Contra todo cáclculo, el paro de los pequeños transportadores en Bogotá termina su tercer día y entra en el cuarto. Las negociaciones para construir un acuerdo no han llevado a nada, y los medios de comunicación, sin develar las contradicciones de fondo que esconde este conflicto descargan la culpa del desacuerdo en los dueños de los buses.
Durante esta larga semana, gracias al paro, han salido a flote varios de los temas gruesos que tendría que haber resuelto –o al menos encarado- una alcaldía como la dirigida por el Polo Democráctico Alternativo (PDA): participación y decisión ciudadana ante los temas cruciales de la urbe; educación pública; manejo y defensa de sus bienes públicos; agua y medio ambiente; crecimiento de la ciudad; zonas francas; energía; impuestos; salud; conservación del patrimonio histórico; conurbanización; trabajo e ingresos; vivienda; transporte público, etcétera.
Estos y otros varios aspectos, definidos de alguna manera en el Plan de Ordenamiento Urbano que heredó la administración polista, fueron decididos para beneficiar los intereses de los sectores que siempre se han lucrado de la multiplicada miseria que se extiende por esta ciudad de cerca de 8 millones de personas.
Precisamente, ese plan aceptado sin discusión, administrado más que gobernado, es el que ahora hace agua, cuando se evidencia que el sistema de transporte –un tema estratégico para cualquier ciudad y para cualquier país- no puede ser manejado por manos privadas. Sin duda, es un bien público por excelencia, y la calidad, eficiencia, protección del medio ambiente, puntualidad, tarifas justas y diferenciales, deben ser algunos de los criterios que lo rijan.
Como se sabe, sobre estos puntos, con excepción de educación y salud. se ha guardado silencio por parte de la administración, y de su partido, el PDA. Silencio que riñe con un pensamiento de izquierda, caracterizado por abrir debates permanentes de cara a la ciudadanía, para que esta se gobierne, para que no sea gobernada.
Pero ahora, ante la radicalización de la jornada de paro por parte de los pequeños transportadores, ha sucedido lo inaudito: la alcaldía ¡de izquierda!, ha decidido militarizar la ciudad, ya de por sí copada en toda su periferia por la policía. Un problema de diseño de la urbe, de proyección de su vida interna, traducido en un problema de militares. Fuerza en vez de diálogo. Fuerza en vez de concitar a la ciudadanía a todo nivel para que se pronuncie y decida sobre lo que está aconteciendo.
El alcalde -¡de izquierda!, en otra oportunidad había autorizado la privarización disfrazada de la empresa de teléfonos de la ciudad (en contra de lo definido por el ideario de su partido). Era claro que su rojo se desteñía. Ahora no queda duda: privilegia la represión al diálogo, y con toda seguridad de rojo nada quedó.
No puede haber más silencio. El PDA debe decidir entre los intereses privados y lo público. ¿Apoya o desautoriza al alcalde? El PDA debe pronunciarse.
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