La llegada al Palacio de Nariño del “primer presidente de izquierda” significa que por primera vez sectores amplios de la sociedad pueden sentirse representados por un gobierno, un suceso que genera alegría, pero sobre todo una gran esperanza.
La victoria en las presidenciales fue una hazaña, sin embargo lo más difícil viene ahora con la responsabilidad de gobernar el país, de aplicar las reformas anunciadas, de no fallarle a los electores, y de estar a la altura de la esperanza suscitada. El gobierno Petro seguramente no podrá hacer todo lo que anunció en campaña, como suele suceder con todos los gobiernos de turno, pero tiene que iniciar un proceso de cambio para Colombia. Un cambio necesariamente de largo plazo, pero cuyos fundamentos tienen que ser construidos en esos cuatro años que vienen. Se tiene que actuar de manera eficaz y rápida, pues como lo dijo el mismo Petro, luego de su victoria, “las reformas se hacen el primer año o no se hacen”
Del Pacto Histórico al “gran acuerdo nacional”
La victoria de Petro y Márquez es en parte el resultado de una alianza política y electoral de los diferentes sectores de la izquierda más algunas personalidades provenientes de los partidos tradicionales que se han destacado por su apoyo al proceso de paz. El denominado Pacto Histórico (PH), quien logró una muy buena votación en las elecciones al Congreso, será entonces la base de apoyo del futuro gobierno.
Pero para llevar a cabo su ambiciosa agenda legislativa es indispensable contar con las mayorías en el Congreso, de ahí la invitación de Petro a conformar una especie de “frente amplio”, es decir una coalición que asegure, en el mejor de los casos, una mayoría legislativa permanente, o, por lo menos, un respaldo puntual para cada reforma propuesta. Una invitación que encontró pronto eco entre la mayoría de los partidos tradicionales, con voluntad de acompañar el nuevo gobierno, o por lo menos de no hacerle oposición.
Sin embargo, la ambición del presidente Petro va más allá, pues busca que se configure un “gran acuerdo nacional” que dé nacimiento a un “nuevo clima político”, que deje atrás las confrontaciones sectarias y violentas y que permita la búsqueda de una verdadera paz.
El escenario es variopinto: los Verdes ya dejaron claro que van a hacer parte de la coalición de gobierno. Sin embargo, dado que las relaciones entre Petro y los Verdes, en particular con el grupo cercano a la alcaldesa Claudia López, siempre han sido complicadas, esta alianza no puede darse por asegurada durante estos cuatro años. Es más, la eventual voluntad de López de ser candidata a la presidencia podría seriamente complicar las cosas.
En otra cromática, la posición de Partido Liberal será clave para la gobernabilidad de ese frente amplio. Si bien hay congresistas liberales que apoyan sinceramente a Petro y su programa de gobierno, el partido está dividido y todavía dirigido por César Gaviria, quien encarna la “vieja política” que el pueblo colombiano ha rechazado de manera contundente en las urnas. Está claro que el apoyo de Gaviria, y por lo tanto de la bancada Liberal en su conjunto, dependerá de contrapartes en términos burocráticos.
Avanzando entre tonalidades, tanto el Partido Conservador como la U y, en menor medida Cambio Radical, han dado señales positivas hacia el futuro gobierno. Pero esto no significa que lo van a apoyar de manera decidida y permanente. Lo más probable es que adopten una postura “independiente”, que apoye las iniciativas legislativas de manera coyuntural en función de los beneficios que piensen sacar.
En todo caso, no hay que dejarse engañar por las posturas conciliadoras de casi todos los partidos en los días que siguieron a la victoria de Petro y Márquez. Los apoyos de los políticos del establecimiento serán necesariamente frágiles y objeto de negociaciones permanentes. Estos últimos no han cambiado sus ideas de un día para otro, ni están dispuestos a cambiar sus hábitos por simple amor a la patria.
Más sorprendente, y más difícil de descifrar, es la actitud conciliadora adoptada por el expresidente Uribe. La reunión realizada con Petro tras el resultado de las elecciones no puede hacer olvidar qué tipo de personaje es, ni su talante maquiavélico. En este momento Uribe puede ser un animal político herido, pero sigue siendo un adversario temible, con una ideología reaccionaria y unos intereses muy poderosos. En este sentido, puede ser que su disposición actual al diálogo no sea más que una estrategia para curar sus heridas, mantenerlo como protagonista relevante, disminuir el rechazo hacia él y tal vez reducir la presión de la justicia. En otros términos, necesitaría un tiempo para recargar las baterías antes de “volver al combate”.
Si bien la voluntad de Petro de generar un “gran acuerdo nacional” parece profunda, como lo demuestran todos los pasos dados desde su victoria, la gran pregunta es cómo lograr un equilibrio para que esa voluntad no disminuya el anhelo de cambio que encarnó la dupla Petro y Márquez. Si todo es objeto de discusiones con una multitud de actores distintos, y si todo el programa de reformas está abierto a modificaciones, cómo hacer para que no se diluya la ambición original de cambio y no se reduzca excesivamente la contundencia de las transformaciones necesarias. Sin duda esto representa un reto mayor, pues existe el riesgo de que fuerzas conservadoras quieran ser parte del nuevo poder progresista con la intención de “neutralizarlo” desde adentro.
Llevar a cabo el programa de reformas
El programa presidencial de Petro y Márquez contempla una serie de reformas ambiciosas que, de ser aplicadas, harían de Colombia una democracia progresista y moderna. Pero tanto el tamaño de los cambios necesarios como las múltiples resistencias que despertarán, así como el difícil contexto económico internacional, dificultan seriamente su concreción. Hay que tener en mente que se tratará de un proceso costoso y de largo plazo. En otros términos, la posible demora en concretar el cambio prometido podría generar frustraciones, pero la meta es que el entusiasmo original no termine siendo una decepción.
La justicia social
Uno de los objetivos principales del nuevo gobierno es lograr un sistema socioeconómico más justo. Esto incluye, entre otros, un aumento de los subsidios, la reforma del sistema de salud y del sistema pensional, y una inversión consecuente en la educación pública. Para acompañar y financiar las medidas necesarias, el gobierno tiene previsto hacer una gran reforma tributaria, pues el sistema actual no permite recaudar suficiente dinero y se caracteriza por su benevolencia a favor de las personas más ricas, que se benefician de bajas tasas de imposición y de amplios canales para la evasión fiscal. Esta reforma será sin duda una prueba de fuego para el gobierno entrante, pues generará un descontento inevitable de sectores poderosos de la sociedad. Se necesitará actuar con habilidad para pasar la reforma en el Congreso y de manera estratégica para legitimarla frente a la “opinión pública”.
El desarrollo territorial
Sacar de la pobreza y del feudalismo las numerosas zonas marginalizadas de Colombia para integrarlas plenamente al país será sin duda una prioridad del nuevo gobierno. Esto pasa por una reforma agraria, en parte contemplada por el acuerdo de paz con las Farc, que permita modernizar el sector agropecuario, garantizar la seguridad alimentaria, y asegurar mejores condiciones de vida para los campesinos. Petro ya se comprometió de manera clara a enfrentar el problema de las tierras improductivas, haciendo que sus propietarios paguen un impuesto alto sobre ellas o que el Estado las compre para redistribuirlas entre el campesinado. Otro reto será el mejoramiento y la ampliación de las vías terciarias, claves para el desarrollo rural y la circulación de los campesinos y sus productos.
El ambientalismo
Se trata de un eje central que condiciona en gran parte todo el programa de gobierno. Petro y Márquez ya se comprometieron a no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo, frenar los pilotos de fracking, y desarrollar las “energías limpias”. De manera general, se supone que el nuevo gobierno buscará reducir notablemente el extractivismo. Sin embargo, dado el costo económico del programa de gobierno y sabiendo que el petróleo, el carbón y la minería representan más de la mitad de las exportaciones del país, hay una gran incerteza sobre la manera cómo podrá operarse la transición deseada de la economía nacional y a qué ritmo. Petro anunció que quería despojar a Colombia de su sistema económico premoderno y desarrollar un “capitalismo democrático”. Mientras tanto deberá resolver las contradicciones aparentes entre la necesaria financiación de su programa de justicia social y su ambición de hacer de Colombia un modelo de ambientalismo, reduciendo así actividades fuentes de altos ingresos. Un reto mayor que corresponde, según su propio punto de vista, a lo que debería ser un gobierno progresista moderno.
La búsqueda de una “paz integral”
El proyecto político representado por Petro y Márquez tiene la ambición de lograr una “paz integral”, es decir una paz que no se reduzca a un acuerdo con grupos armados, sino que implique una transformación de las condiciones de vida en los territorios. Para eso el gobierno entrante tiene la voluntad de implementar rigurosamente el Acuerdo de paz con las Farc, de buscar que las disidencias de esa antigua guerrilla se unan al acuerdo, de negociar con el Eln las condiciones de su desmovilización, de lograr el sometimiento de los grupos narco-paramilitares como el Clan del Golfo, y de favorecer la paz territorial a través de “acuerdos regionales vinculantes”. Para esto, el nuevo gobierno espera contar con la ayuda de la Iglesia, pues como lo señaló Petro luego de su victoria es “la única entidad que conoce la especificidad del conflicto en cada región y puede ayudar mucho en la pacificación”.
Lograr una negociación exitosa con el Eln constituye sin duda un reto importante, dado la identidad fuerte de esta guerrilla y su historial de negociaciones fallidas con gobiernos anteriores. Se supone que el diálogo con el primer gobierno de izquierda del país, cuyas banderas hacen eco a sus reivindicaciones históricas, debería ser mucho más fácil, pero no se deben subestimar las complejidades específicas de este grupo. Además, está por definir si las negociaciones adelantadas bajo el gobierno Santos podrían retomarse o si sería mejor empezar de cero con una nueva agenda y unos nuevos procedimientos. En todo caso, la opinión pública no entendería que ese grupo guerrillero no muestre señales de buena voluntad ahora que un gobierno progresista, con el cual se puede sintonizar, está en el poder, y esto podría generar tensiones y serias dificultades para el gobierno.
Igual de importante y difícil será lograr el sometimiento de los grupos narco-paramilitares y el desmantelamiento de sus redes de apoyo mafiosas, en particular el Clan del Golfo. Existe el aparato judicial, a través de una ley de 2018, que permite este sometimiento, pero no se sabe realmente si los comandantes de esos grupos estarían interesados en desmovilizarse. En el caso contrario, el gobierno tendría que enfrentarlos, pues su accionar constituye un problema mayor para el país y un obstáculo grande a la implementación de las reformas deseadas en los territorios.
Precisamente, las problemáticas de seguridad no suelen hacer parte de los temas preferenciales de los gobiernos de izquierda, por ser una bandera asociada más bien a la derecha, y en el caso de Colombia al uribismo. Sin embargo, es preciso que el gobierno entrante no peque por ingenuidad y no enfoque toda su estrategia en las difíciles negociaciones con los grupos armados. Debería más bien resignificar el tema de la seguridad para ampliarlo y orientarlo hacia la protección integral de los ciudadanos.
Las relaciones con las Fuerzas Militares
Entre las dificultades que le esperan al nuevo presidente se encuentra la de su relación con las Fuerzas Militares del país, que empieza con una comprensible sospecha mutua. El accionar de buena parte de los militares y de los policías de Colombia se ha caracterizado por su corrupción, sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos y su connivencia con los grupos paramilitares y mafiosos. La izquierda, incluyendo al propio Petro, ha sido particularmente afectada por esas conductas y las ha denunciado de manera repetida. A pesar de esto, el gobierno no puede entrar en confrontación con las Fuerzas Militares pues las necesita de su lado. Por eso deberá actuar para disminuir el miedo que provoca la izquierda, en general, y Petro en particular, entre los militares y así tratar de desarrollar una confianza recíproca, que se extienda a la sociedad civil.
Para eso es preciso tratar de entablar una relación constructiva, que tome en consideración el modo de pensar y de funcionar de la institución castrense, y que contemple beneficios para su medio millón de integrantes. Se podría enfocar en mejorar el bienestar y las condiciones de vida de los soldados y los policías, y de sus familias, por ejemplo en materia de alojamiento, de salud o de educación. De igual manera, puede resultar pertinente favorecer la meritocracia, tocar su fibra patriótica, y hacerles sentir que son parte integrante del futuro en construcción del país.
Todo esto debe facilitar cambios más concretos en la Fuerzas Militares, empezando por la eliminación de la doctrina del “enemigo interno”, que tanto daño ha hecho. Se deben contemplar también unos cambios en la estructura y las misiones de la institución castrense, así como un cambio rápido y estratégico de su cúpula. Adicionalmente, es preciso aprovechar esta oportunidad para sacar la Policía del Ministerio de Defensa, quitarle sus atributos militares y redefinir su razón de ser en función de la convivencia pacífica y las necesidades de los ciudadanos. Otro objetivo es la eliminación del Esmad, organización que actúa como una fuerza de represión de la protesta social y que genera mucha desconfianza en la ciudadanía. Sin embargo, no puede simplemente desaparecer, el gobierno seguramente deberá crear un nuevo organismo encargado del acompañamiento de las grandes manifestaciones, que tenga mecanismos de diálogo y de convivencia para prevenir los posibles desórdenes.
Las problemáticas internas
Los retos no paran ahí. El nuevo gobierno tendrá que lidiar también con retos que vienen de su propio campo. En primer lugar, es preciso entender y asumir que uno no puede actuar de la misma manera estando en la oposición que en el poder. Tanto Petro como el conjunto del gobierno deberán ser muy estratégicos, tener la cabeza fría, controlar su comunicación (incluyendo las redes sociales), y no caer en trampas que muy seguramente existirán.
Es clave que el propio jefe de gobierno haya aprendido de las dificultades que experimentó siendo alcalde de Bogotá, que sepa trabajar mejor en equipo, que tenga la inteligencia de escuchar a sus asesores cuando le digan que está equivocado, que respete las instituciones y la separación de poderes, y que tenga relaciones adecuadas con los medios. Todo lo anterior es supremamente importante para no perder el apoyo de los sectores que sin ser “petristas” votaron por él, y así no reducir su margen de maniobra.
Por otro lado, es de esperar que surjan descontentos desde los sectores más a la izquierda y más “petristas”. La molestia causada por la llegada al PH de políticos “tradicionales” pudo contenerse durante la campaña, pero seguramente crecerá ahora que se logró la victoria y a medida que personajes externos a la izquierda y al “petrismo original” tengan más puestos de poder. Las tensiones surgidas a raíz de la escogencia de Roy Barreras para ser presidente del Senado constituyen sólo un abrebocas. Será interesante también observar la relación entre Petro y su vicepresidente Márquez, cuyo peso político no para de crecer, ya que no son particularmente cercanos y han tenido dificultades de comunicación en un primer momento.
Adicionalmente, la búsqueda de una convergencia con los partidos representantes del establecimiento, la probable demora en los cambios, como las referencias repetidas de Petro a “desarrollar el capitalismo” podrían generar tensiones y frustraciones importantes entre los electores de izquierda y dentro del movimiento social. Si no hay avances notables a corto plazo en materia de justicia social y de derechos humanos, el gobierno podría verse desestabilizado por sus propias bases y enfrentar protestas inesperadas. La estrategia de apertura no debería hacerse en detrimento de los sectores “históricos” detrás de la victoria de la dupla Petro-Márquez.
El riesgo de volverse un gobierno de “centro”
Así las cosas, la tarea del nuevo gobierno parece supremamente complicada. La esperanza suscitada por la victoria en las presidenciales está tan alta como el tiempo es corto. Es muy probable que este nuevo gobierno esté atravesado a lo largo de estos cuatro años por una tensión generada por un doble movimiento contrario. Por una parte, fuerzas tradicionales que quieren aliarse para suavizar desde adentro las reformas, y por otra fuerzas populares del cambio que quieren que “su” presidente cumpla su programa. Existe pues el riesgo de que el gobierno, atrapado entre esas dos fuerzas termine siendo un gobierno de “centro”, una especie de gobierno “Santos III” en versión un poco mejorada.
El presidente Petro dijo en una entrevista luego de su victoria que “quizás todo termine en un punto medio, porque esa fue mi experiencia en Bogotá”. Pero esas posiciones intermedias muchas veces terminan produciendo una inconformidad generalizada. Además, el gobierno no sólo tiene que pensar en sus cuatro años de vigencia sino también en la continuidad de su proyecto en los años posteriores. Cabe recordar que después del mandato de Petro en la alcaldía de Bogotá ganó Peñalosa, con un discurso y un programa opuestos a la “Bogotá Humana”.
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