llegar hasta los 32-35 grados centígrados a la sombra; con el agua restringida a escasos tres minutos diarios; sin derecho a caminar en el patio sino por una escasa hora al día; con las baterías sanitarias llenas de desechos fecales.
 

La imagen es dantesca, pero es aún más fuerte. Los olores desprendidos por la materia fecal de los 1.354 connacionales privados de su libertad en esta prisión de alta y mediana seguridad –parte de ella arrojada desde las celdas a los patios– no deja lugar al aire puro: domina el hedor, y tras él las enfermedades cutáneas, estomacales, por lo cual no es extraño encontrar en muchos de los allí encerrados estados psicológicos depresivos, pero también de inmenso desespero ante la vil realidad que sobrellevan.

 

Ausencia de agua, excrementos sin adecuado tratamiento, que se traducen, de igual manera, en contaminación de los alimentos que ingieren cada día los sometidos a encierro: “Los estudios bacteriológicos han detectado presencia de coliformes en ellos, especialmente del género escherichia, que identifica la presencia de materia fecal. La realidad se agrava por geografía y pobreza, pues, provenientes de distantes y diversos lugares del país, los presos pasan meses sin recibir visita de los suyos.

 

Como si fuera poco, las presiones de la guardia son continuas. Ante cualquier reclamo o inconformidad, lo que espera al detenido es la violencia y el calabozo. El régimen de aislamiento y de control total sobre un castigado puede cubrir varios meses, e incluso años. Pero tampoco están ausentes los tratos crueles, las “calles de honor” –dos hileras de guardias por cuyo centro es obligado a pasar el detenido, en medio de patadas, puños y burlas.

 

No es casual que el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denuncie que en esta cárcel los malos tratos y la tortura son sistemáticos, por lo cual ha presentado 80 denuncias ante los organismos de control. Se sabe de suicidios, de muerte por tortura. Las denuncias se elevan ante los respectivos organismos de control, pero la impunidad es la reiterada respuesta*.

 

Pese a tan dramática realidad, lo primero que encuentra quien pretende ingresar para realizar una visita es una leyenda totalmente contradictoria: “En este establecimiento se respeta la dignidad humana. Aplicando siempre la ética y un sistema de calidad en todos sus procesos”.

 

 

La llamada cárcel de Tramacúa fue construida hace escasos 11 años, siguiendo los parámetros del buró de prisiones de los Estados Unidos, enfocados –según parece– en garantizar el control, la disciplina y el irrespeto a los derechos humanos, pero sin reparar en la infraestructura mínima para que el preso pueda satisfacer sus elementales necesidades de aseo.

 

Según las denuncias de propios y extraños, este penal nunca ha podido contar con un servicio adecuado de agua, por lo cual quienes allí están sometidos a encierro no han contado realmente con el valioso líquido. En un principio podían gozarlo por varias horas al día, pero luego se fue reduciendo a una o dos horas, para extinguirse a simples minutos o pasar hasta cinco días sin agua, como ocurrió el pasado mes de abril.

 

En estas condiciones, extraña que los presos no se hubieran declarado antes en protesta pacífica. Pero todo tiene su tiempo, y es así como desde el pasado 2 de mayo cientos de internos tomaron la decisión de denunciar y pronunciarse ante el país, ante la inhumana situación en que malviven. Su decisión, tajante y activa, llevó a más de un centenar de ellos a suspenderse en hamacas por fuera de las torres en que está construido/organizado el penal, rompiendo la cotidianidad que los oprime.

El elemento que reventó la paciencia fue el prolongado y desesperante racionamiento de agua a que están sometidos. El agua, servida por carros-cisternas, no fluye sino que hay que recogerla en tarros, y después someterse a la humillación y la rabia al ver cómo –en momentos de requisa– la guardia la quita o la arroja al patio.

 

También pesa la lejanía de sus familias y el hecho de sentirse extraños en una tierra donde nadie los conoce ni puede visitarlos. Pero también los malos tratos. Así, sin esperanza de vida plena pero con deseos de que la existencia sea lo menos agobiante posible, han superado la pasividad y decidido hacer escuchar su voz: la cárcel de Valledupar o Tramacúa tiene que ser cerrada, “repatriando” a los internos a prisiones que estén ubicadas en el territorio donde viven sus familias.

 

Tras más de 40 días de protesta, haciendo sus necesidades en hamacas, exponiendo sus vidas, amenazados por una guardia que no soporta una protesta pacífica, desesperados por el intenso calor y la sequía, esperan que el país se conmueva y exija que el castigo por el delito no sea venganza ni camino hacia la muerte. Los 1.354 presos esperan la exigente solidaridad que obligue al gobierno a respetar los derechos de quienes ya han perdido la libertad pero no por ello la dignidad.

 

 

El pasado 11 de junio, un operativo de la guardia del penal, que se tomó cerca de un día dando garrotazos y disparando gases lacrimógenos, rompió la protesta de los internos. Su rabia se vía y se sentía. De las hamacas cayeron varios presos, rompiendo sus huesos contra el piso. Otros, los voceros de los comités de derechos humanos, previamente habían sido traslados a otros penales del país, y unos pocos que aún quedaban fueron silenciados en calabozos.

 

Pese a la intensidad de la represión, los brazos no se han dado a torcer: la exigencia de respeto a los derechos humanos y el cierre de este penal continúan como banderas sustanciales de quienes allí sufren encierro y humillación.

 

 

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