Desde fines de 2015 en Argentina las políticas neoliberales amenazan en varios frentes a las empresas recuperadas. Aumentos de tarifas, vetos a leyes que las protegen, y la apertura de causas judiciales apuntan a terminar con una experiencia social vigorosa que nació tras la crisis de 2001 y fue un ejemplo para otros países.
La Cámara de Apelaciones en lo Comercial suspendió temporalmente el desalojo del hotel Bauen, emblema de las empresas recuperadas en Argentina, a pocas horas de cumplirse el plazo que había fijado una jueza de primera instancia para su ejecución. “Es apenas un granito de arena a favor de los trabajadores”, dijo a Brecha el abogado de los cooperativistas, Ataliva Dinani, cuando se conoció la decisión del tribunal, el martes 18 a la tarde. La Cámara deberá expedirse en 30 días sobre la cuestión central: dejar sin efecto, o no, el fallo de la jueza Paula Hualde que intimaba a los cooperativistas a abandonar el inmueble en la medianoche del miércoles 19, a riesgo de ser desalojados por la policía.
Con el fallo de la jueza Hualde las 130 fuentes de trabajo del hotel Bauen, ahora Cooperativa Buenos Aires Una Empresa Nacional (Bauen), penden de un fino hilo legal y político. La jueza decidió que el inmueble de la empresa recuperada debe volver a sus controvertidos propietarios originales. Su sentencia fue motivada por el decreto que el presidente argentino, Mauricio Macri, firmó el 27 de diciembre pasado vetando la ley con la que se expropiaba el edificio del hotel, ubicado en Callao y Corrientes, pleno centro de Buenos Aires, para entregarlo a sus trabajadores, ley que había sido aprobada por ambas cámaras legislativas nacionales.
La resolución de este caso sentará un precedente para el resto de las 367 empresas recuperadas por los trabajadores (Ert) durante los últimos 16 años en todo el país, desde la crisis de 2001. “Creemos que si pueden con el Bauen se van a animar con cualquier otra empresa recuperada. Somos quizá el ejemplo mayor por nuestra historia, por la cantidad de personas que formamos la cooperativa y por el apoyo que cosechamos en estos 15 años”, dijo a Brecha Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa.
El intento de desalojo del Bauen sería otro globo sonda más del gobierno macrista, que desde su asunción en diciembre de 2015 pretende desarmar el entramado de políticas solidarias y la regeneración del tejido social surgidos tras la debacle de 2001. Los recursos destinados al Instituto Nacional de Economía Solidaria (Inaes), y en general a las áreas cooperativas del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, fueron recortados por vía del ahorro directo o bien por el recorte de funciones a esas áreas, acusadas desde el oficialismo de ser manejadas por funcionarios de carrera cercanos al kirchnerismo. Otra medida denunciada es la paralización de actividades y cuentas en sectores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, de forma que no hay despidos ni recortes presupuestarios, pero tampoco se ejecutan los dineros destinados a las Ert. En contrapartida, sí se aumentaron las asignaciones presupuestarias a fondos y programas para emprendedores individuales (empresas unipersonales), y en el discurso oficial éstos desplazaron a los cooperativistas. Este discurso en contra de las empresas recuperadas cuenta además con el apoyo empresario en general y de la usina mediática encabezada por el diario La Nación, que el 14 de marzo pasado publicó un editorial reivindicando no sólo la decisión de la jueza Hualde, sino también el decreto de Macri que vetó la ley nacional que protegía al Bauen. La retórica del diario apunta a la necesidad de defender la propiedad privada, amenazada por los cooperativistas y un “parlamento populista, heredero del kirchnerismo”. Nada dice sobre la historia fraudulenta del Bauen desde su nacimiento en plena dictadura militar.
NACIMIENTO
El 28 de diciembre de 2001 el hotel Bauen cerró sus puertas y dejó en la calle a los trabajadores, quienes el 21 de marzo de 2003 se hicieron cargo de las instalaciones de la empresa bajo la consigna “Ocupar, resistir y producir”. Desde entonces el hotel se mantuvo abierto, sus empleados siguieron trabajando y reinvirtieron buena parte de las ganancias en el mejoramiento de su fuente de empleo.
Pero el hotel existe desde hace varias décadas. En 1977 el empresario Marcelo Iurcovich obtuvo un crédito blando del hoy extinguido Banco Nacional de Desarrollo (Banade) gracias a sus fluidos contactos con miembros de la Armada nacional cercanos al almirante Emilio Massera, integrante de la gobernante Junta Militar. Uno de esos oficiales de la Armada era Alberto Lacoste, titular del Ente Autárquico Mundial 78, quien recomendó a Iurcovich para la construcción de un hotel de lujo, una forma de crear el escenario que la dictadura necesitaba mostrarle al mundo para el campeonato mundial de fútbol. Así nació el hotel Bauen, y fue construido en tiempo récord: menos de un año. Pero Iurcovich nunca pagó el crédito, que se sumó a la tanda de deudas y agujeros negros dejados por la dictadura. En democracia, el hotel siguió funcionando hasta que estalló la crisis en 2001, luego de una década de políticas neoliberales de la mano del menemismo, golpeando la estructura productiva del país, en especial a las pequeñas y medianas empresas.
El propio “superministro” de Economía en 2001, Domingo Cavallo, reconoció la importancia del sector de las pymes: dan trabajo y mueven el 70 por ciento de la economía nacional, aseguró. Era una verdad de Perogrullo, si se tiene en cuenta el peso de estas empresas en la industrialización de la posguerra, a partir de 1945. Argentina tampoco es el único caso donde las pymes activaron la economía de un país.
El menemismo aplastó la estructura industrial y la de servicios de mediana y pequeña escala y favoreció el capitalismo financiero, con una política similar a la del ciclo de la dictadura militar iniciado en 1976. La privatización de empresas públicas y el aumento imponente de impuestos dejó un tendal de emprendimientos de mediana escala en la ruina, allanando así el camino a los grandes grupos empresariales que se quedaron con esas porciones del mercado. El costo fue un crecimiento del desempleo que saltó del 7,6 por ciento, en las postrimerías del gobierno de Raúl Alfonsín a casi el 21 por ciento a mediados del período menemista.
UN EJEMPLO MUNDIAL
En ese contexto nació la Central de Trabajadores Argentinos (Cta), que incorporó al léxico social la categoría “trabajadores desocupados” para graficar una mano de obra activa pero sin posibilidad de producir. Junto con la Cta llegaron los piqueteros, trabajadores desocupados que se hicieron visibles en 1995 en las zonas petroleras de Cutral-Có, de la patagónica provincia de Neuquén, y en los pozos petroleros salteños de General Mosconi y Tartagal. El desempleo llevó a miles de trabajadores a reclamar por fuentes de trabajo, primero mediante piquetes y más tarde organizándose para recuperar las empresas quebradas y ponerlas a trabajar. El movimiento piquetero, y a partir de 2001 el movimiento de empresas recuperadas por los trabajadores, resultaron ejemplos mundiales, y fueron un laboratorio de prácticas sociales frente a los resultados de la devastación neoliberal de fines del siglo pasado. Los sociólogos John Holloway y Teotonio dos Santos señalaron al movimiento de empresas recuperadas como un ejemplo de economía alternativa a seguir para los países latinoamericanos y europeos devastados por la reciente crisis financiera.
UN ACTOR SOCIAL
En Argentina, desde la llegada del kirchnerismo al poder, el 25 de mayo de 2003, el movimiento de empresas recuperadas se plantó como un actor social y político y logró reconocimiento por generar una nueva forma de producción y contención social. El parlamento nacional sancionó algunas leyes que acompañaron el crecimiento sostenido del movimiento y colaboraron con su estabilidad económica (por ejemplo a través de subsidios y regulaciones de los aumentos de tarifas de los servicios públicos).
La cooperativa del Bauen logró la aprobación de una ley que expropiaba el edificio a sus dueños originales, lo convertía en propiedad estatal y lo entregaba a los trabajadores a cambio de un pago. La ley 27.344 fue aprobada primero por mayoría simple en la Cámara de Diputados en noviembre de 2015, y contó con 60 votos sobre 72 en el Senado –más de dos tercios del cuerpo– un año más tarde, el 30 de noviembre de 2016, antes de ser vetada por Macri.
VUELVE EL PATRÓN
Luego de 16 años de ausencia, Iurcovich vuelve a la carga. Esta vez bajo la figura empresarial de la firma Mercoteles SA, a la que presuntamente habría vendido el Bauen en 2001. La abogada de la empresa es Susana Espósito, una comunera del oficialista Pro (los comuneros son las autoridades locales elegidas para representar a cada una de las 48 comunas ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires). Espósito no sólo es comunera del barrio de Caballito, sino también la esposa del comisario Ricardo Pedace, ex vicejefe de la Policía Metropolitana y desde enero pasado actual jefe de la Agencia Gubernamental de Control (Agc), según el periodista Ricardo Ragendorfer en la revista digital Nuestras Voces. Su nuevo cargo le da a Pedace la responsabilidad de habilitar edificios públicos y privados en lo referido a cuestiones arquitectónicas y de salubridad alimentaria. Es decir que cualquier pedido de clausura del Bauen pasaría por sus manos y por la Agc.
JUEZA AMIGA
Esto no sería tan preocupante si no fuera porque Espósito y Pedace mantienen una relación cercana con la jueza Paula Hualde. Algo que resultó evidente en noviembre pasado, cuando Espósito corrió a abrazar a la jueza en el escenario mientras ésta recibía el premio a la excelencia judicial, otorgado por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) –del que salió el actual ministro de Justicia, Germán Garavano– y el Instituto para el Desarrollo Empresario Argentino (Idea), dos grandes elefantes entre los think tanks liberales y amigos históricos de las dictaduras militares. Espósito presentó a Hualde la última documentación para expropiar el Bauen cooperativo y entregárselo a Mercoteles SA. Y la jueza falló en contra de la cooperativa.
El editorial de La Nación y el embate legal del presidente y la jueza conforman una operación de pinzas de la que a los trabajadores les resulta difícil zafar. La única opción que le queda a la Cooperativa Bauen, según Tonarelli, es volver a presentar el proyecto de ley de expropiación en el Congreso para que sea aprobado esta vez por una mayoría calificada de dos tercios, que inmunizaría la ley frente a un posible veto presidencial. Los trabajadores cuentan con los votos necesarios en el Senado, pero en la Cámara de Diputados necesitan superar la mayoría simple con la que fue aprobado el proyecto en 2015.“Se hace difícil conseguir los votos”, señaló Tonelli. “Con este Congreso es más difícil porque el macrismo aumentó la cantidad de legisladores en diciembre de 2015”, insistió.
367 EJEMPLOS
Solamente en la ciudad de Buenos Aires hay 72 empresas recuperadas, según un informe de mayo 2016 elaborado por el área de extensión de la Universidad de Buenos Aires (Uba) y coordinado por el sociólogo Andrés Ruggeri, autor del libro ¿Qué son las empresas recuperadas? Autogestión de la clase trabajadora.
En todo el país son 367 los emprendimientos recuperados por sus trabajadores. El más nuevo se inició el 29 de marzo pasado, cuando los propietarios del café y pizzería Mi Tío, en pleno corazón del barrio bonaerense de San Telmo, abandonaron el negocio y sus ocho empleados decidieron armar la cooperativa con apoyo de los vecinos. Para ellos y para el resto de los emprendimientos cooperativos recuperados en la ciudad de Buenos Aires lo que ocurra con la Cooperativa Bauen será decisivo. Saben que están en un territorio hostil: desde que Mauricio Macri se hizo cargo de la jefatura del gobierno de Buenos Aires vetó sistemáticamente todas las leyes de la legislatura local que ampararan a las empresas recuperadas y que reconocieran el derecho al trabajo por sobre el de propiedad, incluso cuando esas normas fueran votadas por los legisladores macristas. Antes de abandonar ese cargo para embarcarse en la carrera presidencial lo hizo en 2011 y luego en 2013.
El nuevo jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ícono de las familias patricias argentinas, siguió por este mismo camino al vetar la ley 5.500/15, que permitía a los trabajadores de un restaurante quedarse con los muebles del local tras la quiebra y fuga de sus propietarios.
EMBLEMAS
Además del Bauen, en la historia del movimiento de empresas recuperadas se han destacado otros casos emblemáticos.
En diciembre de 2003 los trabajadores, en su mayoría mujeres, de la empresa de confección Brukman volvieron a producir. Dos años antes la fábrica, ubicada en la capital argentina, les había cerrado las puertas. Las trabajadoras decidieron ocupar y resistieron varios desalojos violentos hasta que consiguieron su objetivo. De las 300 operarias quedaron 60 organizadas en una cooperativa, pero contaban con una sentencia judicial firme contra la patronal, por la quiebra.
Cerámicas Zanón, ahora llamada Fasinpat (Fábrica sin Patrones), en la provincia de Neuquén, está organizada como cooperativa desde 2002, tras la quiebra del grupo Zanón en diciembre de 2001. Fue una de las primeras en ser recuperadas y puesta en marcha con apoyo social y político de todo el país, incluso desde Europa. Poco antes había surgido Impa, una fábrica de plásticos ubicada en la capital. Fue uno de los primeros ejemplos recientes de recuperación de fábricas. Aunque formalmente era una cooperativa desde 1961, en la práctica se gestionaba como una empresa capitalista común, hasta que a mediados de 1998 los gerentes abandonaron sus puestos y los trabajadores decidieron continuar con el emprendimiento reorganizándose y tomando el control de la fábrica. Otro caso similar fue el de una cooperativa de trabajo en Campo Herrera, Tucumán, fundada en 1967 tras el cierre de 11 ingenios azucareros durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. Los cooperativistas fundaron su unidad económica de trabajo y su propio pueblo para habitar. Pero desde entonces y hasta la crisis del fin del milenio pasado las cosas funcionaron bajo el modelo clásico del capitalismo empresarial.
PANORAMA INCIERTO
Según el informe de la Uba, las Ert vieron modificada su situación a partir de la llegada al poder del macrismo, por el trato diferenciado que el nuevo gobierno les dispensa.
En la provincia de Buenos Aires la actual gobernadora, María Eugenia Vidal, del Pro, lleva en su haber tres vetos a leyes que favorecían a empresas recuperadas, pese a que fueron votadas incluso por el oficialismo macrista. En todos los casos, según apunta el informe de la Uba, el cuestionamiento a las empresas recuperadas es netamente ideológico y no toma en cuenta que se trata de fuentes de trabajo que tienen una utilidad social, y tampoco se considera el rol organizador que tiene el trabajo, más allá del económico. Macri, Rodríguez Larreta y Vidal se refieren a los trabajadores que quedan expuestos al desempleo como“grupos privados”. Y para Vidal, por ejemplo, la solución es que un nuevo empresario compre las empresas en cuestión.
El martes 11 de abril el Bauen convocó a una cena-beneficio para afrontar las nuevas medidas judiciales tras el veto presidencial. Fue en realidad un encuentro social de resistencia a las políticas macristas donde se pudo ver a Nora Cortiñas, referente de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sectores parlamentarios del Frente para la Victoria, dirigentes sindicales de la Cta y buena parte del universo de las empresas recuperadas. El Bauen fue desde siempre un punto de referencia y encuentro para las Ert. En marzo de 2016 se reunió allí un plenario de Ert para discutir cómo afrontar la embestida oficial en materia tarifaria y legal, que había elevado los costos de producción de las empresas entre un 200 y un 400 por ciento, lo cual comenzó a desatar las alarmas en el grupo. Un eventual desalojo del hotel Bauen representaría un punto de quiebre en la vida de estas nuevas formas de resistencia social y económica frente a las políticas neoliberales.
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