Un debate frío, a pesar de su importancia. Una sociedad pasiva a pesar de la importancia del reto que tiene ante sí.
¿Desaprobar la corrupción? La pregunta parece innecesaria, pese a ello, a escasos 12 días del 26 de agosto, día seleccionado para llevar a cabo la consulta que interroga a través de 7 items sobre tal particular, parece estar en un congelador. Contrario a lo común de las campañas electorales la difusión, agitación, los afiches, cuñas de todo tipo, etcétera, que debiera estar llenando al país de norte a sur, de occidente a oriente, de arriba abajo, destacan por su ausencia o poca trascendencia.
Los impulsores de la consulta, que de boca para afuera son todos los políticos y sus respectivos partidos, en realidad no son como aparentan. Se dice sí ante la galería para no quedar mal, pero se actúa en contravía. No puede ser de otra manera pues su pretensión permanente es apropiarse con fines particulares de lo colectivo.
Pero también sucede que quienes están convencidos de la necesidad y utilidad de la consulta ahora, cuando todo parece indicar que ésta difícilmente alcanzará los votos necesarios para ser aprobada, optan por quitarle el pecho a tal compromiso, temiendo cargar con el costo de una posible derrota. Es lo que llaman los estudiosos el “realismo político”, con el cual prima lo particular –“mi futuro”– por sobre el del país. Para los políticos, cuando no actúan sometidos a las dinámicas de los movimientos sociales, cuando no están dispuestos a bajar antes que subir, lo colectivo solo funciona como la Ley del Embudo, a saber en este caso: “todos para mi, yo para mi”.
Con manipulación o con temor, con el país como escudo, lo más importante de la consulta es que nos permite ahondar en las causas reales de un fenómeno que en las últimas décadas ha ganado indicadores inimaginables: 50 billones de pesos por año rellenan las cuentas bancarias –los Panama Papers y similares– de estos personajes y de sus encubridores. Es así como estamos ante un fenómeno que va más allá de expedir normas –las cuales existen con nombre propio y convenios internacionales sobre lo mismo: Ley anticorrupción, pese a lo cual no para, y crece, crece, con las multinacionales –y empresarios de distinto nivel– como actoras principales, bien aceitando votos en distintos espacios legislativos con millones de dólares para lograr uno u otro contrato, bien ocultando los daños ambientales que causan con las materias primas que producen sus empresas (como la Volkswagen y otras fabricantes de carros ocultando los reales niveles de contaminación que producen), bien pagando a medios de comunicación globales y locales para que desinformen sobre resultados arrojados por estudios sobre calidad de vida, organismos genéticamente modificados, consecuencias por el uso de tóxicos como el glifosato, desigualdad social, explotación, guerras, comercio con mujeres y hombres, pedofilia, etcétera.
El motor o raíz de tal realidad la tenemos ante nosotros. El motor o raíz de tal fenómeno parece ser uno solo: el neoliberalismo, propulsor del enriquecimiento a cualquier costo, entre ellos la privatización de lo público, feriado en diferentes subastas en beneficio de los particulares –¿quieren mayor signo de la corrupción que este proceder?–.
Sin un Estado que propicie el respeto y amor por lo público, sin un sentido de lo común, sin un referente de futuro que valga la pena –para una inmensa mayoría ya no hay utopía alguna que despierte acciones y comportamientos altruistas ni éticos–, entonces, ¿por qué y para qué defender y proteger los dineros que no son de nadie a pesar de ser de todos?
Es decir, la importancia de la consulta por celebrarse el próximo domingo 26 de agosto es que nos permite visualizar y comprender el neoliberalismo en su real dimensión y consecuencias, y a sus promotores y defensores como los autores intelectuales y propiciadores de la realidad de la corrupción, como la cúspide de la misma, quienes, con las normas tramitadas durante décadas en el Congreso colombiano, leyes sobre la salud, la educación, la economía en general, la tierra, los servicios públicos, los impuestos que favorecen a los más ricos y perjudican a los pobres. han alimentado hasta hacer incontenible la realidad que ahora algunos denuncian y otros dicen también desaprobar: la corrupción.
Es en contra de esa realidad neoliberal, con todos sus matices, que quienes habitamos Colombia debemos salir a votar este 26 de agosto. Claro que la consulta no pregunta por ello, y esa es una de las razones profundas de lo limitado de la misma, esa es la razón por la cual cualquiera puede aprobarla, pues en realidad no va más allá de la normatividad ya existente, la cual todos los que hacen parte del establecimiento saben como burlar. La consulta, contrario a lo expresado en sus 7 preguntas, contrario a su misma apariencia, no ataca al establecimiento ni a sus defensores, dejándolos aparentar lo que no son, con lo cual todo seguirá como ha sido hasta ahora.
Entonces, con la puja que se escenificará en doce días deberá empezar una disputa abierta y total contra el neoliberalismo, mal de males, levantando como indicador de una batalla frontal las banderas de otra sociedad posible, una donde la democracia deje de ser formal y en verdad sea directa, radical, refrendataria.
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