El presidente Trump canceló una vez más su anunciada visita a su par colombiano, en esta ocasión prevista para diciembre con escala en Bogotá en su viaje para la reunión del G 20 en Argentina. Trump, pese a su reciente pérdida de las mayorías en la Cámara de Representantes, mantiene su decisión de imponer a Colombia la falsa guerra contra las drogas y usar al país en sus designios sobre Venezuela.
La agenda del gobierno de Donald Trump con Colombia puede ser comprendida como una guía tóxica envuelta en el celofán perfumado de nobles ideales patrióticos y loas a la amistad. La agenda real está perfilada por las líneas estratégicas regionales adoptadas por Trump conforme a los intereses que representa en un escenario global abordado con la divisa America First, consigna que se traduce para nuestra región en el conjunto de medidas desnudas y encubiertas dirigidas a profundizar el dominio territorial en el marco del enfrentamiento geoestratégico que sostiene con China por la supremacía planetaria.
Desde su posesión como Presidente de los Estados Unidos en enero de 2017, el gobierno de Trump desató un conjunto de acciones que varían cursos de política regional sostenidos por el establecimiento demócrata. En el caso de Colombia, los asuntos y los enfoques que privilegia la administración Trump afectan de manera grave diversos y vitales intereses nacionales, de un país considerado en la región como estrecho aliado y amigo de los Estados Unidos.
En la primera reunión que Trump sostuvo con el presidente Duque el 25 de septiembre de este año en Nueva York, la lucha contra los cultivos ilícitos y la situación con Venezuela fueron los ejes centrales del encuentro. Trece días antes de la reunión el presidente Maduro había viajado a China en busca de mayor soporte financiero para enfrentar las severas dificultades de su economía. En este momento Venezuela exporta hacia China el doble de la cantidad de petróleo que embarca hacia los Estados Unidos. En este siglo Venezuela se ha convertido en el receptor del 52 por ciento de la inversión del gigante asiático en la región latinoamericana. Y Venezuela es el país que posee las más grandes reservas de petróleo en el mundo.
Trump se dirigió a Duque en estos términos: “Su victoria fue monumental, lo cual quiere decir que el pueblo de Colombia está de acuerdo con lo que usted representa y usted ha librado una lucha y seguirá librando una lucha muy fuerte contra el narcotráfico. Y agregó: “Usted ha sido un gran amigo de Estados Unidos y estamos deseosos de seguir trabajando con usted”.
De la reunión de los dos mandatarios resultó revelador el hecho de que Trump llegase acompañado de algunos de los más destacados miembros de su gabinete y con mayor poder de decisión en asuntos militares. Con el mandatario estadounidense estuvo el vicepresidente Mike Pence, quizás el más notable cerebro republicano de una política exterior fundada en el uso sin restricciones del poderío militar y del despliegue de todo tipo de inteligencia para mantener la preeminencia planetaria de los Estados Unidos de América.
También fueron agendados el secretario de Estado Mike Pompeo, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien es el responsable de tomar cualquier decisión en cuestiones militares, y el general John Kelly, el jefe de su gabinete. Provienen del sector más ultraconservador del ala republicana y se han caracterizado por alentar el uso del poder militar estadounidense en diversos lugares del mundo, en aras de recuperar lo que consideran cómo una dramática pérdida de influencia. Pompeo viene de dirigir la CIA y se encarga ahora de la política exterior de los Estados Unidos. Kelly es un General del Cuerpo de Marines, con extraordinario conocimiento de América Latina; su dirección durante cuatro años (2012-2016) del Comando Sur da fe de ello.
Por su parte, Duque aprovechó la reunión para compartir con Trump la firma del decreto que le permite a la Policía confiscar la dosis mínima de marihuana en Colombia, dando de baja la despenalización que sobre el particular regía en el país desde 1974. Unos días antes, el miércoles 12 de septiembre, el presidente Duque señaló que no descartaba la posibilidad de que los cultivos de coca volviesen a ser fumigados con glifosato. El decreto y el anuncio eran las modestas señales de su disposición a cumplir con prontitud las directrices que le fueran trazadas en la reunión privada.
Justo un año antes, el 13 de septiembre de 2017, un memorando de la Casa Blanca había esgrimido la posibilidad de que Colombia fuese descertificada por no cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico, debido al extraordinario crecimiento del cultivo de coca y la producción de cocaína durante los últimos tres años. En marzo de ese mismo año, en el informe anual que elabora el Departamento de Estado para que el poder Ejecutivo de la potencia del Norte decida si certifica o no a los países que decide examinar, señaló: “Colombia es el primer productor mundial de cocaína, así como un país fuente de heroína y marihuana. Aunque el Gobierno colombiano continúa contrarrestando la producción y el tráfico de drogas ilícitas a través de las operaciones de erradicación, la agresiva interdicción y la actividad policial, la producción potencial de cocaína en 2015 aumentó en un 60% a 495 toneladas métricas”.
Lo que no reveló el informe del Departamento de Estado fue el anunció que en julio del 2018 realizó el entonces del vicepresidente de la Republica Óscar Naranjo: entre 1999 y 2015 los gobiernos sucesivos fumigaron 1.800.000 hectáreas y esa acción sostenida no acabó con el arbusto, ni con la siembra. Generó más desplazamiento de comunidades y más talas de selva para nuevas siembras. Los campesinos también idearon formas de rociar con preparados de panela los cultivos, para impermeabilizarlos. Las fumigaciones elevaron los costes previsibles para la siembra industrial, pero también el precio de venta en las calles, y los márgenes de utilidad para los que lograban mantenerse o ingresar en el negocio.
La decisión sobre el uso del glifosato, compartida por el presidente Duque a Trump, tenía el antecente de lo decidido por Juan Manuel Santos, quien antes de entregar el poder ya había decidido el retorno del uso de tal agrotóxico, esta vez con drones. En el año 2015 se habían suspendido las fumigaciones aéreas con glifosato, por conceptos del Ministerio de Salud y de Medio Ambiente por los daños ocasionados en el ecosistema y en la salud de las comunidades.
Menos de un mes después del anuncio de la Casa Blanca del 13 de septiembre sobre una posible descertificación, el cinco de octubre de 2017, en la vereda Tandil, cerca de Tumaco, más de dos mil quinientos campesinos cultivadores de coca, desarmados, se movilizaron para tratar de impedir la erradicación forzosa de los cultivos de coca por parte de la Fuerza Pública. Muchos campesinos habían llegado de manera voluntaria a la protesta porque habían firmado acuerdos de erradicación voluntaria, otros habían recibido la orden de los propietarios de los cultivos de concurrir a la movilización. Estaban presentes quinientos soldados del Ejercito Nacional, doscientos policías, trescientos erradicadores e integrantes del Esmad. Se produjo un incidente y la Fuerza Pública disparó cegando la vida de siete campesinos. En ese tiempo, en menos de seis meses, se dieron más de ciento diez enfrentamientos violentos entre comunidades y grupos de erradicación forzada, con más de 20 civiles muertos.
Los erradicadores, unas veces son civiles protegidos por la policía, y otras veces son policías o soldados. Recuerdo la respuesta de los campesinos al preguntarles el año pasado cómo funcionaban las fumigaciones antes del cese de las mismas en el 2015: muy sencillo doctor –me respondieron– donde estábamos los pequeños cultivadors, indígenas o campesinos, nos fumigaban a todos. Y donde estaban los cultivos industriales inmensos, no fumigaban.
El retorno a la erradicación forzada violenta con fumigaciones significa que la política de erradicación se militariza de nuevo, en un país con más de quinientas mil personas que derivan su sustento de los cultivos de la hoja de coca. 77.000 familias habían firmado pactos de sustitución en el marco del punto cuarto de los Acuerdos de paz. Las familias se comprometían a tumbar la coca, a sustituir cultivos, y el Gobierno les pagaría unos auxilios económicos e implementaría unos proyectos productivos agrarios. Se trataba de privilegiar un enfoque de eliminación de los cultivos de coca fundado en el acuerdo, en la concertación con las comunidades. Existían también 90.000 familias que estaban a la espera de nuevos acuerdos de sustitución. Lo usual es que los pequeños cultivadores tengan entre una y cinco hectáreas. Retornar a la erradicación violenta significa abrir de nuevo un frente de guerra interno.
Después de la masacre del 5 de octubre de 2017, el gobierno de los Estados Unidos anunció que certificaba a Colombia, con el mensaje tácito, pero insoslayable, de que el nuevo Presidente colombiano tendría que cumplir las tareas que le asignaran.
El 24 de septiembre de 2018, tuvo lugar la reunión de delegados de 124 países organizada por el gobierno de Trump para definir acciones frente al problema global de las drogas. Al día siguiente, en el encuentro bilateral entre los presidentes Trump y Duque ya referenciado, el primero le señaló al segundo: si no logra resultados concretos en un asunto considerado de Seguridad Nacional, “será un presidente más para Colombia”.
Por supuesto, es claro que el gobierno de los Estados Unidos no ignora la inutilidad de las fumigaciones para eliminar, o al menos mitigar de manera severa, el problema del narcotráfico comprendido como el consumo que afecta a su población. Es necesario, entonces, preguntarse qué intereses y qué razones están detrás de sus decisiones en este campo. De la amenaza de descertificación y de la presión ejercida para que retornen las fumigaciones aéreas y se recrudezca una persecución con la Fuerza Pública que termina lucrando a quienes estan vinculados al comercio de narcóticos, y a algunos de los mandos encargados de la persecución. La militarización de la erradicación y la autorización al poder policial para perseguir las dosis mínimas, aumentan el control policial sobre la vida cotidiana de millones de personas. Eleva también de manera notoria el número de ciudadanos que no han delinquido y que son apresados por porte de pequeñas cantidades de una sustancia sicoactiva, arrojando a una parte de ellos a las fauces de un sistema penitenciario atiborrado, en el que las cárceles son todo lo contrario al eufeminista ideal de “centros de corrección”. (Ver recuadro)
El informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU, en 2017, señaló que en Colombia se cultivaron 171.000 hectáreas de coca y se produjeron 1.379 toneladas de cocaína (1). En 1995 existían 50.000 hectáreas de coca, multiplicadas a 170.000 en 2001 (2), año en el que ya estaba en pleno vigor el mal llamado Plan Colombia, difundido y justificado ante la opinión pública con el mismo discurso de protección de la nación estadounidese con en el que ahora se exige al país retornar a la “guerra contra las drogas”. Como se recordará, con aquel Plan, diseñado y aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno colombiano los autorizaba a enviar cientos de asesores y contratistas militares para enfrentar a las Farc, catalogada como la más poderosa fuente de producción y tráfico de narcóticos del mundo.
Con el paso de los años el Plan fue catalogado como un notable éxito transformador de la diplomacia estadounidense y las políticas bipartidistas en asuntos exteriores por la Comisión presidida por los senadores Roy Blunt (republicano) y Bent Cardin (demócrata), que elaboraron el Informe A Roadmap for U.S. Engagement with Colombia. Una de las bondades del Plan Colombia, señala el Informe en cuestión, consistió en que más del 90 por ciento de sus costos fue sufragado por los colombianos. El Informe fue entregado de mano al presidente Santos el 17 de mayo de 2017. Es importante recordar que Roy Blunt, de acuerdo a medios de comunicación de su país es “El hombre de la Monsanto” en el Congreso norteamericano (3).
En el 2016 dejaron de existir las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero la mediciones del 2017 mostraron que lejos de cesar o disminuir la producción y tráfico de cocaína, ambos niveles no sólo se mantuvieron sino que crecieron.
Si a la geopolítica del enfrentamiento de Estados Unidos con China, incorporamos la geopolítica del petróleo y de las drogas, y tenemos en cuenta que William Brownfield, embajador de Estados Unidos en Colombia hace algunos años, y actual Secretario de Estado Adjunto para asuntos de narcóticos, aseveró que en este momento –más de la mitad de la droga producida en Colombia sale por Venezuela (4), no es difícil comprender la presión del gobierno de Trump para encender de nuevo una guerra interna contra las drogas, librada entre colombianos.
Prender de nuevo esa guerra inocua contra el problema del consumo de cocaína de los estadounidenses significa seguir condenando a decenas de miles de niños y jóvenes estadounidenses a la adicción letal y al uso zafio de una planta milenaria que en muchas de nuestras comunidades indígenas cumple una función medicinal, de energía y claridad gracias a los sabedores que reciben sus conocimientos generación tras generación.
Pero también significa demoler la vía del acuerdo eficaz para reducir de modo real la extensión de los cultivos de coca para cocaína en Colombia. Un complejo consenso arduamente alcanzado en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las Farc. Un logro histórico del gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc que permanece sin ser conocido y valorado en todas sus repercusiones posibles para superar la doble plaga que nos ha azotado, aquí y allá, durante casi siete décadas: la cocaína como producto de exportación y la falsa guerra contra las drogas.
1. https://www.semana.com/nacion/articulo/coca-aumento-en-17-y-la-produccion-de-cocaina-en-31-segun-naciones-unidas/583537
2. http://www.proyectohombre.es/archivos/2.pdf
3. Contra el Miedo
4. https://www.voanoticias.com/a/droga-colombia-pasa-por-venezuela/3034639.html
Recuadro
Acostumbrados a la unilateralidad
En este escenario es indispensable visibilizar, primero, la unilateralidad y la no reciprocidad del procedimiento de descertificación, y la naturalidad con la que la asume el poder hegemónico en Colombia gracias, en el mejor de los casos, a la labor no reflexiva de los medios oficiosos de comunicación.
Y es necesario también preguntarse por la historia del uso geopolítico de los mercados de producción y de tráfico de narcóticos*. Como señala el investigador Michel Fonte: El concepto de geopolítica de la droga nace del hecho de que el narcotráfico es muy importante no solo por el flujo de dinero que mueve (las ganancias anuales las estiman entre 426.000 y 652.000 millones de dólares, informe “Transnational Crime and the Developing World” elaborado por la la organización Global Financial Integrity en marzo de 2017 con actualización de los datos 2014 , sino también por ser el principal instrumento de aportación para las organizaciones criminales y rebeldes de diferente inspiración ideológica, étnica y religiosa. Ninguna nación que quiere conservar o conseguir una posición dominante en el escenario planetario puede desatender las implicaciones que este comercio conlleva a nivel global, eso EE. UU. lo sabe muy bien desde siempre, a tal punto que derrocha muchos recursos y energías en la que es impropiamente apodada como “Guerra contra las drogas ”, de hecho, al gobierno norteamericano no le importa y nunca le interesó acabar con el narcotráfico, sino controlarlo a su antojo y de manera conforme a los objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo.
La DEA es la agencia encargada, con la supervisión y colaboración de la CIA, de condicionar las dinámicas del mercado para determinar: 1) El sitio o los sitios de producción de la droga (países, regiones y departamentos) 2) La cantidad y la cualidad de las sustancias psicotrópicas elaboradas 3) Los sujetos que deben fabricar la droga y los que deben comercializarla 4) Los territorios de destinación de los narcóticos (continentes, naciones y macrorregiones) 5) Los beneficiarios de la venta 6) Los damnificados por el consumo 7) La logística del tráfico de los estupefacientes (por donde deben pasar y la cadena o cadenas de intermediación) 8) Los lugares, sectores y finalidades de la inversión de las ganancias originadas por el narcotráfico.
* Ver Politics of Heroine de Alfred Mc Coy, Cocaine Politics de Peter Dale Scott y Geopolítica de la droga de Michel Fonte.
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