Noticias en desarrollo dan cuenta que en la madrugada del 28 de junio sucedieron hechos, sin claridad total, fruto de los cuales se desató un incendio en el segundo piso del Pabellón 8 de la Cárcel de Tuluá, que es de mediana seguridad.
Según lo confirmó el directo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec–, el General Tito Castellanos, en ese Pabellón permanecían 180 detenidos, entre condenados y sindicados.
Las llamas, de acuerdo con este funcionario, tomaron forma luego de un intento de motín por parte de los internos. En sus declaraciones no alude a los motivos de inconformidad que, según lo indicado por él, llevaron a los internos a amotinarse, ni por qué ni cómo prendieron fuego a las colchonetas, las mismas que según su declaración, fueron el combustible para que las llamas se propagaran por esa parte de la cárcel, acabando con la vida de 49 personas, pero que de acuerdo a informes de distintos medios de comunicación elevan a 51 e, incluso a 52. Cifra que puede aumentar toda vez que el reporte oficial de lo allí ocurrido confirma 30 presos remitidos a centros de salud con heridas de distinta consideración, cinco de ellos en situación delicada.
De acuerdo a la Radio Nacional de Colombia el penal sufre una hacinamiento del 19 por ciento. El Director de Presiones asegura que ese lugar de encierro y castigo tiene capacidad para albergar 1.078 personas, pese a lo cual allí convivían 1.267.
Interrogantes
En tanto no es la primera vez que quienes padecen el encierro mueran en supuestos intentos de motín o en desarrollo de los mismos, cabe preguntar si antes del sucedido en la Cárcel de Tuluá se presentaron acciones represivas y de violencia por parte de la guardia, y producto de lo cual los presos, inconformes, decidieron amotinarse.
También cabe preguntar, si en medio del intento de motín a que alude las fuentes oficiales, la guardia arremetió contra los internos, con la violencia características en este tipo de situaciones, caldeando aún más los ánimos de los internos.
Para también corresponde interrogar si esa misma guardia, para facilitar su operación represiva gaseó el lugar de encierro ,y en el intento de los detenidos por contener el efecto de los gases prendieron fuego.
Tiene sentido un interrogante más: ¿los presos prenden fuego a las colchonetas estando fuera de sus celdas o cuando están en ellas? Los informes oficiales deben aclarar esto, pues no es lógico que alguien prenda fuego a una colchoneta, que son de espuma, y sin poder alejarse de las llamas.
Pero algo más: ¿cómo fue el control –la acción represiva– desatada por la guardia para contener el intento de motín? Por la hora en que sucedieron los hechos –2 am– los presos estaban en la celda, entonces, ¿cómo iban a intentar amotinarse estando bajo encierro individualizado?
Algo que no debe quedar al margen: de acuerdo a la justicia colombiana, condenados y sindicados deben permanecer en patios diferentes, ¿por qué permanecían en un mismo espacio?
Hay que recordar que diversidad de estudiosos del tema del castigo han enfatizado una y otra vez que las personas sindicadas, en tanto no han sido vencidas en juicio, no tienen por que ser trasladas a prisión. Una valoración retomada en Sentencia de las altas cortes colombianas en las cuales, una y otra vez, se retoma la realidad de las condiciones de encierro que padecen miles de presos en nuestro país y llaman a superar las circunstancias de indignidad que padecen, reclamando la separación entre condenados y sindicados
Suceso trágico, y tal vez el calificativo quede corto, pues la investigación que los hechos merecen pueden develar algo más de lo hasta ahora conocido. Lo cierto es que reporte oficial conocido hasta ahora no parece ni lógico ni claro, lo único que es meridiano es que decenas de presos, por cuya vida y dignidad debe responder el Estado, son victimas de un sistema de justicia, castigo y control social que no tiene razón de ser toda que vez que no cumple con su cometido: rehabilitar.
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