Paradojas que arroja la vida: ante el riesgo de muerte masiva a que estamos expuestos por la multiplicación del covid-19, los principios sobre los que está soportado el modelo económico, social y político dominante, en general, y en particular en Colombia, se tornan polvillo.
Por el piso, arrastrados como virutas por un huracán, van los dogmas capitalistas que siempre han dominado el funcionamiento económicos de nuestra sociedad, profundizados hasta la radicalidad por la forma neoliberal que asumió desde hace 30 años o más.
Zarandeada por los vientos de la muerte, dándose contra los muros de la ortodoxia económica, va la máxima de la eficiencia del capital privado, ahora ocultando su cabeza cual avestruz, en tanto no puede responder por la demanda masiva en el campo clínico y de la salud en general, para atención preventiva o de urgencia desprendida del avance de un virus que aún la comunidad científica no comprende a cabalidad y que, por tanto, no puede neutralizar con una vacuna realmente efectiva.
En su ayuda corre el Estado que los agentes particulares tanto hicieron por reducir, esgrimiendo una y otra vez que el mercado es el factor que debe decidir, no un ente externo. Ese ente es ahora reclamado para que apropie miles de millones bajo el supuesto de estar actuando para impedir que la sociedad colapse. Empresas multinacionales demandan rescate –Avianca, por ejemplo, (1)–, así como los empresarios agremiados en la Asociación Nacional de Industriales, Andi (2), figurando en primera línea como si hicieran parte de los millones de empobrecidos que habitan las barriadas de nuestras ciudades y zonas rurales a las que ese mismo Estado dice paliarles sus necesidades con míseros subsidios. A un lado también dejan la máxima “El más fuerte es el que sobresale”. Claro, entre los subsidios y los rescates hay cientos, miles de millones de diferencia, necesarios según la ortodoxia misma, pues los empresarios son los que “crean trabajo” (¡?!).
Al mismo tiempo, como arrebatada por un remolino que no permite que escape de su núcleo, se ve la regla fiscal (3), ahora olvidados sus defensores de las negativas esgrimidas una y otra vez ante voceros de diferentes paros y protestas sociales, para justificar la negativa a invertir todo lo que requiere una educación pública a la altura de los requisitos de la creciente población colombiana, para no construir las vías demandadas por poblaciones rurales que deben comunicarse con las cabeceras municipales, así como para no comprar las tierras exigidas por indígenas y campesinos, o girar los dineros necesarios por diversidad de centros de salud una y otra vez en crisis, sin los cuales no es posible contar con un sistema de salud realmente público y no al servicio del capital privado.
Es una negativa extendida al acceso universal a los servicios de luz y agua por parte del conjunto de la población colombiana, con más de 250 mil hogares cortados de los mismos por morosidad en su pago, ahora reconectados y gozando del acceso a los mismos por el temor que tienen los poderosos de que la pandemia se extienda sin control por el país y termine por afectarlos a ellos mismos, por lo cual ahora facilitan, con su reconexión, que quienes no tienen con qué pagar estos “derechos fundamentales” puedan asearse, al tiempo que tengan cómo cocinar sus alimentos, y así no cuenten con más motivos para romper el confinamiento ‘voluntario’.
Son estos vientos, huracanados, con potencia para desgarrar de sus bases otros dogmas del capital. Entre sus energías en espiral alcanza a verse el tiempo de trabajo obligatorio por día, “imposible” de reducir, pues, de suceder así, la economía quebraría. La parálisis parcial de la producción, ahora evidente por doquier, los desmiente. La humanidad produce suficiente riqueza como para garantizar con menos horas de trabajo diario, por parte de los miles de millones que somos, los recursos y las condiciones para que la totalidad pueda gozar de vida digna.
Ahora, tras siglos del esfuerzo de millones de mujeres y hombres –esclavos, siervos, campesinos, obreros–, y siglos vividos en medio de intensas luchas por los derechos de unas y otros, con logros como que en su momento la jornada de trabajo pasara de 16, 14, 12 horas a 8, bien se pudiera reducir de 8 horas a 6 e incluso menos, garantizando como consecuencia que otras muchas personas que hoy padecen desempleo sean enganchadas en las labores que más los satisfacen como seres humanos. Un empleo para realizarse como individuos, inscritos en un conglomerado social, y no solo como recurso para ganar las monedas con las cuales satisfacer el hambre o pagar la cuota mensual del espacio para reproducir su fuerza de trabajo.
Es posible entonces otro modelo laboral tras controlar los vientos que sacuden a toda la sociedad. Un trabajo para satisfacer y resolver las necesidades biológicas pero también espirituales de todo el tejido social.
Una transformación tal del mundo del trabajo que avive la vida comunitaria y barrial al permitir, como ahora sucede, que más gente permanezca en sus territorios y pueda encarar colectivamente la resolución de muchas de las necesidades que una vida más armónica demanda. Todo con el procesamiento y el consumo de alimentos sanos, construcción de viviendas donde sus habitantes puedan gozar y no padecer, y edificación de espacios para la recreación y el compartir, etcétera.
Un convivir que abra la pregunta por el buen gobierno, el cual tiene que descansar, para así garantizarlo, en las capacidades y la participación decisiva del conjunto social, es decir, en un gobierno propio que vaya de lo local a lo nacional, pasando por las instancias territoriales que la propia sociedad se dé, con unos gobernantes sometidos al poder destituyente de los gobernados y no atornillados a una función cada vez más distante de las mayorías.
Un centro cuestionado
Precisamente lo que de nuevo deja al desnudo la crisis en curso es el sinsentido de nuestra formación política, el desgobierno que por décadas han tenido que padecer las mayorías nacionales, un desgobierno de vieja data por acción del cual el centro determina las regiones. La realidad es elocuente: por una orden nacional, todo el país, registrara o no infectados por el virus, quedó confinado. Se trata de una orden autoritaria, sin reparar en opciones que garantizaran que gran parte de su población prosiguiera su cotidianidad, y así, en la resolución de su vida diaria, no quedaran miles de miles sometidos a la entrega de subsidios y mercados totalmente insuficientes.
El sábado 25 de abril, un mes después que el país fuera declarado en cuarentena, las cifras de contagio por covid-19 alcanzaron a 5.142 connacionales, los decesos a 233, y los recuperados a 1.067. Es decir, el avance del virus alcanzaba al 0,00010284 por ciento de los 50 millones que habitan en Colombia.
Del total de contagios, Bogotá sumaba 2.152 casos (el 41,8%); Cali, 712 (14%); Medellín, 304 (6,5 %); Cartagena, 244 (4,6%); Barranquilla, 131 (2,6 %), lo que suma un subtotal de 69,5 por ciento. El restante 30 por ciento está disperso por varias docenas de otros municipios, grandes y pequeños, no más de 200 cabeceras municipales. Es decir, 800 o más centros poblados de los 1.103 municipios en que está distribuido el territorio nacional no registran contagio alguno, pese a lo cual tienen que someterse a la dinámica del centro nacional y del centro regional.
Hay ahí un claro despropósito, el mismo que siempre ha imperado en este país, producto del cual la llamada periferia de nuestro territorio y la población que la habita quedan relegadas al olvido y la miseria, solo tomadas en cuenta para extraer minerales de sus tierras, además de madera, fauna y todo aquello que signifique dividendos económicos para las oligarquías apoltronadas en la Sabana de Bogotá, que con mirada colonizadora oprime a negritudes, indígenas, campesinos y otros sectores sociales, carne de cañón, mano de obra barata. Como elemento determinante está esa oligarquía que impuso un modelo de tierra arrasada esquilmando la diversidad ambiental de que gozamos, quebrando el país de regiones, valiosa configuración territorial y humana que nos permite ser variados en la producción agraria, en la organización de territorios, en el estímulo a la participación social, en la potencialidad en ciencia y tecnología, en la manera de ver y comprender la realidad, así como en la pluralidad de formas para encarar la vida y con ella la salud.
Es esa concepción del gobierno, de la vida y del mal llamado desarrollo lo que desnudó la crisis de salud pública en curso, llamando a superarla de una vez y para siempre.
Una concepción de espaldas a más del 50 por ciento del país, a sus principales flujos de vida (bosques, selvas, ríos, páramos, y por lo menos uno de sus mares), y a la mayoría de los 1.103 municipios en que está distribuido el territorio nacional.
Una pretensión occidentalizada de organizar el territorio patrio que terminó por hipertrofiar sus más importantes poblados, hoy sometidos al desastre ambiental, con una urbanización de sus fronteras rurales que las llevaron a perder el potencial de autoabastecimiento de frutas, verduras y granos que se podrían prodigar de manera pronta y menos onerosa, sin tener que recurrir al transporte diario de estos y otros productos desde territorios localizados a varias horas de distancia, con el correspondiente impacto ambiental que ello conlleva.
Una construcción sin límite de estos territorios, conurbanizados, con toda la especulación que propicia sobre la vivienda –haciéndola imposible para más del 50 por ciento de su población–, convertida en mercancía de lujo, dejando de ser un derecho humano fundamental por concretar desde el Estado, que debiera ser el propietario de todo el suelo, para, sobre esa base darle paso a una reglamentación de la construcción que evite precisamente la especulación y el endeudamiento de por vida de cientos de miles de familias.
Una construcción sin límite de estos centros poblacionales que, además de agotar todos los recursos naturales existentes a su alrededor y más allá del mismo, somete a cientos de miles de sus pobladores a prolongadas jornadas de transporte diario para poder llegar hasta su sitio de trabajo. Una sobrecarga de cemento y gases tóxicos, causantes de variedad de enfermedades terminales. Ciudades llenas de muerte; ciudades colapsadas.
Es esa misma concepción, que llaman desarrollo, la que hoy demanda superación, para lo cual es urgente, aprendiendo de esta pandemia, retomar el país de regiones, desconcentrando población de ciudades que se vuelven inviables y las hacen más frágiles ante crisis de salud pública como la que hoy tenemos, con dificultades también mayores para resolver de manera efectiva, es decir incluyente, ítems como empleo, educación, ambiente, ingresos, servicios públicos, vivienda, transporte, además de garantizar participación efectiva, directa y decisiva de sus habitantes en la determinación de sus asuntos fundamentales, vía indispensable para erigir democracia directa, radical y plebiscitaria: una democracia más allá de la formal, que es lo que de ella hemos conocido.
Desconcentración poblacional que debe partir por Bogotá y otras capitales de departamento –Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga…–, para repoblar (como para fundar) con varios cientos de miles de personas salidas de esos espacios municipios seleccionados en cada una de las regiones del país y donde, desde una planificación participativa, se decidan modelo productivo, organización territorial, modelo de vivienda, educación, transporte, salud y demás aspectos con los cuales se organiza la vida y su reproducción. Todos y cada uno de tales particulares, asumidos y resueltos desde una perspectiva de equilibrio ambiental.
Un nuevo relacionamiento con el territorio que no puede dejar de lado, en nuestra diversidad, que podemos garantizar la deseable soberanía alimentaria sin destruir el equilibrio ambiental. Precisamente, una de nuestras fortalezas, compartida con países fronterizos como con otros ubicados en África, está en la franja ecuatorial que habitamos, y, por ello, la variedad climática de que gozamos, con el beneficio de energía natural los 365 días del año. Saber apropiarse de ese beneficio natural, además de caídas de agua y otras fuentes de energía, nos permite superar la dependencia de las energías fósiles, al tiempo que sembrar y cultivar multiplicidad de alimentos.
Una cualidad natural que nos debe permitir, al mismo tiempo, validos para ello de un potente proyecto en ciencia y tecnología, dejar a un lado la economía extractivista, depredadora y siempre al vaivén de las demandas y ciclos económicos connaturales al capital, para incursionar en una economía diversa, con epicentros y producción tan variada como lo son nuestras regiones naturales.
Economía soportada en los saberes vernáculos de todos y cada uno de los pueblos indígenas que habitan esta parte del mundo, como de los pueblos afros, unos y otros portadores de saberes milenarios. A la par, la memoria campesina. Una incursión productiva inteligente, no depredadora, que demanda la efectiva y definitiva redistribución de la tierra para que quienes siempre la han habitado la llenen de vida.
Un nuevo hábitat, y un nuevo habitar, en el cual los países vecinos no pueden quedar a un lado; con todos ellos tenemos que asumirnos como una región única, incluso abordando la construcción de ciudades fronterizas comunes, y todo lo que ello implica: implementar planes conjuntos para, de manera mancomunada, cuidar ríos, selvas, bosques, mares, además de implementar planes conjuntos en salud, agricultura y educación, retomando las formas de ver y percibir de sus pueblos, dándoles espacio a las fortalezas que posee cada uno de ellos.
Entre tanto, para el momento actual, para enfrentar el empobrecimiento que afectará a más y más familias, así como para crear soluciones alternativas de ingresos seguros y dignos para millones de personas que ahora están quedando en el pavimento, la implementación de un plan económico de choque queda a la orden del día. Puede ser parte del mismo: salario mínimo o renta básica –por el tiempo que dure la llamada cuarentena, y tres meses más– para los millones de connacionales que no tienen trabajo o viven del rebusque diario y que ahora están obligados a no salir de sus casas; contratación de manera prioritaria de personal médico en todos los niveles, para atender la crisis de salud en curso, pero también para que, una vez superada la actual coyuntura, poner en marcha una extensa y permanente política en salud pública, preventiva más que curativa (Ver, Mauricio Torres, pág, 6), implementar un plan masivo de obras públicas, desprivatizadas, creando condiciones a todo nivel para que los productos del campo puedan ser trasladados a las ciudades sin mayores sobrecostos; reforestación de extensas áreas del país; siembras en todos los climas con diversidad de productos y su posterior recolección, transformación y mercadeo; construcción de cooperativas y mutuales para encarar de manera colectiva multiplicidad de asuntos, entre ellos construcción de vivienda, agricultura urbana, confección de prendas de vestir, recreación, educación no formal, reparación y mantenimiento de parque automotor, apertura de tiendas comunales en todos los barrios, buscando con ello mercadeo pronto y a bajo costo, por lo menos, de los principales productos de la canasta familiar; apoyo y crédito para pequeños y medianos empresarios, así como para comerciantes, prolongando la existencia de un germen de industria nacional indispensable.
Para la financiación del conjunto de lo propuesto procede, además de reubicar partes del presupuesto nacional de sectores improductivos (Fuerzas Armadas) a productivos, la implementación de una reforma tributaria extraordinaria que afecte de manera real los capitales amasados por los ricos, superricos y supersuperricos, eliminando al mismo tiempo el impuesto que afecta al consumo directo (4).
Contener los vientos, más cuando se trata de los huracanados, no es tarea fácil ni de unos pocos, pero es posible. En Colombia, hoy, podemos atrevernos a ello marcando la pauta para el país de los próximos 50 años.
1. https://actualidad.rt.com/actualidad/351479-aerolineas-necesitan-salvavidas-avianca-pide-ayuda-gobierno-colombia.
2. https://www.elpais.com.co/colombia/necesita-un-plan-de-rescate-de-su-economia-andi.html.
3. Sus defensores insisten en que no se puede gastar en lo social más allá del equilibro fiscal, el cual garantiza el pago puntual de la deuda externa e interna.
4. Garay, Luis Jorge, y Espitia, Jorge Enrique, Desigualdad y reforma estructural tributaria en Colombia, Ediciones Desde Abajo, mayo de 2020, en impresión.
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