Tres indígenas asesinados, 162 víctimas de detenciones arbitrarias, al menos 179 personas heridas, 6 amenazas proferidas en el contexto de esta protesta, son las cifras parciales arrojadas en el marco de la Minga nacional, agraria, campesina, étnica y popular en desarrollo en Colombia desde el pasado 31 de mayo.
Este es el lenguaje, real, directo, sin tapujos, con que responde el gobierno nacional ante las exigencias de los diversos pobladores del campo que reclaman cumplimiento con los compromisos contraídos años atrás por parte del Gobierno, en el marco de otras protestas de los pobres de Colombia, y para que asuma sus compromisos históricos como administrador del Estado nacional.
Mientras así actúan, mientras prolongan su proceder guerrerista y de control social violento, por diversos medios de comunicación, ministros, viceministros y hasta el mismo Presidente no paran de afirman que están dispuestos al diálogo y la concertación. Día y noche. Así actúa el poder: con las palabras tratan de confundir a la sociedad colombiana y con los hechos intentar intimidarla, dividirla, destruirla.
Comportamiento ni raro ni extraordinario, pues es la continuación histórica de un proceder ceñido a la Doctrina de Seguridad Nacional, a la luz de la cual quien protesta y exige sus derechos fundamentales es un enemigo interno, un insurgente, y así debe ser tratado. Policías uniformados y de civil, Esmad, unidades del Ejército Nacional, agentes de inteligencia, todos a una arremeten contra los grupos sociales que en su levantamiento por vida digna están obligados a ocupar calles y autopistas, cerrar vía, levantar fogatas, como únicos y últimos recursos para ser tenidos en cuenta.
En su afán por romper la unidad social los representantes del poder oligárquico colombiano –a pesar de que supuestamente se avanza hacia la paz– no reparan en métodos: inundan con gases lacrimógenos los sitios de las protestas, aturden con sus bombas de estruendo, golpean con palos y canicas disparadas en las capsulas recalzadas de las bombas lacrimógenas, lanzan sus carros contra los manifestantes, dirigen sus chorros de agua contaminada en contra de quienes los enfrentan, toman fotos y diversos registros de quienes se atreven a levantar su voz de protesta, empadronándolos en sus oscuras listas de las que luego podrán salir desaparecidos, hostigados y muertos y, como lo registran de manera cruda los asesinados, disparan contra personas desarmadas.
Es esta realidad la que ha impedido que las reuniones de negociaciones entre las delegaciones de la Minga y del Gobierno avancen hacia resultados concretos. Valga resaltar que el 5 de junio en la primera reunión de acercamiento entre las partes se habían logrado tres acuerdos fundamentales:
“1. Garantías en Derechos Humanos y legitimidad de la protesta en términos de no más agresiones de la fuerza pública a las personas movilizadas en todo el territorio nacional.
2. Reactivación de la Comisión de Derechos Humanos conjunta con Ministerio del Interior mañana en la mañana en acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas
3. Intercambio de propuestas para la instalación y metodología de negociación para la Mesa Única el día de mañana”.
Sin embargo, informan desde la Minga, “desde las horas de la mañana tenemos fuertes hostigamientos, represión y abusos de autoridad por parte de la fuerza pública (Esmad, Ejército y Policía) con armas convencionales y no convencionales en contra las comunidades concentradas en los diferentes puntos del país, entre ellos los más críticos: Cauca: Quinamayó-Santander de Quilichao, El Túnel-Cajibío, Los Robles-Timbío, en Cesar: San Martín, Besotes, Agua Chica, La Mata, La Gloria, en Santander: La Lisama, Barrancabermeja, en Norte de Santander: Berlín, en Valle: La Delfina, Buenaventura, en Nariño: Pedregal-Ipiales, en Huila: Bruselas-Pitalito, El Hobo, Uraba Antioqueño; escenarios donde aún no ha llegado la presencia de la defensoría del pueblo y las entidades de derechos humanos internacionales como se acordó ayer con Gobierno Nacional en el primer punto; haciéndose evidente el incumplimiento del gobierno y agudizándose así la afectación y violación de los derechos humanos y el derecho legítimo de los pueblos a la movilización social, ahora víctima de la fuerza pública (…) la cual ha venido dándole un tratamiento de guerra a la manifestantes”.
A renglón seguido, precisa el comunicado de la Minga: “Sumado a ello nos encontramos con diferentes posturas y declaraciones de gobierno nacional que buscan dividir y desinformar a la opinión pública afirmando que tienen toda la disposición pero que es la Cumbre Agraria la que está dividida y que no está lista para iniciar el diálogo; RECHAZAMOS Y DESMENTIMOS CATEGÓRICAMENTE ESAS AFIRMACIONES Y DECLARAMOS NUESTRA DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO con presencia de garantes de la Cumbre, ONU, Defensoría del Pueblo, Congresistas y la Iglesia, así como las condiciones acordadas en términos de garantías humanitarias y logísticas para la movilización, manifestamos nuestra posición de UNIDAD, COHESIÓN Y TRABAJO CONJUNTO DE CARA A UN ESCENARIO ÚNICO DE NEGOCIACIÓN”.
Ante esta realidad la negociación quedó en punto muerto.
El levantamiento de miles de personas que habitan el campo colombiano prosigue y, superando el proceder del Gobierno, proyecta señales de que se extenderá por varios días más. La apuesta gubernamental es a desgastar la protesta vía prolongación y dilación de las negociaciones, atemorizar a quienes se atreven a salir a protestar violentándolos por todas las formas posibles, y confundir a la sociedad colombiana frente a las raíces de la protesta, la validez de las exigencias de indígenas, campesinos, afrodescendientes, y la supuesta voluntad de diálogo guernamental. Juegan con candela, pero no les importa, pues su propósito es uno solo: defender los intereses de los más ricos, favorecer a los terratenientes e industriales del campó, legislar a favor de las multinacionales para que continúen comprando tierras en el país, garantizar la impunidad para quienes violan los derechos humanos de sus connacionales e incluso sus vidas.
La protesta continúa en el Cauca, Chocó, Nariño, Arauca, santanderes, Córdoba, Guajira, Bolívar, y otros muchos puntos del país. El afán gubernamental es romper la misma en sus puntos más fuertes para así obligar a la dispersión de los restantes.
En el marco de la inconformidad creciente que registra Colombia, se anuncia que el lunes 6 en horas de la noche, varios gremios de camioneros entran en la protesta. ¿Servirá este nuevo factor para que las negociaciones oficiales con la Minga ganen nuevo ritmo y concreten resultados tangibles?
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