Seis meses después de iniciar su gestión, es ya muy evidente para quién opera el gobierno de Mauricio Macri. El ajustazo tarifario y los despidos masivos le han alienado respaldos sociales, pero el kirchnerismo acaba de entregarle un regalito en bandeja: un caso de corrupción flagrante.
Cuando las papas se le queman al macrismo, el kirchnerismo le regala un caso de corrupción servido en bandeja y los funcionarios recuperan el aliento para navegar en las esquivas aguas del ajuste, la inflación y la mano dura tan poco populares en las encuestas.
En la madrugada del martes 14, José López, viceministro de Planificación Federal durante tiempos kirchneristas, enloqueció al punto de enterrar casi nueve millones de dólares y algunas armas ligeras en los fondos de un convento habitado por monjas nonagenarias, aduciendo persecuciones judiciales. La bizarra escena sirvió al gobierno, y a las empresas periodísticas que lo apoyan, para bombardear con comunicados y videos a los ciudadanos con el disparatado operativo de detención. Tras una llamada a la policía, con el sello de los servicios de inteligencia, un patrullero llegó de inmediato al lugar. El miércoles por la mañana ya pocos recordaban la inflación rampante, los casos de corrupción que corroen a medio gabinete presidencial y las medidas de ajuste.
Cuando los índices de inflación medidos por consultoras privadas arrojan un promedio del 6 por ciento mensual, los informes de la Iglesia Católica indican un aumento del 13 por ciento de la pobreza en los últimos seis meses, y las cámaras patronales advierten sobre el cierre de pequeñas y medianas empresas en los principales centros urbanos, la vicepresidenta Gabriela Michetti confirma que no habrá reactivación de la economía hasta el primer trimestre de 2017. En paralelo, la imagen de Mauricio Macri cayó dos puntos en mayo respecto a abril y quince desde el estallido del escándalo de los Panama Papers, cosechando hoy entre el 44 y 50 por ciento de adhesión personal.
Los pedidos formulados personalmente por Macri a los empresarios en reuniones sociales no dieron resultado hasta ahora. El aumento de precios se mantiene intacto desde el 10 de diciembre pasado, cuando el ex presidente de Boca tomó posesión de la Casa Rosada. En este primer semestre de gestión los productos de la canasta básica de alimentos aumentaron un 120 por ciento, según las asociaciones de consumidores, y las tarifas de servicios públicos como la energía eléctrica, el gas natural, el agua potable y los teléfonos alcanzaron incrementos del 280 por ciento al tiempo que dejaron de ser bimestrales y pasaron a ser abonadas mensualmente. Ahí está la explicación de 1,4 millones más de pobres en el panorama nacional, según la Universidad Católica Argentina. La reacción se hizo esperar unos meses y llegó por vía judicial. A fines de mayo el juez federal de Chubut Hugo Sastre ordenó frenar el aumento del 400 por ciento en las tarifas de gas en la provincia hasta tanto se realizara una audiencia pública para determinar la nueva tarifa. En la provincia de Buenos Aires lo siguió el juez Luis Arias con una medida similar para la tarifa de energía eléctrica. Macri, en un acto de injerencia de un poder del Estado sobre otro, apeló a sus buenos contactos en la Corte Suprema y pidió a los jueces que se pronuncien contra esos amparos.
En el frente laboral, a su vez, en estos seis meses el oficialismo ha debido enfrentar grandes conflictos. Las distintas centrales, después de la multitudinaria manifestación por el Primero de Mayo, se aprestan a convocar a un paro conjunto. El líder de la Cgt oficial, Hugo Moyano, y el de la Cgt disidente, Antonio Caló, ya pusieron fecha para la reunificación en un congreso nacional a celebrarse el 22 de agosto próximo, “para enfrentar juntos el ajuste”, según anunciaron. En el mismo sentido se pronunciaron las dos Cta divididas por el kirchnerismo: tanto Hugo Yasky, de la Cta nacional, como Pablo Micheli, de la Cta autónoma, se muestran juntos en actos y planean la reunificación. “Toda esta situación nos lleva al paro nacional”, asegura Micheli y el propio Moyano apunta que “un aumento de tarifas que llega al 600 por ciento en muchos casos nos lleva a un callejón sin salida”. Micheli convocó para el jueves 23 de junio a una “marcha de frazadas” en reclamo por los aumentos tarifarios.
Desde el arco político la siesta hace escuchar los ronquidos de los bloques parlamentarios. El peronismo, fragmentado entre los caciques kirchneristas, los gobernadores y los sindicatos, amaga con reclamos pero sin unificación, y todo queda a pedir de Macri. Sergio Massa y su bloque juega más a entorpecer a los kirchneristas en la cámara de Diputados que a oponerse a las medidas del gobierno nacional. Entre los gobernadores, mientras el peronista salteño Juan Manuel Urtubey hace sus negocios con el macrismo en un juego de toma y daca, otro peronista, el cordobés Juan Schiaretti, le da una paliza derrotando a su candidato en la segunda ciudad más importante de la provincia, Río Cuarto, por casi el 70 por ciento de los votos.
Con un parlamento opositor aunque caótico, el gobierno se apresta a sancionar la llamada “ley ómnibus”, en la que elimina dos problemas serios para los funcionarios y los empresarios: termina con los juicios iniciados por los jubilados al Estado y blanquea las ganancias empresarias de los últimos años así como sus fortunas cobijadas en el exterior (véase recuadro).
Malcorra a la ONU
Pese a la caída de la imagen presidencial a medida que la economía se empantana, Macri asoma como un referente para la derecha regional. Con ese capital recibió en Buenos Aires al venezolano Henrique Capriles y oficializó en la última semana de mayo la candidatura de su canciller, Susana Malcorra, para suceder al secretario general de la Onu, el surcoreano Ban Ki Moon, a partir de noviembre próximo. Malcorra fue jefa de gabinete de Ban hasta su desembarco en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Macri el 10 de diciembre pasado. Conoce como pocos el paño de las negociaciones diplomáticas en el riñón del gigante universal, al punto de tener banca entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos, Federación Rusa, Gran Bretaña y Francia). En el entorno de Malcorra aseguran que cuenta con esos cinco votos, y dicen que la ayuda también su condición de mujer y su experiencia como empresaria en los años del menemismo y las privatizaciones en Argentina. En abril pasado, y por primera vez en la historia de Naciones Unidas, se inició un debate público y abierto entre los postulantes a suceder a Ban. “Tenemos un papa argentino, el mejor jugador de fútbol mundial es argentino, ¿por qué no llegar a la Onu, y con una mujer por primera vez?”, se entusiasman en los pasillos del Palacio San Martín, sede de la cancillería argentina. Ese mismo entusiasmo les hace minimizar las denuncias sobre abusos sexuales por parte de soldados de misiones de paz de la Onu en África y Asia, de las que Malcorra sabía cada detalle y prefirió silenciarlas, según la denuncia de un alto funcionario actual del organismo, Stephan Dujarric.
Un corrupto enloquecido
Si la puesta en escena de la detención del ex funcionario José López sirvió para oxigenar al macrismo con una dosis mediática de antikirchnerismo, lo cierto es que su biografía parece manchada hace años. Nacido en Tucumán, López fue a probar suerte como muchos norteños a la patagónica provincia de Santa Cruz, cuando Néstor Kirchner asumía como intendente de Río Gallegos, en 1987, y desde ese momento se incorporó a las huestes K, pasando por la gobernación en 1991 y la presidencia en 2003, junto a otro histórico aliado de Néstor, el ahora ex ministro de Planificación Julio de Vido. La obra pública fue la fuente de dinero fresco para el kirchnerismo, según se desprende de las cuatro causas judiciales radicadas contra López en la justicia federal desde 2008: por sobreprecios en construcciones –en especial en el proyecto de viviendas Sueños Compartidos, gestionado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo–, por enriquecimiento ilícito, por pago de sobornos para adjudicar obras y por incumplimiento de los deberes de funcionario público por arreglar licitaciones con empresas privadas. Ahora el juez Daniel Rafecas suma una nueva investigación en su contra y en los tribunales federales no descartan que aparezca una conexión con la ruta del dinero K protagonizada por el empresario Lázaro Báez. Todos miran ahora directamente al jefe de López, Julio de Vido, teniendo en cuenta que por su cartera pasaban anualmente casi 100.000 millones de pesos ligados a la obra pública. “Tarde o temprano de Vido va a terminar ante la justicia para dar cuenta de todos los actos sospechosos en los que está involucrado”, aseguró el legislador macrista Federico Pinedo, uno de los impulsores de suspender los fueros parlamentarios que ostenta de Vido como diputado, para que sus propiedades puedan ser allanadas por la justicia federal, hecho que hasta ahora no pudo producirse por esa prerrogativa.
El macrismo vive horas complejas y tiene la “herencia kirchnerista” como aspirina provisoria para tratar de encontrar una salida. La llegada de capitales –anunciada por Macri a su regreso del Foro de Davos en enero pasado– sigue demorada, y la única salida por el momento para el macrismo es un acercamiento tibio a la Alianza del Pacífico como recambio del Mercosur, donde la propia Malcorra ve pocas expectativas de “negocios para empresarios argentinos o inversiones”. Pero si el frente externo todavía disimula sus fisuras, a la situación socioeconómica complicada se le suma ahora un rebrote de inseguridad en el conurbano bonaerense, donde la puja entre la policía provincial, los intendentes y la gobernadora macrista María Eugenia Vidal recién empieza. Secuestros extorsivos, amenazas y muertos encerrados en autos hacen su reaparición, retrotrayendo la situación a los años del duhaldismo, a fines de los noventa. Fue el propio presidente quien el 24 de mayo decidió devolver a las Fuerzas Armadas la autonomía organizativa que Raúl Alfonsin les había quitado en 1984. Un contexto de ajuste requiere tener de su lado a los militares, pero no está demostrado que esa autonomía sirva al inquilino de la Casa Rosada para granjearse los favores de los uniformados. Jugar con fuego puede ser letal para un gobierno, aunque no necesariamente para la clase social a la que representa.
Blanqueo para los amigos
El mismo día que José López ocultaba casi nueve millones de dólares en un convento bonaerense antes de ser descubierto, detenido y procesado por lavado de dinero y portación de armas, el presidente Mauricio Macri anunciaba la compra de bonos del Tesoro argentino con los 18 millones de dólares repatriados desde una de sus cuentas bancarias en las islas Bahamas. Una jugada de márketing perfecta para ganar oxígeno en una coyuntura económica y social compleja.
El estallido de los Panama Papers no deja de generar heridos en el elenco de gobierno. A las cuentas y empresas de Mauricio Macri en paraísos fiscales, se suman día tras día casos similares en el gabinete nacional, provincial y los intendentes de la alianza oficialista Cambiemos. El presidente del Banco Nación, Carlos Melconián –a quien Carlos Menem quería como ministro de Economía en caso de haber ganado las elecciones de 2003– aseguró tener el 85 por ciento de sus ahorros en cuentas en el exterior sin ponerse colorado de vergüenza. Los ministros Alfonso Prat Gay, Susana Malcorra, Juan José Aranguren y el titular del Banco Central, Federico Sturzzeneger, también admiten tener dinero en cuentas radicadas en paraísos fiscales o estados donde los dólares tributan poco y nada. Aranguren además tiene una causa iniciada en mayo pasado por poseer 13 millones de pesos en acciones de la petrolera Shell, empresa que se habría beneficiado con la importación de gas desde Chile decidida en enero por el propio Aranguren desde su Ministerio de Energía. Sturzzeneger no sólo tiene activos en el exterior sino que está procesado por maniobras financieras con bancos extranjeros durante la salida de dólares del país en 2001, en los días previos a la caída del presidente Fernando de la Rúa. La causa está durmiendo la siesta y eso le permitió asumir el 11 de diciembre pasado al frente del Banco Central.
Como se ve, el gabinete presidencial viene complicado. Por eso el oficialismo giró al parlamento el proyecto de “ley ómnibus” por el que todo aquel periodista que denuncie a un funcionario por evasión de divisas deberá pagar como multa el monto denunciado. Los actuales funcionarios cuestionaron con dureza el proyecto de ley antiblanqueo presentado en 2013 por el kirchnerismo por considerarlo “cuasi socialista” y pergeñado “para espantar a los inversores”. El proyecto actual, en cambio, apunta a que funcionarios y empresarios con bienes en el país o en el exterior puedan declararlos sin necesidad de precisar la fecha y el modo de obtención de esos bienes. El artículo 85 del proyecto establece la confidencialidad de la información en manos del fisco y todo aquel que hiciere pública esa información será penalizado “con hasta una vez el monto de los bienes difundidos”, además de hasta dos años de prisión, según el Código Penal. Una forma de amordazar a la prensa de manera inconstitucional, según abogados consultados por Brecha. El economista Jorge Gaggero advirtió que el proyecto, que se convertirá en ley gracias a los acuerdos parlamentarios, beneficia exclusivamente a los grandes grupos económicos concentrados, como actores colectivos, y a sus gerentes, como actores individuales.
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