Surgió una versión entre diputados del ex-presidente, quien les habría dicho que lo doparon y no recuerda haber disuelto el congreso
Por Carlos Noriega
Desde Lima
La presidenta Dina Boluarte, quien asumió el miércoles en reemplazo de Pedro Castillo destituido por el Congreso, no ha descartado acortar su mandato que debe culminar en julio de 2026 y adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias, “si es que la situación lo amerita”. Un adelanto de elecciones tiene que ser aprobado por el Congreso, donde muchos no quieren perder sus curules, pero la presión para que eso ocurra, crece. Boluarte dejó abierta esta posibilidad poco antes de nombrar a su primer gabinete ministerial, que juramentó este sábado.
La presidencia del gabinete de ministros la asume el abogado Pedro Angulo, quien ha sido fiscal superior y decano del Colegio de Abogados. En las elecciones de 2021 fue lanzado como candidato presidencial del partido Contigo, formado por seguidores del expresidente de derecha Pedro Pablo Kuczynski, pero su candidatura fue retirada por falta de respaldo. Angulo es más conocido por su trayectoria profesional como abogado que por su participación política, algo que caracteriza al nuevo gabinete. Quien tiene más peso político en el equipo de ministros de Boluarte es el titular de Defensa, el abogado Alberto Otárola, que ya ocupó ese cargo en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). En Economía asume quien hasta ayer era el viceministro, el economista Alex Contreras, revelándose una continuidad en este sector. En
Relaciones Exteriores también sube al cargo de ministra quien era la viceministra, Ana Cecilia Gervasi.
Un gabinete más técnico que político, puede ser una ventaja por el descrédito de los políticos, pero también un problema en medio de una situación política complicada. “Es un gabinete muy liviano en una coyuntura política pesada”, lo calificó un analista político. En el gabinete de la primera presidenta del país, de los diecisiete ministros que juraron, ocho son mujeres.
Boluarte inicia su gestión presidencial en una situación complicada. La mayoría parlamentaria de derecha, desacreditada desde hace buen tiempo pero que se siente empoderada después de la caída de Castillo, buscará imponerle la agenda. Ella no tiene partido político ni respaldo popular –asumió por haber sido la vice de Castillo–, no tiene una bancada parlamentaria que la respalde y tiene al frente en el Congreso a una mayoría de derecha –capitaneada por una ultraderecha golpista– que en la guerra que le hizo a Castillo ha dado reiteradas muestras de prepotencia y conducta antidemocrática. La relaciones de Boluarte han sido tensas, no solo con la derecha sino con Perú Libre (PL), el partido de izquierda que la llevó al Ejecutivo y del que fue expulsada en enero pasado.
En diálogo con Página/12, el politólogo Juan de la Puente, director del portal de análisis político Para Amarilla, señaló que “la salida de Castillo y la asunción al poder de Boluarte acerca al Perú a las elecciones generales adelantadas”. “El gobierno de Boluarte –dijo– debe ser uno de transición y de emergencia, que vaya a un adelanto de elecciones con reformas políticas y atienda las demandas sociales”. Sobre el pedido de tregua y el llamado al diálogo hecho por la presidenta, De la Puente opina que “la única tregua posible, el único diálogo posible en este momento, es para una transición con reformas políticas y adelanto de las elecciones. No me imagino un diálogo para el inmovilismo, para que todos nos abracemos pero que los grandes problemas del país que han generado esta larga crisis continúen intocados. Creo que la presidenta lo ha entendido y por eso ha dicho que se pueden adelantar las elecciones. La crisis en el Perú no solo tiene que ver con el ejercicio de la presidencia, sino también con el Congreso. Un pacto entre el Ejecutivo y el Legislativo para llegar hasta 2026 me parece que no es sostenible”.
El nuevo gobierno se inicia en un ambiente en el que en los últimos meses, ha crecido una demanda de adelanto de elecciones para “que se vayan todos”, alimentada por el descrédito de un Congreso mediocre, fuente de escándalos y con importante presencia de una ultraderecha que apostó al golpismo, y por un gobierno que abandonó las promesas de cambio que despertaron las esperanzas populares y que estuvo marcado por la incompetencia y denuncias de corrupción. Este sentimiento de “que se vayan todos” se ha expresado en las encuestas, pero hasta ahora no había salido a las calles. Luego de la destitución de Castillo se vienen dando movilizaciones en distintas ciudades del país. No son masivas, pero podrían escalar. Simpatizantes de Castillo demandan su libertad –el expresidente está encarcelado acusado de rebelión por haber intentado cerrar inconstitucionalmente el Congreso que lo quería destituir– y diversos grupos reclaman el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. En el centro de Lima la policía reprimió las protestas lanzando gases lacrimógenos. En la ciudad andina de Andahuaylas también hubo una fuerte represión. En esta ciudad se han dado las protestas más fuertes. Hay bloqueos en distintas carreteras. En algunas provincias diversas organizaciones han anunciado movilizaciones a Lima. Con ese trasfondo, Boluarte abrió la puerta a un posible adelanto de las elecciones.
“Si bien en este momento las movilizaciones no son masivas, la sociedad en su conjunto espera de este gobierno que haya una transición para ir a un adelanto de elecciones. Debemos evitar una mayor erosión democrática y un ciclo de violencia. El Congreso le ha dado una tregua a Boluarte, pero la sociedad no le está dando la tregua, porque las demandas sociales son impostergables y están ahí pendientes desde hace un tiempo, Castillo hablaba y hablaba pero no resolvía nada”, dice De la Puente.
Boluarte ha señalado que podría ir a visitar a la prisión a Castillo. Dijo que al encontrarse con él, le preguntaría por qué tomó la decisión de cerrar ilegalmente el Congreso, lo que al fracasar gatilló su caída y lo ha llevado a la cárcel acusado de rebelión. La fiscalía investiga quiénes participaron en la decisión de cerrar el Congreso para incluirlos en esa denuncia. Se sabe que los ministros de Castillo –o al menos la mayor parte de ellos– no estaban al tanto. Se especula que tuvieron participación en el intento de cierre del Congreso, la última jefa del gabinete ministerial de Castillo –Betssy Chávez– que había asumido dos semanas antes, y su antecesor Aníbal Torres.
Chávez negó haber participado en esa decisión y este sábado declaró ante la fiscalía. Torres, que es abogado y ha acompañado a Castillo durante su detención y la audiencia judicial en la que se dispuso su prisión preliminar, anunció este sábado que pasaba a la clandestinidad. “Me incluyen como investigado y me apartan de la defensa de Castillo. Lo están aislando y humillando para dar el mensaje que nadie del pueblo se atreva a gobernar el país”, señaló en un mensaje.
Castillo ha venido recibiendo en prisión visitas de congresistas. Uno de sus visitantes, el congresista Guido Bellido, quien fue jefe del primer gabinete ministerial de Castillo, sorprendió con sus declaraciones al salir del cuartel donde está el penal que Castillo comparte con el exdictador Alberto Fujimori. “El presidente fue amenazado para hacer lo que hizo. El presidente me ha dicho: ´Yo no me acuerdo que he dado lectura (al mensaje anunciando el cierre del Congreso). Yo me di cuenta cuando la gente (los ministros) ha renunciado’. El presidente habría sido dopado para dar ese mensaje. Eso se debe investigar”, dijo Bellido. Otros legisladores “castillistas” siguieron esa misma línea argumental para defender al expresidente. Insólitos argumentos que difícilmente ayuden a Castillo.
Los manifestantes exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo
Crisis en Perú: dos muertos en las protestas y convocatoria a un paro nacional
Por cuarto día consecutivo se produjeron manifestaciones en varias ciudades del interior y en la capital. Desde la cárcel, Castillo acusó a la justicia, al Congreso y a la presidenta Dina Boluarte de dirigir un “plan maquiavélico” en su contra.
Las protestas contra el nuevo gobierno y el Congreso de Perú se intensificaron en el interior del país, donde dos adolescentes de 18 y 15 años perdieron la vida, mientras organizaciones indígenas y campesinas llamaron a un paro por tiempo indefinido a partir del martes. Las manifestaciones se produjeron en varias ciudades del norte y el sur andino por cuarto día consecutivo, exigiendo la liberación del expresidente Pedro Castillo, destituido el miércoles por el Congreso y desde entonces detenido de manera preventiva en una unidad de la Policía Nacional en Lima. De ser hallado culpable de rebelión, el maestro rural enfrentaría entre 10 y 20 años de cárcel.
En medio de la tensión de las calles, una sesión del Congreso que tenía como objetivo debatir la situación legal de Castillo tuvo que suspenderse tras discusiones y golpes de puño entre los congresistas. En las primeras declaraciones públicas luego de su destitución, el expresidente peruano acusó a la Fiscalía, al Congreso y a la actual mandataria, Dina Boluarte, de dirigir un “plan maquiavélico” en su contra.
Los dos primeros muertos
Miles de personas se movilizaron este domingo por las calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, entre otras regiones. La situación era especialmente complicada en el departamento de Apurímac, del que es oriunda la flamante presidenta Boluarte. Allí murió un adolescente de 15 años al recibir una bala perdida en medio de choques entre manifestantes y policías, según el diario limeño La República.
El nuevo ministro del Interior César Cervantes confirmó la muerte de un segundo manifestante, de 18 años, por un “traumatismo encéfalo craneano ocasionado aparentemente por un objeto contundente”. Cervantes también confirmó que habría varios heridos por la represión a las protestas en Andahuaylas. Entre ellos, una niña de 14 años que recibió el impacto de un perdigón en el ojo y debió ser evacuada de urgencia.
En esa ciudad situada a unos 760 kilómetros al sudeste de Lima permanecía cerrado el aeropuerto debido a diversos daños causados desde el sábado por manifestantes, quienes aún mantenían como rehenes a un número no precisado de trabajadores y policías, informó la empresa operadora Corpac en un comunicado.
También quedó suspendida la atención al público en todas las oficinas institucionales del departamento de Apurímac, cuyo personal deberá trabajar de manera remota, excepto en los casos del sector de salud y de las oficinas encargadas de ejecutar el presupuesto y liquidar haberes. El gobernador Baltazar Lantarón llamó a dirigentes y representantes de distintos sectores sociales a una mesa de diálogo “a la brevedad posible”.
En Lima, el partido izquierdista Perú Libre convocó el domingo a una movilización desde la histórica Plaza San Martín, epicentro de las manifestaciones políticas en Perú. Lima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021.
Por su parte, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un “paro indefinido” a partir del martes, sumándose a los pedidos de adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú. El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la inmediata liberación de Castillo y el cierre del Congreso.
Sesión escandalosa en el Congreso
Mientras tanto el Congreso buscaba este domingo examinar la marcha de las diligencias preliminares de la investigación fiscal sobre Castillo y quienes hasta el miércoles fueran su jefa de gabinete, Betssy Chávez, y su ministro del Interior, Willy Huerta. El Ministerio Público los indaga por los posibles delitos de rebelión y conspiración en relación al mensaje de Castillo en el que anunció el cierre del Parlamento y el establecimiento de un gobierno excepcional con suspensión de garantías constitucionales y toque de queda.
Al conocer la noticia del primer muerto en las protestas, varios congresistas empezaron a gritar a favor de las protestas y a jurar que la sangre del fallecido “jamás será olvidada”, mientras se cruzaban comentarios entre las bancadas que no se alcanzaron a escuchar.
En ese clima caliente el congresista Pasión Dávila, del Bloque Magisterial, muy próximo al destituido presidente Castillo, le pegó una piña por la espalda al diputado Juan Burgos, del derechista Avanza País. Dávila volvió a su asiento y, minutos después, Burgos cruzó el salón del pleno y se dirigió a la carrera contra Dávila. Allí empezaron los forcejeos entre ambos, hasta que un numeroso grupo de congresistas lograron separarlos. La delicada situación derivó en la suspensión temporal de la sesión.
Esta es la primera sesión del Congreso tras la del miércoles pasado, cuando el Parlamento destituyó a Castillo con 101 votos a favor y solo seis en contra. La decisión fue adoptada poco después de que Castillo anunciara que iba a cerrar el Congreso, convocar un Ejecutivo de emergencia, gobernar por decreto, convocar una Asamblea Nacional y reorganizar el sistema de justicia.
“Plan maquiavélico”
El expresidente Castillo denunció desde la cárcel que el viernes y el sábado “un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento”, a lo que se negó “por seguridad y mi integridad”. El viernes se dio a conocer que un equipo de médicos legales de la Fiscalía iba a visitar al expresidente para tomar muestras con el fin de realizar una prueba toxicológica para determinar si Castillo estaba bajo los efectos de alguna sustancia cuando pronunció el discurso por el que disolvió el Parlamento y estableció el estado de excepción.
En un pasaje de su carta, Castillo afirmó que no descartaba que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el Congreso de la República y Boluarte estuvieran dirigiendo “este plan maquiavélico”. Debido a la desconfianza del expresidente Castillo ante el personal médico del lugar donde permanece detenido, el congresista Guillermo Bermejo solicitó este domingo “a la Cruz Roja Internacional que intervenga para velar por su salud e integridad”.
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