Frente
a la guerra en Colombia hay cuestiones clave a considerar. Ante todo,
que a contrapelo de lo que arguyen Estados Unidos, los pulpos
mediáticos y Uribe, el conflicto armado no se debe a la existencia de
la guerrilla, sino que ésta surgió y ha podido sobrevivir, y hasta
fortalecerse, debido a la hiriente desigualdad económica y social
imperante y a la clausura por el Estado colombiano de los espacios de
participación democrática para grandes sectores de la población, unidos
a un ejercicio inaudito y sistemático de la represión contra la
protesta social y los intentos alternativos de hacer política en el
país andino. Cabe recordar los cientos de activistas de la Unión
Patriótica asesinados cuando las FARC y el Partido Comunista intentaron
contender electoralmente a través de esa denominación, los homicidios
de líderes del M-19 después del proceso de paz con esta organización,
los miles de sindicalistas y luchadores sociales victimados o que
permanecen en prisión en la actualidad. Éstos, por cierto, ignorados
por la alharaca mediática con que se ha manipulado tanto la liberación
de Clara y Consuelo como la razonable propuesta formulada por Chávez de
reconocer la beligerancia de las FARC y del Ejército de Liberación
Nacional (ELN).

Al objetar esa propuesta aduciendo que sus
adversarios en la guerra civil son terroristas, el régimen colombiano
intenta desviar la atención de su histórica condición de terrorista de
Estado, calificado en un lúcido ensayo del poeta William Ospina, como
uno de los “más cerrados” del mundo occidental. Ninguno de los dos
protagonistas del conflicto está en posibilidad de vencer al otro por
las armas, como pretenden Washington y Uribe. De modo que, para evitar
más derramamiento de sangre y luto a los colombianos y por elemental
realismo político no queda más alternativa que la búsqueda de una
solución política negociada entre el gobierno y las dos organizaciones
armadas con participación de las organizaciones sociales.

Además,
al cambiar las condiciones políticas en América Latina el conflicto
armado interpone un enorme obstáculo a las luchas populares y a la
permanencia y surgimiento de gobiernos más democráticos e
independientes de Washington. Esto es así porque ayuda a justificar la
descomunal injerencia de Estados Unidos mediante el Plan Colombia y su
creciente presencia militar en el área sudamericana, le facilita
enrolar al ejército y los paramilitares colombianos en una eventual
acción contra Venezuela o Ecuador que dé pie a su intervención armada y
hace imposible la victoria electoral de una opción popular en Colombia.

Ello
explica el gran interés de Washington en impedir un intercambio
humanitario entre las personas en poder de las FARC y los guerrilleros
presos, no digamos una salida política al conflicto. Como también que,
desde la acera de enfrente, el ELN esté tejiendo alianzas dentro de la
sociedad civil para lograr el fin de la guerra. Por eso es tan
importante que las FARC marchen por el mismo camino, pongan punto final
a la práctica de tomar rehenes civiles y otras acciones que los
lesionen, exponiendo así al gobierno de Uribe a una presión nacional e
internacional que lo fuerce a reconocer lo obvio: la beligerancia de
las dos organizaciones armadas. Ése sería el primer paso para llegar a
un cese del fuego y a un proceso de pacificación justo y democrático,
seguramente largo y difícil, pero la única vía para que ganen las
mayorías de Colombia y América Latina.

Ángel Guerra Cabrera

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