Con un total de 238 agresiones (107 hombres, 78 mujeres, 3 Lgbtiq+ y 50 de carácter colectivo), Antioquia ocupó en el 2021 el segundo lugar en el país como la región donde más peligra el derecho a la vida de quienes defienden los derechos humanos. Homicidios, amenazas, desplazamientos, confinamientos y estigmatización son la forma en que se concretan estas acciones violentas, cuyos principales victimarios son la Policía Nacional y las estructuras paramilitares especialmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
En materia de Derechos Humanos padece la sociedad antioqueña una realidad con particularidades. Por ejemplo, en las agresiones contra los liderazgos Lgbtiq+ se presentó, con un caso, un descenso en las cifras en el 2021, ya que en 2020 los registrados fueron cinco casos, entre ellos dos homicidios.
Pero no en todos los particulares marcó esa característica. En 2020 se reportaron 47 casos de agresión contra mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, en 2021 fueron 78, la mayoría de ellas perpetradas en los contextos de protestas sociales ya que muchas de las personas afectadas estuvieron integrando las Comisiones de Verificación en terreno. Ellas fueron víctimas principalmente de la Policía Nacional, Escuadrón Móvil Antidisturbios –Esmad– de: tortura, tratos crueles y degradantes –Ttcd–, violencias basadas en género, amenazas, estigmatización, etcétera, debido a su labor. Se resalta los casos de homicidios: mientras que en el año inmediatamente anterior se contabilizaron tres hechos, en 2021 fueron cuatro, tres en zonas rural de Urabá, Bajo Cauca y Norte. El otro caso se reportó en Bello.
Los principales responsables de las agresiones en Antioquia son la Policía Nacional (86 casos) y las estructuras paramilitares (72 casos), especialmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –Agc. El año pasado las organizaciones de derechos humanos y sociales del departamento1 advirtieron que la avanzada de las Agc en Antioquia sigue desarrollándose y el Estado no ha realizado ningún esfuerzo para contenerla como tampoco cumplió con el Acuerdo de Paz en materia del desmonte de estas estructuras, permitiendo que actúen sin restricción alguna, como en la época de finales de los años 90 y 2000, moviendo tropas de hasta 200 hombres entre subregiones2.
Los territorios con más niveles de agresión contra los liderazgos y la labor de defensa de los derechos fueron aquellos en donde existieron acciones de protesta social (Valle de Aburrá), actividades en defensa del punto 1 y 4 del Acuerdo de Paz (Bajo Cauca) y la denuncia de la actividad paramilitar (Urabá). En los casos del Suroeste y Oriente se presentaron ataques por denunciar los impactos negativos de los megaproyectos hidroeléctricos (Oriente) y por participar de las marchas (Oriente y Suroeste).
Las víctimas de las agresiones son aquellas que: 1) son voces disidentes u opositoras que promueven proyectos políticos alternativos de cambio 2) luchan por la defensa de los derechos humanos, la tierra, los territorios y la naturaleza contra las lógicas de dominación-autoritarismo, el modelo extractivita y financiero 3) exigen los derechos de las mujeres y de las identidades diversas, 4) luchan por el cumplimiento del Acuerdo de Paz y por una paz completa y 5) firmaron la entrega de hicieron la entrega de armas como contribución a la construcción de una paz estable y duradera.
Para 2021, en Antioquia las personas defensoras de derechos humanos fueron las más agredidas ya que muchas de ellas integraron las Comisiones de verificación en contextos de protestas y en razón de su labor fueron atacados por el Esmad-Policía Nacional4, pero también por el Ejército Nacional y la Policía Antinarcóticos3 (contextos de erradicación de cultivos de usos ilícitos).
Las agresiones contra las lideresas y los líderes comunales sucedieron en todas las subregiones del departamento, es importante resaltar el caso del Norte, en el municipio de Ituango, más de 30 Juntas de Acción Comunal fueron amenazadas en el marco del desplazamiento masivo de 4.099 campesinas y campesinos (julio-agosto) a causa de la avanzada paramilitar de las AGC (Plan Mil)5 y las amenazas de las Disidencias de las Farc (Frente 18).
Una realidad pese a la cual el alcalde de Ituango, Mauricio Mira, públicamente minimizó la grave situación humanitaria e hizo señalamientos contra los líderes y lideresas comunales al sostener: “Ningún líder nos dio una razón del porqué permanecen en el casco urbano, simplemente que los amenazaron, esto nos lleva a pensar que hay otros intereses”6.
En cuanto a los liderazgos campesinos, la mayoría fueron objeto de amenazas y desplazamiento forzados por parte de los paramilitares, pero también de las disidencias de las Farc, esto en razón de su labor de denuncia, por negarse a asistir a reuniones a los que fueron convocado y por exigir el respeto de los derechos humanos y el DIH a todos los actores armados que en la actualidad hacen presencia en sus territorios. También se registraron homicidios.
Una realidad con agravantes, como la padecida por los líderes y lideresas indígenas del Bajo Cauca, Occidente y Urabá, que es crítica. Durante 2021, junto a sus comunidades, fueron víctimas de homicidios, amenazas, desplazamientos, confinamientos y estigmatización por parte de los paramilitares de las Agc y los Caparrapos, y también de la guerrilla del Eln. Agresiones sucedidas cuando los líderes y lideresas de las comunidades denuncian a estos grupos por: 1) ocupar los territorios, 2) por desarrollar combates poniendo en riesgo a la población, 3) por minar los caminos, 4) por ocupar bienes de la población civil, 5) por realizar reclutamiento forzado y 6) en ocasiones por el presunto patrullaje conjunto entre Agc y Unidades del Ejército Nacional.
Como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en el Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los Derechos Humanos en las Américas (2006), las agresiones son entonces una forma de retaliación y represión en consecuencia, de una labor democrática, la cual hacen hombres, mujeres y poblaciones diversas que de manera organizada buscan cambiar los contextos de desigualdad. Esta violencia genera indiscutiblemente efectos directos en los contextos organizativos y en la incidencia de lo público.
Ataques contra la vida, la integridad personal, la libertad y la labor de defensa de los derechos humanos.
De las 228 agresiones registradas en Antioquia, en por ciento, el 11 fueron contra la vida, 12 contra la integridad personal, 5 contra la libertad y 72 contra la labor de defensa de los derechos humanos.
El derecho a la vida: Según cifras de Indepaz, en Colombia se han registrado 1.286 homicidios desde la firma del Acuerdo de Paz (2016), De ese total, 888 han ocurrido bajo el gobierno de Iván Duque y 171 sucedieron en 20217. Antioquia después del departamento del Cauca, es la región con más agresiones contra el derecho a la vida de las personas defensoras de derechos humanos.
De acuerdo con los registros del Observatorio sobre el Nivel de Riesgo de la Corporación Jurídica Libertad y la Fundación Sumapaz, en 2021 hubo 25 homicidios y tres atentados. El 90 por ciento fueron en zonas rurales, el otro 10 por ciento en zonas urbanas del Valle de Aburrá: Medellín y Bello. Del total de víctimas 4 eran mujeres y 24 hombres. Bajo Cauca fue la subregión con más número de homicidios (seis casos).
Los paramilitares de las Agc, Caparrapos y los Triana son responsables de 11 casos de homicidio; de otro tanto se desconoce el responsable y en tres casos ha sido el Eln. El 50 por ciento de las víctimas pertenecían al sector comunal, un 28 por ciento estaban ejerciendo liderazgos campesinos (entre ellos están los casos de líderes del Programa nacional integral de sustitución de cultivos –Pnis), un 12 por ciento eran indígenas de comunidades del Occidente y Urabá y el 10 por ciento restante eran sindicalistas o hacían parte de procesos de Veeduría ciudadana.
En cinco casos de homicidio hubo prácticas de desaparición forzada, ya que las víctimas fueron sustraídas de las viviendas o de los lugares donde se encontraban y posteriormente sus cuerpos fueron encontrados en ríos, quebradas o parajes rurales. Los responsables de estos hechos son los paramilitares de las Agc y los Triana; en un caso fue el Eln. Dos de estos hechos fueron en contexto de masacre y la cual afectó a la lideresa Diana Jaramillo del municipio de Bello, quien fue víctima de desaparición forzada, asesinato y desmembramiento, junto con otra mujer y un hombre, y cuyos cuerpos fueron hallados en costales en los límites entre Copacabana y Bello8.
El otro caso en contexto de masacres es el de Luis Hernando Castrillón, en el municipio de Yolombó, quien fue asesinado junto a su esposa María Piedad Ramírez, y su hijo Esneyder. Otra de las víctimas fue Fray Zapata, un joven con dificultades cognitivas9.
Desde 2018, la Organización Indígena en Antioquia –OIA, la Iglesia Católica10, la CIJP11, el Proceso Social de Garantías y el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos12 denunciaron la grave situación de Dabeiba y Murindó, especialmente porque los grupos paramilitares, la insurgencia y el Ejército Nacional, disputan estas zonas, poniendo en grave riesgo a las comunidades indígenas. Pese al llamado de NO sembrar más minas en las comunidades, durante 2021 una lideresa indígena13 y un guardia indígena14 perdieron la vida al pisar estos artefactos.
Un leve respiro. Respecto a 2020 hubo un tenue descenso en las cifras de homicidios, pasando de 27 casos, a 25, no obstante, es preocupante la persistencia de los homicidios en Bajo Cauca, aunque estos también disminuyeron, pasando de 14 casos en 2020 a seis en 2021, descenso que puede explicarse por la actual hegemonía de las Agc frente a los Caparrapos y el declive que esto implica para la confrontación armada pero no así para el desplazamiento forzado de líderes y lideresas en esta zona, el cual aumentó. En el Oriente también hubo un descenso en los casos de homicidio, en el cual se reportaron tres casos el año anterior, para 2021, se presentó un caso.
Un aire que no se inhala igual en todas partes. Es así como en la subregión Norte del departamento, los homicidios aumentaron pasando de un caso en 2020 a cuatro en 2021. En Occidente se presentaron dos casos, mientras que en 2020 no hubo reportes. En el Nordeste (2020, 3 casos), Urabá (2020, 2 casos) y Valle de Aburrá (2020, 2 casos), aumentaron los homicidios, en un caso por cada subregión. En el Suroeste no hubo aumentó, se registró un solo caso, idéntico que en 2020.
Durante el 2021 se registraron tres atentados. En dos casos el responsable es desconocido, y el otro corresponde al grupo paramilitar AGC. De la totalidad de los casos, dos fueron contra líderes sociales, las víctimas fueron abordadas en caminos veredales y amenazadas. Posteriormente los victimarios les dispararon. El tercer ataque fue contra un periodista asociado a la Fundación para la libertad de prensa –Flip–, que residía en la ciudad de Medellín: “El día de los hechos la víctima se encontraba en su vivienda, en donde está ubicada también la sede de la emisora, hasta ese lugar llegaron ocho hombres armados, que se movilizaban en cuatro motos. Los hombres dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda e intentaron ingresar a la misma. El periodista se encontraba en ese momento al interior de la casa con su esposa y su hijo, quienes resultaron ilesos”15. La víctima había recibido amenazas días antes del atentado.
Derecho a la integridad personal: Durante 2021 se registraron 29 ataques contra el derecho a la integridad y la dignidad ocasionando daños y afectaciones físicas y psicológicas en las víctimas. Entre estos se encuentran 26 casos de Ttcd y de violencias basadas en género (12 mujeres, 11 hombres, y 3 colectivas) perpetrados por la Policía Nacional en el contexto del Paro Nacional y tres víctimas de lesiones personales –heridos.
Sobre las Ttcd perpetradas durante el desarrollo del Paro Nacional 2021, debe señalarse que este dispositivo de poder-acto político16 fue generalizado en los contextos de protesta, buscando con ello no solo generar sufrimiento-dolor-terror en las víctimas sino también disciplinar tanto a manifestantes, No manifestantes (ciudadanía en general) y a las y los defensores, buscando que estos últimos abandonaran su actividad de documentar, grabar, denunciar, exigir el respeto de las garantías fundamentales en los contextos de movilización y acompañar a las personas detenidas y/o judicializadas.
Los casos de Ttcd fueron documentados ampliamente no solo por las organizaciones de derechos humanos y las Comisiones de Verificación en terreno, sino también por las tres Misiones Internacionales que hicieron presencia en el país en 2021 (Misión Argentina, Misión Catalana y Misión S.O.S) y la Visita de Trabajo de la Cidh. En el caso de Antioquia, se denunció 205 casos de Ttcd contra manifestantes, con responsabilidad principal del Esmad.
En lo que respecta a las personas defensoras, de Atención Pre Hospitalaria –APH– y de medios alternativos de comunicación, sistemáticamente fueron víctimas de violencia física y psicológica por parte de la Policía Nacional-Esmad quien en diversas ocasiones puso en riesgo la vida e integridad de estas, al lanzarles gases lacrimógenos, perseguirlos con sus motos, apuntar y disparar con sus armas de dotación contra los cuerpos y rostros de las y los defensores cuando estos reclamaban que se ciñeran a los protocolos, cuando se atendía por parte de APH a los manifestantes heridos o se grababa la violencia estatal. De estas actuaciones se reportaron cinco casos de gravedad.
Las mujeres defensoras fueron agredidas constantemente, además de sometidas a violencias basadas en género, ya que era constante los insultos sexistas y denigrantes; además de infantilizarlas y desconocer su labor, solo por el hecho de ser mujeres. También se documentaron casos en los que la Policía Nacional (Fuerza disponible) y el Esmad golpearon con sus macanas a hombres y mujeres de las Comisiones de Verificación para húrtales los celulares, cámaras de video y fotográficas donde había evidencia de su comportamiento arbitrario.
En uno de los casos de Ttcd, participaron civiles sin identificar: “Siendo las 5:40 p.m. en el viaducto entre las estaciones del Metro Cisneros y San Antonio, la Fuerza Pública presente, en connivencia con civiles armados de palos y varillas, deliberadamente acorralaron y atentaron contra las defensoras y defensores de Derechos Humanos, prensa y APH de las Comisiones de Verificación de la Sociedad Civil, hurtando sus celulares, golpeándolos con bolillos, electrocutándolos con taser y agrediéndoles psicológicamente”.
En el contexto rural, en la zona rural de Anorí la Asociación Campesina del Norte y Nordeste de Antioquia, denunció en varias ocasiones los ataques por parte del Esmad, la Policía Antinarcóticos y Ejército Nacional a los Refugio Humanitarios que decidieron construir a raíz de los operativos de erradicación forzada en algunas veredas17. En ese contexto, en el mes de octubre la lideresa Luz Mery López fue retenida por efectivos del Esmad cuando se encontraba cargando agua para el Refugio, posteriormente fue sometida a Ttcd y obligada a subir por un peñasco, a lo cual ella se rehusó. En este caso se denunció también señalamientos y estigmatización por parte de la fuerza pública contra las directivas de la Asociación18.
En este conjunto de hechos de Ttcd, cuyos responsables son agentes estatales, no se conoce de avances en las investigaciones disciplinarias ni penales, generando un marco de impunidad. Además, con la implementación de la Ley 2197 del 25 de enero de 2022, mal llamada de seguridad ciudadana, el mensaje para el país ha sido claro, No habrá sanciones ni limitaciones a la actuación arbitraria de los agentes de Estado –Policía Nacional, por el contrario aumentaron las penas contra las y los manifestantes– en la protesta social y se han legalizado nuevamente las acciones contrainsurgentes de estructuras paramilitares y de civiles a quienes les permiten dotarse de armas para que, bajo el eufemismo de la defensa de la propiedad privada, ataquen a las personas manifestantes.
En lo que respecta al tema de las lesiones personales, se contabilizan tres casos. En dos de ellos no pudo establecerse los responsables (Norte y Valle de Aburrá); y en el tercer hecho se responsabilizó al Ejército Nacional (Bajo Cauca). Una de las víctimas hacia parte de la Mesa de Trabajo de la Población Lgtbiq+ y fue herido con arma blanca en el municipio de Bello.
Derecho a la libertad: De acuerdo con el Observatorio sobre el nivel de riesgo, 5 mujeres y 7 hombres defensoras y defensores de derechos humanos fueron detenidos arbitrariamente cuando realizaban su labor en contextos de protesta social en el Valle de Aburrá, no solo en el marco del Paro Nacional, sino también en contextos de desalojos. Estas detenciones fueron llevadas a cabo por la Policía Nacional. En tres casos se presentaron Ttcd.
Estas detenciones arbitrarias han sido una práctica continua con el propósito de coartar el derecho a protestar y, de paso, vulnerar múltiples derechos individuales en un intento de amedrentar a quienes se movilizan y defienden los derechos humanos, desconociendo lo contemplado en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos donde se establece que “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”, lo que es reiterado en el artículo 25 de la Declaración Americana “Derecho de protección contra la detención arbitraria” y en el artículo 7 “Derecho a la Libertad” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia se consagra “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.
En lo que respecta a la desaparición forzada, como se dio cuenta en el apartado del derecho a la vida, en cinco casos las víctimas fueron desaparecidas forzadamente antes de ser asesinadas. En agosto de 2021 se denunció la desaparición forzada del líder y gestor cultura de Cañasgordas (Occidente), Ramón Emilio López, quien fue visto por última vez el 29 del mismo mes en compañía de Jesús Emilio Mazo mientras realizaban una caminata ecológica hacia el Alto del Águila. En el territorio donde fueron desaparecidos tienen presencia: Ejército Nacional, Eln, AGC y disidencias de las Farc. Pese a los llamados de las organizaciones al Estado y demás actores para determinar su paradero no se tiene ninguna información hasta la fecha.
Como se constató en el marco del Paro Nacional, existió la práctica de la desaparición forzada en el Valle de Aburrá, donde se reportaron 242 personas desaparecidas, de 188 ya se estableció su paradero (todas vivas), en los restantes casos no. En este contexto, debe decirse que muchas de las víctimas fueron detenidas arbitrariamente, sometidas a Ttcd e incomunicada por horas y hasta por días. Los principales responsables son la Policía Nacional pero también se han reportado casos del Ejército Nacional19.
Derecho a defender los derechos humanos: En 2021 se registraron 169 casos de agresión contra esta labor legítima reconocida y garantizada por instrumentos jurídicos internacionales y nacionales. Del total, 63 fueron contra hombres, 57 contra mujeres, 2 contra Lgbtiq+ y 47 fueron agresiones colectivas. Las amenazas continúan siendo la principal práctica para generar temor y tensión entre quienes se dedican a actividades democráticas y organizativas en los territorios.
En cuanto a los responsables, se tiene que en 56 casos se desconoce el autor, en 54 son las estructuras paramilitares de las Agc, Caparrapos, Mondongueros y Oficina del Valle de Aburrá; en 50 casos fue la Policía Nacional, principalmente el Esmad en contexto de protesta social. En tres casos la responsabilidad recae en las Autoridades Civiles del Valle de Aburrá (Secretará de Educación de Itagüí), Oriente (funcionarios de la Alcaldía de Rionegro) y del Suroeste (Alcalde de Támesis). Las disidencias de la Nueva Marquetalia son responsables de 3 agresiones, el Eln de una agresión, al igual que la Seguridad Privada.
Mientras en 2020 se reportaron 67 amenazas individuales y colectivas, en 2021 fueron 83 casos. En el 48 por ciento se desconoce los responsables, en un 44 por ciento la responsabilidad es de las estructuras paramilitares, el restante porcentaje es de la Policía Nacional, el Eln, las disidencias de las Farc y Seguridad Privada. Permanentemente se ha denunciado que las amenazas, tanto individuales como colectivas, pocas veces son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Como lo han advertido los líderes y lideresas, las amenazas son generalmente la antesala de los homicidios y desapariciones forzadas.
Respecto a los móviles de las amenazas, se ha conocido que: 1) reciben estas amenazas porque se oponen a los intereses de los grupos armados tanto legales como ilegales, 2) porque denuncian la actuación arbitraria de los actores armados tanto legales como ilegales, 3) porque luchan por el Pnis, 4) porque se movilizan y participan de las protestas sociales 5) porque son señalados de pertenecer a la guerrilla 6) por realizar acciones humanitarias como levantar los cuerpos de personas que han sido asesinadas y 7) por denunciar los megaproyectos y sus daños a los territorios.
Los desplazamientos forzados de lideresas y líderes sociales también han tenido como antecedente amenazas: en 2021, 22 personas del sector comunitario, campesino, estudiantil, de víctimas e indígena, tuvieron que salir de sus territorios. Cuatro víctimas vivían en zonas urbanas y las restantes pertenecían a la ruralidad de las subregiones del Bajo Cauca (9 víctimas), Norte (4 víctimas), Occidente (3 víctimas), Oriente (2 víctimas) y Suroeste (1 víctima).
El caso de la Asocbac es preocupante, ya que durante 2021 seis de sus integrantes fueron amenazados y obligados a abandonar el territorio. Estas agresiones fueron perpetradas por las Agc. Los cinco líderes y una lideresa desempeñaban cargos en Juntas de Acción Comunal y estaban activos dentro de la Asociación. Pese a los constantes ataques la organización continúa luchando para que el campesinado permanezca en el territorio, por el cumplimiento del punto 1 y 4 del Acuerdo de Paz y por la defensa de los derechos humanos y la paz completa.
En lo que respecta a la obstrucción a la labor de las y los defensores, como fue documentado por la Corporación Jurídica Libertad, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías, la Campaña No Más Derechos Vulnerados por los Uniformados y la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, durante los meses de protesta más intensos de la movilización, se registraron 1.772 casos de agresión, de estos, 106 fueron contra la labor de defensoras, defensores, personal médico –APH y prensa.
Estos ataques se materializaron en empadronamientos, hostigamientos individuales y colectivos, hurtos, extorsiones y daño en bien privado; además de obstaculizar la labor de personal médico, abogados y periodistas, al impedirles cumplir su labor informativa. Todos estos casos son de responsabilidad de efectivos del Esmad, institución también denunciada públicamente por hurtar celulares, memorias de cámaras fotográficas de las y los defensores de derechos humanos y periodistas. En otros casos provocaron daños a los equipos de los medios de comunicación como forma de borrar la evidencia que había sobre brutalidad policial.
En los seis casos de señalamiento individual y colectivo, resaltan los que afectaron a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Asociación Campesina de San José de Apartadó y la Comunidad Embera Eyabida del Río León, quienes continuamente son víctimas de la actuación paramilitar de las Agc. En especial la Comunidad de San José ha denunciado el copamiento paramilitar y a los ocupantes por sus nexos con agentes estatales; también han evidenciado como la estrategia contrainsurgente termina siendo favorable a los intereses extractivos que existente por el tema de los bienes comunes que hay en la zona.
¿Genocidio sin límite?
Como lo constatara el Tribunal Permanente de los Pueblos –TPP, 2021–, en su sesión 48, en el devenir del cual se estudió y escuchó (testimonios) más de 50 casos de procesos políticos, organizativos y étnicos del país, quienes dieron cuenta de las diversas prácticas de persecución y terror a las que han sido sometidos por parte del Estado y el paramilitarismo. En Colombia ha existido un genocidio político dirigido y continuado desde 1912 contra el movimiento social y político opositor, en resistencia y crítico. Así lo dictaminó:
El genocidio ha tenido proyección específica en distintos sectores del grupo nacional, en particular los movimientos sindicales y campesinos, las comunidades indígenas y afrodescendientes y los movimientos y grupos políticos, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el ambiente, así como a sus respectivos líderes y lideresas. Dicho genocidio se ha manifestado especialmente en sus modalidades de: matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial20.
Una de las preguntas que abordó el TPP, fue la razón por la cual tras la firma de los Acuerdos en Colombia y de procesos de Amnistías con hombres y mujeres rebeldes, el país siempre ha asistido a un recrudecimiento de la violencia contra quienes defienden la vida, los derechos, el territorio, la paz y la democracia. Y no es para menos la pregunta, ya que hace 40 años tras varios procesos de diálogo con las insurgencias colombianas, el Estado a través de la guerra sucia y el paramilitarismo declaró como enemigo todas aquellas propuestas políticas y sociales democráticas y críticas como fue la Unión Patriótica, el Frente Popular y A Luchar, organizaciones de derechos humanos, Comunidades Eclesiales de Base, organizaciones que se dedicaban a la defensa de las y los presos políticos y de Víctimas de Crímenes de Estado, a los sindicatos obreros y agrarios, al magisterio, Juntas de Acción Comunal, etc.
Luego de cuatro décadas, y tras haberse alcanzado la firma del Acuerdo de Paz entre las otrora Farc-Ep y el Estado Colombiano (2016), el genocidio continúa, lo que se denomina como “el nuevo ciclo de violencia tras lograr el Acuerdo” ha evidenciado que no importa cuántos documentos de paz se firmen, si las bases que estructuran y ejecutan el genocidio continúan incólumes, entre ellas: la persistencia de la doctrina contrainsurgente que tiene por enemigo a las y los defensores de derechos humanos, la continuidad del paramilitarismo y su relación orgánica con el Estado, la impunidad en los delitos contra las personas que ejercen liderazgos sociales y un aspecto crucial, mientras el régimen político y las élites económicas de este país se coordinen para impedir la implementación del Acuerdo de Paz y las reformas económicas, políticas y sociales que garanticen la construcción de una paz estable y duradera.
1 Ver informe la Paz Confinada de la CJL, Fundación Sumapaz, Nodo Antioquia de la Cceeu. 2021. Disponible en:
2 Entre 2020 y 2021 se han registrado por parte del Observatorio Sobre el Nivel de Riesgo ocho incursiones paramilitares en Bajo Cauca, Nordeste y Suroeste con grande movimiento de tropa.
3 Ver boletines de mayo, junio y julio publicados por la Corporación Jurídica Libertad – Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos– Proceso Social de garantías– Campaña No Más Derechos Vulnerados por los Uniformados – Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas.
4 Ver El Colombiano, 02/02/2021, disponible en:
5 Desde junio de 2020, la Corporación Jurídica Libertad y el Proceso Social de Garantías denunciaron ante las autoridades civiles y militares el Plan Mil de las AGC, con el cual buscaban ocupar los antiguos territorios donde hacia presencia las Farc, en Ituango. Estas denuncias no fueron tenidas en cuenta como tampoco la AT del Sistema de Alertas de la Defensoría del Pueblo N° 004-2020.
6 Obtenido de Caracol Radio Medellín: , 30/07/2021.
7 Indepaz. Cifras de la violencia en las regiones. 2021. Bogotá.
8 Lideresa comunitaria fue una de las víctimas de homicidio en el Valle de Aburrá. El Espectador. 21/06/2021.
9 Asesinan a un líder social y a su familia en una nueva masacre en Colombia. RT Noticias, 19/07/2021.
10 Ver revista Semana del 17 de marzo de 2021, disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/obispos-denuncian-grave-situacion-humanitaria-de-indigenas-en-murindo-y-mutata-antioquia/202113/
11 Ver denuncia de la CIJ del 27 de marzo de 2020, disponible en:
12 Ver denuncia sobre la crisis de Murindó del el Proceso Social de Garantías y el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, disponible en:
13 La lideresa indígena, Remilda Benítez Domicó de 22 años, fue víctima mortal de una mina antipersonal […] cuando se desplazaba el 20 de junio con sus 5 hijos en las inmediaciones de los asentamientos de las comunidades EmberaEyabida del resguardo Río Murindó. Obtenido de Contagio Radio: 29/06/2021.
14 Denuncia de la OIA: “El pasado lunes 5 de julio, el guardia indígena, Higinio Bailarín, escuchó una explosión que llamó su atención, seguida a ésta, a lo lejos, un grito desesperado de auxilio de una mujer, sin dudarlo, decidió salir de su tambo en auxilio de Eulalia Bailarín y justo cuando la estaba atendiendo, detonó de manera accidental otra de las minas antipersonales, que son instaladas en resguardos indígenas de Antioquia, por presuntos integrantes del Eln, violando claramente el derecho a la vida, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos y fundamentales de los pueblos indígenas”. Obtenido de ONIC: 07/ 07/2021.
15 Obtenido de Flip: 10/06/ 2021.
16 Ver texto: “La tortura en Colombia, un susurro incesante. Impactos psicosociales de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes en Colombia”. Prácticas significativas en atención y rehabilitación. Mazzoldi, G –Corporación AVRE. 2011.
17 Ver artículo de Caracol Radio del 15 de marzo de 2021, disponible en: Campesinos de Anorí protestan por erradicación forzada del Ejército; Ver Alerta Temprana N° 2 de 2021 emitida por ASCNA disponible en: https://bit.ly/3gQ63oM.
18 Ver denuncia de: Corporación Jurídica Libertad, Corporación Nibaru, Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y Proceso Social de Garantías para la Labor de Lideresas, Líderes, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, disponible en: https://bit.ly/3oRe4yh. 28/20/2021.
19 Ver comunicado de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia alerta sobre 471 personas desaparecidas entre el 28 de abril y el 5 de mayo en Colombia, en el marco del #ParoNacional. 379 de ellas continúan desaparecidas. #DóndeEstán. Disponible en: https://bit.ly/3JzVq5V.
20 TPP. (17 de 6 de 2021). TPP. Obtenido de TPP: https://www.tppcolombia.com/, p. 111.
* Texto elaborado por: Astrid Torres Ramírez, Winston Gallego Pamplona. Integrantes del Equipo de Garantías de la Corporación Jurídica Libertad.
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