Washington. La Casa Blanca presentó y envió al Congreso su primera Estrategia Nacional de Control de Drogas en medio de lo que califica de una “epidemia” de sobredosis de narcóticos sin precedente, proclamando que representa un nuevo giro en la materia aunque es difícil detectar lo novedoso en su enfoque en reducción de consumo, tratamiento de adicción y cooperación internacional –con México y otros– en “combatir” el trasiego ilegal de enervantes.
La estrategia enfatiza el objetivo de superar la “epidemia de opiaceos”, por la que se han registrado 105 mil 752 muertes –66 por ciento de éstas por opiaceos sintéticos incluyendo fentanilo– en los recientes 12 meses, un nivel sin precedente, y de 1999 a la fecha las sobredosis han causado el fallecimiento de casi un millón de estadunidenses.
Por lo tanto, declaró el presidente Joe Biden, la nueva política se enfocará “en los dos grandes impulsores de la invasión de opiaceos: la adicción no atendida y el narcotráfico”. Agregó que “es hora de que tratemos la falta de control en el consumo de estupefacientes como cualquier otra enfermedad, y al mismo tiempo estamos irrumpiendo en las redes financieras de los narcotraficantes, sus cadenas de suministro, y las rutas de entrega, incluyendo en Internet”.
La atención a la salud se enfoca en la prevención, tratamiento y “reducción de daños. A la vez, se intensifica el “combate a la producción doméstica de cultivo y producción de drogas sintéticas y su comercio”.
Tal vez una novedad en esta estrategia inaugural de este gobierno es el reconocimiento explícito de que las políticas locales antinarcóticos han impactado más a comunidades minoritarias. Datos oficiales indican que los negros tienen cinco veces más probabilidad de ser encarcelados por delitos de droga que los blancos.
El documento afirma que “la mayoría de las drogas ilícitas consumidas en Estados Unidos son producidas en el extranjero por organizaciones criminales trasnacionales” (TCO, siglas en inglés), las cuales “amenazan la salud y seguridad de nuestras comunidades al exponer a nuestros ciudadanos a sustancias ilícitamente fabricadas”. Más aún, dichas agrupaciones “representan una amenaza a la seguridad nacional” y “la mayor amenaza criminal a Estados Unidos”, afirma la estrategia al abordar la dimensión internacional de la lucha antinarcóticos.
Por otro lado, la estrategia propone redoblar la cooperación internacional y abordar el asunto como “una responsabilidad compartida” (frase resucitada después de su entierro temporal durante el gobierno de Donald Trump). Enfatiza el esfuerzo dedicado a combatir a las redes y mecanismos financieros de las TCO como prioridad.
El perfil hacia la frontera sur
La estrategia nacional afirma que las organizaciones criminales de México suministran la mayoría de la cocaína (proveniente de Colombia), metanfetaminas, heroína, fentanilo ilícitamente fabricado (con químicos precursores provenientes de China) y mariguana.
“Los gobiernos de Estados Unidos y México han desarrollado un entendimiento común sobre el impacto económico adverso, en seguridad y en salud pública” de las TCO, afirma el documento en el que se agrega “los gobiernos estamos de acuerdo que reducir el suministro de drogas lícitas es una responsabilidad compartida”.
Detalla algunos de los mecanismos de cooperación existentes, y sólo en una referencia muy general indica algunos conflictos: “A pesar de los desafíos resultado de la ley de seguridad nacional de México de 2020”, los esfuerzos estadunidenses emplearán “nuestra asociación con oficiales de seguridad pública, analistas, químicos, investigadores, fiscales y personal militar mexicanos para identificar y desmantelar de manera segura los laboratorios clandestinos de droga y llevar ante la justicia a los responsables”.
Buscará implementar un programa acordado para la erradicación de amapola así como también para abordar el tema de la seguridad en los puertos marítimos, entre otros rubros de cooperación binacional.
“Respetando la soberanía de México, impulsaremos esfuerzos más allá de iniciativas de construcción de capacidad con México para poner en práctica la responsabilidad compartida de nutrir el desarrollo regional igualitario”, como también emplear el Marco Bicentenario a fin de “modernizar la alianza sobre seguridad” bilateral, tanto para combatir la producción y traslado de drogas, reducir la demanda en ambos países, así como para disminuir las armas ilícitas en la frontera común.
Sin embargo, casi todos estos elementos han sido parte de la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos desde que proclamó la “guerra contra las drogas” hace medio siglo.
A pesar de los datos confirman que los problemas de adicción, sobredosis, oferta y demanda son cada vez peores, esta versión de la estrategia oficial no reconoce que estas tácticas de “reducción de consumo” doméstico y de interdicción e intervenciones internacionales –todo parte de un marco prohibicionista– han fracasado hasta ahora.
De hecho, las pretensiones en pro de desmantelar el modelo prohibicionista de la lucha antinarcóticos se extienden por todo el país –situación que no se menciona en el documento– y ahora son 18 estados y la capital federal de Washington que han legalizado la mariguana para usos recreativos, incluyendo Nueva Jersey, que ayer comenzó la venta legal de cannabis; en 37 estados es legal el uso medicinal de los derivados de la hierba. Sin embargo, el canabis sigue siendo calificado como una droga ilegal en el código penal federal.
El documento esta disponible en: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/04/National-Drug-Control-2022Strategy.pdf.
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