Ha nacido una nueva derecha adecuada a los tiempos extractivos y de expolio-piratería contra los pueblos; una derecha posterior al Estado del bienestar, que ya no aspira al desarrollo, sino a consolidar las desigualdades, la segregación de la mitad pobre, mestiza, india y negra de nuestro continente. Una derecha implacable formada en el rechazo a lo popular, a la soberanía nacional, a las leyes y las constituciones.
En el terreno educativo, esa nueva derecha busca desembarazarse de los anteriores compromisos, entre ellos la laicidad y la libertad de cátedra, para adecuar el sistema educativo al periodo de guerra y confrontación que atravesamos. El objetivo es retomar el control del conjunto del sistema educativo, desde los ministerios hasta el aula, consolidando una educación antiemancipatoria, en la que el control de la población es el objetivo casi excluyente.
Hace 12 años nació en Brasil la organización no gubernamental Escuela Sin Partido, muy activa en las redes sociales y los grandes medios, articulada con diputados y concejales de los más diversos partidos para hacer aprobar sus propuestas. En su página web (escolasempartido.org/) se puede acceder al programa de seis puntos titulado Deberes de los profesores, en el que se destaca que el profesor no promoverá en el aula sus propias ideas, ni perjudicará a los alumnos que profesen ideas diferentes, ni hará propaganda político-partidaria se limitará a exponer de forma neutra el programa, y otorga a los padres la elección de la “educación moral” que quieren para sus hijos.
Algunos “principios” de Escuela Sin Partido parecen compartibles. Sin embargo, conllevan objetivos que nos hacen retroceder más de un siglo. Por un lado, disocia entre el acto de educar y el de instruir. Para ellos la educación es responsabilidad de la familia y la iglesia, mientras los profesores deben limitarse a instruir, o sea a trasmitir conocimiento como si éste fuera neutro, ahistórico, descontextualizado.
La segunda es lo que consideran como “adoctrinamiento” en el aula. Hablar sobre feminismo, homofobia o derechos reproductivos, por ejemplo, sería tanto como imponer una “ideología de género” en las escuelas. Todo lo que sea desviarse de la asignatura se considera “adoctrinamiento”, situación que en los proyectos de ley que ha presentado Escuela Sin Partido en varios municipios y en parlamentos de los estados sería tipificada como “crimen de acoso ideológico” y “abuso de autoridad”, punibles con cárcel y penas agravadas.
En el apartado “capturando al adoctrinador”, en su web, aparece una larga lista de situaciones comunes en las aulas, como “difamar personalidades históricas, políticas o religiosas”, entre muchas otras. El docente debería mencionar a Hitler, Pinochet o Mussolini sin más, como a cualquier otra personalidad, sin establecer diferencias, dejando a los padres la exclusividad de opinar. Lo mismo respecto a los genocidios, los feminicidios y así, porque está rigurosamente prohibido mentar valores. Consideran que los debates sobre diversidad sexual, contemplados en las currículas de muchos países, serían en este caso “inconstitucionales”.
Una de las prácticas más graves promovidas por Escuela Sin Partido es el espionaje de la práctica docente para luego denunciarla. Bajo el epígrafe “Planifique su denuncia”, pide a los alumnos y a sus padres que anoten cuidadosamente o filmen los momentos en los cuales el docente estaría “adoctrinando” a los alumnos. Promueven actitudes que llevan a los jóvenes a convertirse en policías de los docentes.
Uno de los objetivos centrales de la nueva derecha en el terreno educativo es la descalificación de los docentes que serían culpables de todos los males de la educación, desde el fracaso escolar hasta la baja calidad de la enseñanza. De ese modo consiguen desviar la atención de los problemas estructurales en la educación, focalizando sólo las consecuencias y ocultando sus causas. El profesor siempre es sospechoso de izquierdismo. En paralelo, consideran que los alumnos no tienen capacidad para formar sus propias convicciones y que deben estar sujetos a la autoridad paterna, eclesial o docente.
Como era de esperar, los profesores han reaccionado con campañas de denuncia del proyecto, que ya fue aprobado en el estado de Alagoas, Brasil, y será abordado en otros. Pero no debemos olvidar que lo que se proponen en esta coyuntura, no sólo en Brasil, es frenar en seco al creciente movimiento estudiantil, en particular a los estudiantes de secundaria, que son los menos susceptibles de ser cooptados por las instituciones estatales y de la izquierda electoral.
En efecto, la crisis política brasileña está modelada por las movilizaciones de junio de 2013; una crisis que está lejos de haberse cerrado con la destitución ilegítima de la presidenta Dilma Rousseff. Incluso Chile, el régimen neoliberal modélico por su estabilidad, atraviesa una crisis de legitimidad a consecuencia del potente movimiento estudiantil, que desde 2011 abrió brechas por las que están pasando diversos actores sociales. Uno de los más importantes empresarios, Andrónico Luksic, reconoce que “el país se está cayendo” y destaca el papel del movimiento por la educación en esta crisis (goo.gl/qpXIsA).
En otros países sucede algo similar. En Paraguay los estudiantes se mostraron como un actor potente en pleno gobierno reaccionario de Horacio Cartes. Nuevas camadas de jóvenes rebeldes están presentes en casi todos los países. Ni qué hablar de México, después del parteaguas que fue Ayotzinapa.
Buena parte de los objetivos que se propone Escuela Sin Partido en Brasil parecen utopías de orden que cuentan con escasos apoyos. Sin embargo, no se los debe subestimar. Cuando las crisis políticas se profundizan, aparecen potentes bifurcaciones; la derecha se quita el velo para mostrarse como lo que es: el partido del orden, dispuesto a pasar por encima de todo. Son las izquierdas las que deben decidir si optan por las instituciones o por acompañar las resistencias.
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