La construcción de un puerto para el transporte, principalmente de soja, por la multinacional agroalimentaria Cargill, en Santarem, ha desviado el negocio de este cereal al Estado de Pará. Recorremos algunas comunidades que han sufrido los impactos.
Comunidad de Tracuá
Doña María nos espera en el umbral, rodeada por cuatro de sus nietos, secándose las manos con un trapo. Nos hace entrar en la casa de madera y paja, disculpándose por el desorden: son las seis de la tarde, el aire oscurece en el cuarto. Estamos en Tracuá, una pequeña comunidad en plena Amazonas, donde hoy en día viven apenas diez familias. Hace diez años eran más de 30. “Que no me pregunten a mí por qué se han ido”, se anticipa la dueña de casa. Poco después, sin embargo, accede: “Unos se han ido para que los hijos pudieran estudiar, otros por los transportes pésimos de aquí, otros porque ya no querían vivir sin energía eléctrica”.
Ciudad de Santarem
La razón de este éxodo, en realidad, se encuentra a unos 30 kilómetros más al norte: en la ciudad de Santarem. Nos hallamos en el Estado de Pará, a las orillas del río Amazonas, en el noroeste de Brasil._ En Santarem, en el año 2000, una de las transnacionales agroalimentarias más grandes del mundo, la Cargill, empezó a construir un puerto privado para el transporte de la soja. Hasta ese momento la mayoría de la producción del cereal estaba concentrada en el Estado de Mato Grosso, unos 1.000 kilómetros más al sur. Sin embargo, la cercanía del nuevo puerto empujó a muchos empresarios a adquirir tierras en el Estado de Pará, en algunos casos de forma ilegal: cientos de hectáreas (Ha) de selva fueron devastadas para dejar espacio a los nuevos cultivos, toda la economía de la zona cambió de forma asombrosa.
“Muchos vendieron y se han ido. El precio de la tierra se ha disparado desde 70 reales por Ha hasta 2.000 reales. Sin embargo yo no vendí, me quedo aquí, amo este lugar”. Doña María sacude el trapo para echar a los mosquitos. Ella no ha tenido ningún problema con los recién llegados, los fazenderos: “Todo lo contrario: han arreglado la carretera y han ayudado a mi yerno a talar los árboles de su tierra”.
Comunidad de Boa Fé
Sin embargo, las familias de la comunidad de Boa Fé, unos diez kilómetros más al norte, sí han tenido más de un problema. Para llegar recorremos la carretera BR 613, que atraviesa la Amazonía. A los lados de la carretera, pequeñas manchas de selva y muchos campos dejados al ganado o para los cultivos de soja y arroz. Al margen de una asamblea de la cooperativa ovícola local, Fabio José y Francisca Oliveira nos explican cómo la soja afecta los cultivos familiares, que a menudo representan el único sustento en su comunidad: “Las enfermedades de la soja se transmiten al maíz, a los frijoles y a la maracuyá. Estamos intentando luchar contra ellas utilizando métodos ecológicos, pero no está nada fácil. Muchas familias han dejado de cultivar, muchos han vendido, se han ido a la ciudad, donde sin embargo a menudo no han encontrado trabajo o bien han comprado otras tierras muy lejos.”_ Otro problema ha sido el envenenamiento de los arroyos, denunciado por las ONG locales y que ha generado conflictos entre comunidades y fazenderos. “Aquí no tenemos arroyos porque, si no, nos los hubieran envenenado, como ha pasado en la zona de Monjuí, a pocos kilómetros de aquí. Si preguntas a la gente del sindicato de Belterra, ellos te explicarán mejor”.
Pueblo Bel Terra
Belterra fue construido en los tiempos de la Ford, cuando por estas tierras se extraía el caucho para los neumáticos. Sus casas tienen una arquitectura similar a las de las ciudades del midwest de Estados Unidos: con pequeñas terrazas en la parte anterior y jardines en la parte posterior. _ En la sede de Sindicato de Trabajadores Rurales de Belterra encontramos a Irlanda de Almeida. Habla despacio, midiendo las palabras: “Hemos luchado mucho para convencer a las personas para que no vendan la tierra, pero sólo últimamente hemos logrado parar las ventas. Incluso la prefectura de Belterra prohibió las ventas a partir del año pasado”. Todo está en saber si esto es un efecto de las campañas locales, de la caída de los precios (hasta 2006) o de la moratoria de la soja, aprobada en 2006 y respaldada también por las asociaciones de productores, que prohíbe la venta de soja proveniente de tierras recién sustraídas a la selva. “La cuestión es compleja”, nos explica la presidenta del sindicato, “porque si algunas familias venden, la producción de la comunidad no llega a un nivel suficiente como para que el transporte sea rentable. Así que, en un momento dado, también los que no quieren vender están obligados a hacerlo”. Luego está el problema de los venenos: “Conozco personalmente a una familia cuyas tierras estaban rodeadas por cultivos de soja. Debido a los agrotóxicos, los animales se han muerto y ellos también han comenzado a estar mal. Han tenido que irse”. Por lo menos dos comunidades en los alrededores de Belterra han desaparecido, según un mapeamiento comunitario coordinado por Greenpeace y la ONG local Saude y Alegria.
Comunidad Genipapó
Nos vamos hacia la comunidad de Genipapó. Desde la carretera, que podemos utilizar sólo porque lleva un día sin llover, vemos una vez más, manchas de selva y grandes cultivos de soja. En la entrada de la comunidad una pequeña escuela, donde cuatro alumnos asisten a clase. “Hace 15 años eran más de 42”, nos cuenta poco después Otilia Lora, una de las ‘sobrevivientes’ de la comunidad. Ella no tiene problemas con los grandes terratenientes: “Son muy respetuosos, nunca invaden las tierras ajenas. Cuando echan el veneno nos advierten siempre. Cerramos puertas y ventanas y listo. Sólo una vez mi hija se quedó fuera y tuvo vómitos, no podía estar de pie. Pero sólo fue un caso. Sin embargo, aquí es un lugar tranquilo, cultivamos la tierra y dormimos con las puertas abiertas”.
Carlo Cascione / Brasil
Martes 2 de junio de 2009. Número 103
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