El jueves 21 Cataluña acude a las urnas con un gobierno destituido y varios candidatos presos o en el exilio. Las encuestas pronostican que ni independentistas ni unionistas conseguirán la mayoría. La llave estaría en manos de Podemos y sus aliados.
Se llama “caganer” y es el símbolo catalán de la Navidad. Tal como indica su nombre, se trata de un muñeco defecando. Los hay de los más variados: desde aquellos que representan al futbolista Lionel Messi hasta los que homenajean al olvidado Barack Obama. Como no podía ser de otra manera, tampoco faltan los rostros (y traseros) más famosos de la política de Cataluña. Sí, Cataluña, ese territorio que a esta hora supuestamente sería independiente, pero resulta que no lo es. A pesar de la “solemne declaración” del parlamento, de las promesas del presidente Carles Puigdemont y de los discursos lanzados por otros líderes nacionalistas, hoy los caganers (o al menos los encargados de fabricarlos y venderlos) siguen rigiéndose bajo las estrictas leyes españolas.
En vísperas de una nueva Navidad, las vitrinas que exhiben a los simpáticos muñecos de este año comparten paisaje con los carteles que anuncian elecciones. La cita electoral será el jueves 21, apenas 72 horas antes de Nochebuena. Dicho de otra forma, una parte de la sociedad catalana brindará el 24 por la victoria, mientras que otro sector de la población aprovechará la celebración para tratar de evadirse de la derrota. Lo que aún no está claro es quiénes beberán para festejar y quiénes lo harán para olvidar.
El año 2017, el más convulso de la historia reciente de España, está a punto de terminar, pero no lo hará sin antes ofrecer una última postal de la crisis catalana. Una crisis que ni empezó hace 12 meses ni acabará en otros 12, pero que ha llegado a su punto álgido en este último trimestre. Nunca, jamás, Cataluña había estado tan cerca y a la vez tan lejos de la pretendida libertad. Nunca, jamás, el Estado español había respondido con tal virulencia. Y nunca unas elecciones de carácter autonómico se habían desarrollado bajo un clima tan anormal y extraño como el actual.
BREVE CRONOLOGÍA. Este puzle incompleto tiene varias fechas clave. Tomen nota. 1 de octubre: Cataluña celebra un referéndum no reconocido por el Estado; la Policía carga violentamente contra los que pretendían votar y deja cientos de heridos. 10 de octubre: Después de varias idas y venidas, Puigdemont entra al hemiciclo y declara la independencia… para suspenderla pocos segundos después, ofreciendo así un proceso de negociación al Estado español, ese mismo del que tanto él como al menos 2.044.038 ciudadanos (los que votaron “sí” en el referéndum) se querían separar. 27 de octubre: fracasado el intento negociador, el presidente regresa a la sede legislativa y declara, ahora sí, el nacimiento del Estado catalán. La respuesta del Estado llegó esa misma noche: aplicación del artículo 155 de la Constitución española y cese del govern.
Los hechos posteriores han recorrido las pantallas de todo el mundo. Puigdemont y varios de sus consejeros huyeron a Bruselas para evitar un más que seguro encarcelamiento; el vicepresidente Oriol Junqueras y otros siete miembros del gobierno catalán que se quedaron en Barcelona declararon ante un juez en Madrid y, a continuación, ingresaron en calidad de presos preventivos en dos prisiones de Madrid. A todo ello (y a todos ellos) se sumaban los presidentes de las asociaciones civiles independentistas Asamblea Nacional Catalana (Anc) y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, quienes llevan durmiendo en sendos calabozos desde el 16 de octubre, cuando se convirtieron en los primeros presos políticos catalanes del siglo XXI.
Quizás el público más precavido pueda creer que todo esto ha sido el costo de llevar a la práctica la independencia de Cataluña, y que ahora los presos aguardan que su nuevo Estado efectúe las gestiones diplomáticas necesarias ante la vecina España para liberarlos. Nada más lejos de la realidad: la declaración de independencia lanzada por Puigdemont el pasado 27 de octubre solamente fue eso, una declaración. Desde entonces no hubo ni el más mínimo gesto, intento o acción destinada a poner en pie las estructuras necesarias para actuar como país. Ni siquiera se empezó a actuar como tal. Nada. Absolutamente nada.
Desde su exilio en Bélgica, el destituido presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que actuó así para evitar un brote imparable de violencia. Sus temores, ha repetido, se centraban en la actitud que pudiese asumir el gobierno de Rajoy si la administración catalana tiraba hacia adelante en la creación del nuevo Estado. Ante ello, el Ejecutivo nacionalista prefirió aparcar sus planes. En lugar de caminar hacia la Cataluña prometida, eligió presentarse en las elecciones autonómicas convocadas desde Madrid al calor de la intervención de la autonomía.
CANDIDATOS PRESOS. No en vano, estas son las elecciones de Rajoy. Él las preparó. Él las convocó. Y será también él quien deberá aclarar si respetará el resultado, sobre todo si vuelven a ganar los independentistas. En esta ocasión, los dos grandes partidos que promueven el proceso soberanista –Pdecat y Erc– han decidido acudir por separado. De esta manera, en el bloque favorable a la ruptura con España competirán un candidato preso (Oriol Junqueras, de Erc) y otro huido (Puigdemont, por Junts Per Catalunya, nombre adoptado por su formación para esta cita electoral).
La situación es absolutamente surrealista. Vean un ejemplo, quizás el más claro y rotundo: el próximo 21 a la noche, los informativos podrían anunciar que el ganador de las elecciones es un recluso de la cárcel de Estremera. ¿Curioso, no? Hay más. En estos fríos días de otoño, el Tribunal Supremo prepara una nueva investigación contra decenas de dirigentes independentistas, lo que podría derivar en otra ola de encarcelamientos. Algunos de ellos, como la dirigente de Erc Marta Rovira, figuran en las listas electorales que la ciudadanía tendrá a su alcance en los comicios del próximo jueves. Hoy es una candidata; mañana podría ser una presa política.
En ese contexto, Junqueras acaba de presentar otro reclamo ante el juez Pablo Llarena para que le dejen hacer campaña en libertad. El magistrado del Supremo –que acabó asumiendo todas las causas relacionadas con el referéndum soberanista y la posterior declaración de independencia– se negó recientemente a soltarlo, argumentando que tanto él como el ex consejero de Interior, Joaquim Forn, y los presidentes de Anc y Omnium podrían incurrir en “reiteración delictiva”. Llarena ha descubierto que los independentistas seguirán siéndolo cuando vuelvan a estar en la calle. Dicho de otra forma, sabe que los políticos catalanes no se convertirán al españolismo por el mero hecho de haber sido encarcelados. Aun así (o quizás precisamente por eso), seguirán presos hasta nuevo aviso.
¿QUIÉN GANA A QUIÉN? En realidad, Rajoy creía y cree (o quiere seguir creyendo) que esta convocatoria de elecciones por él diseñada puede servir para cambiar la correlación de fuerzas en Cataluña. Su sueño es ver caer a los independentistas y, al mismo tiempo, comprobar cómo suben los unionistas. Sus unionistas. Entre ellos está el PP, pero sobre todo Ciudadanos, la nueva marca de la derecha española. O también el Psc, filial regional del Psoe. En la pasada legislatura, estas tres formaciones “constitucionalistas” no sumaban la mayoría necesaria para controlar el Parlament, o al menos para condicionar la política de los nacionalistas. No obstante, las encuestas auguran que las cosas podrían llegar a cambiar el día 21. Si eso ocurre, será gracias al fenómeno de Ciudadanos, al que los sondeos coinciden en ubicar como segunda fuerza por detrás de Erc, e incluso en situación de empate técnico.
Todo esto tiene una explicación. O mejor dicho, una razón de ser. El auge soberanista, con su referéndum y su acto de proclamación de la República catalana, también ha movido las entrañas en los sectores españolistas, tanto fuera como dentro de Cataluña. Y Ciudadanos, el partido que es tan de derechas como el PP pero que –a diferencia de la formación de Rajoy– no tiene a ningún imputado ni condenado por corrupción, podría lograr convertirse en la referencia electoral de ese resurgir del patriotismo español, ya sea en Barcelona o en Madrid. De hecho, el diario El País publicó hace algunas semanas un estudio en el que este partido –liderado por el barcelonés Albert Rivera– también avanzaba posiciones de manera considerable al nivel del Estado, donde podría convertirse en una seria opción de gobierno.
“Su posible crecimiento en las elecciones del 21 de diciembre se debe, en buena parte, a que el PP catalán se desploma”, afirmó a Brecha el director del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña, Antoni Biarnés. A su juicio, esta formación derechista ha logrado ser vista como “un voto útil porque se prefigura como mayoritario, lo cual tiene un efecto de atracción”. “Su buen resultado en los comicios del jueves próximo le dará alas en la política estatal, pero desde ya descarto que aquí vaya a tener el respaldo suficiente para formar gobierno. Eso será imposible”, pronosticó este experto.
Con estos datos sobre la mesa, hoy nadie se atreve a pronosticar quién ganará las elecciones del día 21. Ya no se habla tanto de partidos, sino de bloques. Por un lado, el independentista, compuesto por Erc, Junts Per Catalunya y la anticapitalista Cup. Por otro, el unionista, con Ciudadanos, PP y Psc. “Por lo que dicen las encuestas, ninguno de estos dos bloques va a tener mayoría absoluta, así que no creo que vayan a ser unas elecciones de cambio, sino que posiblemente tengan una continuidad con lo que hemos vivido durante estos últimos meses”, afirmó a Brecha Sandra Bermúdez, politóloga y profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
LAS ENCUESTAS.
Ahí está, precisamente, la clave: cambio o continuidad. Y es también ahí donde entrará en juego la formación política a la que hoy todos otorgan un papel protagónico a la hora de buscar posibles acuerdos de gobierno: Catalunya en Comú (Cec), la candidatura impulsada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el líder de Podemos a nivel estatal, Pablo Iglesias. Las encuestas los ubican en una quinta posición, justo por delante del PP y de la Cup y algo por detrás del Psc, que se quedaría cuarto. En tercer lugar figura Junts Per Catalunya, mientras que el segundo y primer puesto está disputado entre Erc y Ciudadanos. Es entonces cuando entra en juego Cec, que podría inclinar la balanza hacia un lado u otro. O también hacia ninguno. Con respecto a los resultados de las últimas elecciones catalanas (2015), salvo el avance de Ciudadanos y un retroceso similar de la Cup y del PP (de alrededor de dos puntos porcentuales) –los partidos más alejados entre sí en la cuestión catalana–, parecería que los sucesos que tanto conmocionaron a Cataluña en los últimos meses no modificaron esencialmente las preferencias políticas de los electores catalanes.
El número uno de esta lista es Xavier Domènech, un político catalán que actualmente es diputado en el Congreso de Madrid y que rechaza tanto la política represiva del gobierno español como la vía unilateral empleada hasta ahora por Puigdemont y Junqueras. Los “comunes” –término que se utiliza para identificar a los representantes de esta candidatura de izquierdas no nacionalista– quieren, ante todo, diálogo. Y también un referéndum. Acordado, eso sí. Y respetado por todas las partes.
“Se trata del partido clave en estas elecciones, ya que tendrá en su mano ofrecer la llave de gobierno a las fuerzas independentistas o, en su lugar, a aquellas que apuestan por la continuidad del modelo territorial hasta ahora vigente”, destaca Bermúdez. En esa línea, el director del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña también mostró sus dudas sobre cuál sería la carta que elegiría esa formación ante un tablero endiablado. “Creo que no tienen buen encaje ni en un lado ni en otro, por lo que será muy complejo que lleguen a algún tipo de acuerdo”, comentó Biarnés.
En principio, la opción favorita de Catalunya en Comú sería un acuerdo con Erc, partido al que ya ha invitado a elegir entre la derecha que representa el Pdecat de Puigdemont o la alternativa de izquierda que podría construir junto a los comunes. Domènech tampoco descarta explorar vías de entendimiento con el Psc, aunque primero le pide que se aleje clara y rotundamente del PP. “Extenderemos la mano a los que defiendan una agenda social”, afirmó el candidato de Cec durante un desayuno informativo celebrado el pasado lunes 11 en Barcelona.
¿REPETIMOS? En caso de que ningún acuerdo fuese posible, Cataluña podría verse abocada a un escenario similar al vivido por el conjunto del Estado español entre diciembre de 2015 y octubre de 2016, período en el que tuvieron que celebrarse dos elecciones generales debido a la imposibilidad de llegar a pactos de gobierno entre las distintas formaciones. Finalmente, Rajoy consiguió mantenerse en el gobierno durante una nueva legislatura gracias a la abstención del Psoe en el parlamento durante la votación de investidura.
A pesar del complejo escenario que advierten las encuestas, Biarnés ve difícil que en el escenario político catalán pueda producirse una situación similar a la que se registró en el Estado. “No es imposible, pero es poco probable”, afirmó el politólogo, quien advirtió que en unas segundas elecciones “tampoco cambiarían mucho las cosas”, ya que “no se observa un posible trasvase de votos de un bloque a otro”. Por su parte, Bermúdez cree que resultará fundamental saber “cuál va a ser la lectura que el bloque soberanista haga de los resultados, tanto si consiguen la mayoría absoluta en escaños y votos como si no la logran”.
En el primer supuesto, todo indica que Puigdemont y Junqueras –aunque sea desde el exilio uno y desde la cárcel otro– buscarán presionar a Rajoy para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo en torno a un referéndum acordado. Si fracasan nuevamente, podrían volver a apostar por la vía de la unilateralidad. Para ello contarían nuevamente con el respaldo de la Cup, la formación anticapitalista que, según coinciden en señalar prácticamente todas las encuestas, podría perder algo de apoyo en las urnas, aunque mantendría su presencia en el parlamento catalán.
Ya sea en un escenario u otro, Cataluña (República para unos, comunidad autónoma para otros) podría enfrentarse a una legislatura corta, de transición. Lo que no está claro es hacia dónde. “Sólo puedo decirle que hay caso catalán para rato”, dice en tono serio el presidente del Colegio de Politólogos y Sociólogos. Ese “rato” puede ser largo. Muy largo.
Era jueves y votaste a un preso
Las elecciones del próximo 21 de diciembre en Cataluña tendrán varias particularidades. Una de ellas será, precisamente, el día elegido por el gobierno de Mariano Rajoy para llamar a las urnas: un jueves. O lo que es lo mismo, una jornada laborable. Ante esa situación, las personas que lo necesiten (debido a que trabajen tanto a la mañana como a la tarde) podrán tener hasta cuatro horas de permiso para acudir a votar. En caso de que tengan la mañana o la tarde completamente libre, deberán acudir en la franja horaria con mayor disponibilidad.
Otra de las particularidades de esta “fiesta de la democracia”: algunos de sus invitados están en la cárcel. Es el caso del candidato de Erc, Oriol Junqueras, pero también del número dos por Junts Per Catalunya, Jordi Sánchez (encarcelado en su calidad de presidente de la Anc) o Joaquim Forn, ex consejero de Interior y séptimo integrante de esa misma candidatura nacionalista. Al no estar condenados, tienen intactos sus derechos a postularse como candidatos e incluso ser elegidos. Lo que no está claro es qué ocurrirá si Junqueras cuenta con el respaldo suficiente para ser el próximo mandatario, o si los tribunales permitirán que tanto él como los otros dos presos puedan acceder a sus respectivas actas de parlamentarios.
También hay dudas sobre el escenario que se abriría si el destituido president Carles Puigdemont lograse los apoyos necesarios en el próximo Parlament para ser investido nuevamente en el cargo. Si bien el Tribunal Supremo canceló la euroorden que estaba pendiente contra el líder nacionalista y otros cuatro consejeros que lo acompañan en Bruselas, al día de hoy sigue vigente el pedido de encarcelarlos si regresan a España, donde quieren juzgarlos –al igual que en el caso de los políticos actualmente presos– por el delito de “rebelión”. Si hoy es el candidato exiliado, mañana podría ser el presidente preso.
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