El Ejército de Liberación Nacional colombiano acordó un cese al fuego con el gobierno, pero existen dudas sobre la consistencia de ese acuerdo. En su segundo gran capítulo de diálogos de paz, el gobierno de Juan Manuel Santos se encontró con una contraparte mucho más sólida ideológicamente y más firme en sus exigencias que las FARC. Estas últimas se reconvirtieron en partido, pero sin caras o discursos nuevos.
El pasado 4 de setiembre la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, anunciaba que los equipos negociadores del gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) habían alcanzado un acuerdo de cese al fuego bilateral y temporal, al que se le denominó Acuerdo de Quito.
La tregua negociada se extenderá entre el 1 de octubre y el 9 de enero del año próximo, lo que implica que no representa el definitivo fin del conflicto ni se entregarán las armas por parte de la guerrilla. Durante el período en curso hasta la fecha de inicio de este transitorio alto el fuego se prepararán todos los protocolos –que son bastantes y complejos– que permitirán mecanismos de información mutua en los territorios en conflicto buscando minimizar los riesgos de ruptura del acuerdo que deberá ser consensuado entre las partes. También intervendrán los veedores de las Naciones Unidas, que procederán a supervisar el proceso en el lugar, y terminará de definirse en su integridad el rol de la Iglesia Católica respecto de estas negociaciones.
Más allá del cese transitorio de hostilidades mutuas, el Acuerdo de Quito implica que la guerrilla no atente durante este período contra ninguna infraestructura del país (incluidos sus oleoductos), no siembre más minas antipersonales y deje de reclutar a menores por debajo de la edad establecida por las normas del derecho internacional humanitario. Por su parte, el gobierno colombiano se compromete a fortalecer y reforzar la legislación que regula lo que se conoce como “alertas tempranas” –un sistema previsto para proteger a los líderes civiles y sociales– y desarrollar un programa de carácter humanitario para la población carcelaria de militantes del Eln –aproximadamente medio millar de reclusos–, asistiendo de forma adecuada a quienes necesiten un tratamiento sanitario especial o a quienes tienen enfermedades terminales, así como reubicando a los presos para acercarlos a sus familias y protegerlos dentro de los penales. Además, la recientemente aprobada ley que se refiere a la amnistía e indulto para presos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se amplía para los miembros del Eln, rebajándose y despenalizándose ciertos tipos penales asociados a la protesta social.
El acuerdo contempla un lapso de tres semanas destinado a que quienes negociaron en nombre de la guerrilla vayan a los correspondientes frentes de guerra a explicar el contenido de lo firmado en Quito y las condiciones de la tregua. Esto es consecuencia de que –a diferencia de las extintas Farc, en las que el secretariado de la guerrilla daba una orden y ésta se cumplía sin discusión– el Eln, pese a su estructura militar, funciona como una especie de federación de frentes en combate donde se consensúan los acuerdos de manera más horizontal.
En paralelo, gobierno y guerrilla acordaron ampliar el período de negociaciones, que entrará en su cuarto ciclo a partir del 25 de octubre. De hecho está previsto que al final de este primer período de cese de hostilidades se haga una evaluación de cómo ha avanzado la agenda de negociaciones con el fin de prorrogar por más tiempo la tregua.
ORÍGENES DE UNA GUERRILLA.
El Eln nació en 1964, casi a la par que las Farc, inspirándose en una ideología que mezcla cristianismo, marxismo inspirado en la revolución cubana y nacionalismo radical.
Sus orígenes reales datan de un par de años antes, cuando cinco estudiantes colombianos viajaron a La Habana en condición de becados. Allá fue fundada la Brigada José Antonio Galán, a la cual se unirían un año después varios sacerdotes vinculados a la teología de la liberación. Dos de ellos, Camilo Torres (1929-1966) y Manuel Pérez (1943-1998), se convertirían en las figuras más emblemáticas de la historia del Eln.
Las acciones armadas del Eln comenzaron al inicio de 1965, siendo la guerrilla prácticamente desarticulada en octubre de 1973 –durante la presidencia de Misael Pastrana Borrero–, a consecuencia de una ofensiva militar a gran escala denominada Operación Anorí. Pasaría una década para que el Eln tuviera capacidad de comenzar a rearticularse bajo la dirección del sacerdote español Manuel Pérez, convirtiéndose a partir de entonces en el segundo grupo insurgente más importante del país hasta el armisticio de las Farc.
Según la Fundación Paz y Reconciliación, los más de 2 mil combatientes actuales del Eln están distribuidos a lo largo de 51 municipios en 11 departamentos colombianos. En este sentido, el anuncio del cese al fuego entre ejército y guerrilla significará un gran alivio para las regiones del norte de Santander, Chocó y Arauca, donde se concentra con mayor virulencia el conflicto entre la última guerrilla que queda en Colombia y las fuerzas armadas.
COMIENZA EL DIÁLOGO.
El Eln ya había mantenido conversaciones con gobiernos previos al de Juan Manuel Santos. Concretamente, fue durante la presidencia de César Gaviria, en la década de 1990, que se iniciaron los primeros contactos (en Caracas, en 1991). Y en 1992 se organizaron los Diálogos de paz de Tlaxcala, en México. Los intentos de negociación con el gobierno tuvieron también lugar durante la gestión de Pastrana –mediante el Acuerdo Puerta del Cielo, de 1998, firmado en Maguncia, Alemania, y la reunión de Ginebra realizada en 2000–, e incluso con el gobierno del ultraderechista Álvaro Uribe, mediante una primera reunión a finales de 2005 y tres sesiones más en 2006, finalizando el proceso en agosto de 2007, tras otro encuentro en territorio caribeño donde participarían el presidente cubano Raúl Castro y el Nobel de literatura Gabriel García Márquez.
El actual proceso de negociación se inició en marzo de 2016, tres años después de que comenzaran las conversaciones con las Farc que culminaron con el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.
Históricamente el Eln ha tenido un componente político mucho más marcado que las Farc, pese a que los segundos tuvieran cuatro veces más capacidad operativa militar que los primeros. Esto implicó que aunque el inicio de las conversaciones exploratorias fuese anunciado por Juan Manuel Santos durante su campaña electoral para la reelección de 2014, éstas no hayan terminado de cuajar hasta tres años después.
EN LA AGENDA.
Los primeros diálogos se celebraron en Ecuador y Brasil, de forma alterna, si bien Venezuela, Noruega, Chile y Cuba también han acompañado el proceso. Desde hace meses la agenda de negociación quedó pactada, teniendo cierto parecido a lo que se estableció en su momento con las Farc, aunque en este caso el gobierno colombiano tuvo que ceder con respecto a los reclamos insurgentes de participación ciudadana.
La agenda de diálogo contempla seis puntos en discusión: la participación de la sociedad, la democracia para la paz, asuntos relativos a las víctimas, las transformaciones para la paz, aspectos de seguridad para lograr la paz y entrega de las armas, así como las garantías para el ejercicio posterior de la acción política.
Establecer a Quito como sede principal de las negociaciones es fruto de la negativa gubernamental a las iniciales peticiones guerrilleras, que contemplaban que se instalasen fundamentalmente en Caracas.
Pero llegar a los Acuerdos de Quito implicó también un proceso de disputas dentro del Eln, donde las posiciones más dialogantes en el Comando Central (Coce) se han impuesto frente al sector más beligerante. Así, las posturas de Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, primer comandante del Eln, junto a las de Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”, tercero en la línea de mando y jefe de la comisión negociadora, consiguieron frenar a los sectores más escépticos y las posiciones duras encarnadas en el Frente de Guerra Occidental y el Frente de Guerra Oriental.
En todo caso, existe una nube de dudas sobre la consistencia del acuerdo. Al respecto, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto, indica: “Es muy difícil que este tipo de acuerdo tan desestructurado se verifique y se cumpla, ofrece mayores riesgos para la población civil, para quienes hagan la verificación y para la misma guerrilla”. Respecto de los riesgos asumidos por el Eln, el comandante Pablo Beltrán también advirtió: “El paramilitarismo es una sombra que se mantiene en gran parte del territorio dejado por las Farc, y quedarse quieto, para la guerrilla, representa un riesgo aun mayor”. Cabe señalar, en este sentido, que el propio gobierno ha reconocido que en las áreas dejadas atrás por las Farc se ha incrementado notablemente la actividad de diversas bandas delincuenciales y el paramilitarismo (así como los asesinatos de líderes sociales; véase Brecha, 14-VII-17).
La solidez ideológica del Eln ha implicado que, a diferencia de lo sucedido durante las negociaciones con las Farc, la guerrilla no aceptase ninguna medida unilateral, algo que pidió inicialmente el gobierno, requiriéndole un cese unilateral de las actividades insurgentes. De hecho el compromiso guerrillero ni siquiera pasa por la liberación de sus secuestrados –en la actualidad cuatro personas vinculadas al sector comercial y ganadero–, quedando este asunto agendado para la siguiente etapa.
Más allá de la larga historia de negociaciones entre el Estado colombiano y la insurgencia “elena”, es la primera vez desde que se fundó el Eln que se firma un documento con el gobierno. En eso tuvieron mucho que ver las presiones del papa Bergoglio, quien visitaría el territorio colombiano inmediatamente después para expresar su apoyo al proceso.
RECONVERSIÓN DE LAS FARC.
La firma de los Acuerdos de Quito se da en paralelo a la puesta en escena del partido político conformado por las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las cuales manteniendo sus siglas Farc pasaron a denominarse Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El modelo no es nuevo en este país cafetero, teniendo en cuenta el proceso del Ejército Popular de Liberación (Epl), que pasó a denominarse Esperanza, Paz y Libertad, o el referente al M-19, que tras la firma de paz optó por la denominación Alianza Democrática M-19.
Difícil es pensar que las estigmatizadas Farc puedan tener un apoyo relativamente amplio en el área urbana, centrándose estratégicamente este nuevo partido en movilizar el voto rural de un campesinado históricamente excluido. En este sentido, cabe recordar que en aproximadamente el 10 por ciento de los 1.123 municipios de Colombia la política local ha estado controlada durante décadas por los “farianos”.
Pese a que el gran reto de las refundadas Farc debería estar enmarcado en el cambio de imagen, en la actualización de sus discursos, en conformarse orgánicamente de la forma más horizontal posible y en presentar nuevas vocerías ante la deslegitimación social de su antigua comandancia, las tesis que se impusieron en su congreso fundacional fueron las de perfil más ortodoxo y de connotaciones marxista-leninistas. Tras seis décadas de conflicto civil armado, el pueblo colombiano reclama en estos momentos menos consignas revolucionarias y más propuestas políticas enfocadas a solucionar problemas como el desempleo, la baja calidad de la salud y la educación, la pobreza, la delincuencia o laenorme lacra que supone la corrupción institucional.
Si hubiera que ubicar un perdedor en el congreso fundacional del nuevo partido, éste sería Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, quien propuso sin éxito el nombre de Nueva Colombia para la extinta guerrilla y un modelo de partido que se dirigiera al país “sin dogmas, sin sectarismo, ajeno a toda ostentación ideológica y con propuestas claras y sencillas”. Sin embargo, las tesis auspiciadas por el que fuera el número uno durante la última etapa de las Farc guerrilleras fueron derrotadas, no por su dirección, sino por sus bases.
Como parte de los acuerdos de paz, las nuevas Farc disponen de diez diputados asegurados en el próximo Congreso que será electo en marzo del año que viene. Nombres de la antigua comandancia tales como Victoria Sandino, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada e Iván Márquez –el gran triunfador en esta convención– figuran como precandidatos para ocupar estos escaños. En definitiva, hay una ausencia de caras y voces nuevas para afrontar este supuesto nuevo renacer.
El desmarque de la izquierda política colombiana respecto de las nuevas Farc se evidenció por su no asistencia al congreso fundacional. Ninguno de los múltiples precandidatos presidenciales del progresismo asistió al acto, tampoco ninguno de los dirigentes de los partidos políticos de centroderecha que respaldaron en su momento los acuerdos de paz. Tan sólo asistió un representante de la precandidata presidencial progresista Clara López para leer un comunicado en su nombre.
TRABAS.
En paralelo, y fruto de las limitaciones que impuso la Corte Constitucional al mecanismo de fast-track (vía rápida) para aprobar las leyes de la paz en el Congreso, las legislaciones sobre desarrollo rural, participación política y reforma electoral que deben establecerse tras estos acuerdos de paz están sufriendo importantes modificaciones conceptuales en el Poder Legislativo. Allí los curules conservadores se envalentonaron tras los resultados negativos del plebiscito realizado el año pasado sobre dichos acuerdos.
En todo caso, lo que se visualiza en todo sondeo de opinión realizado durante el presente año en Colombia es que sorprendentemente la implementación de los acuerdos de paz no está entre las prioridades políticas de la ciudadanía.
Mientras, en las zonas de la Colombia rural que fueron antiguos escenarios de guerra, ex guerrilleros desmovilizados que formaron parte de los frentes farianos no dejan de ser asesinados por sicarios contratados por terratenientes, caciques políticos locales y bandas criminales. Oficialmente el Estado contabiliza ya una docena de asesinatos de ex combatientes y otra cifra similar de víctimas entre sus familiares.
Respecto de las disidencias –quienes no aceptaron el acuerdo de paz– dentro de las Farc, el gobierno colombiano registra un número aproximado de 400 combatientes que se han conformado en varias estructuras ilegales ubicadas principalmente en ocho departamentos del país: Nariño y Cauca en la zona suroccidental, y Caquetá, Meta, Guaviare, Vichada y Vaupés en el sudoriente. Según Eduardo Álvarez Vanegas, vocero de la Fundación Ideas para la Paz, resulta significativo que estas disidencias no estén agrupadas bajo la estructura de control de un mismo comandante, lo cual podría desembocar en su futura conversión en nuevas bandas criminales emergentes.
CAMPAÑA ELECTORAL.
A seis meses de que se realicen las elecciones legislativas y a nueve de la presidencial todo parece indicar que el país electoralmente se polarizará de nuevo en torno a las posiciones a favor o en contra de los acuerdos de paz.
En el ámbito de la derecha es de prever que, según vaya acercándose el proceso, las múltiples precandidaturas actualmente existentes terminen por converger en dos candidatos fuertes. Éstos serían Germán Vargas Lleras y quien designe finalmente Álvaro Uribe en complicidad final con el Partido Conservador, de Andrés Pastrana.
En el caso del primero, quien en la actualidad funge como vicepresidente de la república, sus estrategias electorales se articulan en torno a la crítica parcial a los acuerdos de paz impulsados por Santos, pactando con diversos segmentos de la clientelar política local y regional que ya le han manifestado su apoyo. También se basan en el cuestionamiento al gobierno venezolano de Nicolás Maduro y en una irrisoria alerta social para que Colombia no se convierta en una nueva Venezuela, y termina reclamando un pacto con los sectores empresariales más reaccionarios, que sienten como una amenaza la justicia transicional derivada de los acuerdos de paz.
Por su parte, la estrategia del uribismo, más allá de quién termine siendo su candidato (hay en la actualidad cuatro precandidaturas distintas dentro del Centro Democrático), es asentar la idea de que Santos entregó el país a las Farc, generando alarma en un empresariado rural al que se le dice que sus tierras terminarán siendo entregadas a los ex combatientes guerrilleros desmovilizados, potenciando a su vez los llamados “valores morales” más reaccionarios en una sociedad sumamente conservadora como es la colombiana.
En lo que respecta a los sectores políticos que van del centro hacia la izquierda, fieles a su tradición divisionista, en la actualidad presentan un fraccionamiento en al menos tres bloques: los progresistas de Gustavo Petro, el entorno del nuevo partido de las Farc y, por último, la coalición formada por la Alianza Verde, de Claudia López, Compromiso Ciudadano, de Sergio Fajardo, y el Polo Democrático, del senador Jorge Robledo. Queda pendiente ver cómo solucionarán las izquierdas este fraccionamiento para intentar converger en torno a una sola candidatura.
En todo caso, lo que falta hasta mayo de 2018 vendrá marcado por la disputa entre estas dos amplias facciones que determinarán posiblemente una segunda vuelta presidencial, pasando la centralidad política de la lógica decimonónica izquierda versus derecha a situarse en el eje derivado del posconflicto.
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