El 16 de marzo, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, dio a conocer su informe sobre la situación en Colombia. Acá una mirada al documento.
“El contexto de los derechos humanos en Colombia es complejo y consta de múltiples niveles”, dice el informe realizado por el Alto Comisionado para los derechos humanos. En éste, se habla de la realidad de un país con dos mundos diferentes: uno que está en desarrollo, que es vibrante “y un referente económico y cultural en el continente”; y otro –en las áreas de enclaves mineros, donde están las comunidades étnicas y zonas afectadas por la criminalidad– en el que se “sufre por la violencia, el desplazamiento, el acceso desigual a la salud, la educación, el agua, la seguridad, la justicia y otros servicios”.
Esa división, según el documento, no es visible solamente en sectores rural/urbano, también dentro de las mismas ciudades o departamentos. Por ejemplo, “con relación a una cesta específica de servicios públicos en el departamento de Magdalena, un 68 por ciento de ellos se concentra en el municipio de Santa Marta, mientras que 21 de los 29 municipios restantes de dicho departamento albergan cada uno menos del 1 por ciento de dicha cesta servicios”.
Eso no solo afecta el desarrollo económico de cada zona y de todo el país, sino también –señala el informe–, los derechos políticos de las personas que no reciben ni la mitad de lo que necesitan. Esto deja la vía libre a la corrupción, y la situación se empeora más con las redes criminales a nivel local.
En cuanto al tema de pobreza, que sin solucionarse la discriminación y la desigualdad no podrán alcanzarse avances significativos, dice que el 24.8 por ciento de la población colombiana padece dicha situación. Esto es aún peo en el Chocó, pues las personas en condición de pobreza son el 63.1 por ciento.
En el Chocó, el sistema de salud es precario. Niños y niñas “siguen muriendo de enfermedades prevenibles y tratables, como gastroenteritis e infecciones respiratorias […]. En 2014 el informe especial de la Defensoría del Pueblo señaló que al menos 95 niños indígenas menores de 5 años murieron de diarrea aguda”.
La explotación minera y proyectos a gran escala no quedaron de lado. Según el Alto Comisionado, “Sus derechos (los de comunidades indígenas y afrocolombianas) a la consulta previa en relación con proyectos económicos implementados en sus territorios están siendo ampliamente ignorados”.
Esto es evidente por las 124 peticiones de protección territorial hechas por las comunidades étnicas, sin avances en la Corte Constitucional, y también por la falta de atención a las quejas de algunas comunidades que “han atribuido el aumento de la mortalidad infantil en los últimos años a la explotación minera intensiva que afecta al agua en sus territorios”.
En cuanto a la restitución de tierras, el informe señala que el éxito de la medida se enfoca en el número de personas beneficiadas, por lo cual, hace un llamado a ver los aspectos cualitativos. Resalta el Comisionado, de igual manera, la preocupación por las amenazas en contra de la vida de activistas que promueven la restitución.
Howland, en su presentación, hizo principal hincapié en los llamados “errores militares”. Dice el informe que no se documentan falsos positivos, pues al cambiar los indicadores de medición de las actividades militares, la cifra de personas que murieron en supuestos combates o enfrentamientos se redujeron notoriamente.
Sin embargo, “documentó otros casos en que las Fuerzas Armadas intentaron mostrar a víctimas de ejecuciones arbitrarias como bajas enemigas en combate o reorganizaron la escena de los hechos para simular legítima defensa. Por ejemplo, el 23 de febrero en San Pablo (Bolívar), un hombre fue muerto a tiros por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte. La muerte fue reportada como defensa propia después de que el hombre, presuntamente un guerrillero, supuestamente disparara a los soldados. Informes forenses sugieren que el hombre no disparó un arma”.
Por parte de las Farc y el Eln, también se mencionan violaciones contra los derechos humanos. Según el informe, continúan reclutando niños y usando artefactos explosivos sin discriminar a quiénes pueda afectar.
El informe en cuestión también menciona que continúan presentándose hacinamiento en las cárceles, violaciones por parte de la Policía al controlar las movilizaciones sociales, y manifiesta su preocupación por la subsistencia de grupos que denomina como “post-desmovilizados” con vínculos con el crimen organizado.
Informe global 2014: desplazados internos por los conflictos y la violencia
Otro informe realizado por la oficina de refugiados de la ONU, resalta que Colombia después de Siria, tiene el mayor número de personas desplazadas en el mundo. Según éste, entre 1985 y 2013 las personas que tuvieron que abandonar su lugar de residencia por la fuerza suman 5.700.000, esto sin contar a quienes fallecieron en tal trance y las que lograron establecerse de forma permanente en otro lugar.
Los enfrentamientos entre guerrillas y el Ejército, además de las amenazas por parte de bandas criminales, dice, son dos de las causas que propician el mayor desplazamiento en Colombia. A lo que debe sumarse, los campos minados, el reclutamiento de menores, la violencia sexual, la extorsión y los ataques en contra de activistas pro defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, señala el documento, el mayor número de desplazados no los generan las Farc y el Eln –aunque también contribuyen a ello– sino las nuevas generaciones de paramilitares y el crimen organizado.
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